(Comisión por la Memoria del Pueblo).- Si en materia de seguridad la policía del Chubut no es parte de la solución es parte del problema.
En los diarios de la Provincia del Chubut del 24 de diciembre hay declaraciones del Sr. Gobernador y candidato a Presidente de la Nación Mario Das Neves, según las cuales éste intimó a quienes roban a “…que se rajen, porque los vamos a ir a buscar uno por uno” (Diarios El Chubut y Jornada de esa fecha). A su vez expresó que “no podía ser que en 5 meses no haya habido ningún operativo de drogas” y que “había zonas liberadas”.
En especial estas últimas declaraciones –que no fueron desmentidas-, nos remontan a la época de la dictadura, en la que con el apoyo del poder político de turno (la dictadura militar y sus aliados civiles), las patotas del ejercito y de las diversas policías del país asolaron al país cometiendo las peores aberraciones contra la población, asesinando, torturando, secuestrando personas, robando… siempre bajo la protección de zonas liberadas.
Hace pocos días, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, muy afecto también él a las políticas de mano dura, tuvo que salir a denunciar a la propia policía que dirige y que cobija desde hace años, porque, según dijo, “descubrió” que habían mandado a robar y asesinar a diversas personas con fines políticos.
A su vez hace algunos años una Defensora del Poder Judicial de la Provincia –que actuaba a su vez como Presidente de la Asociación de Magistrados-, denunció justamente lo mismo, que en muchas ocasiones los delitos se cometían bajo el amparo de la misma Policía, sin saber que años después iba a tener semejante e inesperado “apoyo" del gobernador, pues es obvio que Das Neves no quiso apoyar a dicha funcionaria y esta tampoco buscó ese apoyo, sólo expresó lo que sabía, como lo sabían muchos otros. En aquella ocasión se armó un escándalo mayúsculo, exigiéndole a la referida funcionaria que exhiba las pruebas que le permitían decir eso y sugiriéndole que sino se callase.
En esta ocasión, y hasta donde sabemos, la noticia no “rebotó” en otros medios, ni mereció comentario alguno ni de autoridades políticas, ni policiales, ni judiciales, ni de miembros de la oposición.
Parece evidente que la “ola de inseguridad” que tanto se difunde por los medios y a la que recurren de manera permanente políticos de toda laya y en todo el país para justificar mayor represión, mayor presupuesto en “seguridad” y que sirve para presionar a fiscales, defensores y jueces encuentra una de sus razones más profundas en este “armado policial” que denunció el Sr. Gobernador.
Es que si desde la misma Policía (institución que supuestamente debería prevenir el delito, investigarlo una vez cometido, y, si corresponde, apresar a los delincuentes) se están generando y garantizando la impunidad de los delitos, es claro que no existe ninguna posibilidad de que éste disminuya. Por el contrario, es obvio que va a seguir aumentando día a día, pues si existen las zonas liberadas cada vez la impunidad de los verdaderos delincuentes es mayor.
A su vez queda claro, entonces, que la aprehensión de algunas personas indicados como supuestos autores de los delitos, sólo será la justificación del accionar de la misma Policía y recaerá o en personas inocentes o en aquellos que no se sometieron a las reglas de los organizadores: esto es la misma Policía y los políticos que los apañan y obtienen beneficios.
Esto no es, ni mucho menos, algo novedoso, sino una realidad que se viene denunciando, desde la misma creación de la Policía y las denominadas fuerzas de seguridad. Lo novedoso es que haya sido el propio Sr. Gobernador quien lo haya manifestado, siendo que hasta hace no más de un mes sostuvo contra viento y marea, tanto al Jefe de la Policía como al Ministro del área, aún ante hechos con repercusión nacional como el accionar de la Policía en Corcovado y en el desalojo del asentamiento “Dignidad”, en Trelew, que ya demostraban que la del Chubut no era una policía que funcionara como supuestamente debía hacerlo.
En aquellas ocasiones, la Policía actuó de manera muy similar a como actuaban las fuerzas de “seguridad” en la época de la dictadura, y el poder político también.
Entonces la pregunta es: ¿el Sr. Gobernador hará la respectiva denuncia sobre el actuar de sus propios funcionarios y de la Policía en estos años que –según él mismo- liberaron zonas para que actúen los delincuentes? ¿Se someterá él mismo, como responsable máximo del gobierno y de la policía, a la Justicia para que determine su responsabilidad? ¿Lo hará algún Funcionario Judicial? ¿La denuncia será hecha por alguien de la oposición? Creemos que estas preguntas son pertinentes porque tienen el aval del propio Gobernador, quien en última instancia es el responsable de que existan las zonas liberadas.
En todo caso, a nosotros nos queda la confirmación acerca de cómo se puede comenzar a combatir realmente el delito. Sería un camino hasta ahora inexplorado por los políticos, los jueces, fiscales y medios de difusión, salvo muy raras excepciones, digamos casi por equivocación.
Editoriales ANP
