viernes, 14 de septiembre de 2018
jueves, 13 de septiembre de 2018
COMUNICADO: UNIDAD Y LUCHA CONTRA LAS POLÍTICAS DE HAMBRE
Se analizó el contexto nacional y provincial, se acordó la
continuidad del trabajo conjunto con miras a fortalecer el Frente,
sumando a todos los sectores afectados por las medidas de ajuste del
macrismo y sus gobernadores serviles.
Se definió adherir y convocar a las jornadas de paro nacional previstas para el 24 y 25 de septiembre, con movilizaciones regionales en Viedma, Roca - Fiske Menuco y Bariloche;
con los siguientes ejes: Paritarias libres y sin techo; en defensa del
40% de zona desfavorable, en defensa del Sistema Previsional Público,
Solidario y de Reparto; contra la reforma laboral; contra el plan de
ajuste del FMI; por la creación del Consejo del Salario, desarrollo
económico y social; contra el hambre, por educación, salud y trabajo
para el pueblo; por reactivación de la obra pública.
Participaron referentes de CTA de lxs Trabajadorxs, CTA Autónoma,
CGT Zona Atlántica, SAO, Centro Empleados de Comercio, Asociación
Bancaria, Sindicato de la Carne, UPSAP, Utedyc, CTEP, Cadejur, CCC, FUC,
UnTER y Sutrajur.
Cipolletti, 12 de septiembre de 2018.
Frente Sindical y Social Rionegrino
FACUNDO JONES HUALA QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA A LA ESPERA DE JUICIO EN DICIEMBRE
LA JORNADA DE LUCHA DE LA CTA AUTÓNOMA SE HIZO SENTIR CON FUERZA EN TODA LA PROVINCIA
Así lo hicieron saber miles de manifestantes en el marco de la Jornada Nacional de Lucha que la CTA Autónoma desplegó en todo el país contra las políticas de ajuste de Macri.
En este marco, y previo al paro que tenía previsto para hoy, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro inició anoche un acampe frente a la sede de la secretaría de Trabajo de la Nación, en la ciudad de General Roca, donde esta mañana confluyeron el MAP, ODEL, la CCC, la CTEP, Barrios de Pie, y otros movimientos sociales que marcharon luego a Desarrollo Social, donde entregaron un petitorio y realizaron una olla popular.
"Son más de mil ollas populares en todo el país, con cortes, paros y movilizaciones, contra las políticas de ajuste del Gobierno y el acuerdo con el FMI", señaló Manuel Hermida, Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma de Río Negro y adelantó: "Esto va a continuar preparándonos para la jornada de 36 horas del paro Nacional del 24 y 25 de septiembre".
Entre otros puntos neurálgicos, la jornada también se hizo sentir en Viedma, donde ATE montó desde las 10 una radio abierta en las puertas de la Secretaría de Trabajo. En la capital provincial también una olla popular convocó a diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas.
Una actividad similar se dio en el Centro Cívico de la ciudad de Bariloche, con ollas populares y la participación de movimientos sociales. En este lugar, donde la semana pasada se llevó adelante una fuerte lucha contra los despidos en Agricultura Familiar, los productores rurales de la región tenían previsto montar una feria por la tarde, para seguir visibilizando el conflicto.
"LA NOCHE DE LOS PUNZONES LARGOS"
No sabían lo que estaba pasando, ¿no sabían?
Hoy, septiembre de 2018, ¿no sabían?
Escuela 801 de Moreno, ¿no sabían?
41 días sin clases, ¿no sabían?
A una maestra, ¿no sabían?
La secuestraron, ¿no sabían?
Por educar niños, ¿no sabían?
Por matar el hambre, ¿no sabían?
Una bolsa en la cabeza, ¿no sabían?
La cagaron a palos, ¿no sabían?
Un punzón en la panza, ¿no sabían?
La tatuaron con sangre, ¿no sabían?
"Ollas no", ¿no sabían?
La próxima, "en el cementerio", ¿no sabían?
Y si sabían, ¿cómo mierda pueden ser indiferentes?
Ahora ya lo saben.
Están torturando docentes.
La Garganta Poderosa
Hoy, septiembre de 2018, ¿no sabían?
Escuela 801 de Moreno, ¿no sabían?
41 días sin clases, ¿no sabían?
A una maestra, ¿no sabían?
La secuestraron, ¿no sabían?
Por educar niños, ¿no sabían?
Por matar el hambre, ¿no sabían?
Una bolsa en la cabeza, ¿no sabían?
La cagaron a palos, ¿no sabían?
Un punzón en la panza, ¿no sabían?
La tatuaron con sangre, ¿no sabían?
"Ollas no", ¿no sabían?
La próxima, "en el cementerio", ¿no sabían?
Y si sabían, ¿cómo mierda pueden ser indiferentes?
Ahora ya lo saben.
Están torturando docentes.
La Garganta Poderosa
UNA MULTITUD DE ORGANIZACIONES RECLAMA LA LIBERTAD DEL PRESO POLÍTICO MAPUCHE FACUNDO JONES HUALA
Asimismo, el Lonko Facundo Jones Huala es una autoridad político, filosófico y espiritual del Pueblo Nación Mapuche, ante esta situación esperamos que las distintas autoridades del Pueblo Mapuche (Lonko, Inalonko, Pillan Cushe, Ngenpin, Werken) y su familia puedan cruzar la frontera y visitarlo donde sea que se encuentre el Lonko a fines de mantener las practicas socioculturales propias del Pueblo Mapuche.
En este sentido también invocamos La Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos, exigiendo que se respete el sistema de medicina ancestral del Pueblo Mapuche, dado que el Lonko se encuentra bajo este tratamiento a pesar de haber iniciado una huelga de hambre seca desde el momento del traslado hacia Chile.
Lo expresado anteriormente es a fines de que no se vuelvan a vulnerar estos derechos como sucedió en diversos momentos en el año 2013 mientras estuvo sometido al proceso judicial requerido, hechos denunciados ante diversos organismos internacionales a traves de Relatores y Observadores de Derechos Humanos que estuvieron presente y fueron testigos de ésto.
Citamos al final del presente documento los distintos derechos internacionales que más nos preocupan se cumplan efectivamente, esperando se cumplan integralmente la totalidad de Declaraciones y Tratados Internacionales, teniendo en cuenta el llamado de atención por parte del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas al estado chileno por las malas condiciones de reclusion, uso abusivo de los regímenes disciplinarios e inclusive torturas.
Mientras sucede esto, como es de publico conocimiento, 18 expertos del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, esta en pleno seguimiento de la situación del Lonko Facundo Jones Huala.
SOBRE LA EXTRADICIÓN DE FACUNDO JONES HUALA
(www.cels.org.ar).-La
extradición de Jones Huala socava la instancia internacional de
protección para las víctimas de violaciones que no han conseguido
respuesta local. Además, consolida la cooperación política, policial y
de inteligencia con Chile para criminalizar los reclamos del pueblo
mapuche.
El 28 de agosto, Francisco Facundo Jones Huala presentó una comunicación al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tiene jerarquía constitucional, en la que denunciaba violaciones a los derechos garantizados por el Pacto. En el trámite de esta petición, el 5 de septiembre, el Comité dictó medidas cautelares por las que requirió al Estado argentino “suspender la extradición de Francisco Facundo Jones Huala mientras su caso se encuentre pendiente de examen ante el Comité”. Sin embargo, ayer el gobierno argentino lo extraditó a Chile.
Esta decisión de ignorar una medida cautelar de un órgano de tratados de Naciones Unidas genera responsabilidad internacional para la Argentina y desnaturaliza por completo la instancia internacional de protección para las víctimas de violaciones que no han conseguido respuesta local. Además, implica un quiebre en la política de acatamiento de nuestro país a las decisiones del Comité de Derechos Humanos, celebrada internacionalmente. De hecho, producto de casos que tramitaron en esa instancia, el Comité estableció y la Argentina acató medidas de no repetición. Así ocurrió, por ejemplo, con la reforma del Código Civil para posibilitar la anulación de adopciones fraudulentas de niños apropiados durante el terrorismo de Estado, la ley nacional de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la reparación de casos de denegación de acceso al aborto legal.
Al adherirse al Protocolo Facultativo, todo Estado parte en el Pacto reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de personas que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. La adhesión de un Estado al Protocolo Facultativo lleva implícito el compromiso de cooperar de buena fe con el Comité para permitirle y posibilitar que examine tales comunicaciones y que, una vez concluido el examen, remita su dictamen al Estado parte y a la persona. Tal como ha destacado el Comité, al margen de cualquier violación del Pacto de la que se acuse a un Estado parte en una comunicación, “dicho Estado parte infringe gravemente las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo Facultativo si, por acción u omisión, impide o frustra la consideración por el Comité de una comunicación en que se denuncie una violación del Pacto o hace que su examen por el Comité carezca de sentido y su dictamen resulte inoperante e inútil”. Las medidas cautelares son esenciales para que el Comité pueda desempeñar la función que le confiere el Protocolo Facultativo. Como expresó el Comité en otro caso su inobservancia, “en particular mediante la adopción de medidas irreversibles como, en el presente caso, la extradición del autor, socava la protección de los derechos reconocidos en el Pacto que ofrece el Protocolo Facultativo”.
La extradición se inscribe en las estrategias con las que el gobierno nacional responde a las reivindicaciones de tierras de distintas comunidades mapuche. Desde 2016, el gobierno sostiene una escalada retórica que busca instalar la idea de que los grupos mapuche son una amenaza al Estado e intenta justificar el uso intensivo y desproporcionado de las fuerzas federales; la criminalización de referentes y activistas a través de una constante actividad de incidencia sobre el poder judicial; y la construcción de información extremadamente dudosa que luego es utilizada en la comunicación pública e introducida en causas judiciales como si se tratara de hechos comprobados. Este tipo de respuesta estatal provocó dos muertes en 2017: las de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Un elemento que agrava aún más la situación, y que se expresa claramente en todo el proceso contra Jones Huala, es la creciente cooperación entre los gobiernos de Argentina y Chile para estigmatizar y criminalizar los reclamos mapuche. En el caso chileno se trata de una política de larga data que ha llevado a condenas del Comité contra la tortura de ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso sistemático de la legislación antiterrorista como herramienta para dirimir los conflictos sociales.
Recientemente, esta política orientada a tratar a los reclamos del pueblo mapuche como una cuestión de seguridad nacional recibió otro golpe con el descubrimiento de que la “Operación Huracán” -una redada realizada por los Carabineros chilenas contra referentes mapuche en 2017 bajo el amparo de la ley de inteligencia de ese país- era en realidad un montaje que, a través de la invención y manipulación de pruebas, buscaba inculparlos. Por este escándalo renunció el director general de Carabineros de Chile y otros altos mandos y peritos de la fuerza fueron procesados. La profundización de parte de Argentina de la cooperación política, policial y de inteligencia con un país que aplica un modelo violento e ilegal de represión y criminalización no puede más que generar preocupación.
Adhieren:
Asociación de Abogados de Derecho Indígena
CEPPAS- Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra
El 28 de agosto, Francisco Facundo Jones Huala presentó una comunicación al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tiene jerarquía constitucional, en la que denunciaba violaciones a los derechos garantizados por el Pacto. En el trámite de esta petición, el 5 de septiembre, el Comité dictó medidas cautelares por las que requirió al Estado argentino “suspender la extradición de Francisco Facundo Jones Huala mientras su caso se encuentre pendiente de examen ante el Comité”. Sin embargo, ayer el gobierno argentino lo extraditó a Chile.
Esta decisión de ignorar una medida cautelar de un órgano de tratados de Naciones Unidas genera responsabilidad internacional para la Argentina y desnaturaliza por completo la instancia internacional de protección para las víctimas de violaciones que no han conseguido respuesta local. Además, implica un quiebre en la política de acatamiento de nuestro país a las decisiones del Comité de Derechos Humanos, celebrada internacionalmente. De hecho, producto de casos que tramitaron en esa instancia, el Comité estableció y la Argentina acató medidas de no repetición. Así ocurrió, por ejemplo, con la reforma del Código Civil para posibilitar la anulación de adopciones fraudulentas de niños apropiados durante el terrorismo de Estado, la ley nacional de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la reparación de casos de denegación de acceso al aborto legal.
Al adherirse al Protocolo Facultativo, todo Estado parte en el Pacto reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de personas que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. La adhesión de un Estado al Protocolo Facultativo lleva implícito el compromiso de cooperar de buena fe con el Comité para permitirle y posibilitar que examine tales comunicaciones y que, una vez concluido el examen, remita su dictamen al Estado parte y a la persona. Tal como ha destacado el Comité, al margen de cualquier violación del Pacto de la que se acuse a un Estado parte en una comunicación, “dicho Estado parte infringe gravemente las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo Facultativo si, por acción u omisión, impide o frustra la consideración por el Comité de una comunicación en que se denuncie una violación del Pacto o hace que su examen por el Comité carezca de sentido y su dictamen resulte inoperante e inútil”. Las medidas cautelares son esenciales para que el Comité pueda desempeñar la función que le confiere el Protocolo Facultativo. Como expresó el Comité en otro caso su inobservancia, “en particular mediante la adopción de medidas irreversibles como, en el presente caso, la extradición del autor, socava la protección de los derechos reconocidos en el Pacto que ofrece el Protocolo Facultativo”.
La extradición se inscribe en las estrategias con las que el gobierno nacional responde a las reivindicaciones de tierras de distintas comunidades mapuche. Desde 2016, el gobierno sostiene una escalada retórica que busca instalar la idea de que los grupos mapuche son una amenaza al Estado e intenta justificar el uso intensivo y desproporcionado de las fuerzas federales; la criminalización de referentes y activistas a través de una constante actividad de incidencia sobre el poder judicial; y la construcción de información extremadamente dudosa que luego es utilizada en la comunicación pública e introducida en causas judiciales como si se tratara de hechos comprobados. Este tipo de respuesta estatal provocó dos muertes en 2017: las de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Un elemento que agrava aún más la situación, y que se expresa claramente en todo el proceso contra Jones Huala, es la creciente cooperación entre los gobiernos de Argentina y Chile para estigmatizar y criminalizar los reclamos mapuche. En el caso chileno se trata de una política de larga data que ha llevado a condenas del Comité contra la tortura de ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso sistemático de la legislación antiterrorista como herramienta para dirimir los conflictos sociales.
Recientemente, esta política orientada a tratar a los reclamos del pueblo mapuche como una cuestión de seguridad nacional recibió otro golpe con el descubrimiento de que la “Operación Huracán” -una redada realizada por los Carabineros chilenas contra referentes mapuche en 2017 bajo el amparo de la ley de inteligencia de ese país- era en realidad un montaje que, a través de la invención y manipulación de pruebas, buscaba inculparlos. Por este escándalo renunció el director general de Carabineros de Chile y otros altos mandos y peritos de la fuerza fueron procesados. La profundización de parte de Argentina de la cooperación política, policial y de inteligencia con un país que aplica un modelo violento e ilegal de represión y criminalización no puede más que generar preocupación.
Adhieren:
Asociación de Abogados de Derecho Indígena
CEPPAS- Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra
EL DR CHRISTIAN KREUTZER, JEFE DEL EQUIPO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR INFANTIL DEL HOSPITAL POSADAS, ACABA DE PRESENTAR SU RENUNCIA, ANTE LA OLA DE DESPIDOS
El flamante Secretario de la Fundación Posadas, Dr Christian Kreutzer, Jefe del Equipo de Cirugía Cardiovascular Infantil del Hospital Posadas, acaba de presentar su renuncia, ante la ola de despidos de profesionales del Hospital. Todo su equipo, acompaño la decisión y presentó su renuncia. El Hospital Posadas ya no cuenta con cirugía cardio vascular infantil
#noalcierredelposadas
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