• NO AL QUITE DE LA ZONA PATAGÓNICA
• BASTA DE AJUSTE
QUE EL AJUSTE NO LO PAGUEN 
LOS SECTORES
POPULARES
EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE
EN LA ESRN Nº 10 A LAS 12:30 HS
(DONACIONES PARA LA OLLA A
PARTIR DE LAS 10 HS)

 Hoy, el sobreseimiento reafirma el ilegal accionar de las fuerzas represivas y su arbitrariedad en la detención al boleo de manifestantes y comunicadorxs, metodología que se viene aplicando sistemáticamente en todo nuestro país, y que dan claras muestras de la falta de garantías que se viven en un país que es gobernado por quienes imponen medidas impopulares y resguardan su aplicación con represión, amedrentamiento y persecusión de quienes opinen diferente. La Sala 2 del Juzgado de la Dra. Romina Martini, debió admitir la falta de pruebas que permitan implicar a la mayoría de los y las procesadas. Quedaron sobreseidxs trece de los y las imputadas, por no haber podido establecer un vínculo de autoría con los hechos juzgados. Dos otras personas no pudieron ser notificadas, por lo que no se enteraron de su procesamiento, de la audiencia ni pudieron contar, por ende, con la debida defensa. Otras dos personas, de quienes se supone que sí se tienen pruebas, pero que no fueron presentadas,se solicitó conocer las pruebas que los imputan, pero la respuesta fue cuestionable ya que la fiscalía solicitó cuatro meses más para analizar y presentar las pruebas, tiempo que ya se había vencido y la jueza Martini accedió, pero sólo a dos meses más. Una especie de derechos a medias. Por otro lado, la ilegal detención de un menor de edad, fue pasado por alto, y aunque fue citado a la audiencia, no fue sobreseído, porque tampoco había sido imputado. Cuestión que se asemeja mucho a una tortura y persecución psicológica penada por los acuerdos internacionales de Derechos Humanos a los que suscribe nuestro país.
Hoy, el sobreseimiento reafirma el ilegal accionar de las fuerzas represivas y su arbitrariedad en la detención al boleo de manifestantes y comunicadorxs, metodología que se viene aplicando sistemáticamente en todo nuestro país, y que dan claras muestras de la falta de garantías que se viven en un país que es gobernado por quienes imponen medidas impopulares y resguardan su aplicación con represión, amedrentamiento y persecusión de quienes opinen diferente. La Sala 2 del Juzgado de la Dra. Romina Martini, debió admitir la falta de pruebas que permitan implicar a la mayoría de los y las procesadas. Quedaron sobreseidxs trece de los y las imputadas, por no haber podido establecer un vínculo de autoría con los hechos juzgados. Dos otras personas no pudieron ser notificadas, por lo que no se enteraron de su procesamiento, de la audiencia ni pudieron contar, por ende, con la debida defensa. Otras dos personas, de quienes se supone que sí se tienen pruebas, pero que no fueron presentadas,se solicitó conocer las pruebas que los imputan, pero la respuesta fue cuestionable ya que la fiscalía solicitó cuatro meses más para analizar y presentar las pruebas, tiempo que ya se había vencido y la jueza Martini accedió, pero sólo a dos meses más. Una especie de derechos a medias. Por otro lado, la ilegal detención de un menor de edad, fue pasado por alto, y aunque fue citado a la audiencia, no fue sobreseído, porque tampoco había sido imputado. Cuestión que se asemeja mucho a una tortura y persecución psicológica penada por los acuerdos internacionales de Derechos Humanos a los que suscribe nuestro país.