Continuidades
y rupturas de un proceso de colonización aún abierto, arremeten contra
la Nación Mapuche. Proyectos extractivistas, intereses financieros
continúan siendo el motor represivo contra los pueblos originarios. Las
luchas en un mundo cada vez mas violento, nos invita a reflexionar sobre
nuevas formas de articulación para pensar futuros posibles. Por Juan Gerez para ANRed
29 de Agosto(ANRED).-
Al enfrentar hoy al pueblo mapuche, vanguardia
de los pueblos originarios en la región sur de Abya Yala, el gobierno
nacional no solo busca resguardar los derechos de propiedad adquiridos
por Benetton y Lewis sino también recrudecer la política represiva
contra todo lo que se constituye como un proyecto político alternativo y
de oposición a su lógica extractivista. Con la detención ilícita de
Facundo Jones Huala (dado que se obtuvo su paradero a través de la
tortura de un familiar) y con la desaparición de Santiago Maldonado en
la represión contra el acampe mapuche en Pu-Lof que perpetró Gendarmería
y que aún encubre el gobierno, Cambiemos ha expresado la forma que hoy
adopta la represión sistemática a la que es sometido el pueblo mapuche, a
decir, atacar no solo las resistencias sino también acabar con las
solidaridades.
El contexto.
La Patagonia cuenta con una gran cantidad de minerales, yacimientos
fósiles, recursos hídricos, entre otros, que aún no han sido saqueados
por completo, podemos creer, en base a una análisis superficial de la
política tanto nacional como internacional y la estrategia de alianzas
del gobierno de Cambiemos, qué el trasfondo político y económico que
tracciona este avance contra el pueblo mapuche tiene por objeto no solo
garantizar el derecho de propiedad en el plano interno sino que deja
entrever un posible recrudecimiento (eventualmente luego de las
elecciones) en la política extractiva que lleva adelante el gobierno
nacional (si es que la demanda de materias primas a nivel global se
mantiene). En este sentido, la indispensable reorganización en el plano
normativo nacional ya fue ejecutada en sectores claves para la
financiación del estado como por ejemplo el agropecuario y el minero,
que han sido beneficiados con la quita de retenciones; o en el caso del
petrolero, generando ciertas condiciones de flexibilización en la
contratación de los trabajadores y en la protección del medio ambiente.
Paralelamente, y continuando en la línea de cortesías a las grandes
empresas vinculadas a estas actividades económicas, en los casos de
derrames tóxicos producidos en Minera la Alumbrera, los mismos no han
sido sancionados ni controlados en proporción al daño ambiental
producido, estableciendo cierto tipo de continuidad con el genocidio
ecológico llevado adelante por los gobiernos kirchnersitas (solo basta
mencionar los altos niveles de cáncer en las poblaciones linderas a las
plantaciones fumigadas con glifosato) y que permite a las
multinacionales continuar externalizando los daños ambientales en los
costos de producción.
Puesto que las consecuencias de la implantación de proyectos
extractivos suele implicar niveles de conflictividad altos, los
gobiernos han optado en general, por el uso de las fuerzas represivas
del estado como el modo de zanjar estas disputa, en lugar de escuchar a
la ciudadanía.
Dos hechos.
Dos datos en particular, podrían aportar argumentos a la hipótesis de
un posible recrudecimiento en el sector extractivo con especial foco en
la región patagónica en el plano nacional. Estos son, modernización de
las fuerzas represivas del estado (compra de armas a los Estados Unidos
para equipar militarmente a Cruz del Sur, la fuerza de Paz
argentino-chilena) y las giras internacionales que realizaron varios
meses atrás el presidente Mauricio Macri conjuntamente con el Gobernador
de Río Negro, Alberto Weretilneck. Sobre este último punto, no es menor
analizar la opinión del primer mandatario, qué, estando en China se
expresó sobre el lugar que él quiere que Argentina ocupe en el mercado
mundial: "Queremos dejar de ser el granero del mundo para ser el
supermercado del mundo". En sintonía con estas declaraciones, estando en
el reino de España, en lo referido al rol del “Plan Estratégico para la
Patagonia” manifestó: “Argentina tiene desarrollada la minería un 5
por ciento con relación a Chile, a pesar de que compartimos las mismas
riquezas a través de las mismas montañas”, para luego agregar “hemos puesto el foco en aprovechar la riqueza acuífera argentina, que está subexplotada”.
Cabe destacar que al compararnos con Chile, implica también de nuestra
parte, mencionar la persecución a la que es sometida el pueblo mapuche a
través de la aplicación de la ley antiterrorista en nuestro país
hermano. En este sentido, una ley similar fue creada durante el
kirchnerismo (en 2007 y modificada en 2011) en suelo argentino la cual
se establece como un amenazante y polémico trasfondo político para
cualquier tipo de resistencia. La persecución contra lo mapuche parece
hoy encontrar también en Argentina ecos en las palabras y acciones de la
actual ministra de defensa argentina P. Bullrich siempre que se ha
expresado en los temas referidos a la organización Resistencia Ancestral
Mapuche (RAM), a la prisión de F. Huala o la desaparición de Santiago
Maldonado.
Es necesario remarcar que los grupos de resistencia mapuche tienen
por objeto organizar acciones de autodefensa, resistencia, recuperación
y ocupación de sus tierras ancestrales que les fueron robadas. Por eso
entendemos que de esta manera, al perseguir a los mapuche, el mensaje
que el gobierno argentino quiere mostrar en el plano internacional es la
voluntad de garantizar la “relativa” seguridad jurídica (mientras que
no investigue los negociados de los grupos de poder) que solicita el
capital transnacional para invertir en condiciones favorables. Así, una
vez más, las ventajas comparativas con las que Argentina cuenta y con
las que se inserta en el mercado mundial implica la explotación y
privatización de los bienes comunes como la única lógica posible para
concretizar el ideario del progreso en el Sur del mundo. Entonces ¿cómo
generar y garantizar las condiciones para la explotación y privatización
de los bienes comunes con el objetivo de atraer al capital
transnacional? En pocas palabras, como crear con el menor nivel de
conflictividad posible en el territorio en cuestión, las zonas conocidas
como de “sacrificio”, áreas que luego de la ejecución de dichos
proyectos se vuelve completamente inhabitables. Y arribamos al mismo
resultado que ha aplicado el kirchnerismo; leyes favorables a las
grandes empresas, flexibilización, prebendas y represión. Y aquí es
donde se unen tanto el ajuste a la clase obrera como a la privatización
de los bienes comunes que surgen de las mismas condiciones estructurales
de la economía argentina y de su matriz de acumulación. Es por esto,
que ciertos acuerdos que realizó el gobierno de Macri tanto con el Club
de Paris como con el FMI ya los habían iniciado el kirchnerismo. Así,
estos arreglos con el capital financiero tienen como objetivo mostrar
hacia afuera que en Argentina se respetan los derechos del capital.
Una represión cíclica.
Este contexto requiere recrudecer la represión en los territorios de
la Patagonia que de alguna manera podríamos entender como cíclica, ya
que siempre fue y es alentada a lo largo de nuestra historia moderna por
las elites liberales y sus intereses vinculados a la explotación
intensiva de los bienes comunes privatizados. Pero también resulta
necesario recordar que estas elites se encuentra asentadas allí luego
del genocidio perpetrado en la “conquista del desierto” constituyéndose a
sí mismas como las dueñas de hecho del territorio patagónico y de todo
lo allí existente. En este sentido, la necesidad global de incorporar
nuevamente materias primas al mercado mundial como consecuencia en
especial de la tracción en la demanda efectuada por los BRICS se
traduce, desde hace más de quince años, en la expansión de las fronteras
agrícolas, de la ejecución de proyectos de minería a cielo abierto y/o
de fracking, entre otros. Dichos proyectos, en su mayoría, se ubican en
territorios pertenecientes a comunidades mapuche como cabe recordar en
el caso de Vaca Muerta con la comunidad Campo Maripe o en la comunidad
Winkul Newen en el en el paraje Portezuelo Chico (aquí sucedió la
detención y juicio a Relmu Ñamku durante el gobierno kirchnerista)
resultando siempre en la criminalización de la resistencia.
Por eso, entendemos que estas elites en complicidad con los
gobiernos, se constituyeron a sí mismas como dueñas individuales de los
bienes comunes y de todo lo que circule en este territorio. De modo que,
no importa un derrame de petróleo, las filtraciones de gas que produce
el fracking o la contaminación con cianuro en la minería a cielo
abierto, pues la inmensidad de ese territorio bautizado por Magallanes
como Patagonia es una "cosa vacía" en oferta para el mercado mundial.
Por lo tanto, la gente que vive allí, dentro de esta lógica, esta sobre
el territorio pero no puede formar parte de él, por eso la “Conquista
del Desierto” o la “Patagonia Rebelde” pueden llegar a entenderse
inscriptas en esta lógica represiva y extractiva. De modo que, no
resulta tan extraño que el ex ministro de educación E. Bullrich (familia
involucrada en la venta de tierras robadas a los indígenas) mencione
con total liviandad que desde el gobierno se intenta llevar adelante una
“nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”,
pues aún se parte de concebir a esta región como una cosa vacía (tanto
de conocimientos ancestrales como de gentxs) que debe ser llenada de
contenido a través de la lógica del progreso moderno. Por ello
tranquilamente desde este enfoque podemos concebirla como un
supermercado para el mundo. En pocas palabras, el progreso se traduce
allí en la utilización de las ventajas competitivas patagónicas para,
como en el caso de la minería, poder extraer oro utilizado
posteriormente en su mayoría en la especulación financiera.
Hacia una acumulación con más ajuste.
En este sentido, y más allá de la composición de clase del gobierno
de cambiemos, que claramente está asociado al capital financiero
internacional, este actual patrón de acumulación implica ajustar, como
ya mencionamos, sobre los sectores trabajadores con la intención de
generar condiciones favorables para una mayor apropiación de plusvalía.
El objetivo, claro está, es buscar que el capital se reinvierta
productivamente pero también el gobierno opta por continuar privatizando
los bienes comunes como forma de inserción en el mercado global.
Lamentablemente, esto también lo hubiese realizado un supuesto gobierno
de Scioli, tal vez con cierto gradualismo, pero puesto que ambos
comparten la misma matriz productiva, se entiende este patrón de
acumulación como el único camino posible para salir de la crisis
económica actual, a decir, mostrar una Argentina abierta a las
inversiones extranjeras en condiciones sumamente favorables. Por eso las
primeras series de contra reformas que el gobierno del PRO ha
realizado, paralelamente a la quita de retenciones, han sido contra la
clase obrera y sus conquistas, llevando adelante un proceso de
transferencia de la riqueza hacia los sectores más pudientes a costa de
los primeros y generando condiciones favorables para el capital. Sin
embargo, este proceso de lucha aún se encuentra con un final abierto
como lo demuestra el caso de PepsiCo.
En lo concreto, el objetivo que se ha planteado el gobierno de
Cambiemos es crear las condiciones para mejorar las posibilidades de
generación de plusvalía abaratando el valor de la mano de obra y
disciplinando a la clase obrera, mientras que paralelamente desarrolla
un control de la economía nacional enmarcado en medidas económicas de
tipo monetarista, por eso ha quitado también las restricciones a los
movimientos financieros. Del mismo modo, se han ejecutado una serie de
ajustes en el plano nacional que busca reducir el gasto público y la
circulación de dinero, aspecto que permitió durante los gobiernos neo
extractivitas progresistas generar entre los sectores trabajadores
cierto consenso a través de otra forma distributiva que hoy entró en
crisis. Por lo tanto, si en una etapa anterior se advertía con facilidad
cierta dificultad en trazar alianzas entre movimientos de defensa del
medio ambiente con sus prácticas alternativas y los sectores
trabajadores, hoy podría llegar a pensarse posible que tal obstáculo
podría modificarse si es que se logra romper, a través de movimientos de
base en ciertos sectores estratégicos de la economía, con las
burocracias sindicales.
Un futuro posible.
Sobre la generación de plusvalía y la privatización de los bienes
comunes podemos ver claramente el recrudecimiento de la explotación
sobre ambos sectores y como consecuencia, el aumento de una
conflictividad social que aún no puede encontrar una articulación clara.
En este contexto un primer paso podría partir desde un doble
movimiento; uno “hacia afuera” en alianza con los otrxs, y un “hacia
adentro”, como crítica ética a nuestra forma y valores de vida. Un
“hacia afuera” que implique conocernos a los otrxs desde las
resistencias a lo que nos duele y nos hace mal, y retomando antiguas y
modernas discusiones, se piense lo justo en términos de “el consumo”
como aquello que es útil para la reproducción de la vida, siempre
incluyendo y pensando en el otro. Esto degenera en una crítica a la
matriz productiva extractivita y a nuestra forma de vida y debe suponer
propuestas concretas de producción basadas en los bienes comunes y la
autogestión como una plataforma para crear y refundar formas de vida,
espacios de resistencias, pueblos originarios, campesinxs, movimientos
sociales, cooperativas, partidos políticos, entre otros, que busquen
incorporar estas demandas y prácticas en una lógica que se oponga a esas
condiciones que imponen las relaciones sociales capitalistas, es
decir, contra ese país marcado a fuego desde la contrarrevolución, que a
base de un mayor sacrificio en todos sus ámbitos, busca siempre
tornarse más competitivo, lo que se supone que es insertarse en el
mundo.
Por eso, para pensarnos nosotros, los que defendemos el amor, la vida
y la libertad sobre el cuerpo, nuestro futuro, que es político, debería
enfrentarse directamente contra el capital y la forma de apropiación y
distribución de la plusvalía pero con propuesta concreta aquí y ahora.
Pero para iniciar este camino a la redención como pueblo, en este “hacia
afuera” y “hacia adentro”, es necesario comenzar a criticar nuestra
argentinidad (que tiene casi apenas ciento cincuenta años de historia)
para que en el “hacia afuera” podamos entender a los mapuche y los otros
treinta y siete pueblos naciones que habitan en el territorio hoy
conocido como Argentina, como lo que siempre son y fueron; actores
políticos activos con intereses propios y diversos.
Por eso, este camino a recorrer se torna urgente si es que aún
queremos salvar y reunificarnos con la madre tierra. Una emancipación a
ser construida en perspectiva histórica nos aguarda pero este esfuerzo
implica repensar desde todos los enfoques teóricos (en especial, desde
la teoría crítica) el vínculo entre progreso moderno y pueblos
originarios para en el mismo acto unirnos en la resistencia. Y es así
que al enfrentar los proyectos neoliberales que nos objetivan cómo un
“supermercado” de Gentxs y Pachamama privatizadxs la resistencia se
torna legitima como pueblo. Paralelamente, nuestro “hacia adentro”
implica el compromiso de criticarnos y reformular la relación que tiene
nuestro socialismo con la naturaleza para que gente y Pachamama abandone
la historia de aquella escisión fundacional que los interpela como dos
ámbitos separados, estrategia esencial para el sistema mundo
moderno/colonial capitalista/patriarcal. Porque si de algo al menos
podemos estar seguros es de que este recrudecimiento represivo contra
los mapuche y contra nosotrxs recién comienza. Entre la tensión entre el
“hacia afuera” y el “hacia adentro” habita en nosotrxs la situación
para ver en este contexto una oportunidad para construir un socialismo
inclusivo, ya no más eurocéntrico, colonial y patriarcal. De lo
contrario, podemos contentarnos con la mera denuncia de la represión a
los pueblos originarios.
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