REPRESIÓN Y DESALOJO A LOS TRABAJADORES EN CRESTA ROJA.

El Bolsón (ANPP).-

En lo que es la primer gran represión del nuevo gobierno de Cambiemos, y tras montar ayer por la noche un imponente operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), los efectivos avanzaron hoy a las 9 reprimiendo y desalojando violentamente a los trabajadores de Cresta Roja que mantenían un acampe y corte sobre la autopista Ricchieri - a la altura de la entrada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza - en defensa de 5 mil puestos de trabajo.

Tras montar un imponente operativo ayer por la noche, la Gendarmería reprimió y desalojó violentamente el corte que los trabajadores estaban realizando sobre la autopista Ricchieri - a la altura de la entrada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza - en defensa de 5 mil puestos de trabajo. Los gendarmes avanzaron sobre los manifestantes a los golpes con el apoyo de camiones hidrantes. Hasta el momento los empleados de la empresa avícola siguen sin tener ningún tipo de respuesta sobre los sueldos atrasados y la continuidad laboral. "Peleamos por los puestos de trabajo, queremos una navidad en paz", aseguró uno de los delegados gremiales. 

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108 AÑOS DE LA MASACRE DE SANTA MARÍA DE IQUIQUE.

El Bolsón (ANPP).- Recuerdo a la lucha del pueblo obrero.

La matanza de la Escuela Santa María de Iquique fue una masacre ocurrida en el Norte Grande de Chile el 21 de Diciembre de 1907, en la que fueron asesinados 3600 obreros del salitre que estaban en huelga.Fue en el periodo presidencial de Pedro Mont, las ordenes de disparar la dio el Ministro del interior Rafael Segundo Sotomayor. De las victimas asesinadas , se estima que cerca del 60% eran peruanos y Bolivianos. Los cuales murieron hermanados en la muerte porque no habían sido ellos los que habían trazados las líneas territoriales que separan a los pueblos,y porque el capital no tiene fronteras ni banderas.

Cuando el Ministro del interior dio la orden de disparar en realidad estaba cumpliendo las ordenes del Presidente Mont, y este a su vez solo cumplía su papel de lacayo de los intereses del imperialismo británico de la época.

10 de Diciembre de 1907 los obreros paralizaron los trabajos de la salitrera San Lorenzo luego el paro se amplia a otras de Alto San Antonio. Estaban cansado de sus condiciones de vida y laborales. Jornadas de 10, 12 y más horas diarias, de la dependencia total del imperialismo ingles,y de su codicia inhumana de ganancias a costa de la explotación. Hastiados de sus miserias y de recibir por salarios- fichas en vez de dinero. La indignación venía con el pan de cada día cuando en las pulperías a las cuales iban a comprar mercaderías se encontraban con que no había balanzas ni medidas y que los precios eran exorbitantes. La rebeldía aumentaba cuando recordaban que tenían prohibición de comprar en pulperías que no fueran las de la oficina salitrera. Veían que las fichas se le escapaba por entre los dedos y tal vez por eso una de las exigencias era la eliminación del pago con fichas y el pago de salarios en dinero. Luchaban con la ilusión de cambiar su existencia y sus condiciones de vida a cual era deplorable. Por eso entre sus peticiones estaban jornadas a tipo de cambio fijo, indemnización y desayuno, termino de los los abusos cometidos en las pulperías de las oficinas salitreras, exigencia de pago de sus remuneraciones en plata o en billetes no desvalorizados, demanda de seguridad laboral en las faenas para evitar los accidentes del trabajo, establecimiento de escuelas,

Con espíritu de organización y lucha que se venía dando desde los inicios del siglo XX , por la clase obrera chilena en mutuales y mancomunales obreras, los huelguistas de Alto San Antonio marcharon a la ciudad de Iquique, sus huellas quedaron grabadas en la arena de la pampa nortina , la sombra de sus almas aun se reflejan en las soledades del silencio, el susurro de sus voces siguen rompiendo los secretos de la noche. Marchaban en columnas portando banderas de Chile, Bolivia, Perú y Argentina, con paso firme valiente y decidido, las luces de la historia reflejada en sus ojos.

Llegaron a Iquique, se alojaron en el hipódromo de esta ciudad. La solidaridad de los trabajadores creció , se sumaron a ella los trabajadores de casi todo el comercio e industria del norte del país.

El movimiento iba alimentándose desde el vientre del pueblo en la pampa germinaba la flor roja de la lucha. Más trabajadores en paro viajaron a la ciudad de Iquique.

16 de diciembre 6000 mil trabajadores acamparon en la escuela Santa María de Iquique. La huelga avanzaba y más y más pampinos se unían a ella, el día de la matanza eran cerca de 10.000.

A los pocos días de haber llegado estaban reunidos en en la plaza Manuel Mont, y en la Escuela Santa María, pedían al gobierno que mediara entre ellos y los patrones de las firmas inglesas. Los patrones se negaron a negociar. Así pasaron los días sin ningún resultado .Desde Santiago el gobierno les ordenó abandonar la ciudad. Los obreros sabían que si regresaban a sus labores sus peticiones serían ignoradas y sus condiciones de vida y laborales seguirían siendo las mismas . Sacaron fuerza de las alturas milenarias, serenidad de las noches estelares del desierto , abrazados en la hermandad de los marginados ,en la solidaridad de los oprimidos levantaron los puños y dijeron la lucha continua.

19 de diciembre el Intendente Carlos Eastman llegó a Iquique. Esa tarde se entrevistó con los miembros del comité general de huelga y luego con los dirigentes de la Combinación Salitrera, intentando llegar a una solución del conflicto. Aun cuando los empresarios salitreros le manifestaron su voluntad de estudiar y resolver convenientemente las peticiones de sus operarios, también expresaron su negativa a discutir bajo la presión de los huelguistas porque según ellos "si en esas condiciones accedieran al todo o parte de lo pedido por los trabajadores perderían el prestigio moral, el sentimiento de respeto que es la única fuerza del patrón respecto del obrero" (1) Lo que en realidad buscaban era continuar con la explotación al máximo de los trabajadores y sus argumentos mostraban la intención de no aceptar las exigencias de los trabajadores.


20 de diciembre los dirigentes se reunieron con el intendente Carlos Eastman Quiroga. El Intendente intentó convencer a los líderes del movimiento reivindicativo para que los pampinos volvieran a sus lugares de trabajo, dejando en Iquique solo a la delegación encargada de las negociaciones. El comité de huelga, argumentando que eso sería casi imposible de lograr, propuso como alternativa un aumento de 60% de los jornales durante un mes, a fin de dar tiempo a ambas partes para ponerse de acuerdo en una solución definitiva a las reivindicaciones proletarias(2)


21 de diciembre a primera hora, Carlos Eastman recibió por segunda vez a los directores de la Combinación Salitrera. Al comunicarles la propuesta de los trabajadores, la apoyó y les informó que el Presidente de la República lo había autorizado cablegráficamente para comprometer al gobierno en el pago de la mitad del aumento de salarios que se acordara durante el mes de negociaciones. Pero los representantes patronales fueron inflexibles en su negativa. La respuesta empresarial llevó al comité de huelga a suspender las conversaciones con la autoridad regional. El Intendente Eatsman, se dirigió telegráficamente al Presidente de la República expresándole "la impostergable necesidad de solucionar la cuestión el mismo día" ( 3). Lo que preocupaba al Intendente era la decisión de los trabajadores de continuar la huelga y veía en su actitud el peligro de la clase dominante al ver amenazado el orden y los intereses de la clase que representan . Veía a los trabajadores en huelga como una amenaza para la ciudad y en esos términos se lo dio a conocer al presidente.

La orden de desalojar la Escuela Santa María y la Plaza Manuel Montt donde se encontraban los huelguistas reunidos en meeting permanente fue transmitida por escrito al Jefe de División, general Silva Renard antes Comisionado por Silva Renard, el coronel Ledesma se acercó al Comité Directivo de la huelga para transmitirles la orden de evacuar el lugar y dirigirse al Club Hípico. Cinco minutos más tarde Ledesma volvió donde su superior, comunicándole el rechazo de los trabajadores a abandonar el lugar. Silva Renard hizo avanzar las dos ametralladoras del crucero Esmeralda, colocándolas frente al plantel educacional y apuntando hacia la azotea donde se hallaban los cabecillas de los obreros. Un piquete del regimiento OHiggins se ubicó a la izquierda de las ametralladoras "para hacer fuego oblicuo a la azotea por encima de la muchedumbre aglomerada al lado de afuera(4 )

La plana mayor de los militares después de un análisis del lugar operativo decidieron el empleo de las armas de fuego . Luego el capitán de navío Aguirre, el comandante Almarza y el general Silva Renard anunciaron a la masa que se dispararía contra aquellos que no se retiraran hacia la calle Barros Arana.. Solo unos doscientos trabajadores obedecieron la orden en medio de las pifias de sus compañeros. Entonces llegó el momento decisivo las ordenes de disparar la dio el Ministro del interior Rafael Segundo Sotomayor comenzando la masacre

La masacre y los 3600 obreros asesinados siguen en la memoria colectiva del pueblo, de las gentes, de las masas populares . De los desposeídos y marginados del sistema. De los que siguen el ejemplo de los caídos en la la Escuela Santa María de Iquique. 

DESASTRE MINERO EN BRASIL. LA MINERÍA MATA.

El Bolsón (ANPP).- Reproducimos textualmente.

Comunicado internacional en solidaridad con las personas afectadas por el desastre minero en Minas Gerais, Brasil

22 de diciembre 2015- Los organismos firmantes expresamos a través de esta carta nuestra profunda indignación y nuestra solidaridad con las personas afectadas por el crimen socio-ambiental ocurrido el 5 de noviembre 2015, en el Estado de Minas Gerais, en Brasil. Esta tragedia fue provocada por la ruptura de una represa de relaves mineros administrada por la empresa minera Samarco, propiedad de la empresa brasileña Vale y de la anglo-australiana BHP Billiton.

Este accidente, uno de los más grandes desastres ambientales del país, es responsable de la muerte de incontables seres vivos, incluyendo varias vidas humanas. Los impactos socio-ambientales se siguen sintiendo y la amplitud aún desconocida de esta catástrofe, ha modificado completamente el ecosistema local, destruyendo las vidas que dependían del Rio Doce y sus alrededores.

Expresamos nuestra indignación por la muerte y la desaparición de numerosas personas, incluyendo niños, y por los impactos sociales y ambientales que afectan a una gran parte de la población. Si bien las indemnidades son necesarias, los daños ocasionados serán irreparables y dejarán profundas consecuencias para las futuras generaciones.

Sabemos de igual manera que esta tragedia no fue un simple accidente, sino el resultado de un modelo de desarrollo basado en la lógica del capitalismo extractivista que impera tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Enmarcada en este modelo, la industria minera es a menudo la causa de graves violaciones a los derechos humanos y de daños irreversibles al medio ambiente. Lo que sucedió en Minas Gerais es entonces el resultado de un modo de explotación minera que produce riqueza para algúnxs y que afecta la vida de miles de personas por los impactos socioambientales que causan sus actividades.

Compartimos la opinión según la cual la responsabilidad de esta tragedia tiene que ser atribuida a la empresa Samarco, controlada por las empresas Vale y BHP Billiton. Además, comprendemos que el modelo de desarrollo adoptado por el gobierno federal brasileño y el gobierno del Estado de Minas Gerais contribuyó ampliamente a esta catástrofe. Estos factores, combinados a la ausencia de políticas de consulta (libre, previa e informada) para las poblaciones afectadas por los grandes proyectos, a los procesos poco eficientes de estudio de impactos socioambientales, de concesión de permisos ambientales y de inspección de estos proyectos contribuyen de manera significativa a este desastre.

Las empresas implicadas tienen que ser juzgadas y responsabilizadas por el sistema judicial brasileño y tienen que ser vinculadas por el poder público a contribuir a planes de acción de urgencia a largo plazo y a la indemnización de las víctimas. Es también urgente que el gobierno federal y el gobierno del Estado de Minas Gerais tomen posición y respondan a las necesidades reales de las personas afectadas y no a los intereses de las empresas implicadas, subsidiarias de las campañas de varios partidos del espectro político brasileño.

Por lo tanto, apoyamos y reiteramos las exigencias formuladas por el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), exigiendo:

1.      Un plan de indemnización de las comunidades y de las familias desplazadas incluyendo:

Un plan de urgencia, un plan de compensación y de reparación, la participación de la población en la realización del censo de las familias afectadas, la plena participación de las familias y de las colectividades durante todo el procedimiento.

2.      Un plan de restablecimiento para el valle del Río Doce incluyendo:

Un plan de urgencia, un diagnóstico establecido con amplia participación, incluyendo a los numerosos movimientos y las organizaciones de la sociedad civil y el Estado

3.      El establecimiento de una mesa de negociación, incluyendo la plena participación del Movimiento de las personas afectadas por las represas-MAB y la diócesis de Mariana

4.      La definición de mecanismos y recursos de comunicación y  trasmisión de la información, que garantice la participación y la organización de las personas afectadas y de los equipos técnicos necesarios, coordinados por las personas afectadas.

5.      La ejecución de un plan de acción inmediata para evitar el rompimiento de las otras represas en situación de riesgo en Minas Gerais, como la represa  de Germano.

Exigimos que los dirigentes de las compañías Vale y BHP Billiton sean responsabilizados por las consecuencias de la tragedia que afecta a la región del Río Doce. Finalmente, unimos nuestras voces para que Brasil vuelva a pensar en el modelo de desarrollo que adoptó y que estimule la búsqueda de otras formas de desarrollo que puedan promover los derechos sociales y ambientales.

¡Solidaridad con las personas afectadas por la ruptura de la represa Fundao!

¡Solidaridad con el Movimiento de personas afectadas por las represas de Brasil-MAB!

VUELVE AL AIRE ANTENA NEGRA TV CON LA FUERZA DE LA COMUNICACIÓN POPULAR

Antena Negra volvió a transmitir y ahora para toda Capital

Hace más de tres meses y medio que nuestro canal no ejerce su derecho legítimo a la comunicación. El 4 de septiembre una empresa privada impulsó el decomiso de nuestros equipos y se empeñó en difamar nuestra labor como comunicadoras. Calumniando y desprestigiando la labor de los medios comunitarios, llamándonos delincuentes, criminalizándonos y amenazando nuestra libertad con una causa penal que nada tiene que ver con nuestro trabajo.
Gracias al apoyo y solidaridad de medios comunitarios, organizaciones sociales y compas que se acercaron al espacio, pudimos llevar nuestro reclamo a las calles y generar que el aparato judicial nos devolviera los equipos secuestrados.
Hoy volvimos al aire, porque somos un canal de televisión comunitario, alternativo y popular y como tal, nuestro sentido es transmitir lo que somos y de dónde venimos: las luchas y las experiencias del campo popular. Contamos la realidad desde el lugar donde ocurren el conflicto, porque somos parte del conflicto.
Recuperamos la televisión como una herramienta del campo popular para romper el cerco mediático entre el mundo establecido por unos pocos y un mundo que resiste y lo desafía a través de la construcción colectiva y fraterna. Proponemos un pensamiento crítico y una acción política frente a la televisión que fomenta y reproduce el consumo y la idiotización masiva, que históricamente se ha empecinado en silenciar y manipular nuestros reclamos y nuestras necesidades. Proponemos que otras y otros se apropien de las herramientas y generen como lo hacemos nosotras una alternativa al mundo establecido.
La solución está en nuestras manos. Tomar desde lo colectivo las herramientas que tenemos a nuestro alcance, celular, redes sociales, cuaderno y lápiz, lo que sea para defender nuestra cultura y nuestras convicciones, propagando nuestras ideas y nuestras prácticas.
Hoy más que nunca necesitamos medios de comunicación que sean desde y para el campo popular. Dejar de ser espectadores y pasar a ser protagonistas de nuestra propia historia. Hechos, no palabras. Hoy volvemos al aire para defender la libertad de expresión de los sectores populares, la clase obrera, del pueblo que lucha y se organiza frente a los gobiernos de turno y su alianza con el mercado capitalista. Este es un llamamiento a seguir poniendo el cuerpo y alzar nuestras voces.
Porque la comunicación no es mercancía y luchamos para recuperar el aire que es del pueblo. Cada vez más libres, cada vez más autónomas, luchando para transmitir y transmitiendo para transformar.

NI UN DESPIDO MÁS

El Bolsón (ANPP).-Compartimos el Comunicado de Prensa de ATE Comarca Andina:

Desde la ATE Comarca Andina queremos hacer público nuestro enérgico repudio a la decisión del Intendente Currilén que produjo un despido masivo de 160 trabajadores contratados por el Municipio de El maitén que cumplían diferentes funciones en varias reparticiones de la ciudad, así como la rescición de contratos con la Cooperativa LAM, que deja en la calle a muchos trabajadores.

Convocamos a todas las organizaciones y a la comunidad en general a manifestar el rechazo a esta medida y reclamar que se garanticen los puestos de trabajo de todos los compañeros contratados y becados y de la Cooperativa, este jueves 17/12 desde las 9 hs. frente al Municipio.

Ni un despido! Con ATE no se jode!

Luciano Taladriz

Secr. Prensa

ATE Comarca Andina

 

ATE

SECCIONAL COMARCA ANDINA
TE 0294 4471309

LA COMUNICACIÓN NO ES REHÉN DE NINGÚN GOBIERNO.

El Bolsón (ANPP).- La red nacional de medios alternativos expresa:

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 que modifica la Ley de Ministerios creando nuevos organismos y transfiriendo competencias, el nuevo gobierno acaba de otorgarle el poder para la  aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual  al Ministerio de Comunicaciones, dentro del cual sitúa a la AFSCA y la AFTIC. Esta norma les quita el carácter autárquico y descentralizado a ambos organismos.  

Esta decisión fue hecha explícita de manera pública por el flamante ministro Oscar Aguad, quien declaró que: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños”, lo cual no alienta muchas esperanzas para nuestros medios, ni  para la pluralidad de voces. 

La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) es por definición independiente del Estado, de sus instituciones y de los poderes políticos y económicos. Por eso nuestra posición trasciende la defensa de un funcionario u organismo estatal, para anclarse en  la exigencia de que se aplique la Ley y se cumplan los reclamos que desde los medios comunitarios, alternativos y populares venimos planteando desde su debate mismo.

El gobierno saliente utilizó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para montar un aparato comunicacional gubernamental con el afán de disputarle el discurso a los medios opositores y hegemónicos, principalmente al multimedios Clarín. También afirmó que con su aplicación se acabarían los monopolios. Sin embargo a más de 6 años de su sanción esto no ha sucedido y nuestros reclamos sectoriales siguen sin ser resueltos.  

Los medios comunitarios, alternativos y populares seguimos presos de una disputa entre dos sectores políticos, el macrismo y el kichnerismo, que manipulan una y otra vez la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no para multiplicar voces y discursos, sino para confrontar entre ellos.  

Una disputa en la cual nuestros medios siguen sin ser reconocidos en su especificidad, sin tener licencias, sin la elaboración de un plan técnico que garantice nuestro lugar en el 33% destinado a los medios sin fines de lucro. Volvemos así a quedar frágiles frente a posibles y nuevos decomisos, como pasó en los 90', como pasó durante el gobierno anterior con el allanamiento y secuestro de los equipos que sufrieron nuestros compañeros y compañeras  de Antena Negra TV. 

Es en este contexto que llamamos al sector de medios comunitarios, alternativos y populares, a la búsqueda de la unidad, con el objetivo de lograr que se efectivicen nuestros derechos adquiridos por la lucha de años. 

También demandamos a la nueva gestión nacional que explicite cuáles serán sus políticas para nuestro sector, exigiendo que, mientras no se regule el espectro radioeléctrico tal cual lo dice la ley, se garantice que no haya nuevos decomisos que atenten contra nuestro derecho a comunicar. 

Seguimos reclamando el reconocimiento de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares teniendo en cuenta los censos y empadronamientos efectuados oportunamente tras una larga y sostenida lucha que nos encontró junto a otras redes del sector. 

Por todo esto exigimos:

*La autarquía de AFSCA y AFTIC, tal como establece la LSCA votada por el Congreso Nacional.

*La aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

*La elaboración del plan técnico y reserva del 33 % para el sector sin fines de lucro.

*Reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares como actores diferenciados dentro del sector de las sin fines de lucro.

*Apertura de concursos específicos para medios comunitarios, alternativos y populares.

Argentina, 15 de diciembre de 2015

  

TORTURA SISTEMÁTICA EN CONTEXTOS DE ENCIERRO. MÁS DE 7 MIL CASOS EN UN AÑO.

El Bolsón (ANPP).-

(APL) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, presentan el cuarto Informe Anual del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos (RNCT). El nuevo informe devela una vez más la sistemática vulneración de derechos en las instituciones de encierro en todo el país y la estrategia de saturación territorial por parte de las fuerzas de seguridad. La presentación pública será el próximo martes 15 de diciembre a las 18 horas en el Auditorio de la CPM (calle 54 Nº 487, La Plata), y contará con la participación del presidente del organismo, Adolfo Pérez Esquivel, el procurador Penitenciario Nacional, Francisco Mugnolo, y la directora del GESPyDH, Alcira Daroqui.

En más de 50 instituciones de encierro relevadas, 2074 víctimas describieron 6843 casos de torturas y/o malos tratos que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, impedimentos de vinculación familiar y social, traslados constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados gravosos y requisas personales vejatorias. Estos son algunos de los datos que arroja el cuarto informe del Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos tratos (RNCT) integrado por las tres instituciones.
La CPM, como organismo de control y monitoreo de las condiciones de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, ha dado cuenta en reiteradas oportunidades de la práctica sistemática de la tortura, la violencia estructural, las muertes evitables y la degradación de los sujetos como herramientas de gobierno en las cárceles bonaerenses y en los territorios habitados por los sectores más vulnerables. El informe anual 2015 ya alertaba sobre el agravamiento de esta situación: 548 muertes, índices records de sobrepoblación en comisarías (más del 400 %), aumento de la tasa de encarcelamiento (218,5 personas cada 100 mil) y uso sistemático de la prisión preventiva (más del 60 %).
El IV Informe del RNCT aporta datos igualmente alarmantes. El relevamiento en Buenos Aires incluyó 24 inspecciones a cárceles, institutos de menores y unidades neuropsiquiátricas. La información generada por la intervención del Comité Contra la Tortura de la CPM en los lugares de detención y las fichas que se construyen a partir de las denuncias recibidas arrojan que, sólo en el ámbito de la provincia, se constataron 866 víctimas y 3677 casos de torturas y/o malos tratos: es decir, un promedio de más de cuatro hechos de torturas por víctima. Entre los tipos de torturas y/o malos tratos más generalizados se encuentran el aislamiento, las malas condiciones de detención, la falta o deficiente alimentación y asistencia de la salud.
La situación constatada en la provincia de Buenos Aires se repite en todo el territorio del país. ElRNCT –creado en el 2010– es el primer registro nacional que sistematiza, organiza y publica esta información; los organismos que lo elaboran vienen denunciando cada año la práctica sistemática de torturas en las comisarías y unidades penitenciarias y la extrema vulneración de derechos que padecen las personas detenidas. Frente a este panorama, los organismos de derechos humanos tienen el deber de seguir denunciando los hechos de violencia institucional, la impunidad y la invisibilidad social y política de estas violaciones perpetradas por el Estado.
En esa línea se expresó Roberto Cipriano García, integrante de la CPM: “Este nuevo informe delRNCT refleja las graves violaciones de derechos humanos que acontecen en lugares de encierro y a partir del despliegue de las fuerzas de seguridad, tanto del sistema federal como de la provincia de Buenos Aires y la CABA. Es la prueba rigurosa, concreta, de las practicas sistemáticas de tortura que ejecutan funcionarios públicos, liberados en su accionar por poderes judiciales que no actúan para prevenir o sancionar la tortura. Esperamos que sea una alerta urgente para que las nuevas gestiones de gobierno que comienzan sus mandatos implementen políticas efectivas destinadas a terminar con la tortura, la muerte y el sufrimiento de las víctimas del sistema penal”.
El trabajo de campo de este IV Informe se realizó en más de 50 instituciones de encierro que concentran el 60% de los presos de todo el país: 19 unidades penales, cuatro alcaidías penitenciarias y tres unidades neuropsiquiátricas del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un instituto de menores de la provincia de Buenos Aires. Ocho unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, cuatro comisarías de la Policía Federal y una de la Policía Metropolitana. También se relevaron otras 15 Unidades Federales y alcaldías judiciales, unidades de Servicios Penitenciarios provinciales, además de centros de detención de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

El estudio sobre esta muestra permite describir el mecanismo de producción de los hechos de tortura y sus consecuencias. De las 2074 personas entrevistadas, la mayor parte (casi el 70%) son jóvenes y más de la mitad de las víctimas han denunciado agresiones físicas, aislamiento y malas condiciones de detención.
En esta oportunidad, el RNCT también contiene un apartado que releva las prácticas irregulares e ilegítimas de las policías en su despliegue territorial y en centros de detención no penitenciarios de Buenos Aires y CABA. En este sentido, la CPM ha denunciado en reiteradas oportunidades el avance del punitivismo como un grave problema político y cultural que instala al castigo penal como horizonte de múltiples demandas ciudadanas. Ha quedado demostrado que las políticas de seguridad basadas en la exacerbación del punitivismo –la represión, la persecución y el castigo penal como vías de resolución de los problemas sobre los que se demanda respuesta– no sólo han resultado ineficaces sino que han agravado la violación de derechos de determinados sectores sociales a niveles históricos desde el advenimiento de la democracia.

Las condiciones expuestas conforman la regla con que se rigen las políticas demagógicas de seguridad y constituye al Estado en victimario: saturación territorial de las fuerzas de seguridad que lleva a intervenciones violentas e ilegales en el espacio público, y el aumento del uso letal de la fuerza, la práctica sistemática de la tortura y las deplorables condiciones de encierro, la falta de acceso a la justicia y la ausencia de reparación para las víctimas de estas violencias. Es decir, no sólo hay acción del Estado en su comisión sino también una gravísima omisión en no detenerla.

NEUQUÉN: AMENZAS EN EL JUICIO "LA ESCUELITA IV" A MILITANTES DE DERECHOS HUMANOS

COMUNICADO DE PRENSA.
Juicio " La Escuelita IV"
Aten repudia las amenazas sufridas por militantes de DDHH por parte del ex policía provincial Emilio Rozar, imputado en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad. Los hechos se sucedieron el día miércoles cuando se retiraba de la sala donde se realizó la primera audiencia y el represor las increpó diciéndoles “Ya van a ver. Ya van a ver” con el dedo índice en alto. De acuerdo con una resolución del tribunal, los imputados que están en libertad o con prisiones domiciliarias son convocados en la U9 para desde allí ser trasladados a la sala de audiencia. "Entendíamos que al finalizar la audiencia eran trasladados a la U9. Esto demuestra que no es así. Rozar salió por la misma puerta que lo hace el público" informaron las/los abogadas querellantes.
Aten llama a mantener la lucha por Juicio y Castigo a todos los genocidas!!
Memoria, Verdad y Justicia!
Carlos Fuentealba Presente!
Comisión Directiva Provincial.

EL BOLSÓN: RECLAMO DEL CENTRO CULTURAL GALEANO

Gacetilla:
La Asociación Artístico Cultural Sur, junto con las Escuelas de danzas Ahlamy y Frecklass y el Gimnasio Tiempo Libre; invitan a la comunidad a firmar un reclamo a EDERSA por haberse quemado equipos durante la muestra de fin de año de dichas escuelas. Debido a baja tensión se estropearon equipamiento técnico de luces, sonido y un proyector.

El reclamo se encuentra en el Centro Cultural Eduardo Galeano, Onelli y Dorrego a disposición de quienes quieran firmar.

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Centro Cultural Eduardo Galeano

Onelli 2871 - El Bolsón - Río Negro

Asociaicón Artístico Cultural SUR

Personería jurídica Nº 1819/91

ccgaleano.com.ar

www.facebook.com/ccgaleano

El Bolsón (ANPP).- Compartimos la siguiente nota de ANRED , para conocer o reconocer las personalidades que asumen como ministros. Caras no tan nuevas y con prontuarios preocupantes, para un gobierno que dice ser "el cambio".

10 de diciembre (ANRED).-

Caras y prontuarios del "Cambio"

El futuro presidente Mauricio Macri y su jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, fueron dando a conocer en estos días los nombres que integrarán el equipo de su gobierno. Entre los nombres figuran personalidades procesadas por lavado y fuga de activos, defraudaciones al estado, desvíos de fondos gubernamentales, represiones violentas a trabajadores de la cultura, gastos desmedidos, responsabilidad en recortes extremos a estatales y jubilados en gobiernos anteriores y, en el mejor de los casos, nula formación y experiencia para la tarea encomendada. Proponemos un recorrido por los prontuarios de los ministros más importantes del gobierno que asume sus funciones este jueves 10 de diciembre. Por ANRed.

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Alfonso Prat-Gay (Ministerio de Hacienda y Finanzas)

Es economista. LLegó a Cambiemos de la mano de la Coalición Cívica ARI. Fue presidente del Banco Central entre 2002 y 2004, estando tanto en la presidencia de Eduardo Duhalde como en la de Néstor Kirchner. Luego fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre el 2009 y el 2013 por el Acuerdo Cívico y Social (ACyS).
Su formación es liberal ortodoxa, y se vio reflejado en su carrera: fue Director de Estrategia del J. P. Morgan (empresa se servicios financieros sospechada de complicidad en casos de lavado de dinero). En 2005 creó la empresa financiera Tilton Capital junto con Pedro Lacoste, administradora de la fortuna de María Amalia Lacroze de Fortabat -ya fallecida- y su hija María Inés Lafuente Lacroze - ésta última la quinta persona más rica de Argentina. Creó y presidió, además, la fundación ANDARES, dedicada al desarrollo de las Microfinanzas en Argentina.
Prat Gay se encuentra imputado por ser parte de una red de economistas, contadores y abogados que crearon una “plataforma facilitadora para la evasión” (tal como consta en la denuncia de la AFIP), que posibilitó la fuga de activos y lavado de capitales a Suiza. Prat Gay desmintió esta denuncia informando que él no es titular ni beneficiario de una cuenta en Suiza. Pero en esa causa se encuentra vinculado, justamente, por ser el administrador apoderado de la fortuna de los Fortabat, que poseen una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra, Suiza, tal como figura en la denuncia de la AFIP.
En esa denuncia se establece que el objetivo de esa red de apoderados, abogados, economistas y contadores imputados - entre ellos, Prat Gay - fue colaborar en el armado de una compleja red de estructuras jurídicas, sociedades y fideicomisos extranjeros (trust) radicada en paraísos fiscales como Panamá, Jersey, Guersney, Suiza, Uruguay, Bahamas e Islas Vírgenes, con el fin de ocultar la identidad de los titulares de los fondos depositados en cuentas del HSBC Ginebra, Suiza.
Otros antecedentes del niño mimado de la City
Asimismo, el futuro Ministro de Hacienda y Finanzas tiene otros antecedentes dignos de ser mencionados:
 Una investigación de mediados del 2007 de la Revista Veintitrés dio a conocer que la entonces ministra de Salud Graciela Ocaña –quien provenía del ARI– denunció una “doble moral” de Alfonso Prat-Gay por haber fugado U$S 780 mil antes del congelamiento de los depósitos durante el corralito, ocupando el puesto 67 en un listado de 1400 personas que habían girado dinero al exterior.
 También en 2007 fue denunciado por el ex diputado Mario Cafiero (ARI) por defraudación, dado que ocultó, desde su cargo de presidente del Banco Central, la fuga de U$S 26 mil millones que quedaron en un puñado de bancos, entre ellos, obviamente, el JP Morgan, donde Prat-Gay se desempeñó como jefe de Negocios hasta 2001. La investigación estuvo a cargo del fiscal Oscar Almirante, cuyo dictamen sostuvo que durante el corralito “existió un plan destinado a proteger y favorecer a determinados grupos de poder económico y en especial a los patrimonios de los bancos”.
 Tampoco es nada secundario que el entonces ministro de Economía de la Alianza, Domingo Cavallo, lo propusiera para dirigir el Banco Central en el año 2001, en lo que se entendía como un guiño a los mercados financieros, que dudaban cada vez más de la sostenibilidad económica de la Convertibilidad. El senado de la Nación rechazó su pliego en base a un dictamen de la Oficina Anticorrupción, donde se remarcaba que el nombramiento de Prat-Gay implicaba una violación a un artículo de la Ley de Ética Pública: el inciso que establece que ninguna persona puede ocupar un cargo público si se había desempeñado hasta un año antes en un cargo privado con intereses contrapuestos. Sin embargo, un año después entró al Banco Central como parte de las condiciones exigidas por el FMI, de la mano del patrocinio de Eduardo Amadeo, actual diputado por el Peronismo Federal, y uno de los artífices de la derogación de la Ley de Subversión Económica, gracias a la cual quedaron impunes los mismos banqueros que se habían llevado las reservas, sustituyéndolas por títulos de deudas destinados a caer en default.

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