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viernes, 17 de septiembre de 2010

"EL RATI HORROR SHOW" UN CASO DE GATILLO FACIL DE LA FEDERAL

El Bolsón (ANPP).- Otra vez el cine testimonial y documental en Argentina denuncia como la policia es encubierta por la justicia federal, en este caso la masacre de Pompeya. Esto le puede pasar a cualquiera.

“El Rati Horror Show”

“La Masacre de Pompeya”: un crimen de la Policía Federal encubierto por la Justicia Federal Argentina.
Una película de Enrique Piñeyro basada en un hecho real.

El 25 de enero de 2005 Fernando Ariel Carrera, un joven comerciante de 30 años, sin antecedentes penales, casado y con tres hijos, se encontraba en su auto a pocos metros del Puente Alsina, esperando que el semáforo le diera luz verde para cruzar desde Pompeya a Lanús.
Al mismo tiempo, efectivos de la Comisaría 34 buscaban a tres ladrones en un auto blanco -ese era el único dato que tenían- que en la zona habían realizado dos robos. Al ver el Peugeot 205 blanco de Carrera, los policías, dispuestos a detenerlo, se dirigieron hacia él a bordo de un auto sin sirena ni insignia alguna que los identificara como de la Policía Federal.
Lo que Carrera ve es un auto acercándose a toda velocidad con uno de sus integrantes -desaliñado, con pelo largo y barba- con medio cuerpo fuera de la ventanilla y blandiendo un arma de fuego. Temiendo ser asaltado, Carrera acelera y dobla hacia Capital. Pero ya es demasiado tarde.
El policía dispara y el impacto le da de lleno en la mandíbula, dejándolo inconsciente. Sin embargo, Carrera sigue manejando por automatismo y a bordo de su auto recorre 500 metros, atravesando la Avenida Sáenz Peña. En el trayecto el Peugeot atropella y mata a tres personas -dos mujeres y un niño de seis años- y termina chocando contra una camioneta frente a la Iglesia de Pompeya.
Los policías se bajan del auto, forman un abanico y disparan sobre Carrera. Desde el puente y hasta estos disparos finales, los efectivos policiales dispararon dieciocho veces contra Fernando Carrera. Ocho de esos disparos impactaron en su cuerpo.
Al final del día los medios habían bautizado como “La Masacre de Pompeya” a un supuesto raid delictivo en el cual unos malvivientes habían asesinado a tres personas inocentes, cuando en realidad estábamos frente a un nuevo caso de gatillo fácil y armado de causas judiciales por parte de la Policía Federal.
Finalmente, Carrera es acusado de robo agravado y homicidio, siendo trasladado al penal de Marcos Paz. Su mujer, desesperada por la situación, busca la ayuda del Programa Nacional Anti-Impunidad del Ministerio de Justicia, quienes al comprobar que Carrera efectivamente es inocente, la asesoran judicialmente.
El Dr. Federico Ravina y la Dra. Rocío Rodríguez se convierten en sus abogados defensores. Antes del comienzo del juicio, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel -entre otras organizaciones de derechos humanos- manifiestan su apoyo a Carrera y a su familia, avalando la teoría de la causa judicial armada.
Durante las audiencias, los abogados de Carrera desentrañan la causa armada: cuatro de los testigos que en la instrucción aparecían diciendo que habían visto a Carrera disparar, lo negaron frente a los jueces; parte de las pruebas procesales misteriosamente desaparecieron; ninguno de los damnificados por los robos reconoció a Carrera como el autor de los hechos; todos los testigos afirman no haber escuchado sirenas durante la persecución; entre otras tantas irregularidades presentes en la causa.

ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA

EL 7 de junio de 2007 Fernando Ariel Carrera fue condenado a 30 años de prisión. Hasta hoy sigue detenido en el penal de Marcos Paz.
En diciembre de 2009, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y Enrique Piñeyro se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia bajo la figura de Amicus Curiae (Amigos del Tribunal) adjuntando a la presentación el video que mostraba las incontables irregularidades del expediente.
Con el voto favorable de tres miembros del tribunal, se le dio vista al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, para que dictamine si la Corte Suprema debe abocarse o no a la revisión de la causa.