El Bolsón (ANPP).- Pobladores e integrantes de organizaciones sociales de la Comarca Andina, se concentraron hoy, durante la mañana, en la casa de Inés Larenas, en El Pedregoso (El Hoyo, Chubut), para definir estrategias de defensa ante la amenaza de desalojo y detención que pesa sobre la vecina y su familia.
En esa línea, se acordó que se hará una "Jornada de Resistencia" mañana, también en la vivienda de Larenas (sobre la ruta nacional 40), desde las 9, día anunciado por la Justicia del Chubut para hacerse efectiva su detención por parte de la policía.
Quienes se acercaron para solidarizarse reafirmaron una vez más que "no se va a permitir un desalojo y mucho menos que lleven presa a la propietaria legítima de estas tierras", y en tal sentido recalcaron que "será fundamental que mañana se sume a la protesta la mayor cantidad de gente posible".
Además de vecinos de El Hoyo, Lago Puelo y El Bolsón, estuvieron acompañando a la familia integrantes del Consejo Asesor Indígena (CAI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Biblioteca del Río, el Partido Obrero, la Asociación Civil Alas, la Agrupación Rojinegra y miembros de las comunidades mapuches Las Huatekas, Motoco Cárdenas, Cayún, Quintupuray, Santa Rosa Leleque y, llegados de Bariloche, del Lof Inkaial Wall Mapu Mew, quienes recuperaron su territorio en la zona de Ñirihuau.
"Recurrir a la fuerza"
Inés Larenas recibió hace unos días una cédula de notificación, proveniente de la Oficina Judicial Penal de Esquel, por medio de la cual la citaban para comparecer hoy en dicha dependencia "a fin de evitar, o cuanto menos minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza".
"La incomparecencia injustificada puede provocar su detención por la fuerza pública", aclaraba el texto, intención que aparentemente puede intentar hacerse efectiva mañana, a pesar de que el Superior Tribunal de Justicia del Chubut aún no dado su dictamen sobre esta caso.
La comunidad sensibilizada por el caso encuentra así a la pretensión de despojarle las tierras a la familia Larenas otro agravante: que la víctima de este avasallamiento sea encarcelada.
"No vamos a admitir que algo así suceda. Advertimos a los funcionarios judiciales y políticos que apoyan este intento de arrebatarle su lugar a Inés y los suyos que si no desisten se van a tener que enfrentar a la gente", aseveró una vecina.
Despojos, una constante en la región
El intento de desalojo contra Inés Larena es tan solo uno de la larga lista de casos que evidencian los avances impunes del poder para expulsar a los campesinos de las tierras en las que han vivido siempre.
Durante la década de 1970, con el aval del gobierno provincial, operó en 34 mil hectáreas, en la zona de El Hoyo y Epuyén, la Maderera Noroeste S.A. (Manosa), que arrasó con innumerables hectáreas de bosque nativo para plantar pino en su lugar, todo, por supuesto, sin el consentimiento de los pobladores.
Entre las tierras afectadas por este desastre ecológico se encontraban las de la familia Larena, que habita en ese lugar desde 1941.
El abogado Alejandro Korn, quien ahora pretende arrebatar 1200 hectáreas y desalojar a los Larenas, había sido asesor de la empresa forestal en aquellos años, y al cierre de ésta empezó a diseñar un plan para que las tierras queden en su poder.
Hábilmente, y con la anuencia de funcionarios judiciales y de gobierno, Korn transformó la propiedad de los pinos en su ahora pretendido reclamo de las tierras en las que están esos pinos y las familias que viven allí desde hace más de medio siglo.
La gestión del ex intendente de El Hoyo Santiago "Chito" Cárdenas hizo lugar a tan descabellado pedido, entrega que el fiscal anticorrupción provincial no ha dudado en calificar de "delito".
De esta manera, Korn, padre del actual coordinador de Gabinete del gobierno de Mario Das Neves, ha iniciado un juicio contra Inés Larena con el fin de desalojarla de su hogar, quedarse con sus tierras y hacerle pagar un escarmiento con una condena de seis meses de prisión en suspenso.
Desalojos, hostigamiento legal y muertes ya se han transformado en una nefasta constante en una provincia que desde la propaganda afirma ser "transparente". En el noroeste chubutense la lista de víctimas es larga: la familia Fermín de Vuelta del Río, la comunidad mapuche Motoco Cárdenas, la comunidad Santa Rosa Leleque, "Beto" Apablaza, entre los más recientes. Lo llamativo es que en la mayoría de estos casos aparecen vinculados funcionarios y ex funcionarios que mantienen fuertes relaciones con el poder. Sin ir más lejos, por ejemplo, el abogado de Korn es el ex juez de Esquel Oscar Colabelli, el mismo que dio la orden del feroz desalojo de la familia Fermín en 2003.
Editoriales ANP
