El Bolsón (ANPP).- Funcionarios del gobierno municipal de El Hoyo (noroeste del Chubut) se negaron a manifestar una posición pública frente al desalojo que pretende llevar adelante la Justicia de Esquel en perjuicio de la familia Larenas, residente en el paraje El Pedregoso desde hace más de seis décadas.
Ni el intendente, Mario Breide, ni el secretario de Gobierno, Raúl Girardelli, quisieron hoy sentar una postura sobre este caso que conmueve a toda la región, y sólo se limitaron a declarar ante la comunidad movilizada que “el desalojo puede ser injusto, pero es legal”.
Girardelli, en particular, intentó excusarse, aludiendo que el gobierno municipal “no puede invadir a otras juridicciones”, en referencia a la decisión de quitar a Inés Larenas y su familia su tierra por parte de la Justicia ordinaria.
Julio Saquero, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), le aclaró al funcionario que la orden de desalojo está pasando por alto el Superior Tribunal de Justicia provincial, que obviamente tiene exclusiva incumbencia en el caso.
Por otro lado, remarcó que “los pobres no tienen acceso a la Justicia” e instó a los representantes públicos “a no ser hipócritas”.
Un referente de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) reclamó que la municipalidad de El Hoyo anule el título de propiedad que pretende el abogado Alejandro Korn, “porque es falso”.
En este sentido, recordaron a los máximos responsables del gobierno municipal que las actas de la supuesta venta a favor de Korn “han desaparecido de los registros municipales”, y que la Fiscalía Anti Corrupción provincial ya ha manifestado que esa cesión de tierras fue “un delito”.
Las razones, sin embargo, de poco sirvieron, ya que Breide y Girardelli mantuvieron su curiosa actitud “neutral”, todo lo cual redundó en la indignación de los vecinos presentes en el edificio municipal.
Le recriminaron al intendente Breide que su falta de respuestas concretas significaba “lavarse las manos” y que “el silencio puede entenderse en la comunidad como complicidad”.
Por su parte, Mario Breide aseguró ante los presentes que venía ayudando a Inés desde hace tiempo, aunque paradójicamente desconocía elementos clave de este nuevo intento de despojo en la zona.
“Si la desalojan, Desarrollo Social de la municipalidad atenderá sus necesidades. No sé… se le construirá una vivienda”, atinó a decir el intendente.
Todos quienes estuvieron presentes apoyando a Inés le advirtieron a Breide que “tendrá que afrontar el costo político por lo que pueda suceder, porque la gente no se va a quedar de brazos cruzados cuando intenten desalojar”.
La situación generada por las increíbles evasivas de los funcionarios quebró emocionalmente a Inés Larenas, que debió retirarse de la sede comunal llorando.
Los manifestantes se habían presentado en la municipalidad pasadas las 12, pero fueron atendidos por Mario Breide recién a las 13.30 aproximadamente.
Durante todo ese tiempo, ininterrumpidamente, los vecinos cantaron “Basta de desalojar”, lo que originó como primera respuesta por parte del Ejecutivo municipal, y a pesar de que todo transcurría sin incidentes, la presencia intimidatoria de varios miembros de la policía.
No pasarán
La bronca de los vecinos e integrantes de organizaciones sociales que dialogaron con el intendente de El Hoyo se proyectó hacia nuevas medidas para la semana próxima y una declaración de alerta permanente para impedir que la familia Larenas sea desalojada.
Por lo pronto, el martes 9, a las 11, han convocado a una nueva concentración frente a la municipalidad para luego trasladarse hacia la casa de Inés Larenas, sobre la ruta nacional 40, en el paraje El Pedregoso, donde realizarán una asamblea.
“No vamos a dejar que saquen a la familia Larenas, eso le tiene que quedar bien claro tanto a los funcionarios judiciales como a los gobiernos municipal y provincial. Ellos serán los responsables de los graves hechos de violencia que pueden generar desconociendo los derechos de los pobladores”, vaticinaron.
Desde que el caso entró en tensión ascendente, gran número de organizaciones sociales han declarado su solidaridad con las víctimas, entre las que se cuentan: las comunidades mapuches Las Huatekas, Motoco Cárdenas, Cayún, Quintupuray, Santa Rosa Leleque, Lof Inkaial Wall Mapu Mew (Bariloche); Consejo Asesor Indígena (CAI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Biblioteca del Río, el Partido Obrero, la Asociación Civil Alas, la Agrupación Rojinegra, Movimiento Artístico Revolucionario Juvenil (MARJ), Colectivo Militante de Derechos Humanos, Unión de Juventudes Socialistas (UJS), Vecinos Autoconvocados de Esquel, Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otras.
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