Hoy, el sobreseimiento reafirma el ilegal accionar de las fuerzas represivas y su arbitrariedad en la detención al boleo de manifestantes y comunicadorxs, metodología que se viene aplicando sistemáticamente en todo nuestro país, y que dan claras muestras de la falta de garantías que se viven en un país que es gobernado por quienes imponen medidas impopulares y resguardan su aplicación con represión, amedrentamiento y persecusión de quienes opinen diferente. La Sala 2 del Juzgado de la Dra. Romina Martini, debió admitir la falta de pruebas que permitan implicar a la mayoría de los y las procesadas. Quedaron sobreseidxs trece de los y las imputadas, por no haber podido establecer un vínculo de autoría con los hechos juzgados. Dos otras personas no pudieron ser notificadas, por lo que no se enteraron de su procesamiento, de la audiencia ni pudieron contar, por ende, con la debida defensa. Otras dos personas, de quienes se supone que sí se tienen pruebas, pero que no fueron presentadas,se solicitó conocer las pruebas que los imputan, pero la respuesta fue cuestionable ya que la fiscalía solicitó cuatro meses más para analizar y presentar las pruebas, tiempo que ya se había vencido y la jueza Martini accedió, pero sólo a dos meses más. Una especie de derechos a medias. Por otro lado, la ilegal detención de un menor de edad, fue pasado por alto, y aunque fue citado a la audiencia, no fue sobreseído, porque tampoco había sido imputado. Cuestión que se asemeja mucho a una tortura y persecución psicológica penada por los acuerdos internacionales de Derechos Humanos a los que suscribe nuestro país.
jueves, 20 de septiembre de 2018
SOBRESEIMIENTO A 13 PERSONAS JUDICIALIZADAS POR PROTESTAR
El Bolsón (ANPP).-Se realizó esta mañana la audiencia judicial en la que se decidió la suerte de la mayoría de los y las imputadas que surgieron de la represión policial y posterior detención de 18 personas y entre las cuales había un menor, tras conocerse el fallo ilegal de extradición del Lonko Facundo Jones Huala. Un fallo ilegal, ya que existía un fallo previo sobre la misma persona y el mismo hecho, situación que las leyes nacionales e internacionales preveen y determinan como no legal. En los hechos ocurridos el 5 de marzo de este año, se detuvo arbitrariamente a varias personas, inclusive a comunicadorxs que se encontraban cubriendo la situación para Radio Autónoma Piuké y Radio Libre Feminista.
Hoy, el sobreseimiento reafirma el ilegal accionar de las fuerzas represivas y su arbitrariedad en la detención al boleo de manifestantes y comunicadorxs, metodología que se viene aplicando sistemáticamente en todo nuestro país, y que dan claras muestras de la falta de garantías que se viven en un país que es gobernado por quienes imponen medidas impopulares y resguardan su aplicación con represión, amedrentamiento y persecusión de quienes opinen diferente. La Sala 2 del Juzgado de la Dra. Romina Martini, debió admitir la falta de pruebas que permitan implicar a la mayoría de los y las procesadas. Quedaron sobreseidxs trece de los y las imputadas, por no haber podido establecer un vínculo de autoría con los hechos juzgados. Dos otras personas no pudieron ser notificadas, por lo que no se enteraron de su procesamiento, de la audiencia ni pudieron contar, por ende, con la debida defensa. Otras dos personas, de quienes se supone que sí se tienen pruebas, pero que no fueron presentadas,se solicitó conocer las pruebas que los imputan, pero la respuesta fue cuestionable ya que la fiscalía solicitó cuatro meses más para analizar y presentar las pruebas, tiempo que ya se había vencido y la jueza Martini accedió, pero sólo a dos meses más. Una especie de derechos a medias. Por otro lado, la ilegal detención de un menor de edad, fue pasado por alto, y aunque fue citado a la audiencia, no fue sobreseído, porque tampoco había sido imputado. Cuestión que se asemeja mucho a una tortura y persecución psicológica penada por los acuerdos internacionales de Derechos Humanos a los que suscribe nuestro país.
Hoy, el sobreseimiento reafirma el ilegal accionar de las fuerzas represivas y su arbitrariedad en la detención al boleo de manifestantes y comunicadorxs, metodología que se viene aplicando sistemáticamente en todo nuestro país, y que dan claras muestras de la falta de garantías que se viven en un país que es gobernado por quienes imponen medidas impopulares y resguardan su aplicación con represión, amedrentamiento y persecusión de quienes opinen diferente. La Sala 2 del Juzgado de la Dra. Romina Martini, debió admitir la falta de pruebas que permitan implicar a la mayoría de los y las procesadas. Quedaron sobreseidxs trece de los y las imputadas, por no haber podido establecer un vínculo de autoría con los hechos juzgados. Dos otras personas no pudieron ser notificadas, por lo que no se enteraron de su procesamiento, de la audiencia ni pudieron contar, por ende, con la debida defensa. Otras dos personas, de quienes se supone que sí se tienen pruebas, pero que no fueron presentadas,se solicitó conocer las pruebas que los imputan, pero la respuesta fue cuestionable ya que la fiscalía solicitó cuatro meses más para analizar y presentar las pruebas, tiempo que ya se había vencido y la jueza Martini accedió, pero sólo a dos meses más. Una especie de derechos a medias. Por otro lado, la ilegal detención de un menor de edad, fue pasado por alto, y aunque fue citado a la audiencia, no fue sobreseído, porque tampoco había sido imputado. Cuestión que se asemeja mucho a una tortura y persecución psicológica penada por los acuerdos internacionales de Derechos Humanos a los que suscribe nuestro país.
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