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lunes, 5 de enero de 2009

PARA LA FJA SOBISCH DEBE SER JUZGADO


El Bolsón (ANPP).-El gremio de los judiciales neuquinos (SEJUN), el docente (ATEN) y la CTA provincial, entre otros, acusaron al magistrado de devolverle un favor político al ex gobernador.
El docente Carlos Fuentealba fue asesinado el 4 de abril de 2007 durante una manifestación de maestros que reclamaban aumentos de salario.
En un comunicado con la firma de Jorge Izquierdo, secretario general, la FJA señaló que la decisión de Piana "en la práctica cubre con un manto de impunidad la determinación política del ex gobernador de reprimir a costa de cualquier resultado las manifestaciones populares, y que desgraciadamente concluyeron con el fusilamiento del compañero Fuentealba".
Recordó también que Sobisch "por todos los medios periodísticos se hizo cargo de su responsabilidad de haber dado la orden de reprimir una manifestación de trabajadores docentes que ya estaban en retirada".
"Usted desgraciadamente no está a la altura del desafío de integrar una justicia independiente que garantice a cada uno lo que le corresponde", agregó Izquierdo.
Consideró en ese sentido que "un Poder Judicial independiente como el que se pretende reconstruir en la provincia de Neuquén debe dar una respuesta eficiente a un hecho de tamaña gravedad y trascendencia institucional".
El 19 de diciembre pasado se supo que el juez Piana había rechazado un pedido de los abogados querellantes para que Sobisch sea citado a prestar declaración indagatoria.
Además el magistrado consideró que la investigación está completa y que la causa puede ser elevada a juicio, por lo cual le pasará el expediente a las partes para que opinen.
La querella ya anticipó que rechazará la postura de Piana. Luego le tocará a la fiscalía y por último a los defensores, la mayoría de los cuales pidieron esa clausura y elevación a juicio así que expresarán su acuerdo.
Los imputados son ex oficiales de policía, incluidos el ex jefe y el ex subjefe de la institución, y el ex subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli. Los acusan de incumplir con sus deberes de funcionario público, entre otros delitos.
Se estima que recién en marzo próximo se sabrá cuál será el futuro de la causa.