Bariloche, 2 de junio de 2011 (El Mensajero).- El Concejo dio impulso a la ordenanza que crea en el ámbito local un Comité Municipal contra la Tortura. Genera una serie de mecanismos de colaboración que brindará la Municipalidad para con el Comité Provincial "a fin de garantizar el fiel cumplimiento de sus funciones en la ciudad de Bariloche". El concejal Rodríguez Duch criticó "la absoluta falta de cumplimiento de estos Protocolos por parte de los funcionarios políticos y agentes policiales que actuaron durante la represión indiscriminada que acabó con las vidas de Boneffoi, Carrasco y Cárdenas".La ordenanza cuenta con la autoría de los concejales Darío Rodríguez Duch (CC-ARI), Arabela Carreras (SUR-FpV) y Alfredo Martín (Frente Grande-FpV) y el acompañamiento de un amplio abanico de instituciones y organizaciones sociales con reconocida trayectoria en los derechos humanos, siendo uno de los colaboradores para el armado de la norma el Dr. Martín Lozada.
"Resulta destacable que la absoluta falta de cumplimiento de estos Protocolos por parte de los funcionarios políticos y agentes policiales que actuaron durante la represión indiscriminada que acabó con las vidas de Diego Boneffoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en Bariloche, así como los dudosos acontecimientos descriptos como "suicidios" de jóvenes en Comisarías, tal como sucediera con el reciente caso de Guillermo Garrido en un calabozo de El Bolsón; podrían haberse evitado si se hubiera brindado fiel cumplimiento a la Convención Contra la Tortura y a su Protocolo Facultativo a los que hoy la Municipalidad se encuentra adhiriendo a través de la presente iniciativa", se indicó desde el ARI.
Para el concejal de esa bancada, "resulta claro que el Estado, en todos sus niveles: nacional, provincial y municipal, debe comprometerse en un mismo camino de prevención efectiva y lucha contra la tortura y los demás tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que requiere de una política coordinada entre los tres niveles estatales y de una aceitada combinación de diversas medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo.
El mecanismo consiste en impedir que se cometan violaciones a los derechos de las personas que se hallen privadas de libertad, o con su libertad restringida como sucede en geriátricos, hogares, institutos de menores o neuropsiquiátricos, mediante visitas sorpresivas por parte de los integrantes del Comité (provincial y municipal), a la vez que generando informes que denuncien, sugieran y recomienden medidas efectivas de sanción y prevención a los responsables, pudiendo incluso hacerse públicos tales datos cuando no se obtengan las respuestas del caso".
A través de la sanción de la presente ordenanza, dijo Rodríguez Duch, "se ubica al Estado municipal en el rol que le compete a un municipio de primera categoría, a la vez que se brinda desde el ámbito público local un mensaje claro y contundente hacia todos los funcionarios públicos y agentes policiales, así como a todo otro responsable de instituciones de encierro a nivel local, de que no se admitirán, bajo ningún concepto, ningún tipo de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dado que la Municipalidad adoptará políticas proactivas para su prevención y castigo, exigiendo que las mismas resulten absolutamente erradicadas de todas las dependencias, públicas y privadas, existentes dentro del ejido de la ciudad de Bariloche".
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