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lunes, 9 de julio de 2012

LAGOS Y RIOS ARGENTINOS? 35 LAGOS, RIOS Y ARROYOS, APROPIADOS POR TERRATENIENTES.

El Bolsón (Asamblea por el Agua y la Tierra).-

Son empresarios locales y extranjeros que se adueñaron de recursos hídricos que deberían ser accesibles para todos los habitantes. Incumplen la ley y, muchas veces, recurren a la violencia. Los negocios privados y el caso de Corrientes. 

Por Fernando Pittaro.

                                                                  

Un empresario inglés alambra un lago en Río Negro, un millonario italiano cierra una ruta provincial y aísla a un pueblo en Chubut. Un magnate de medios estadounidense pone una tranquera e impide el paso al río Traful, en Neuquén. Y en San Martín de los Andes, el custodio privado de un complejo de cabañas mata de un balazo a un joven por estar pescando con un amigo a orillas del río Quilquihue. 
Son apenas algunos ejemplos de los innumerables casos de apropiación ilegal de recursos hídricos por parte de empresarios argentinos y extranjeros que violan leyes provinciales y nacionales, y pasan a ser “okupas” de escenarios naturales que deberían estar abiertos al público. Así lo pudo comprobar Tiempo Argentino tras un relevamiento en todo el país, que permitió detectar en ocho provincias 35 casos en los que ríos, lagos, arroyos, costas y lagunas dejan de ser de todos para ser de algunos pocos, que no prescinden de recurrir a la violencia para obtener y conservar sus privilegios.
El artículo Nº 2.340 del Código Civil incluye a los mencionados recursos como “bienes públicos”, es decir, que pertenecen a los habitantes en general, lo que significa que no está permitido que sean comprados, vendidos, ni transferidos. Sin embargo, lo que viene sucediendo es justo lo contrario. También el artículo 2.639 del mismo código sufre constantes incumplimientos. Esa cláusula indica que “los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización”. Es otra norma que pocos terratenientes respetan.
En Córdoba, por ejemplo, sólo en 2009 la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento retiró 500 alambrados en las sierras chicas que impedían el libre tránsito. En localidades serranas como Huerta Grande, Villa Giardino o La Cumbre es frecuente ver espejos de agua dentro de propiedades y hasta muros con candados que impiden el paso peatonal. En 2004, el gobierno cordobés colocó mojones en siete lagos que delimitaron por primera vez lo público de lo privado, pero ese plan se frenó en 2007. 
En la Patagonia la situación es aun más crítica. Es la región donde existen más casos de grandes propietarios, la mayoría de ellos extranjeros, copando espacios públicos. Uno de los más emblemáticos es el del inglés Joe Lewis. En 2011, la justicia rionegrina le ordenó abrir el camino público que atraviesa su mansión y llega hasta el Lago Escondido. Lewis nunca acató el pedido.
Por su parte, el magnate textil Luciano Benetton se apropió de 15 kilómetros de la ruta provincial Nº 4, prohibiendo el acceso al río Chubut y dejando al pueblo de El Maitén con una salida menos.
Otro tanto ocurre en Neuquén con la estancia La Primavera. Allí, hace doce años que Ted Turner, dueño de la cadena CNN, mantiene a los pobladores cautivos en sus propios campos. Uno de ellos es Miguel Lagos, que para salir de sus tierras debía pedir permiso y sortear tranqueras con candados y hasta un puente enrejado. Hoy, Lagos vive en Villa La Angostura. “Me tuve que ir porque me hacían la vida imposible, pero todavía siguen viviendo familias que para salir tienen que hacerlo de a pie y esquivando una zanja de dos metros de profundidad que bordea el terreno”, explicó Lagos a Tiempo. También agregó que “encadenaron el acceso a los ríos Minero y Traful y nadie puede acceder, y al que lo intenta lo corren a los tiros”.
En Santa Cruz los poderosos también parecen tener más peso que la propia ley. Apellidos como Pérez Companc, Benetton, Menéndez Bethy y Braun Menéndez figuran entre los poseedores de grandes estancias que vedan el acceso público a espejos de agua como el lago Strobel, los ríos Penitentes y Gallegos, y las lagunas Chica, Larga y Cóndor. 
Oscar Nieddu, ex presidente del Club de Pesca y Tiro Fontinalis, de Río Turbio, relató que “prácticamente ya no se puede pescar en ningún lado de la provincia porque los que dicen quién pasa y quién no son los guardias privados”. Tener el carné habilitante al día ya no alcanza. “Hay muchos lugares que son públicos, pero como hay cotos de caza y pesca privados, tenés que pagar para entrar –sostuvo Nieddu–. Y en otros, directamente no pasás ya que sólo está permitida la entrada a turistas extranjeros a los que le cobran hasta dos mil dólares por día.”
En igual sentido se expresó Ángel González, titular de la Asociación Ríos Libres, entidad que brega por el derecho a acceder sin restricciones a las costas de los cursos de agua. A su hijo de 30 años, Cristian González, lo mataron de un balazo en el cuello el 30 de agosto de 2006, mientras pescaba con un amigo en el río neuquino Quilquihue, cerca del lago Lolog. Le disparó Horacio Calderón, custodio de un complejo de cabañas, que fue condenado a 13 años y medio de prisión. Gaspar Schroh, dueño de la cabaña que facilitó el arma, recibió dos años y medio en suspenso. Hoy está en libertad.
En diálogo con este diario, Ángel González describió la gravedad de una problemática que se repite en varios puntos de la Patagonia. “Los privados no sólo se adueñan de los lagos y los ríos sino que también de la vida de nuestro hijo por defender su negocio. La mayoría trabajan con turismo internacional y le ofrecen el servicio completo de pesca, caza o recreación. El cabañero no dejaba que la gente acampe ni pesque para garantizarles exclusividad a sus clientes”, afirmó González.
Pero no sólo en el sur estas apropiaciones son moneda corriente. También es muy frecuente en la zona del delta del Paraná, donde se asienta uno de los humedales más importantes del planeta. Allí, la modalidad es diferente pero los casos también se cuentan de a decenas.
El arroyo La Cruz, entre la localidad entrerriana de Victoria y la santafesina de Rosario, fue cerrado por un empresario ganadero, cortando por la mitad un enorme sistema de humedales con un endicamiento de dos metros de altura. Cerca de allí, otro productor agropecuario clausuró un arroyo navegable para poder llegar hasta su casa en 4x4.
Elba Stancich, coordinadora del Taller Ecologista Rosario, aseguró que “se construyen terraplenes removiendo el suelo para la construcción de un canal y a través de un sistema de bombas se regula el agua. Esto significa cerrar arroyos, tapar lagunas y cerrar el paso a la gente que estaba acostumbrada a ir a pescar a lugares de costa que hoy están interrumpidos”.
En el sur de Entre Ríos la historia se replica. Allí, Pedro Pou, ex presidente del Banco Central durante el menemismo, levantó un megaterraplén del mismo largo que la autopista Buenos Aires-La Plata, para evitar que las crecidas del río Gualeguaychú y Paraná inunden sus propiedades. Otro tanto sucede en Corrientes, provincia paradigmática en cuanto a la privatización del capital acuífero (ver aparte).
La treintena de casos que Tiempo pudo contabilizar en el mapa argentino dan cuenta del accionar de empresarios nacionales y extranjeros que se adueñan de recursos naturales públicos para garantizar sus negocios. Sin dudas, hay muchos más. Y esto sucede a cuatro meses de la reglamentación de la Ley de Tierras, que busca poner fin a este tipo de especulación de los privados y a la complicidad de los estados municipales y provinciales. <
El caso del vice de Clarín
Mucho se habla de las millones de hectáreas que están en manos extranjeras, pero poco se dice de la batalla silenciosa que se está librando por el acceso a un recurso vital y cada vez más escaso como es el agua.
La provincia de Corrientes es emblemática en este sentido. Desde hace dos años, el magnate húngaro George Soros viene regando 4200 hectáreas de cultivos de arroz con aguas del río Paraná, aprovechando permisos precarios hechos a la medida de sus intereses. 
En los Esteros del Iberá hace 25 años desembarcó la millonaria francesa Madame Beaux, que en 2010 construyó una represa para regar 1000 hectáreas de arroz, pero nunca presentó el estudio de impacto ambiental correspondiente. Por el uso de las aguas públicas, Beaux pagó menos de seis pesos por cada hectárea sembrada.
Cerca de allí, el norteamericano Douglas Tompkins tiene más de 200 mil hectáreas. Y si bien Tompkins asegura que no tiene interés en hacer uso comercial de la zona, hay quienes alertan acerca de la ubicación estratégica de sus campos: están sobre el acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más codiciadas del mundo.
En 2010, Tiempo Argentino reveló que, también en suelo correntino, José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, planeaba adueñarse del arroyo Ayuí para construir una represa en sociedad con Soros. Una vez más, el objetivo era usufructuar un recurso público para garantizar un negocio privado. El proyecto, que pretende inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de bosques en galería, ya fue desautorizado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y frenado por la Corte Suprema de Justicia.
Recursos hídricos
QUÉ DICE LA LEY
Según indica el artículo 2.340 del Código Civil argentino, están comprendidos entre los bienes públicos “los ríos, sus cauces, y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general”, como “los lagos navegables y sus lechos”.
Extranjerización
Magnates
Soros, Benetton, Lewis y Turner se encuentran entre los varios millonarios extranjeros que usufructúan recursos hídricos públicos en la Argentina

CORDOBA - CONVOCATORIA MARCHA: ¡¡JUSTICIA PARA B° ITUZAINGO/PAREN DE FUMIGAR/FUERA MONSANTO!!

Cordoba (ATE ).-MARCHAMOS EL JUEVES 19 DE JULIO - 18 HS.
DESDE COlÓN Y CAÑADA / CÓRDOBA bajo las consignas:
 
 
  *JUSTICIA PARA LAS MADRES DE Bº ITUZAINGO
   *PAREN DE FUMIGAR 
   *FUERA MONSANTO DE ARGENTINA Y DE AMERICA LATINA



 
Hoy la lucha de las MADRES DE ITUZAINGÓ ha logrado llevar a estos codiciosos empresarios sojeros al banquillo de los acusados. Pero los intereses que se juegan en este Juicio son muy grandes, muestra de eso es el reciente anuncio de que Monsanto instalaría una planta en Islas Malvinas, Córdoba,  con todo el peligro ambiental y político que esto acarrea, sobre todo por ser la empresa con mayor poder de corrupción en el mundo.

Necesitamos que este Juicio sea un ejemplo para todo el país y que abra nuevas posibilidades para la defensa de los derechos del pueblo argentino. 
 
Actualmente más de 12 millones de argentinos son fumigados sistemáticamente por las necesidades productivas de un sistema de Agricultura Tóxico. Necesitamos que este Juicio culmine con una sentencia, sentencia que tratan de postergar y diferir; necesitamos una sentencia que otorgue Justicia para con los vecinos violados en sus derechos a la salud por el insaciable afán de lucro de los productores de alimentos a base de venenos.

Grupos de vecinos autoconvocados de pueblos del interior, profesionales y militantes ecologistas, junto a las Madres de Ituzaingo venimos llevando adelante esta lucha desigual, pero hoy necesitamos el apoyo de todos los que entiendan de que en nuestra sociedad es preciso defender el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano para poder enfrentar a los representantes del capitalismo extractivista instalado en el país, que busca generar rápidas y enormes diferencias en base a la destrucción de nuestros bienes comunes, como son nuestras tierras, aguas, bosques ymontañas a través del agronegocio, la megamineria, la explotación de gas shale, entre otros. 

Convocamos al Movimiento de Derechos Humanos, al Movimiento Estudiantil Universitario y Secundario de todo el país, a los Movimientos Sociales, a los Partidos Políticos y sus juventudes, a los Sindicatos y Agrupaciones de nuestros combativos trabajadores, a los Jóvenes y a los Viejos, a acompañarnos en la Marcha bajo las consignas: JUSTICIA PARA LAS MADRES DE Bº ITUZAINGO, Para que paren de Fumigar y para que se Vaya Monsanto de América Latina, el jueves 19 de julio, a las 18 hs, desde Colon y Cañada.

Necesitamos que vengan todos los que crean que las personas no son plantas, que no se los puede fumigar con poderosos venenos porque en el campo vecino el sojero tiene una necesidad productiva que la impusieron empresas como Monsanto, Bayer, Nidera, Novartis, etc.
 
Convocan: Madres de Bº Ituzaingo anexo y Colectivo Paren de Fumigar Córdoba.

Contactos:
 
Medardo Ávila Vazquez: 0351 155915933, medardoavilavazquez@yahoo.com.ar
Sofía Gatica: 0351 156766043, grupodmadres@yahoo.com.ar
 
 
 
                      ¡NO PODES FALTAR...TE ESPERAMOS!
 
                   ¡LOS JUZGA UN TRIBUNAL...
                   LOS CONDENAMOS TODOS...!

CHUBUT: POBLADOR MAPUCHE TEHUELCHE LLEVA UN AÑO DESAPARECIDO.

Chubut (Avkin Pivke Mapu).-Este 09 de Julio se cumplirá un año de la desaparición del poblador Mapuche-Tehuelche Reimundo Nazario Pino (43) quien fuera llevado desde Gan Gan, donde residía, por Eliberto Sepulveda a realizar trabajos de campo a la zona de Chacay Barruka-Blancuntre y luego al establecimiento “El Portezuelo” donde fue visto por última vez. Este miercoles 11, comunidades Mapuche-Tehuelche cercanas y pobladores se concentrarán, para seguir reclamando justicia y que este caso no quede impune, como tantos otros que se recuerdan en la Meseta.
Por Angel Cayupil
Comenta Elbio Cumil, el peón que lo vio aquella mañana, que salió de la casa cerca de las 6.30 hs. con dirección a Gan-Gan y desde ese momento no lo vio más.
Los familiares se fueron enterando casi por casualidad e inmediatamente dieron aviso a la policía y comenzaron a organizar la búsqueda, aun en el contexto de tanta ceniza que afectaba la zona por la explosión del volcán Puyehue. Fueron varios los rastrillajes que se realizaron con la colaboración de la policía local y policia montada de Puerto Madryn, Defensa Civil, familiares y vecinos, nada dio resultado positivo.
El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, tiene el legajo de investigación, que  poco dice de esta extraña desaparicion,  los familiares hicieron además presentaciones  al Gobierno Provincial y pudieron entrevistarse con el gobernador Martin Buzzi, pero nada avanza en la búsqueda de  saber lo que paso y fundamentalmente encontrar a Reimundo.
Marchas, publicación y distribución de afiches, entrevistas con diversos funcionarios públicos, difusión en distintos medios de comunicación entre otras iniciativas de la familia y vecinos parece no alcanzar para dar con rastros certeros de lo que paso con este trabajador rural.
La ultima promesa de continuar la búsqueda y realizar gestiones fue en el mes de Mayo. Antes habían asegurado a la familia hacerlo una vez que pase la emergencia por los incendios en la zona cordillerana.
Doña Hortencia Hueicha, es la anciana madre del desaparecido y de 10 hijos mas, lonko de la comunidad mapuche-tehuelche Los Pino, es quien anima la búsqueda,  exige la investigación y pide conocer la verdad. La pena que siente en su corazón no la frena  para seguir reclamando por su hijo.
En la localidad de Gan-Gan comunidades Mapuche-Tehuelche cercanas y pobladores se concentraran el miércoles 11, para seguir reclamando justicia y que este caso no quede impune, como tantos otros que se recuerdan en la Meseta.
Familia Pino
Contacto en Gan-Gan:
Andrea Pino: (02804) 15-329194
Gan-Gan, 06 julio de 2012

UN ESPIA DE LA DICTADURA INFILTRADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MISIONES.

Misiones (Revista Superficie).-Durante el terrorismo de Estado fue colaborador de asesinos, violadores y ladrones de bebés. Hoy trabaja en el hospital Materno Infantil de Misiones.

José Enrique Lascurain, DNI 4.603.057, vive en calle Amalia Vera 4482 (65), de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Su nombre figura en la nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistió en la sección de Inteligencia 124 "Posadas", del Batallón de Inteligencia 601, cerebro del espionaje ilegal registrado durante la última dictadura cívico-militar, entre los años 1976 y 1983. 

Su cargo fue el de "Agente de Reunión". Con esta  nomenclatura, las fuerzas armadas de la represión denominaban a los espías o “entregadores” que se infiltraban en ámbitos intelectuales, sindicales, laborales, culturales y estudiantiles para recoger información que luego era suministrada a los jefes de cada área, quienes a partir de a estos datos ordenaban operaciones de secuestro y asesinato de personas.

Lascurain trabaja para el Estado provincial desde 1987, en el ámbito de la Salud Pública. Comenzó en los hospitales Baliña y Carrillo, luego lo trasladaron al Ministerio de Salud, y actualmente es técnico en computacion en el Hospital Materno Infantil de la Capital provincial. 

Función común

Más allá de las tareas específicas (agentes de reunión, agentes de seguridad, agentes universitarios, etc), todos los actores civiles que trabajaron con el Batallón 601 del ejército tenían una misión común: detectar a las personas que podían encuadrar con la figura de "subversivos" y comunicarlo a los servicios de Inteligencia.

Ese accionar precedía a las detenciones ilegales y violentas -secuestros- de los grupos de tareas de las fuerzas armadas, que en la mayoría de los casos terminó en asesinato o desaparición.

¿Quiénes eran catalogados como subversivos? activistas sociales, militantes políticos, dirigentes sindicales y estudiantiles, obreros, y todos aquellos que simplemente manifestaran disenso social.

Las tareas de estos agentes resultaron fundamentales para el exterminio de miles de personas en manos de las fuerzas militares que llevaron adelante el terrorismo de Estado. 

Acción Cooperativa: guarida de criminales civiles

El 25 de abril de 2010, revista superficie denunció a través de una investigación periodística que Julio César Marturet, por entonces subsecretario de Acción Cooperativa y Mutual de la Provincia, había oficiado como personal civil de Inteligencia al servicio de los militares de la última dictadura militar.

Superficie confirmó el pasado de Marturet acudiendo directamente al Archivo Nacional de la Memoria, donde el nombre y el número de documento del funcionario provincial figuran en la Foja 53 de la Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976-1983. 

Cuando el gravísimo hecho tomó estado público, el gobierno provincial guardó silencio y amparó a Marturet. 

El 6 de mayo, el diario Página/12 publicó en su contratapa una carta abierta escrita por Miguel Ángel Molfino, titulada “Enemigo íntimo”, en la que denunció que Marturet había sido espía en su casa y delator de su madre, hermana y cuñado, quienes terminaron asesinados. Dos días después de publicada la nota en Página/12, Julio César Marturet presentó la renuncia.

El 13 de mayo de ese mismo año, superficie denunció que el jefe del Departamento de Defensa del Consumidor y Fiscalización del gobierno de la provincia, Milton Alfredo Acosta, también colaboró con el Terrorismo de Estado, como "Agente de Seguridad".
 
El funcionario figura en el orden 51 de la Foja Nº1 de la nómina de personal civil que revistió en el período 1976-1983 colaborando con el Batallón de Inteligencia 601

Superficie corroboró en el Archivo Nacional de la Memoria que Acosta, con Documento Nacional de Identidad 13.558.921, fue agente civil del Destacamento de Inteligencia 124 de Posadas en el último gobierno de facto.

Lista de cómplices

Luego de una larga lucha de Ramón Torres Molina -Presidente del Archivo Nacional de la Memoria- y organismos de Derechos Humanos de todo el país, finalmente la lista del Batallón 601 se conoció a través de la revista Veintitrés en febrero de 2010.

El documento informa 4.300 nombres que integraban la plantilla de personal, los rangos y las actividades de los agentes que aportaron información, apoyo logístico y mano de obra a la represión.

La nómina incluye los nombres de 1.599 personas que se desempeñaron como agentes civiles de inteligencia, 2.353 que cumplieron tareas en distintos destacamentos y secciones en diferentes lugares del país, y se complementa con una lista de 345 militares del 601.

Participaron de la Sección de Inteligencia 124 "Posadas" un total de 66 personas, que desempeñaron diversas funciones de colaboración con la dictadura militar.

Figuran en ese apartado un total de 20 agentes de seguridad, 15 agentes de reunión, 8 dactilógrafos, 6 radioperadores, 2 teletipistas, 2 conductores, 2 asesores universitarios 1 encargado de mantenimiento edilicio y 1 mozo.

MENDOZA-ASAMBLEA POR EL AGUA: HOY ES REPRESION Y MUERTE EN PERU.

Mendoza (UAC).-Nuevamente, hubo represión violenta a una protesta contra la megaminería. Esta vez fue en Perú, el pasado 4 de julio, y cobró la vida de cinco pobladores de la región de Cajamarca que se manifestaban contra el proyecto megaminero Conga. Este emprendimiento amenaza las fuentes hídricas y la vida en ese lugar, y las comunidades de la zona están luchando y declarando su oposición a este emprendimiento, pese a que la empresa Newmont, en complicidad con los gobiernos, desconoce que el pueblo peruano no le da la licencia social. Este es uno de los muchos atropellos en los que las comunidades son víctimas de este modelo represivo, necesario para instalar estos proyectos que contaminan, saquean y degradan nuestras culturas y nuestros bienes comunes. Reprimir la protesta social es intentar tapar el sol con el dedo. El conflicto social no puede solucionarse con la militarización de los territorios, sino con la expulsión de estas “sanguijuelas” transnacionales, al decir de Eduardo Galeano, que operan con impunidad allí donde la corrupción media entre nuestras verdaderas necesidades y las dañinas ambiciones de un puñado de empresarios.
 Cada gota de sangre derramada es un delito contra la humanidad y de lesa naturaleza. Defendemos la vida en todas sus expresiones, la soberanía en nuestros territorios, la autonomía y el buen vivir de nuestros pueblos que con su diversidad nutren las identidades culturales que colorean a nuestra Madre Tierra en este continente. Nos oponemos a la prepotencia y pretensiones de las corporaciones para con nuestras sociedades.
 Estas lamentables muertes no son una novedad, pues la política extractivista que lleva a la apropiación del territorio necesita la criminalización de la protesta.  El modelo es el mismo en el mundo: detenciones ilegales, heridos, muertes, leyes antiterroristas como la aprobada en la Argentina a fines del año pasado. Este es el ingrediente social necesario de la megaminería y los proyectos extractivos.
La política pro minera es la misma en nuestra Latinoamérica. En Perú ensayan una política de paño frío para calmar la briosa protesta social. Ollanta Humala promete y proclama legalidades que la megaminería no llevará a cabo. En la Argentina, la política planteada desde el ámbito nacional es abiertamente pro minera, con Secretario de Minería asociado a mineras, gobernadores socios y títeres de las megamineras, medios de comunicación cómplices que callan, ocultan y tergiversan los hechos. Se juntaron las presidentas y los presidentes en la reunión del MERCOSUR, recientemente llevada a cabo en nuestra provincia, y mostraron un barniz inocente. Puertas adentro los negocios mineros fluían.
Desde Mendoza, Argentina, les mandamos un abrazo solidario y luchador al pueblo movilizado y en defensa del territorio de Cajamarca, Perú. Es nuestra sangre latinoamericana la que ha sido derramada ya que es una sola la lucha por el territorio, por la Cordillera, por nuestra América.
¡SÍ A LA INTEGRACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES!
¡NO al saqueo y la contaminación de los bienes comunes en Latinoamérica!¡NO a la megaminería, los agronegocios, las pasteras y el extractivismo!
¡SÍ a la solidaridad, a la diversidad, a la hermandad de los pueblos para el buen vivir!

Lucha en Cajamarca
Detenciones ilegales en Cajamarca
Duelo regional en Cajamarca

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