El Bolsón (ANPP).- La Justicia de la provincia del Chubut debía dar su palabra, este mediodía, sobre el brutal accionar llevado adelante por las fuerzas del grupo especial de la policía provincial GEOP en la represión en la localidad de Corcovado, que se destacó a nivel nacional.
El fiscal Martín Zacchino planteó la incompetencia de la Justicia Provincial para entender en esta causa, indicando que los hechos que se investigan deben recibir el tratamiento de los delitos de lesa humanidad.
La jueza Carina Estefanía anunció, dos días atrás, que hoy a las 12 iba a dar a conocer su decisión respecto a este caso.
El representante del Ministerio Público describió lo sucedido en Corcovado los días 8, 12 y 27 de marzo de 2009, cuando el Grupo Especial de Operaciones Policiales de la Policía del Chubut (GEOP), “contando con la autorización o el apoyo de la plana mayor de la Policía del Chubut”, procedió a la búsqueda de un prófugo de la Justicia implementando “a su solo arbitrio, una política de actuación policial que atentó sistemáticamente contra los derechos fundamentales de aquella comunidad, particularmente contra familiares, amigos, vecinos y allegados de la persona prófuga”.
Estos episodios ocurrieron sin autorización judicial.
La Fiscalía sostuvo que, buscando “quebrar” a aquellas personas para obtener información, la policía empleó metodologías propia del terrorismo de estado como “vejaciones, daños y lesiones”.
En cada allanamiento los uniformados profirieron amenazas y frases intimidantes a los ocupantes de las viviendas.
También realizaron rondas portando y detonando armas de fuego, instaurado un virtual toque de queda a partir de las 22, anunciado por las radios locales por orden de la fuerza.
El accionar del GEOP dejó secuelas, sostuvo. Zacchino: en esos algunas personas llegaron a dormir vestidas, preparadas por si en medio de la oscuridad irrumpía el grupo especial en sus domicilios; otras familias sacaron a sus hijos de la escuela y la decisión fue avalada por las autoridades educativas, como una forma de mantenerlos a resguardo.
Zacchino recordó que días después de estos hechos se hizo presente en Corcovado y también en Esquel, una comisión dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, denominada Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad.
“Este interés del Estado Nacional en concurrir a la provincia del Chubut, independientemente de la investigación en curso, hace palmario el interés del Estado Nacional en este caso”, apuntó.
El abogado defensor de los protagonistas de la violencia, el ex juez José Colabelli (de actuación conocida a favor de las mineras tóxicas y de los terratenientes), sostuvo que aquello que se les achaca a los integrantes del GEOP como accionar abusivo, es parte de sus facultades, como por ejemplo las rondas armadas o la identificación y detención de personas.
Colabelli, haciéndose eco los renovados discursos de derecha y mano dura en la Argentina actual, indicó que se está cuestionando a nivel nacional a la policía por no ser “sistemática”: “La fuerza debe actuar de modo sistemático, o no debe hacerlo, pero no puede cuestionarse su actividad”.
Fuente: Puerta E.
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