(Capítulo Infancia - Periodismo Social).- Las últimas declaraciones de la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, respecto del riesgo de muerte por gatillo fácil que corren los jóvenes detenidos, no hacen más que reactualizar y hacer aún más verosímil una idea vieja: el Estado argentino mata. Cada día y medio, un argentino muere producto del accionar de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Unas 2.485 personas perdieron la vida en democracia, según los datos que maneja la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), como consecuencia de lo que suele llamarse “gatillo fácil” y otros denominan más difusamente “violencia impartida desde el Estado”. Lo cierto es que la curva que marca la evolución de las muertes de la que resultan víctimas los civiles y victimarios los funcionarios del aparato de seguridad del Estado –excluyendo desde luego los hechos de delito en flagrancia– ha recrudecido en el período 2003-2008.
El discurso oficial y ciertas políticas ligadas a la defensa de los derechos humanos nada han podido hacer para detener la sangría. De los más de dos mil casos registrados entre 1983 y 2007, casi la mitad se produjo en el último lustro.
“Ahora hay mayor franqueza represiva”, dice la referente de Correpi, María del Carmen Verdú, cuando se le consulta por las diferencias en las políticas llevadas adelante durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Luciana Pol, integrante del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), opina que la cosa “no es tan lineal, pero notamos un preocupante incremento de estos casos en el segundo semestre de 2007, en comparación con el mismo período del año anterior”. Mientras que Leandro Jarsun, del Programa Nacional Antiimpunidad, acepta que “es indudable que necesitamos más estructura”.
Los jóvenes, las víctimas. Hace algunas semanas el juez federal en lo Contencioso Administrativo platense Luis Federico Arias se hizo célebre cuando resolvió un recurso de hábeas corpus presentado por la Defensoría Oficial de Jóvenes con motivo de las detenciones ilegales de que son víctimas cotidianas los chicos menores de 18 años. Este tipo de detenciones se produce cuando una dependencia del Estado se presenta ante la Justicia y solicita que fuerzas que a su vez dependen del mismo Estado detengan “accionares contrarios a la ley”. En el fallo el magistrado ordenó al Ministerio de Seguridad bonaerense a que de manera inmediata instruyera “a todos los órganos policiales del Departamento Judicial de La Plata para que los funcionarios y/o agentes policiales que allí se desempeñan se abstengan de aprehender o detener a menores de 18 años de edad, por presuntas infracciones al decreto ley 8.031/73, averiguación de identidad (art. 15 de la ley 13.482), y vías de hecho tales como la denominada ‘entrega de menor’, u otras similares”.
Cuando buena parte de los medios salieron a cuestionar la decisión, el magistrado aclaró que “no se trata de limitar el accionar policial preventivo frente a los chicos, sino de adecuarlo a parámetros y estándares racionales de acuerdo a las leyes de la infancia actuales en la provincia, así como la Constitución, tratados internacionales y el fallo de la Corte Interamericana en el caso Bulacio”.
Revisando las estadísticas, se demuestra que cerca del 70% de las víctimas de violencia estatal resultan ser jóvenes de entre 15 y 25 años.
FUENTE: Crítica de la Argentina, pág. 24, 11/12/08
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