Buenos Aires 30 de Junio (La Vaca).-¿Qué hacer frente al terrorismo de barrio? ¿Cómo actuar (y no solo escandalizarse) frente a la violencia, el delito y el miedo cotidianos en barrios pobres y periféricos donde el Estado y la policía son muchas veces cómplices del problema, y no de su solución? ¿Donde los menores son armados y reclutados por la propia policía que les otorga “zonas liberadas” para cometer delitos?
Amparo para un barrio enteroLas preguntas convocaron a un heterogéneo grupo de personas y proyectos: Mónica Alegre, la mamá del desaparecido Luciano Arruga (e integrantes de la Coordinadora por su aparición); Penélope Lauman, recuperada tras haber sido baleada en el barrio Villegas, de Ciudad Evita (y familiares y amigas); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); integrantes de las revistas Barcelona, Mu, y de la cooperativa lavaca; Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH); periodistas e investigadores como Cristian Alarcón (quien además participó en los grupos que lucharon por el esclarecimiento de la desaparición de Miguel Bru, en los 90), abogados como Ricardo Dios de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro se realizó en el CELS, con la presencia de distintos medios y una idea que expresó Gastón Chillier, Director Ejecutivo de la organización anfitriona: “Esperamos que este sea el primer encuentro de muchos. Pero de acuerdo a lo que estuvimos conversando con Claudia Acuña (presidenta de la cooperativa lavaca) nos parece definitivamente muy interesante la idea de realizar una acción judicial para el barrio Villegas con la forma de un amparo. Desde la órbita de los derechos humanos, se ha utilizado al poder judicial por la vía penal, para juzgar a los responsables de violaciones a esos derechos, cosa que no vamos a dejar de hacer. Pero por otro lado, lo ahora nos planteamos es promover una acción de amparo, que ponga en juego la responsabilidad del Estado también con respecto a otros derechos: a la educación, la vivienda, el trabajo, poder desarrollar una vida digna. Y que el Estado sea responsable –por acción- de promover y garantizar esos derechos, y no responsable de la violación de los mismos. Hay una vinculación entre lo que fue el terrorismo de Estado, y este terrorismo de barrio, que nos obliga a pensar en nuevos paradigmas para enfrentarlo”.
Luciano + Penélope AQUÍ va la primer parte del texto (lo que se ve de una)“Hoy se cumplen un año y cinco meses de la desaparición de mi hijo” explicó Mónica. Luciano Arruga tenía 16 años y desapareció en Lomas del Mirador el 30 de enero de 2009 tras haber rechazado la oferta realizada por policías de “trabajar” para ellos. Traducción: cometer delitos con zonas liberadas por las propia policía. La causa está parada, pero además los policías sospechados por su desaparición siguen en funciones. Junto a Mónica estaba Penélope Lauman, integrante de la cooperativa lavaca y víctima de tres balazos por la espalda en medio de una aparente “guerra” entre bandas barriales.
Josefina Martínez, del Programa de Violencia Institucional del Cels destacó algo muchas veces distorsionado: “No hay tanto una ausencia del Estado, sino una presencia de las redes de ilegalidad. Por eso hemos hecho este acopio de trabajos para hacer un análisis amplio que nos permita ver la trama de la violencia, más allá de cada caso puntualmente”.
Dos casos diferentes
Gastón Chillier, director del CelsPablo Pimentel, de la APDH de La Matanza, recordó que desde hace mucho vienen denunciando estas situaciones: “La vinculación de parte de la policía, de parte del poder judicial y parte del poder político es histórico, y no solo del conurbano sino de todo el país. El caso último que tenemos es el de Luciano. En el barrio de San Petersburgo, lindante a Villegas y Puerta de Hierro, y marcado como triángulo rojo, donde los policías se aprovisionan de jóvenes que pasan a trabajar para esta gente”. Pablo agregó: “En el país de los desaparecidos, no hemos podido instalar lo suficiente el caso de la desaparición de Luciano Arruga”. Recordó que el entonces ministro bonaerense Carlos Stornelli, acorralado por los efectos del caso de la familia Pomar, varios meses después terminó denunciando él también el reclutamiento de jóvenes para delinquir por parte de la Policía Bonaerense
Frente a la sensación de que nada puede hacerse en estos casos, Pimentel opuso dos ejemplos. En San Petersburgo, la movilización primero de los padres y luego de grupos de chicos, incluso “pibes chorros” terminó generando la intervención del ministerio de Desarrollo Social, que facilitó la implementación de otras actividades: “Los chicos largaron las armas, están haciendo trabajos en el barrio y hasta fútbol callejero. Y las chicas, que muchas veces eran las que incitaban a los chicos para lo delictivo, ahora están en grupos de hip hop, y todo el barrio está con una predisposición distinta a salir del problema”. El segundo ejemplo: “Mientras Penélope estaba en el hospital, las chicas del barrio salieron a volantear, a hacer pintadas con jóvenes y chicos, grafitis. Yo vivo a 15 cuadras. El otro día, mientras estábamos frenando un desalojo, la gente del barrio me comentaba: ‘qué bárbaro, cómo lograron parar a la banda que estaba en Villegas, y eso que estaba amparada por un jefe policial’. Quiere decir que es muy difícil, pero posible transformar las cosas. Crear un paradigma de autosuperación, que tiene que enfrentarse a algo que sigue vigente, que son las prácticas punteriles en los barrios. Ha habido avances si se compara con la época de Duhalde, pero se siguen alimentando esa forma de tener atada a la gente con planes sociales”.
La ley del piolaje
Amparo para un barrio enteroMientras los integrantes del Cels distribuían a los periodistas algunos trabajos relacionados con la situación, como “Violencia institucional y políticas de seguridad: refuerzo de las corporaciones y estigmatización de los sectores más vulnerables de la sociedad”, Cristian Alarcón describió la diferencia entre las maras y pandillas centroamericanas (convertidas en una masiva subcultura) y las bandas que operan en los barrios argentinos: “Aquí es todo muy incipiente. Nosotros no estamos condenados. Hay sociedades centroamericanas que frente a tragedias con miles de muertos, ni siquiera logran pedir justicia. Aquí tenemos recursos extraordinarios”. Agregó: “Tenemos que hacernos grandes preguntas. Por ejemplo, desde donde intervenimos. Nos encontramos ante una ley nueva. La del pibe más piola, la policía más piola, la familia más piola, el gran piolaje, y todos interviniendo de algún modo en las redes delictivas. Hay una adhesión a la ilegalidad. Esa es una discusión que hay que dar. Frente a cualquier demanda, estas alianzas que estamos pensando tienen a favor un factor: el tiempo. Y la intervención de la propia gente del barrio. Lo que hay que preguntarse es sobre la relación de las instituciones de la sociedad civil, con los sectores populares. En esta reunión estamos viendo una alianza estratégica, a la que podemos sumarnos algunos periodistas escribiendo, publicando y lanzando ideas para ver cómo enfrentar esas situaciones nuevas”.
Ir por otro lado
Amparo para un barrio enteroMónica: “Yo no sé de política, es más no sé hablar ante una cámara. Les pido disculpas. Pero me siento herida, desilusionada. Me pongo a pensar ¿Dónde están los derechos de nosotros, la gente humilde? Donde están los derechos de mi hijo? Si alguien me lo sabe explicar que me lo explique. ¿Y los derechos de Penélope? O del pibe que murió por ir a un recital? O de los muertos en Bariloche? Nadie me lo explica. Luciano es un número más. Un negrito más. No les sirvió, no les importa, habrá miles. Por eso estamos acá. Para que entiendan los que están más arriba de nosotros. Tenemos que abriles los ojos, mis hijos o Penélope no son un número. Necesitan también que les abran las puertas”.
Mónica agradeció a las revistas presentes la mención permanente del caso de Luciano. Incluyó a Barcelona. Pablo Marchetti, uno de los directores de la publicación, contó: “Parecería que la política de derechos humanos tiene que ver solo con crímenes de la dictadura. Y que la seguridad solo tiene que ver con el robo a ciertos sectores sociales. Entonces Luciano Arruga no encaja. Modestamente queremos dar una idea distinta. Hablábamos de esta pelea en los medios. Cuando salió en TN lo de Luciano, por fin, en el programa de televisión 6,7, 8 salieron a criticarlos diciendo que hablan de eso y no de hijos de Ernestina Herrera de Noble. Estamos en medio de una pelea mediática muy particular. Una vez más, vayamos por otro lado”.
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