El Bolsón (ANPP).- Este es el documento elaborado por el gremio UnTER en relación a que el ejecutivo municipal desoye y obstaculiza los compromisos asumidos desde el 2004 para darles viviendas a los docentes.
(UnTER).- Haciendo referencia a la necesidad histórica de viviendas en la provincia y en particular en nuestra localidad, buscando una salida para intentar resolver en parte esta situación es que nuestro gremio ha venido gestionando desde el año 2004 con distintas instituciones de la provincia:
* El 17 de agosto de 2004, el Consejo Provincial de Educación y UnTER firman un convenio mediante el cual las partes se comprometen a suscribir un acta compromiso con el I.P.P.V. tendiente a adjudicar 300 viviendas para “personas que proponga UnTER entre sus afiliados y que reúnan las condiciones reglamentarias vigentes”. Se firma, entonces, el Acta Compromiso entre el I.P.P.V. y Unter en la que el I.P.P.V. “en atención a las necesidades habitacionales de los docentes provinciales, y de conformidad a lo requerido en el CCXXXVIII Congreso Extraordinario de UnTER, asume el compromiso de adjudicar trescientas (300) unidades habitacionales a construirse en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, a los afiliados de UnTER, de acuerdo al siguiente detalle…”…”El Bolsón, cantidad de viviendas: veinte(20)…” (En Adjuntos: Convenio y Acta).
* En función de esto, la Comisión Directiva de UnTER local se avoca a la tarea de conseguir terrenos fiscales a los efectos de transferirlos al I.P.P.V. para la concreción de la construcción de las veinte viviendas. De esta forma, se sanciona en Octubre de 2004 la ordenanza 266/04 en la cual se cede al I.P.P.V. el inmueble designado catastralmente como 20-1-G-585-01 donde queda explícitamente claro en el artículo 2ª que la parcela tendrá como destino específico unidades habitacionales que proponga UnTER para sus afiliados, no pudiendo variar el mismo sin autorización municipal.
* En el mes de mayo de 2005, se firma en una escribanía local (copia en el Concejo Deliberante) la cesión de terrenos municipales al I.P.P.V. a los efectos de cumplir con el convenio homologado entre el I.P.P.V. y UnTER.
* En el Acta paritaria del 8 de septiembre de 2008 (en adjuntos) “El Sindicato solicita el cumplimiento del Acta compromiso firmada entre el IPPV y la UnTER, por la que corresponde 20 viviendas por el Plan Federal I a la Seccional El Bolsón de la organización sindical.
Con respecto al Plan Federal II, la Unter solicita la concreción del cupo acordado oportunamente.
El ministerio se compromete a realizar las gestiones ante el IPPV a fin de concretar lo peticionado.”
En el año 2009, el Intendente Sr. Oscar Romera, pretendiendo desconocer el convenio firmado y la Ordenanza Municipal, envía un proyecto de Ordenanza en donde propone dejar sin efecto la Ordenanza 266/04. Este proyecto es rechazado por el Deliberante que ratifica lo actuado por Resolución 021/09.
El día 22/12/09 el Secretario General de UnTER El Bolsón se reúne con el Intendente, en presencia de la Secretaria Adjunta María Inés Martín, la Secretaria de Actas Beatriz Tejeda y la afiliada Iris Abarzúa. En esa entrevista el intendente manifiesta que va a desconocer todo lo normado en relación al Convenio UnTER/I.P.P.V. y que, si es necesario, “va a mandar a ocupar las casas con tal de que no nos sea asignada ninguna”.
Ante esta situación y por medio de gestiones gremiales locales y provinciales se consigue que I.P.P.V. local acceda a recibir las carpetas con la documentación de los preadjudicatarios seleccionados por UnTER (mediante una convocatoria abierta y el cumplimiento de la documentación requerida por el I.P.P.V., sin pasar por alto ninguno de los que para este organismo son requisitos para la adjudicación).
Finalmente, el 18/01/10 se entregan las carpetas con presencia de la escribana en la Oficina local del I.P.P.V. y, según las propias indicaciones del I.P.P.V., dichas carpetas están completas.
Cuando el 19/01/10 se presenta a la oficina del I.P.P.V. una nota donde se pide la confirmación del movimiento de estas a Viedma, recibimos información sobre una planilla que desconocíamos que debía proporcionar el I.P.P.V. y que faltaba en la documentación. Al requerirla, se nos contesta que el Sr. Otero (I.P.P.V.) había remitido al Municipio las cincuenta planillas correspondientes al Plan. El Municipio las había utilizado y también había utilizado cinco más ya que el Intendente, no sabemos mediante qué procedimiento porque no hubo una convocatoria abierta, las había destinado a cincuenta y cinco preadjudicatarios… Al dirigirnos al Municipio, nos derivan a empleados que están de vacaciones, que no tienen acceso a las planillas y nos informan que es el Municipio quien enviará la lista de preadjudicatarios al Plan y que nuestras carpetas serían devueltas.
Mediante nuevas gestiones gremiales, se consigue que el Sr. Otero envíe al I.P.P.V. local la autorización para la entrega a UnTER de las veinte planillas correspondientes (que debían ser completadas por una trabajadora social).
Reunida toda la documentación, debemos enviar nuestras carpetas al I.P.P.V. por medio de la Intendencia, lo cual consolida nuestro temor sobre la seguridad de nuestros derechos ya que la Intendencia no posee derechos sobre la administración ni sobre las decisiones de pre adjudicación en el marco del convenio UnTER/I.P.P.V. Además, en ese mismo momento, el Sr. Intendente vierte declaraciones en los medios locales tendientes a generar la idea de que los docentes, improvisando una maniobra y queriendo pasar por sobre los derechos de otros, se quieren adueñar de lo que no les corresponde.
Así y todo, el día 22/01/10 nos presentamos al Municipio para hacer entrega de las carpetas. El Intendente recibe nuestra documentación y expresa que ese viernes a última hora o, a lo sumo, el lunes a primera hora las enviará a Viedma para seguir los pasos que corresponden. Agrega que debe “revisar las carpetas, por otra cosa…”.
Recién el día lunes 25/01/10 a última hora y a partir de nuestra presencia y pedido de informes, nuestra documentación (retenida durante todo el fin de semana por el Municipio) se envía al I.P.P.V. con nuestra lista de 18 preadjudicatarios propuestos por UnTER y una carpeta agregada por el Sr. Intendente, carpeta que había sido descartada por el gremio por no reunir los requisitos I.P.P.V. para la adjudicación.
Para estas últimas gestiones, fue necesaria la persistencia de compañeros y compañeras que decidieron destinar sus vacaciones a las oficinas públicas locales y en Viedma con el fin de exigir a cada cual que cumpla con lo que le corresponde (tampoco había dinero para más, recuerden que el 29 y 30 de enero percibimos nuestro aguinaldo de diciembre!!) y la convicción de que esas casas pertenecen a los compañeros que no podrían de otra manera obtenerlas. También acudimos en varias oportunidades ante el Concejo Deliberante quien aprobó por unanimidad, en lo que va del recorrido, cuatro ordenanzas en las que ratifican el convenio y exigen se cumplan los procesos correspondientes.
Hoy, después de un largo camino de más de cinco años, continuamos firmes dieciocho compañeros y nuestras carpetas están en Viedma, en la oficina del I.P.P.V. Esperamos que sigan, tal como debiera ocurrir, el curso normal en estos procedimientos: que se incorporen a la lista de preadjudicatarios para la publicación en los cinco días que se requieren para eventuales impugnaciones.
Todo se aletarga y, sin embargo, el tiempo corre y las casas, nuestras casas, están allí. Están casi listas y cualquiera podría pensar que ya llegan, que es sólo cuestión de esperar ya que hicimos todo lo que correspondía. Sin embargo, nos alertan y nos preocupan las situaciones hasta aquí narradas y los dichos de los responsables de llevar a cabo este proceso. Nos alertan y nos preocupan la falta de información insistente por parte del I.P.P.V. y las declaraciones del Intendente que sigue desconociendo el convenio. Nos preguntamos si el retraso en la adjudicación de nuestras viviendas y este desconocimiento así como el deseo de instalar un enfrentamiento entre una parte del pueblo contra otra (enfrentamiento inexistente, por otra parte) no será una maniobra más para ocultar la ineficacia del Municipio en la resolución del problema habitacional de la población. Evidentemente somos muchos quienes necesitamos un plan para la adquisición de una vivienda digna. Es por ello que todos y cada uno de nuestros representantes debieran gobernar no sólo para respetar nuestro convenio en este caso sino también para generar nuevos planes a fin de satisfacer esta legítima necesidad de la población.
Editoriales ANP
