29 de noviembre(RNMA).-
A
principios de julio de 2007, luego de pasar velozmente por las dos
cámaras del Congreso Nacional y por las presiones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) fue promulgada la llamada “Ley
Antiterrorista”. La 26.268 modificó el Código Penal incorporando la
confusa figura de “asociación ilícita terrorista”. A partir de su
sanción, el Estado está habilitado para perseguir y procesar, con ley en
mano, a cualquier organización que se manifieste en contra de las
acciones del gobierno o que pretenda ejercer presión sobres sus
organismos.
Tras el fusilamiento por la espalda del joven mapuce Rafael Nahuel,
la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó
públicamente a las fuerzas de seguridad en su tarea represiva y
fundamentó por qué pueden incluso pasar por sobre la decisión de un
juez. “El Juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”, respondió
a un periodista durante la conferencia de prensa realizada este lunes.
Para que quede en claro que su Ministerio y el gobierno nacional
están por sobre cualquier otro poder, afirmó: “las fuerzas de seguridad
federales no van a aceptar ninguna orden individual ni antijurídica que
invierta el rol, que significa que un lugar pueda ser custodiado por un
poder fáctico, que se palpe a la fuerza de seguridad, que se invierta el
rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de
la ley, y que intenta convertirse en este poder fáctico y tomar un
territorio e imponer una ley distinta a la que tienen todos los
ciudadanos argentinos”.
Bullrich
agregó que “esto es muy importante porque ya lo hemos vivido los
argentinos; esto es una decisión muy de fondo porque implica tener muy
en claro dónde está la ley, y qué tiene que hacer cada una de las
fuerzas federales que están bajo la conducción de nuestro Ministerio” y
expresó: “si un juez da una orden legal, nosotros, como establece el
artículo 19 de la Constitución -‘ningún habitante de la nación será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe’– (decimos que) ningún miembro de las fuerzas federales va a
hacer lo que no manda la ley”.
La Ministra no menciona que el artículo 75 de la Constitución
Nacional, en su inciso 17, manda "reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su
identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible
de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones”.
“Nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo con todo grupo
pacífico que pueda tener una protesta, una reivindicación pero que
quiera resolver los problema en el marco de la ley, y no va a haber
ningún diálogo con grupos violentos que violan la ley”, dijo, sin
mencionar que fue un integrante de la Prefectura Naval Argentina, fuerza
de seguridad que su Ministerio lidera, quien asesinó por la espalda al
joven de 22 años, Rafael Nahuel.
En la misma línea, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, manifestó que “lo que el Estado argentino no puede permitir bajo
ningún concepto es la violación de la ley o la extorsión o la presión
como una forma de algún modo vulnerar la ley y poner en crisis al estado
de derecho” y continuó con la estigmatización del Pueblo Nación Mapuce:
“la existencia de estos grupos que señalaba la ministra de Seguridad,
que no reconocen al Estado, que no respetan la ley, es algo que tenemos
que tomarlo en cuenta y creo que en esto es importante también el
accionar de la Justicia. Nosotros vamos a acompañar a los jueces, al
juez que está interviniendo, a la fiscal, en todas aquellas gestiones
que hagan al pleno respeto del ejercicio de la ley en todo nuestro país y
específicamente en esta zona de Parques Nacionales que fueron tomadas y
que motivaron estos trágicos incidentes”.
Germán Garavano, en una suerte de sutil justificación del accionar
represivo, envió las condolencias a la familias de Nahuel y de las
personas heridas pero, dijo, “me parece que los argentinos tenemos que
aprender de una vez por todas que no es la violencia el camino para
solucionar los conflictos, que la violencia es algo que ningún argentino
quiere y que debe ser repudiada por todos y el Estado debe ejercer su
rol en una sociedad”.
Una hora después de la conferencia de prensa, Isabel Hualas, madre de
Facundo Jones Huala, respondió a los dichos de Bullrich y Garavano en
Enredando las Mañanas, el programa diario de la Red Nacional de Medios
Alternativos. Allí expresó que la “ministra de inseguridad y de
represión” brindó un discurso “barato y violento” porque “ellos mismos
dicen que los violentos somos nosotros, pero no matamos gente: hasta
ahora no hemos matado a nadie, ellos sí tienen una desaparición forzada y
el asesinato de Rafael Nahuel, así que tenemos mucho que repensar de
las palabras de la ministra”.
(Ya no) queremos preguntar (tanto)
Las preguntas del periodismo (in)dependiente fueron claramente
cómodas para ambos ministros. Medios del grupo Clarín (Radio Mitre, Todo
N, diario Clarín, Radio Cadena 3), Radio Continental y la Radio Pública
de la Ciudad de Buenos Aires le pusieron la pelota en los pies frente a
una valla sin arquero.
Consultado sobre “si el gobierno tiene dilucidado y acreditado de
dónde viene y cuáles son las intenciones” de las acciones de
recuperación y resistencia del Pueblo Nación Mapuce, Garavano respondió
que “más allá de las caracterizaciones generales, es importante
detenerse, como lo señalaba la Ministra Bullrich, en que hubo más de
setenta hechos violentos identificados; cada uno de estos hechos motiva
causas penales en donde investiga una fiscal, en donde hay un juez
interviniendo y corresponde a ellos en este momento, frente a cada
hecho, establecer quiénes violaron la ley, quiénes son los responsables
de esa violación de la ley y cuáles son las consecuencias de esa
conducta”.
“Ustedes recordarán que en ocasión del hallazgo del cuerpo de
Santiago Maldonado incluso fue agredido el secretario de Derechos
Humanos y un asesor del Ministerio de Justicia por alguno de estos
grupos, entonces me parece que es importante que ante cada uno de estos
hechos delictivos la Justicia sea la que avance y asigne las
responsabilidades a cada una de las personas que violaron la ley. Ese es
el camino que nos tiene que conducir a recobrar la paz y a marcar que
aquellas personas que violan la ley tienen consecuencias”, agregó.
Las preguntas del periodismo mostraron el absoluto acatamiento a la
clara línea del gobierno de erigir a los mapuce como el nuevo enemigo
interno.
Uno de ellos quiso saber si “existe algún elemento probatorio
concreto, y por concreto me refiero a una bala, una imagen, algún rastro
más allá de los testimonios, para acreditar que se produjo un
enfrentamiento y que hubo un ataque por parte de este grupo violento
hacia los efectivos de la Prefectura que estaban trabajando ahí”.
La Ministra fue contundente: “en primer lugar, decirles que el Juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”.
No “necesitar elementos probatorios” incluye la pérdida del
derecho al “debido proceso” -uno de los principios generales del derecho
en un estado de democracia-, aunque en la práctica es un derecho que se
viola permanentemente sobre el pueblo pobre que habita más del 60% de
las cárceles de nuestro país sin haber sido juzgado.
“El gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad ya han definido
que esto se realizó en el marco de una demanda judicial, emanada del
juez Gustavo Villanueva; la Prefectura Naval Argentina estaba en ese
marco y nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial”, continuó Bullrich, pasando por encima prácticamente todas los tratados de Derechos Humanos habidos y por haber: “nosotros
le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina, el
carácter de verdad, creemos que el Estado es el juez, es el gobierno
nacional, es el Ministerio de Seguridad y es la Prefectura Naval
Argentina que fue a enfrentarse con un grupo violento: en este sentido
el juez podrá buscar las pruebas que quiera”.
El periodista también quiso compartir con la ministra su indignación y le pidió una reflexión “para poder entender por
qué un juez en la República Argentina no puede ingresar a un territorio
argentino; puede ingresar a su casa, a la mía, a un local comercial, a
la Casa de Gobierno, pero no puede ingresar a un territorio
supuestamente perteneciente a una comunidad mapuce; insisto en
algo, en la República Argentina el Congreso sancionó la Ley de
Flagrancia donde se avala el accionar de la fuerza cuando se percibe la
comisión del delito, ¿qué pasa que un juez no puede participar de un
allanamiento u ordenar un allanamiento cuando está viendo que se está
cometiendo un delito?”
La respuesta remitió a lo que ya había dicho al principio de la
conferencia de prensa: “si hay alguien que dice que no se puede entrar a
una parte de territorio argentino, nosotros entramos a todas partes del territorio argentino,
no tenemos ningún límite más que los límites de nuestra Constitución,
entonces no vamos a aceptar ningún tipo de orden que haga que se den
vuelta los valores que tenemos como Estado de derecho” y aseguró que “si las fuerzas de seguridad están frente a un delito tienen que actuar”
y que “la Ley de Flagrancia les da un procedimiento especialísimo para
(actuar) y por lo tanto está absolutamente claro cuáles son los
procedimientos y si alguien quiere invertirlos nosotros no vamos a
acatar que se invierta la ley en Argentina”. Finalizó esta respuesta con
una frase que nos dejó perplejxs: “ya nos costó mucho cuando se invirtió la ley en Argentina”.
Otro de los periodistas, afirmó que el juez Otranto (quien intervino
en parte de la investigación de la desaparición forzada de Santiago
Maldonado) había dicho que su no ingreso al territorio para hacer el
allanamiento tenía que ver con la falta de efectivos necesarios para que
no se genere mayor violencia. “Quería consultarles si el
Ministerio de Seguridad puede poner a disposición del Juez Villanueva la
cantidad de efectivos necesarios para efectuar un eventual allanamiento
y qué órdenes recibieron del juez Villanueva en las últimas
horas y si están buscando a los prófugos, que se sabe de los heridos”,
preguntó
La Ministra le respondió que “el Ministerio de Seguridad tiene todas
las condiciones para entrar a cualquier lugar que le ordene el juez y ya
lo hemos demostrado en distintas acciones, en ese sentido tiene todas las fuerzas a su disposición necesarias para hacer cumplir la ley”.
“Hay una tergiversación maliciosa de la información para seguir legitimando el plan de exterminio a los pueblos originarios”
Claudia Huircan es abogada y parte de la Coordinadora del área de
justicia misionera Claretiana. En el Enredando las Mañanas de este lunes
amplió el panorama sobre el manto de desinformación que cubre al
asesinato de Rafael Nahuel en particular y a toda la lucha del Pueblo
Nación Mapuce en general: “uno de los principales roles que están
cumpliendo los medios hegemónicos de comunicación es instalar que hay un
enemigo interno que está amenazando los intereses de la patria y el
Estado consolidado; un Estado apostado sobre tierras originarias que
habitaron pobladores preexistentes que son los que hoy se están
reclamando”.
“Los medios hegemónicos, más allá de la malicia y el cerco mediático,
en esta situación particular de pueblos originarios resulta inaceptable
el rol que están cumpliendo al pretender instalar sobre la sociedad
desprevenida que no tiene acceso a otra información, que se trata de
enfrentamientos”.
Al respecto detalló que “hay mucha distancia entre la cantidad de
personas y la dimensión del operativo que se montó: si la mayor parte de
la ciudadanía pudiera despertar y darse cuenta que los medios de
comunicación están mintiendo lisa y llanamente -pero no inocentemente-
porque responden a una política de opresión a pueblos originarios, me
parece que la reacción popular sería aún más poderosa que lo que ha sido
en las últimas horas”, reflexionó Huircan y opinó que no llamaría
“cerco mediático” al fenómeno, sino “tergiversación maliciosa para
generar una opinión pública desfavorable a los pueblos originarios para
seguir legitimando el plan de exterminio a los pueblos originarios”.
La abogada confirmó también que “los resultados de la autopsia hablan
de un tiro por la espalda el que le dio la muerte al joven Rafael
Nahuel, el día sábado por la tarde.
Dile a la ministra que te explique la RAM
Consultados ambos funcionarios, durante la conferencia de prensa,
acerca de si había algún tipo de “vinculación de este episodio ocurrido
con el grupo RAM”, la ministra respondió: “en primer lugar, RAM es un
nombre genérico de grupos que actúan violentamente, podrán tener otros
nombres pero los tenemos que separar total y absolutamente de la
comunidad mapuce o de cualquier otra comunidad originaria de Argentina;
es un grupo que, como dijimos, no reconoce a Argentina, no reconoce la
ley, no reconoce la Constitución, no reconoce la bandera”.
Bullrich no sabe que no hay una “comunidad mapuce”, sino un Pueblo
Nación que acoge diferentes comunidades, ¿o habrá que explicárselo en
términos de países, provincias y ciudades, aunque ni siquiera se asemeje
a eso?
“RAM es como un nombre, pero puede haber alguno que se llame de otra
manera; en Chile se llaman CAM pero dentro hay varios grupos y esto es
algo que ya empezamos a hablar con el gobierno chileno para tener una acción conjunta de trabajo en este sentido”, confesó: “no queremos poner un nombre único, se ponen en el RAM todo aquel grupo que no respeta la ley , que esta fuera de la ley”.
Por aquí nos preguntamos si las fuerzas represivas son parte de “el”
RAM –como le dicen desde el poder-, pero también observamos con absoluta
preocupación la hermandad opresiva entre los gobiernos “democráticos”.
Aprobada la materia RAM 1, no respondió nada cuando, como parte de la
misma pregunta, el periodista quiso saber si el Ministerio de Seguridad
estaba en condiciones de tomar determinaciones acerca de este prefecto
que disparó, el que asesinó a Nahuel.
Isabel Hualas dio su mirada sobre la soberanía y el patriotismo, cuando se habla de la propiedad de tierras del Estado
En la entrevista de Enredando las mañanas, al hablar de la situación
de las tierras en la Patagonia, aseguró que “cada vez está peor porque
los negociados que ellos firman se tienen que seguir sosteniendo,
tenemos que darnos cuenta que están entregando todos los lugares con
riqueza, tanto del subsuelo como en el suelo y en el aire, las aguas,
las hidroeléctricas que quieren poner para abastecer a las mineras, y
las mineras destruyen, contaminan y está comprobado en muchos lugares
del mundo, incluso al norte de la República Argentina, no es casualidad
todos los discursos que salen a decir, desconociendo la preexistencia
de los pueblos originarios dentro de su república, no es casualidad esta
represión, esta arremetida y con discursos siempre acomodados hacia los
negociados”.
En relación al derecho indígena, aseguró que “están vulnerando todos
los derechos, están vulnerando sus mismas leyes, pasando sobre todas
leyes que se han firmado en 130 años, en esta zona. Tenemos que ser
claros y decir que la conquista del desierto es la que liberó los
lugares no solo al mal llamado ‘progreso’, sino que a la muerte y al
genocidio que cometieron a nuestro pueblo Mapuce” y que “hoy es una
arremetida, porque la conquista no terminó, están volviendo a conquistar
ahora para los intereses de las multinacionales”.
Armas invisibles, piedras "asesinas"
“¿Tienen información si este grupo de personas que están ahora escondidas, están armadas y,
en el caso que lo estén, sean los que están escondidos o los otros, con
qué tipo de armas cuentan?”, espetó otro “colega”, abonando la
estigmatización mediática de lxs mapuce. “De acuerdo a la información
que nos brindó la Prefectura Naval Argentina que estuvo en el lugar,
había armas de grueso calibre, una de la cuales cortó de cuajo un árbol
de 20 centímetros, así que imagínese el calibre que puede tener” -¿menor
o mayor que el que tenía el arma que fue disparada por la espada de
Rafael Nahuel asesinándolo?- “En este momento las armas están ahí o las
sacaron, porque no se pudo entrar más, porque ni bien la patrulla de
Prefectura bajó fue desarmada; en consecuencia, en este momento todas
las armas que se utilizaron en ese momento en contra de la Prefectura
Naval están ahí o se las llevaron, seguramente se las han llevado”.
No satisfecho con la existencia descrita por Bullrich de armamento de grueso calibre el periodista repreguntó: “¿puede ser que tengan granadas?”,
a lo que la Ministra dijo que “lo que describen los Albatros es que
hubo estruendos muy fuertes y que eso se ve en el corte que tuvieron los
árboles, ¿qué tipo de armas habían? Armas de puño, como se describen,
pero eran como 15/20 que estaban en una formación tipo militar con lanzas, con cuchillos en las puntas, con máscaras antigás, con armas de puños y con armas blancas,
tampoco pudieron ver a todos porque estaban como escondidos, porque
eran 4 prefectos contra 15/20 personas que estaban en este grupo
violento”. Luego apagó la película de Hollywood que estaba imaginando su
cabeza y que seguramente tenía un final abierto porque no podía
explicar por qué, si las armas las tenían los mapuce, ningún prefecto
resultó muerto ni herido y si murió Nahuel y están heridos integrantes
de la comunidad.
La última pregunta no pudo ser más atinada para seguir sembrando el
terror contra lxs mapuce. El periodista quiso saber si “se esperan otros
hechos similares y si se está hablando con el gobierno de Chile” para
hacer “qué”. Bullrich dijo: “creemos que hace tiempo que está esta
situación, que estaba muy tapada, y nuestro gobierno, cómo
piensa que es fundamental poner la ley como centro de las relaciones
sociales de nuestro país, hemos logrado que este problema se conozca y
que lo que solo se sabía en el sur hoy lo conozcan todos los argentinos y
que sepan que tienen un gobierno que los va a defender, que va a
defender la ley y que no va a permitir ningún tipo de ilegalidad”.
Agregó que “en consecuencia, nosotros vamos a tratar de evitar todo
tipo de futuro acto violento, pero es un territorio muy amplio, muy
grande en el que es difícil de llegar a todos lados; pero vamos a
tener una presencia fuerte e importante junto a los gobiernos provinciales;
coordinando con los gobiernos provinciales una presencia para que la
gente que vive en toda la zona, en la que ha habido atentados y muerte,
sepan que los vamos a cuidar a los argentinos que viven en el sur y que
se acabó el mundo del revés”.
Garavano finalizó: “la violación de la ley en Argentina tiene y va a tener consecuencias”.
Crónica de un accionar anunciado
En octubre pasado el diario La Nación publicó una nota donde se
declaraba que "el ministro de Defensa, Oscar Aguad, viene trabajando en
un ambicioso plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que
promete quebrar la rutina de los cuarteles. Por un lado, analiza la
posible reubicación geográfica de bases y unidades militares, algunas de
las cuales podrían cerrarse; por otro, evalúa autorizar la
participación de las tres fuerzas ante agresiones externas, incluidos
eventuales ataques terroristas"
Hoy, trascendidos de diferentes medios indican que “el Ministerio de
Seguridad dictó una resolución para que las fuerzas federales no
obedezcan las órdenes de los jueces si consideran que no son legales. En
una decisión inédita, los jefes policiales podrán decirles a los
magistrados que su interpretación de la ley no es la correcta. En el
Gobierno, no precisaron de qué forma se implementará esto y quién tomará
dentro de las fuerzas policiales la decisión ante la orden de un juez
(sostuvieron que no lo hará la autoridad política, sino la propia
policía)”(
Página12).
Si bien aún no existe un anuncio oficial desde el Ministerio de
Seguridad, está claro que los dichos de la ministra Bullrich de ayer no
fueron al azar, consecuencia de lo sucedido el fin de semana, sino que
aparentan ser una continuidad o un comienzo de la reestructuración
mencionada por Aguad meses atrás.
Y como para que no quede duda alguna, el presidente Mauricio Macri
dijo hoy que “hay que volver a la época en la que dar la voz de alto
significaba que había que entregarse”. Respecto a esta frase, María del
Carmen Verdú -abogada de Derechos Humanos y referente de Correpi- afirmó
que “es sencillamente la orden al aparato represivo estatal de aplicar
la Ley de Fugas sin disimulo; la orden de reprimir y fusilar sin
límites; lo mismo que la vicepresidenta Michetti mencionó el domingo en
la televisión donde nos había presentado su nueva tesis de, en caso de
duda, a favor de los represores; y dijo algo muy claro: ‘es la decisión
que hemos tomado como Estado’”.
Hablemos de terrorismo, pero del que el Estado pretende
aplicar contra los sectores organizados, las luchas populares y la
sociedad en general.
El accionar policial dejó a alrededor de 70
trabajadores heridos con balas de goma. Algunos de ellos recibieron los
disparos de munición no letal casi a quemarropa –en un caso, a 50 centímetros
de distancia- y en zonas del cuerpo muy sensibles, como el rostro y la zona
frontal que rodea a los ojos. Los manifestantes, que integran la delegación
Neuquén del gremio estatal ATE, recordaron que el ministro de Seguridad de la
gestión de Gutiérrez, Jorge Lara, responsable directo de la represión, ejercía
el mismo cargo en abril de 2007, cuando la policía neuquina asesinó al docente
Carlos Fuentealba con una granada de gas lacrimógeno lanzada desde menos de 2
metros. 
Editoriales ANP
