Buenos Aires 6 de Mayo(Red Eco).- En Jujuy el poder judicial ayuda a que los militares cumplan condenas en sus casas, en Santa Fe se los libera para que vayan a juicio en libertad. En Tucumán, se multiplican las etapas burocráticas para confirmar fallos por delito de lesa humanidad, mientras los condenados esperan detenidos, pero en sus domicilios.
(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina – El viernes pasado los represores Rubén “el Ciego” Lofiego, Mario “el Cura” Marcote y Ramón Rito Vergara fueron liberados por la justicia federal. Tras el pago de fianzas de entre 25 y 55 mil pesos dejaron la Alcaidía Mayor de la Jefatura de Policía para ir a sus casas.
En libertad, esperarán el inicio del juicio en el que se los acusa por delitos de lesa humanidad en la llamada causa Díaz Bessone (ex Feced). El comienzo de las audiencias está previsto para el 21 de julio.
Los querellantes denunciaron no haber sido notificados de este trámite procesal, es más, aseguraron haberse enterado a través de los medios de comunicación.
Además, la preocupación de los organismos de derechos humanos es que los represores permanecerán en libertad no solo durante el juicio, sino también hasta que la condena quede firme. Situación que suele demorar varios meses.
De hecho, es lo que ocurre actualmente con las sentencias a Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. En agosto de 2008, ambos fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Tucumán en el juicio por la desaparición y asesinato de Guillermo Vargas Aignasse.
Desde ese momento, la defensa de los represores interpuso recursos para que se expidan sobre el fallo primero la Cámara Nacional de Casación Penal que ya lo confirmó, y ahora la Corte Suprema de Justicia, que deberá dar a conocer su dictamen antes de fin de año. Una vez que el máximo tribunal confirme las condenas, recién en ese momento el TOF tucumano resolverá la modalidad de cumplimiento de las penas. Mientras tanto, los represores disfrutan de sus prisiones domiciliarias.
En tanto, en Jujuy también existen vericuetos judiciales que facilitan las detenciones domiciliarias de los represores. Mario Culcuy de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de esa provincia fue notificado por el Juzgado Federal Nº 2, a cargo del juez subrogante Olivera Pastor, que no hacían lugar a la proposición de que se controlen los informes médicos parciales, es decir los certificados presentados por las defensas de los militares o de doctores de servicios penitenciarios. Estos informes son los que habilitan la concesión de los beneficios de arrestos domiciliarios.
Tampoco se permite la participación de los peritos de parte en los casos de los represores domiciliados fuera de la provincia y que por razones de salud no concurren a indagatorias.
El Juzgado consideró improcedente que esta petición provenga de los querellantes.
Por este motivo, la Liga resolvió no apelar esta decisión sino denunciar a Olivera Pastor por denegación de justicia ante la Cámara Federal de Salta, que es la que tiene competencia para el control de la actividad de los Jueces de 1º Instancia de Jujuy.
Desde la Liga han denunciado reiteradamente la complicidad de Olivera Pastor con la impunidad: “Incluso hubo una citación de la Comisión Interestatal por los Juicios de Lesa Humanidad a fin de intentar impulsar el proceso de Justicia, pero todo ha sido inútil, es nuestra opinión que ha llegado la hora de que el Consejo de la Magistratura y/o la Corte Suprema ejerzan su responsabilidad de control sobre la administración de Justicia para impedir esta burla judicial permanente”, señalaron en un comunicado.
Entre tantas malas… una buena
Comenzó ayer en Chaco, el primer juicio contra represores que actuaron en esa provincia durante la última dictadura militar. En el marco de la Megacausa “Caballero”, se juzga a 12 militares que actuaron en el ámbito de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 (debían ser juzgados tres represores más pero fallecieron antes del inicio de las audiencias). A pesar de que fueron cientas las personas que pasaron por los centros clandestinos de detención, en el juicio solo se toman 27 casos.
Las audiencias deben realizarse en el Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste, porque el Superior Tribunal de Justicia denegó un pedido del Tribunal Oral Federal para que el proceso se desarrolle en su salón de usos múltiples, a pesar de ser más apto para el desarrollo del juicio que un recinto universitario.
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