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viernes, 5 de febrero de 2010

EDITORIAL: EDUCANDO PARA LA DEPENDENCIA

Pocas veces el destino de una institución devela tan claramente las intenciones mezquinas e impopulares de un gobierno (y en verdad hay que decir: de esa clase social enferma de avaricia, que es el verdadero gobierno) como en el caso del Centro de Educación Agropecuaria Nº 3 del paraje rural de Mallín Ahogado, cercano a la localidad rionegrina de El Bolsón.

La pregunta por el para qué de la educación rara vez se discute seriamente. En líneas generales, funcionarios y sindicalistas, incluso prestigiosos analistas políticos, se limitan a lanzar sus cruces de ideas respecto a la cuestión salarial o al “nivel educativo”, o en el mejor de los casos debaten sobre aspectos pedagógicos. Rara vez es posible escuchar algo que avance más allá de esos temas típicos. Los salarios pueden ser altísimos y la calidad educativa de excelencia, y aún así no está contestada la pregunta, que es ni más ni menos la razón de ser de la institución educativa en una sociedad, sea la forma que tome.

Los discursos oficiales reiteran mecánicamente, irreflexivamente, que uno de los grandes objetivos de la escuela pública es “insertar a los jóvenes en el mercado laboral”. Pero esta (aparentemente) loable declaración peca de una omisión básica: ¿qué mercado laboral? Los ministerios de educación abundan en especialistas de la palabra que hábilmente nos intentan regodear con dulces y progresistas discursos a la vez que se las ingenian por ocultar la nefasta realidad social que genera la administración inepta y corrupta de los gobiernos para los que trabajan. Quieren ocultar, en concreto, que Argentina padece una desocupación crónica, incluido un alto porcentaje de subempleo, de condiciones laborales cuya indignidad en nada se corresponden con la promesa de prosperidad a través del esfuerzo en el estudio.

Ahora la cruda realidad: la educación pública sirve, en primer lugar, para preparar a una minoría de niños y jóvenes a quienes este injusto sistema social les tiene reservado un lugar en lo que sus técnicos llaman “el mercado laboral”, que se podría identificar (idealmente) con el trabajo en blanco y bien remunerado. Una porción más pequeña aún será entrenada para ser la clase dirigente del futuro. La gran mayoría no habrá terminado la secundaria, y quienes ponen las reglas de juego en este sistema tendrán así una buena excusa para explotar gente a su antojo. Otros muchos tendrán el título de nivel medio en la mano (pero no la oportunidad de continuar estudios universitarios): aún así tampoco pueden estar seguros de que se salvarán de la codicia del capital.

A este objetivo primario, el de decantar las nuevas generaciones y estratificarlas para la sociedad futura, se suma otro no menos perverso: fortalecer la coerción sobre los jóvenes a través de unas instituciones (las escuelas) que, perdida su razón original de ser, se han transformado en espacios de “contención”, como admiten indirectamente los ministerios a través de sus documentos. “Contener” el conflicto social potencial de una franja de la población históricamente llamada al cuestionamiento de lo dado.

Un tercer objetivo apunta a la perpetuación de estas condiciones. Es aquel que busca que cada joven ser humano que ingrese en el sistema público de educación pierda la posibilidad de autonomía, de valerse por sí mismo, predicando que la única forma de vida válida es la que ofrece el espíritu acelerado, individualista, violento, consumista, inmediatista, sucio e inhumano de estas ciudades de principios de milenio. Fabricar mayorías inútiles es en Argentina un negocio formidable para los aparatos clientelares de los grandes partidos políticos.

En ocasiones, por evidentes “errores del sistema” seguramente, se producen desde el estado experiencias educativas muy valiosas, socialmente hablando. Es el caso del proyecto nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Técnico Agropecuaria (Emeta), programa que dio origen, en 1992, al establecimiento de educación no formal de Mallín Ahogado, en la cordillera rionegrina, que hoy se conoce como Centro de Educación Agropecuaria Nº 3. La escuela se proponía rescatar y potenciar los conocimientos de los pobladores rurales y generar, de paso, vínculos más sólidos entre los pequeños productores. Y así funcionó durante años, brindando cursos que surgían de las propias necesidades y demandas de la comunidad.

En el “Emeta” cientos de personas se capacitaron y compartieron saberes en cultivo de hongos, conservación de alimentos, cestería, cerámica, herrería, construcción natural, permacultura, producción de semillas, plantas aromáticas, uso de máquinas rurales, elaboración de quesos y lácteos, huerta orgánica, frutas finas, mejoramiento ganadero, apicultura, tejido, invernáculos, entre otros.

El primer golpe lo asestó el propio estado nacional, desentendiéndose del programa y librando a su suerte a las escuelas en cada provincia. El gobierno de Río Negro, por su parte, rápidamente intentó aplastar la experiencia, y en poco tiempo las escuelas de lo que fue el proyecto Emeta de la provincia dejaron de funcionar, a excepción de la de Mallín Ahogado, que fue férreamente defendida por su comunidad.

En septiembre de 1998 hubo un levantamiento popular histórico, el “Bueyazo” que manifestó su rechazo a las políticas de desmantelamiento del gobierno rionegrino. Más de 200 pobladores protestaron en una caravana de 12 kilómetros montados a caballo o en vehículos.

Sobre el CEA 3, sin embargo, ya pesaba un decreto de muerte. La manifestación logró aplazar las cosas, pero no conmovió a los cínicos funcionarios radicales. Por eso, de forma crónica, se sucedieron amenazas de cierre y operaciones de desgaste basadas esencialmente en el escamoteo de presupuesto y en la falta de nombramientos para los instructores, que pasaba meses sin cobrar un centavo.

Otro duro momento para el pueblo de Mallín Ahogado sucedió en mayo de 2008, cuando el Ministerio de Educación de Río Negro decidió dar un verdadero golpe institucional dentro del CEA 3, nombrando a una coordinadora de facto, la especialista en marketing Cristina Malfassi, por encima del Consejo Consultivo, la instancia de decisión legítima de la escuela.

A pesar de las numerosas expresiones de rechazo -cara a cara- a su intervención, Malfassi no pudo ser desplazada. La flamante funcionaria anunciaba por entonces que su ingreso respondía a un proyecto “para cambiarle el perfil” a la escuela, acorde al plan de transformar al paraje rural en un formidable negocio turístico-inmobiliario. Se hablaba ya de cursos de inglés, computación, hotelería, de mucama y gastronomía. Es decir, mano de obra barata para los grandes inversionistas.

La “gestión” de Malfassi fue llevada a cabo con tanto cinismo y frialdad, con tanta “eficiencia”, que hoy ya se puede decir que el proyecto original de la escuela fue prácticamente exterminado. La lista de aberraciones durante su coordinación de facto incluyen: costosos hornos arruinados (adrede), que eran necesarios para el taller de cerámica; la orden de destruir un aula levantada por los propios pobladores en el curso de construcción natural; el paso del arado sin aviso previo sobre una huerta orgánica destruyendo todos los cultivos; el anulación de los contratos de buena parte de los instructores.

En su oscura gestión, asimismo, empezó a funcionar una "Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria y Forestal", a cargo del ingeniero Hernán De Leonardis (otro coordinador nombrado a dedo), cuyos lineamientos corren en buena medida parejos con el modelo de producción agraria a gran escala, de carácter extractivo y destructivo del medio ambiente. Pero ni siquiera esto puede contarse entre los resabios del concepto de “educación agraria” si tenemos en cuenta las denuncias de varios profesores acerca de la falta de recursos para realizar las prácticas fundamentales que propone esta carrera.

El moño fue el anuncio reciente de que el maltratado CEA 3 será sede de una escuela regional de policía. Y ahora el plan está completo: mano de obra barata y guardianes (también baratos) de la propiedad privada de los que tienen todo. Al mismo tiempo, la eliminación de un espacio de encuentro para la comunidad rural, y con ello la erosión de sus valiosísimos saberes para trabajar y producir, conviviendo, con la Tierra. Es fácil adivinar el futuro de los hijos de esos campesinos: perdidos los conocimientos para ser autosuficientes (léase: independientes de los políticos de turno), la fase siguiente es la (mala) venta de las tierras familiares que pasarán a manos de los empresarios amigos del poder político. Una o tal vez dos generaciones vivirán en el mundo fascinante y mentiroso de la ciudad, en tanto el dinero poco a poco se irá esfumando. La tercera generación ya sabrá qué hacer: estudiará en la “escuela agraria” para ser policía o sirviente de los ricos.

Aplastar la cultura del trabajo y del espíritu comunitario para allanar el camino de la cultura de la especulación inmobiliaria. De la codicia desenfrenada, en suma, que es el cáncer de la humanidad y de los seres que padecen nuestras estupideces. Por suerte queda la certeza de que esta ideología que prima la obtención inmediata de riquezas por encima de cualquier otro valor no se sostendrá mucho tiempo. No hay manera de que escape a su propia autodestrucción. La pregunta, que es el desafío que hace crucial cualquier militancia por una Nueva Conciencia, es si nosotros logramos o no evitar irnos por ese desagüe.

En tanto, si es que no logramos como comunidad revertir el curso de los hechos, al menos no olvidemos, como dice una sentida canción, a los traidores que hoy colaboran con esas oscuras fuerzas: César Barbeito (ministro de Educación de Río Negro), Viviana del Agua (ex delegada de Educación, recientemente ascendida), Cristina Malfassi (actual delegada, como “premio” por su impecable gestión), Hernán De Leonardis (ex profesor devenido en puntero de la UCR), Oscar Romera (intendente de El Bolsón), Patricia Ranea (legisladora radical de Río Negro), Víctor Cufré (jefe de policía provincial), Diego Larreguy (ministro de Gobierno de Río Negro), Miguel Saiz (gobernador de Río Negro) y sigue la lista…


ARRIBA LOS QUE LUCHAN

RADIO LA NEGRA EN EL FESTIVAL DE CANCIÓN URGENTE POR LA DIGNIDAD CAMPESINA EN VENEZUELA

ESPECIAL: Corresponsalía Popular desde Venezuela para Radio La Negra

Venezuela (RADIO LA NEGRA).-Corresponsalía popular para Radio La Negra, desde Venezuela, Estado Lara, El Eneal, Comunidad Agua Salada, por juan Cruz-El 30 de enero se realizó en esta comunidad de montaña el Primer Festival Canción Urgente por la Dignidad Campesina. Participaron de dicho encuentro grupos de distintos estados de Venezuela, y el grupo Ayllu de argentina. El encuentro se realizó con el esfuerzo del colectivo de músicos "Canción urgente".
A continuación algunos audios de la fiesta.

Audio 1) Entrevista a Gino Gonzalez, referente del canto popular campesino.

Audio 2) Poesía de Carlos Angulo junto a Pompilio Santeliz en guitarra y voz.

Audio 3) Tiene 1 minuto de sonidos de fiesta previo al comienzo... Canción "Techos de Cartón", de Alí Primera interpretada por niño cantor campesino, sobrino de aguasalá, acompañado por aguasalá en guitarra.

Audio1:
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Audio2:
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Audio3:
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RADIO LA NEGRA - SONIDOS POPULARES E IDEAS LIBERTARIAS



Corresponsalías Populares es una propuesta de Radio La Negra en la que nos y les proponemos recorrer el país a través de las miradas y los análisis de los y las compañeras y compañeros que militan en grupos sociales, medios de prensa alternativos, o simplemente, están comprometidos con la realidad en la que viven y pretenden transformarla. Se pueden encontrar en nuestra página los audios por separados  de cada corresponsalía o  del programa semanal. Estos están a disposición de quienes los quieran difundir, con la sola condición de citar la fuente. Si te querés sumar a las corresponsalías, comunicate con nosotros al e-mail radiolanegra@gmail.com y empezá a compartir tus aportes en la construcción del mundo que queremos, amplio, pero siempre dentro de la justicia social.

DECLARACIÓN DE LA UAC SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Sobre la criminalización y judicialización de la protesta social
Contra el saqueo, la contaminación y la militarización de nuestros territorios

(Unión de Asambleas Ciudadanas).- Como colectivo asambleario creemos que, sin lugar a dudas, la judicialización y criminalización a las asambleas, comunidades y movimientos sociales que defienden sus territorios, es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente en general y a nuestro país en particular.

En nuestros países se vienen imponiendo estados que actúan bajo los designios de la seguridad preventiva, considerando que es necesario "prevenir" toda manifestación de oposición a la forma de vida que pretenden que sea nuestro "destino manifiesto". Sin embargo, una vez "puestas de manifiesto" esas oposiciones, ya no basta la prevención y se les hace necesario desplegar mecanismos que frenen las rebeldías en defensa de los territorios, entendidos por sus defensores/as no sólo como espacios geográficos que habitan, sino como ámbitos en los que se construye el sentido de la vida.

La represión y criminalización:

Son muchas las modalidades de represión que las empresas capitalistas, transnacionales y nacionales, junto con los poderes políticos locales lanzan sobre las voces de protesta. Algunas de las más concretas implican el uso de los aparatos del estado para ejercer la represión directa, el despliegue de estrategias de judicialización y criminalización de los movimientos populares y la militarización de los territorios en conflicto. Sin embargo, no son sólo las fuerzas públicas de seguridad las que operan en estos casos, sino también fuerzas privadas contratadas por las empresas, cuya existencia responde a un proceso de privatización de los aparatos de represión.

La violencia represiva:

Esta violencia represiva directa ejercida sobre las asambleas, comunidades y organizaciones sociales es acompañada a su vez por mecanismos de control social, que permiten el ejercicio de la represión simbólica, anulando así toda posibilidad de desarrollo de otras visiones del mundo y de diferentes formas de vida.

Las víctimas:

Las principales víctimas de la criminalización y de la violencia ejercida desde el poder son los movimientos de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y campesinas, trabajador/as desocupados/as y precarizados/as y poblaciones afectadas por los nuevos emprendimientos del modelo de "desarrollo" de esta fase del capitalismo neoliberal, muchas de las cuales se constituyen en asambleas e integran la UAC.

Los medios informativos y la "invisibilización":
Sin embargo, nuestra condición de víctimas de la represión es totalmente desvirtuada por los medios de comunicación masivos que se encargan de presentar las batallas por los derechos sociales, culturales y ambientales como delitos y por ende, a los/as sujetos sociales que las promueven como delincuentes, tergiversando la legitimidad de las luchas sociales y generando, en la sociedad en su conjunto, subjetividades basadas en el miedo al diferente, que desemboca en la fragmentación de la sociedad en grupos irreconciliables entre sí.

Esta función de los medios de (in) comunicación masiva se hace posible dado que ellos SON el poder, constituyendo el aparato ideológico de la globalización, jugando un papel para deformar la realidad en beneficio de sus intereses y fabricar una opinión pública favorable al sistema.

Este poder mediático hoy está por delante del poder económico y financiero. Su rol ideológico implica el desconocimiento de uno de los derechos fundamentales del ser humano, como lo es el derecho ciudadano a la información y el conocimiento, tergiversando la misma a través de sutiles formas de propaganda del producto o la moda que se quiere imponer.

El "discurso único" y la "demonización" de las luchas sociales:
De esta manera, pasan a demonizarse las luchas de quienes se oponen al Saqueo y la Contaminación. En esta instancia también se suma la invisibilización de los disensos, es decir que se desacreditan y esconden las investigaciones científicas que demuestran los impactos negativos, dando visibilidad a todos aquellos académicos funcionales al sistema de saqueo y contaminación. De la misma manera se desacredita todo aquello que provenga de la acumulación de saberes ancestrales, a través de una serie de falsedades como que quien se opone a este modelo, se opone al "progreso" y al desarrollo. Son nuevamente estos mismos medios masivos de in-comunicación los que NO dicen que este modelo es sólo de crecimiento económico, NO dicen que el desarrollo y el progreso así NO son posibles.

La aprobación de la ley antiterrorista a nivel nacional y las reformas de los códigos contravencionales que se vienen implementando en varias ciudades del país, son consecuencia de este contexto represivo y criminalizador de las luchas sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida, y favorecido por la impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad, de la justicia y de los poderes políticos en general.

Estos mecanismos legales justifican la vigilancia, la persecución y el control sobre las poblaciones y comunidades, en especial las que se oponen a la devastación de los territorios por parte de los grandes capitales, las que desarrollan estrategias de supervivencia frente a un modelo que los lanza hacia la exclusión y la pobreza y las que se empeñan, desde hace más de 500 años, en ser reconocidas y respetadas en su diversidad étnica, cultural y espiritual.

¿Quiénes son los terroristas?:

Teniendo en cuenta el marco legal de la criminalización de la protesta y la pobreza, es importante destacar que el artículo 213 ter de la ley antiterrorista aprobada en la Argentina en 2007 considera que una asociación ilícita terrorista es aquella que reúne las siguientes características; -tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; -estar organizada en redes operativas internacionales; y -disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida y la integridad de un número indeterminado de personas. Frente al contenido de este posicionamiento podemos vislumbrar quienes son los verdaderos terroristas.

Tanto la propagación de distintos odios, como la existencia de redes operativas internacionales, como la puesta en peligro de la vida e integridad de un número indeterminado de personas son características completamente aplicables a las formas de operar de las empresas transnacionales y sus socios políticos locales, en la implementación del modelo extractivo y productivo de esta etapa del capitalismo global, que responden con criminalización, represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida.

Por todo esto la UAC se pronuncia en repudio absoluto de:

La persecución, criminalización y judicialización que vienen sufriendo las compañeras de las Asambleas Riojanas de Chilecito, Famatina y Sanagasta de la Rioja por defender su territorio ante la inminente explotación minera. Así como también, las distintas agresiones y atropellos que las mismas vienen padeciendo por parte de la Empresa minera Yamana Gold y las fuerzas represivas del estado. Esta empresa es la responsable de atacar a dos compañeras que integran estas asambleas con la complicidad y el visto bueno del gobierno local, además de abrirles causas penales a distintos vecinos y vecinas, también asambleístas, por no permitir que la empresa ingrese al sector donde pretende explotar y llevar adelante el emprendimiento megaminero a cielo abierto.

Los diversos atentados que viene sufriendo el pueblo de Loncopué y de Campana Mahuida en Neuquén por parte de la empresa minera Emprendimientos Mineros S.A., de origen chino, que pretende instalarse en dicha localidad. Creemos que los incendios intencionales de las casas de vecinos que integran las asambleas, la destrucción de la Radio FM Arco Iris que difunde la lucha, los apagones vividos en el pueblo y la persecución a los compañeros y compañeras que vienen resistiendo son parte de la criminalización a quienes venimos defendiendo el territorio del que somos o nos sentimos parte. En este sentido repudiamos de manera tajante la actitud de la empresa por su accionar y del gobierno de turno por permitir y ser cómplice de los hechos sucedidos.

Los hechos gravísimos que vienen viviendo los compañeros y compañeras del colectivo Semillas del Sur que, en defensa del territorio, resisten a las fumigaciones de Agrotóxicos junto a los vecinos y vecinas del Departamento de Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba. Esta defensa territorial recibe como respuesta del poder la persecución y represión directa por parte de las fuerzas represivas del estado que actúan sin medir las consecuencias poniendo en riesgo la vida de los compañeros y compañeras que vienen resistiendo al modelo sojero impuesto en la provincia. Estos actos por parte del poder local y sus aliados son de nuestro absoluto rechazo, así como también, las represalias que llevaron adelante con el intento de desalojo del centro cultural "El Semillero", perteneciente al colectivo Semillas del Sur, y la destrucción de dos casas de compañeros del mismo colectivo con la excusa de "no respetar el código de edificación". Esto demuestra que, no sólo nos imponen el modelo de saqueo y contaminación, sino también la forma en que quieren que vivamos.

El desalojo violento de la comunidad Paisil Antreao de Villa La Angostura, Neuquén, y la militarización del territorio ancestral al que pertenece. La comunidad viene siendo amenaza y con intentos de desalojos desde hace varios años, al mismo tiempo que los alambrados de los privados le fueron reduciendo su territorio, tal como viene sucediendo a muchas comunidades, producto de la concentración de tierras y el avance de los privados, como consecuencia de la especulación y negocios inmobiliarios. De esta manera, creemos que es importante destacar el no reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios por parte del estado y sus instituciones, que actúan como cómplices y garantes de estos hechos sin respetar el articulo 75 de la Constitución Nacional , el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de comunidades indígenas. Por esto, creemos que los hechos sucedidos a la comunidad Paisil Antreao es una manera de criminalizar la cultura, la espiritualidad y formas distintas de concebir la vida y su desarrollo, tal como lo demuestra la destrucción del rewe, que es el espacio territorial y sagrado históricamente heredado de sus ancestros y en el que se comunican con los mismos en relación armónica con la naturaleza. La destrucción del rewe es la destrucción misma de la comunidad y por eso rechazamos, sin reparo alguno, estas formas de operar de las fuerzas de seguridad que implican la reproducción de la negación histórica de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Estos son sólo algunos de los casos de criminalización, persecución y represión que vienen acechando, de manera sistemática y continua, a lo/as protagonistas de las luchas contra las políticas de recolonización.

Frente a este contexto represivo y criminalizador, nos solidarizamos con cada uno de los compañeros y compañeras que vienen dando batalla en defensa del territorio al que pertenecen, territorio del que nos sentimos parte todos y todas. También damos nuestra solidaridad a los compañeros y compañeras de Andalgalá en Catamarca y Palma Sola en Jujuy que se encuentran en plena movilización por la inminencia de la puesta en marcha del megaemprendimiento minero Agua Rica y la implantación de transgénicos, respectivamente, que están causando estragos irreversibles en la población.

UAC/ Unión de Asambleas Ciudadanas
Enero de 2010


Fuente: ANRed

SE PRESENTA EL LIBRO "INTENSIDADES DE MUJER" EN FM ALAS

El Bolsón (ANPP).- Así como esta programada la presentanción del libro "Intensidades de Mujer" el sábado en Bariloche, se realizará también el martes próximo en FM Alas de El Bolsón.
El libro, realizado por dieciocho mujeres presas en la Unidad Nº3 de Ezeiza, es el fruto del taller de periodísmo y expresión que lleva a cabo la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh de Buenos Aires.
Afirman los gestores de esta producción literaria que el libro esta "plagado de voces y aromas de mujer", y refleja "sus sentimientos y rabias; sus amores y delirios; sus deseos, su pródiga fantasía de las noches en vela o la contundencia de la denuncia y como traspusieron los barrotes y el silenciamiento que el poder impone sobre la barbarie represiva en las cárceles de mala muerte en la Argentina."
En la presentación estarán presentes los integrantes de la Walsh, y la propuesta es compartir las vivencias y experiencias de los tres años de trabajo, y debatir sobre esa realidad.
La ivitación es para el martes 9 a las 20 en el SUM de FM Alas.

CONTINUA LA LUCHA EN STEFANI

(SOECN).- La patronal de Stefani y los gobiernos sin respuesta, dilatan el conflicto.
Los trabajadores y trabajadoras de Cerámica Stefani hace más de 60 días que estamos en lucha por el no pago de los salarios ni del aguinaldo y el no aporte de las obras sociales y jubilatorios. Después de 6 audiencias a la que no concurrieron hasta ser conducidos por la fuerza publica, el martes se presento un representante legal de la patronal, el abogado Darío Tropiano, que asumió un día antes de la reunión citada por la Subsecretaria de Trabajo. En esa audiencia no hubo ninguna propuesta concreta y se limitaron a pedir un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. Por esa razón estamos convocando una ves mas a la comunidad y a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para el día viernes a fin de informar la situación con más profundidad y debatir los pasos a seguir en nuestro plan de lucha.
El día de hoy conseguimos que la patronal entregue el stock de cerámicos que tenía en la planta para cubrir un pequeña parte de la deuda que tiene con nosotros pero que nos puede permitir paliar algo de la situación que estamos atravesando después de meses de no cobrar el salario. El gobierno municipal de Cutral Co se había comprometido a la compra de ese material para destinarlo al plan de viviendas anunciado días atrás. Por su parte el gobierno provincial había confirmado el pago de un subsidio de $300 por trabajador para ayudar a mitigar la situación que estamos atravesando. Ninguno de los dos cumplieron hasta ahora su compromiso. Los tiempos de nuestras familias NO son los suyos.
Los trabjadores de Stefani y nuestras familias somos claros: No queremos mas manoseos por parte de esta empresa. Queremos nuestro trabajo, nuestros sueldos y nuestros derechos. El gobierno municipal y provincial tienen que tomar cartas en el asunto y pronunciarse claramente porque nosotros estamos en lucha por nuestra fuente de trabajo: o la patronal cumple con sus obligaciones o nos haremos cargo de la producción porque no puede quedar cerrada una fábrica que produce los ladrillos que hacen falta para las viviendas de miles de neuquinos que no tienen hogar propio.
convocando a la comunidad y a las organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos para el día viernes 5 de febrero a las 19 horas una reunión en el Sindicato Ceramistas de Nqn las heras 194. a fin de informar la situación con más profundidad y debatir los pasos a seguir en nuestro plan de lucha.
APOYE A LOS OBREROS DE STEFANI

COMISION DE MUJERES – TRABAJADORES DE STEFANI

SINDICATO CERAMISTA DE NEUQUEN

EL MUNICIPIO NO CUMPLE CON EL CONVENIO DE VIVIENDAS CON UNTER

El Bolsón (ANPP).- Este es el documento elaborado por el gremio UnTER en relación a que el ejecutivo municipal desoye y obstaculiza los compromisos asumidos desde el 2004 para darles viviendas a los docentes.
(UnTER).- Haciendo referencia a la necesidad histórica de viviendas en la provincia y en particular en nuestra localidad, buscando una salida para intentar resolver en parte esta situación es que nuestro gremio ha venido gestionando desde el año 2004 con distintas instituciones de la provincia:
* El 17 de agosto de 2004, el Consejo Provincial de Educación y UnTER firman un convenio mediante el cual las partes se comprometen a suscribir un acta compromiso con el I.P.P.V. tendiente a adjudicar 300 viviendas para “personas que proponga UnTER entre sus afiliados y que reúnan las condiciones reglamentarias vigentes”. Se firma, entonces, el Acta Compromiso entre el I.P.P.V. y Unter en la que el I.P.P.V. “en atención a las necesidades habitacionales de los docentes provinciales, y de conformidad a lo requerido en el CCXXXVIII Congreso Extraordinario de UnTER, asume el compromiso de adjudicar trescientas (300) unidades habitacionales a construirse en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, a los afiliados de UnTER, de acuerdo al siguiente detalle…”…”El Bolsón, cantidad de viviendas: veinte(20)…” (En Adjuntos: Convenio y Acta).
* En función de esto, la Comisión Directiva de UnTER local se avoca a la tarea de conseguir terrenos fiscales a los efectos de transferirlos al I.P.P.V. para la concreción de la construcción de las veinte viviendas. De esta forma, se sanciona en Octubre de 2004 la ordenanza 266/04 en la cual se cede al I.P.P.V. el inmueble designado catastralmente como 20-1-G-585-01 donde queda explícitamente claro en el artículo 2ª que la parcela tendrá como destino específico unidades habitacionales que proponga UnTER para sus afiliados, no pudiendo variar el mismo sin autorización municipal.
* En el mes de mayo de 2005, se firma en una escribanía local (copia en el Concejo Deliberante) la cesión de terrenos municipales al I.P.P.V. a los efectos de cumplir con el convenio homologado entre el I.P.P.V. y UnTER.
* En el Acta paritaria del 8 de septiembre de 2008 (en adjuntos) “El Sindicato solicita el cumplimiento del Acta compromiso firmada entre el IPPV y la UnTER, por la que corresponde 20 viviendas por el Plan Federal I a la Seccional El Bolsón de la organización sindical.
Con respecto al Plan Federal II, la Unter solicita la concreción del cupo acordado oportunamente.
El ministerio se compromete a realizar las gestiones ante el IPPV a fin de concretar lo peticionado.”
En el año 2009, el Intendente Sr. Oscar Romera, pretendiendo desconocer el convenio firmado y la Ordenanza Municipal, envía un proyecto de Ordenanza en donde propone dejar sin efecto la Ordenanza 266/04. Este proyecto es rechazado por el Deliberante que ratifica lo actuado por Resolución 021/09.
El día 22/12/09 el Secretario General de UnTER El Bolsón se reúne con el Intendente, en presencia de la Secretaria Adjunta María Inés Martín, la Secretaria de Actas Beatriz Tejeda y la afiliada Iris Abarzúa. En esa entrevista el intendente manifiesta que va a desconocer todo lo normado en relación al Convenio UnTER/I.P.P.V. y que, si es necesario, “va a mandar a ocupar las casas con tal de que no nos sea asignada ninguna”.
Ante esta situación y por medio de gestiones gremiales locales y provinciales se consigue que I.P.P.V. local acceda a recibir las carpetas con la documentación de los preadjudicatarios seleccionados por UnTER (mediante una convocatoria abierta y el cumplimiento de la documentación requerida por el I.P.P.V., sin pasar por alto ninguno de los que para este organismo son requisitos para la adjudicación).
Finalmente, el 18/01/10 se entregan las carpetas con presencia de la escribana en la Oficina local del I.P.P.V. y, según las propias indicaciones del I.P.P.V., dichas carpetas están completas.
Cuando el 19/01/10 se presenta a la oficina del I.P.P.V. una nota donde se pide la confirmación del movimiento de estas a Viedma, recibimos información sobre una planilla que desconocíamos que debía proporcionar el I.P.P.V. y que faltaba en la documentación. Al requerirla, se nos contesta que el Sr. Otero (I.P.P.V.) había remitido al Municipio las cincuenta planillas correspondientes al Plan. El Municipio las había utilizado y también había utilizado cinco más ya que el Intendente, no sabemos mediante qué procedimiento porque no hubo una convocatoria abierta, las había destinado a cincuenta y cinco preadjudicatarios… Al dirigirnos al Municipio, nos derivan a empleados que están de vacaciones, que no tienen acceso a las planillas y nos informan que es el Municipio quien enviará la lista de preadjudicatarios al Plan y que nuestras carpetas serían devueltas.
Mediante nuevas gestiones gremiales, se consigue que el Sr. Otero envíe al I.P.P.V. local la autorización para la entrega a UnTER de las veinte planillas correspondientes (que debían ser completadas por una trabajadora social).
Reunida toda la documentación, debemos enviar nuestras carpetas al I.P.P.V. por medio de la Intendencia, lo cual consolida nuestro temor sobre la seguridad de nuestros derechos ya que la Intendencia no posee derechos sobre la administración ni sobre las decisiones de pre adjudicación en el marco del convenio UnTER/I.P.P.V. Además, en ese mismo momento, el Sr. Intendente vierte declaraciones en los medios locales tendientes a generar la idea de que los docentes, improvisando una maniobra y queriendo pasar por sobre los derechos de otros, se quieren adueñar de lo que no les corresponde.
Así y todo, el día 22/01/10 nos presentamos al Municipio para hacer entrega de las carpetas. El Intendente recibe nuestra documentación y expresa que ese viernes a última hora o, a lo sumo, el lunes a primera hora las enviará a Viedma para seguir los pasos que corresponden. Agrega que debe “revisar las carpetas, por otra cosa…”.
Recién el día lunes 25/01/10 a última hora y a partir de nuestra presencia y pedido de informes, nuestra documentación (retenida durante todo el fin de semana por el Municipio) se envía al I.P.P.V. con nuestra lista de 18 preadjudicatarios propuestos por UnTER y una carpeta agregada por el Sr. Intendente, carpeta que había sido descartada por el gremio por no reunir los requisitos I.P.P.V. para la adjudicación.
Para estas últimas gestiones, fue necesaria la persistencia de compañeros y compañeras que decidieron destinar sus vacaciones a las oficinas públicas locales y en Viedma con el fin de exigir a cada cual que cumpla con lo que le corresponde (tampoco había dinero para más, recuerden que el 29 y 30 de enero percibimos nuestro aguinaldo de diciembre!!) y la convicción de que esas casas pertenecen a los compañeros que no podrían de otra manera obtenerlas. También acudimos en varias oportunidades ante el Concejo Deliberante quien aprobó por unanimidad, en lo que va del recorrido, cuatro ordenanzas en las que ratifican el convenio y exigen se cumplan los procesos correspondientes.
Hoy, después de un largo camino de más de cinco años, continuamos firmes dieciocho compañeros y nuestras carpetas están en Viedma, en la oficina del I.P.P.V. Esperamos que sigan, tal como debiera ocurrir, el curso normal en estos procedimientos: que se incorporen a la lista de preadjudicatarios para la publicación en los cinco días que se requieren para eventuales impugnaciones.
Todo se aletarga y, sin embargo, el tiempo corre y las casas, nuestras casas, están allí. Están casi listas y cualquiera podría pensar que ya llegan, que es sólo cuestión de esperar ya que hicimos todo lo que correspondía. Sin embargo, nos alertan y nos preocupan las situaciones hasta aquí narradas y los dichos de los responsables de llevar a cabo este proceso. Nos alertan y nos preocupan la falta de información insistente por parte del I.P.P.V. y las declaraciones del Intendente que sigue desconociendo el convenio. Nos preguntamos si el retraso en la adjudicación de nuestras viviendas y este desconocimiento así como el deseo de instalar un enfrentamiento entre una parte del pueblo contra otra (enfrentamiento inexistente, por otra parte) no será una maniobra más para ocultar la ineficacia del Municipio en la resolución del problema habitacional de la población. Evidentemente somos muchos quienes necesitamos un plan para la adquisición de una vivienda digna. Es por ello que todos y cada uno de nuestros representantes debieran gobernar no sólo para respetar nuestro convenio en este caso sino también para generar nuevos planes a fin de satisfacer esta legítima necesidad de la población.