Rodolfo Florido: La justicia avanza en la investigación
Bariloche (ANB).- La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal notificó que el ex secretario de Prensa del Concejo Municipal es beneficiario de un haber previsional desde 2002. Antes de esa fecha, y por espacio de 26 años, integró los servicios de inteligencia del Estado. Si fueron los años inmediatamente posteriores a la obtención del retiro -algo aún no confirmado-, Florido habría comenzado a cumplir tareas en los servicios en 1976, año del más sangriento golpe de Estado en el país. El juez Martín Lozada avanza en la investigación y podría en las próximas semanas citar a declaración indagatoria al periodista.
El ex secretario de Prensa del Concejo Municipal, Rodolfo Patricio Florido, integró durante 26 años los servicios de inteligencia del Estado, según se desprende de una nota elaborada por el titular de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal -a la que accedió ANB-, en la que se acredita que el periodista investigado por la Justicia Penal goza de un haber previsional desde el año 2002.
Si los 26 años de servicio de Florido en los organismos de inteligencia, fueron los inmediatamente posteriores a la obtención del haber previsional, el ex secretario de Prensa del cuerpo deliberativo de Bariloche ingresó -con sólo 23 años- a la tarea de espía en 1976, año de inicio del más tétrico golpe de Estado en la Argentina. Ese dato aún no pudo ser confirmado, ya que el texto de la nota esclarecedora sobre la condición de “servicio” de Florido, no especifica en qué fechas cumplió con la tarea que ocultó y negó una vez desatado el escándalo por las publicaciones periodísticas sobre su pasado.
El escrito precisa que el investigado “es beneficiario de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal” desde el primero de febrero de 2002, “por haber sido personal civil del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE)”, con una “antigüedad de servicio de 26 años”. A mediados de abril de 2008, Florido renunció a su cargo de titular del área de Prensa del Concejo, ante la escasa reacción de los ediles que no lo echaron ni le exigieron que tome una licencia, luego que el diario capitalino Página 12 y ANB publicaran datos sobre su vinculación con los servicios de inteligencia del Estado.
A partir de ese momento, el cuerpo deliberativo comenzó un expediente de carácter “reservado”, en el que reunió pruebas sobre el ocultamiento realizado por Florido de su beneficio previsional de la Caja de la Policía Federal. Esa falta provocó que la investigación fuese remitida la Fiscalía de la Doctora Marta Siedlecki, quien tras profundizar la pesquisa, promovió acción penal -el 17 de octubre de 2008- contra el ex secretario de Prensa del Concejo.
La fiscal dio por acreditado que existían indicios suficientes para que el juez Penal Martín Lozada investigara la posible comisión de los delitos de defraudación a la administración pública y falsedad de instrumento público.
El perjuicio económico al erario municipal -por el ocultamiento de la jubilación, incompatible con el cobro de un sueldo estatal- también quedó acreditado para el Tribunal de Contralor que impuso a Florido una multa, que aún no pagó.
Al margen de las cuestiones administrativas, en caso que se compruebe que Florido formó parte de los servicios de inteligencia durante la última dictadura, también el juez Lozada podría analizar si ese comportamiento se encuentra reñido con las inhabilidades previstas por la Carta Orgánica (Artículo 2, inciso 8), que plantea que no podrán formar parte del staff de funcionarios “las personas que ejercieron funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes de la Nación” durante los gobiernos de facto.
Investigación
Lozada avanzó en los últimos meses en la recopilación de datos e información en relación al pasado de Florido, aunque encontró reticencia por parte de las autoridades del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), quienes, invocando la reserva comprendida en la Ley de Inteligencia Nacional (Nº 25520) reclamaron mayores detalles sobre el objeto procesal de la investigación. Esa normativa nacional impide al organismo de inteligencia brindar datos sobre sus integrantes, bajo la premisa de la “seguridad nacional”.
Lozada remitió exhortos al Juez de Rogatoria de Buenos Aires, Dr. Cina, requiriendo que solicite a la SIDE información sobre los plazos, áreas y tareas de Florido en el organismo de inteligencia.
El expediente judicial que analiza el pasado y comportamiento del periodista -que aún mantiene su programa televisivo semanal en el canal local de la empresa BTC, y al que asisten para ser entrevistados funcionarios municipales, concejales y referentes políticos locales- consta ya de dos voluminosos cuerpos.
Fuente: Agencia de Noticias Bariloche
El ex secretario de Prensa del Concejo Municipal, Rodolfo Patricio Florido, integró durante 26 años los servicios de inteligencia del Estado, según se desprende de una nota elaborada por el titular de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal -a la que accedió ANB-, en la que se acredita que el periodista investigado por la Justicia Penal goza de un haber previsional desde el año 2002.
Si los 26 años de servicio de Florido en los organismos de inteligencia, fueron los inmediatamente posteriores a la obtención del haber previsional, el ex secretario de Prensa del cuerpo deliberativo de Bariloche ingresó -con sólo 23 años- a la tarea de espía en 1976, año de inicio del más tétrico golpe de Estado en la Argentina. Ese dato aún no pudo ser confirmado, ya que el texto de la nota esclarecedora sobre la condición de “servicio” de Florido, no especifica en qué fechas cumplió con la tarea que ocultó y negó una vez desatado el escándalo por las publicaciones periodísticas sobre su pasado.
El escrito precisa que el investigado “es beneficiario de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal” desde el primero de febrero de 2002, “por haber sido personal civil del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE)”, con una “antigüedad de servicio de 26 años”. A mediados de abril de 2008, Florido renunció a su cargo de titular del área de Prensa del Concejo, ante la escasa reacción de los ediles que no lo echaron ni le exigieron que tome una licencia, luego que el diario capitalino Página 12 y ANB publicaran datos sobre su vinculación con los servicios de inteligencia del Estado.
A partir de ese momento, el cuerpo deliberativo comenzó un expediente de carácter “reservado”, en el que reunió pruebas sobre el ocultamiento realizado por Florido de su beneficio previsional de la Caja de la Policía Federal. Esa falta provocó que la investigación fuese remitida la Fiscalía de la Doctora Marta Siedlecki, quien tras profundizar la pesquisa, promovió acción penal -el 17 de octubre de 2008- contra el ex secretario de Prensa del Concejo.
La fiscal dio por acreditado que existían indicios suficientes para que el juez Penal Martín Lozada investigara la posible comisión de los delitos de defraudación a la administración pública y falsedad de instrumento público.
El perjuicio económico al erario municipal -por el ocultamiento de la jubilación, incompatible con el cobro de un sueldo estatal- también quedó acreditado para el Tribunal de Contralor que impuso a Florido una multa, que aún no pagó.
Al margen de las cuestiones administrativas, en caso que se compruebe que Florido formó parte de los servicios de inteligencia durante la última dictadura, también el juez Lozada podría analizar si ese comportamiento se encuentra reñido con las inhabilidades previstas por la Carta Orgánica (Artículo 2, inciso 8), que plantea que no podrán formar parte del staff de funcionarios “las personas que ejercieron funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes de la Nación” durante los gobiernos de facto.
Investigación
Lozada avanzó en los últimos meses en la recopilación de datos e información en relación al pasado de Florido, aunque encontró reticencia por parte de las autoridades del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), quienes, invocando la reserva comprendida en la Ley de Inteligencia Nacional (Nº 25520) reclamaron mayores detalles sobre el objeto procesal de la investigación. Esa normativa nacional impide al organismo de inteligencia brindar datos sobre sus integrantes, bajo la premisa de la “seguridad nacional”.
Lozada remitió exhortos al Juez de Rogatoria de Buenos Aires, Dr. Cina, requiriendo que solicite a la SIDE información sobre los plazos, áreas y tareas de Florido en el organismo de inteligencia.
El expediente judicial que analiza el pasado y comportamiento del periodista -que aún mantiene su programa televisivo semanal en el canal local de la empresa BTC, y al que asisten para ser entrevistados funcionarios municipales, concejales y referentes políticos locales- consta ya de dos voluminosos cuerpos.
Fuente: Agencia de Noticias Bariloche
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