MUCHO POR HACER
Por Familiares de Andrés Núñez,
HIJOS La Plata y Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata.
Esta semana la Suprema Corte
bonaerense confirmó la sentencia a reclusión perpetua del comisario Luis Raúl
Ponce, uno de los cinco policías de la Brigada de Investigaciones de La Plata
que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a Andrés en
septiembre de 1990. Ponce no volverá a caminar impune, pero en la causa queda
mucho por hacer: la búsqueda y juzgamiento del prófugo Pablo Martín Gerez y el
demorado juicio oral a los cuatro policías que encubrieron el caso. La Corte
bonaerense tiene además cuentas pendientes con la causa por Luciano Arruga.
La Suprema Corte bonaerense confirmó la
pena de reclusión perpetua impuesta a Luis Raúl Ponce, el ex jefe de la Brigada
de Investigaciones de La Plata que fue condenado en 2018 por tortura seguida de
muerte de Andrés Núñez en 1990. En la resolución firmada por los jueces Eduardo
Pettigiani, Luis Genoud, Daniel Soria e Hilda Kogan, se rechazó un recurso
extraordinario de inaplicabilidad de ley, interpuesto por la defensa del
asesino Ponce.
Ponce fue detenido en 2012, luego de
permanecer 22 años prófugo. Cayó por error en Junín de los Andes, con la identidad
de Raúl Peralta y luego de resistirse a los tiros. Con esto se confirmó en
todos los términos el fallo dictado en el juicio oral de 2018 y la resolución
de Casación que ratificó la condena a la pena máxima, que en este caso es
reclusión porque la causa se juzgó por el código penal viejo que contemplaba esa posibilidad y que le fue
atribuida por el nivel de mando que ocupó Ponce. De esta manera Ponce es el
tercer policía con sentencia firme sobre el crimen contra Andrés.
Andrés
Alberto Núñez fue secuestrado en su casa de 119 y 78 la madrugada del 28 de
septiembre de 1990 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y
con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a esa sede (61 e/12 y 13)
donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en
General Belgrano, en la Estancia El Roble, donde lo incineraron dentro de un
tanque australiano en desuso.
En la instrucción de la causa fue
apartado por supuesta inhabilidad el asesino José Daniel Ramos, que integró el
grupo operativo. En 2010 fueron sentenciados a prisión perpetua los asesinos Víctor
Dos Santos y Alfredo González, que ya vienen pidiendo beneficios como salidas
transitorias o libertad condicional.
En 2014 murió impune el primer juez de
la causa, el cómplice Amílcar Benigno Vara, destituido de su cargo en 1998 por
encubrir decenas de casos de crímenes policiales.
Pero en la causa por el crimen de
Andrés queda mucho por hacer. Para empezar la búsqueda del policía Pablo Martín Gerez, prófugo
hace más de 25 años en la causa. Pablo
Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata,
y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró,
torturó y desapareció a Andrés de su casa de Villa Elvira. Oriundo de General
Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo”
Rodríguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron
y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo.
La familia de Andrés ha
aportado información sobre los contactos de este criminal, especialmente sobre
su madre, Nelly Duhalde, que vive en General Belgrano. Se ha pedido
reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para detener a
este peligroso criminal y ponga a disposición herramientas para una
investigación seria para encontrarlo.
Hemos pedido al ministerio de
Justicia de Nación que incluya a Gerez en su “Programa de Búsqueda de Personas
Ordenadas por la Justicia”, pero no obtuvimos respuesta. Hemos tenido reuniones
con funcionarios de la Secretaría de DDHH de Provincia, a cargo de Santiago
cantón, que se comprometieron a aportar en el tema y no obtuvimos ningún
avance. Hemos presentado escritos en la causa aportando testigos que aseguran
que el asesino prófugo se comunica con su madre, Nelly Duhalde, y no obtuvimos
respuesta. Y hemos exigido a la jueza Marcela Garmendia, a cargo de la investigación, que solicite
colaboración de la Superintendencia
de Inteligencia Criminal del Depto de Inteligencia Criminal del
ministerio de Seguridad de Provincia, así como del Cuerpo de Instructores de la Policía Judicial de la Procuración,
que son los órganos especializados en este tipo de búsquedas, y no obtuvimos
ninguna respuesta. Si bien en 2019 se designó un elemento concreto de búsqueda,
a más de 29 años del hecho no hemos tenido ningún resultado concreto.
En una fenomenal tomada de pelo, en 2009 la abogada Natalia Nosenzo se
presentó un escrito en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba
la prescripción de la imputación y firmaba de puño y letra el recurso. Ocupada
en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni
judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez.
Pero también está pendiente el debate oral sobre otros 4 policías
responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Ese
tramo de la causa está elevado a juicio y sólo por cuestiones burocráticas de
la justicia penal platense se dilata el debate oral. Desde hace años la
familia de Andrés pide que se ponga fecha cierta para juzgarlos.
En un fallo de mayo de 2013 la misma Corte bonaerense que ahora falla
sentenciando a Ponce había dicho que la causa no prescribe para Gerez, ni para
Costilla, Zavala, Carrizo y Veiga, por tratarse de “una grave violación a los
Derechos Humanos” y que “el deber de investigar constituye una obligación
estatal imperativa que deriva del derecho internacional”, además de agregar que
“la necesidad imperiosa de prevenir la repetición tales hechos depende, en
buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga las expectativas de
las víctimas y la sociedad en su conjunto
de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido”. Como decimos
siempre, la justicia bonaerense nos pone en una situación contradictoria: por
un lado decir que la causa no prescribe pero a la vez no agotar los medios para
buscar y juzgar a la totalidad de los responsables de este crimen.
La misma corte bonaerense, integrada por ex ministros de seguridad del
gobernador Eduardo Duhalde en épocas de la “mejor Maldita Policía del Mundo”
como Eduardo Julio Pettigiani y Eduardo De Lázzari, y por uno de los
responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán Y Maximiliano
Kosteki, Luis Genoud, tiene entre sus manos la resolución del juicio político a
los primeros funcionarios judiciales que desviaron la causa por la desaparición
forzada de Luciano Arruga: el juez Gustavo Banco y las fiscales Celia Cejas
Martín y Roxana Castelli. Pese a tener antecedentes de persecución y torturas a
Luciano de parte de personal del Destacamento policial que luego lo terminó
asesinando y ocultando su cuerpo, estos funcionarios se negaron a investigar el
hecho como lo que fue, una desaparición forzada de persona. Aprovechamos para
apoyar a Familiares y Amigos de Luciano en esta lucha, porque es un paso más
para barrer con los funcionarios cómplices de los crímenes policiales y para
hacer reconocer que Luciano fue secuestrado, torturado, asesinado y
desaparecido por acción del Estado argentino.
La tardanza de este Estado asesino en buscar y juzgar a Gerez y llevar a
juicio a todos los encubridores del asesinato y desaparición forzada de Andrés
sólo genera más impunidad. La misma tardanza en reconocer el delito de
desaparición forzada como un crimen de Estado en los más de 215 casos que ha
habido desde 1983 a la fecha.
Por eso seguimos
exigiendo:
-
Busquen y juzguen al
asesino Pablo Martín Gerez YA!
-
Fecha de juicio oral
a los cómplices Costilla, Zavala,
Carrizo y Veiga.
-
Destitución del juez
Banco y las fiscales Cejas Martín y Castelli.
-
Justicia por Andrés
Nuñez, Luciano Arruga y todxs los desaparecidxs en democracia.
Editoriales ANP
