CONFERENCIA DE PRENSA EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES RECHAZARON LA REFORMA DE LA LEY 24.660
Foto: Juan Cicale
(APL)
“La manipulación demagógica del femicidio de Micaela jugó un papel
fundamental en la activación del tratamiento de la ley y vino a reponer
un discurso altamente represivo y punitivista. Esta reforma nos atrapa
en el endurecimiento de la política penal, simplificando la realidad y
ubicando en el mismo plano delitos de diferente orden, como los delitos
contra la propiedad, los delitos contra la integridad sexual, y el
femicidio. Experiencias de este tipo de reformas
las vivimos años anteriores con la llamada Ley Blumberg (2004), y con
el fracaso que supuso la conocida Ley Petri en Mendoza (2012), y las
estadísticas que surgieron desde su entrada en vigencia confirman que
creció sostenidamente la población carcelaria y
sin impacto sobre el delito, evidenciando que el problema de la
seguridad no se resuelve con más cárcel”. Parte del documento que leyó
María Medrano, texto que fue elaborado por Nora Cortiñas (Madres de
Plaza de Mayo – Línea Fundadora); Red de Cooperativas
de Liberados y Organizaciones Sociales en Contextos de Encierro;
Universidad Nacional de San Martín (IDAES,
CUSAM, Programa de Articulación Territorial /
UNSAM); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ; Comisión Provincial por la Memoria (CPM)–Procuración Penitenciaria Nacional (PPN);
Programa de Extensión en Cárceles-Facultad
de Filosofía y Letras- UBA; Colectivo Ni una menos y Curas en la Opción
por los pobres. Todos ellos participaron de la conferencia de esta
mañana. Más abajo, texto completo del pronunciamiento y adherentes.
La Cámara de Diputados de la Nación discutirá en los próximos días la
modificación de la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la
libertad (expediente CD 90/16). Distintas organizaciones sociales,
organismos de derechos humanos, universidades,
fundaciones, académicos, operadores judiciales, familiares y personas
detenidas y liberadas manifestamos nuestra preocupación ante lo que
consideramos una respuesta rápida e ineficaz al problema de la
inseguridad que nos atraviesa”.
La manipulación demagógica del femicidio de Micaela jugó un papel fundamental en la activación del tratamiento de la ley y vino a reponer un discurso altamente represivo y punitivista. Esta reforma nos atrapa en el endurecimiento de la política penal, simplificando la realidad y ubicando en el mismo plano delitos de diferente orden, como los delitos contra la propiedad, los delitos contra la integridad sexual, y el femicidio. Experiencias de este tipo de reformas las vivimos años anteriores con la llamada Ley Blumberg (2004), y con el fracaso que supuso la conocida Ley Petri en Mendoza (2012), y las estadísticas que surgieron desde su entrada en vigencia confirman que creció sostenidamente la población carcelaria y sin impacto sobre el delito, evidenciando que el problema de la seguridad no se resuelve con más cárcel.
En relación a los delitos contra la integridad sexual y los femicidios, sobre los que se apoya no solo esta reforma sino parte del discurso mediático, creemos que a diferencia de los otros delitos, éstos requieren de un tratamiento específico y de dispositivos acordes a su complejidad.
La ley vigente tiene como objetivo a través de la progresividad de la pena preparar a las personas para asumir una libertad responsable. Lo cierto es que la ley no se cumple. Creemos que esta reforma acentuará los conflictos y no plantea soluciones a las problemáticas existentes en las cárceles: la superpoblación, el hacinamiento, la falta de asistencia a la salud e higiene, el acceso a la educación, la mala alimentación, la violencia física y psicológica, y el uso de la tortura como prácticas habituales.
La norma tampoco propone soluciones a la falta de políticas pos penitenciarias, lo que supone falta de compromiso y seguimiento con los liberados y más desatención de las víctimas, y en términos legales viola el principio de resocialización que es el único fundamento de la pena en nuestra Constitución Nacional y desconoce los tratados internacionales a los que nuestro país ha subscripto.
La población que habita las cárceles se compone mayormente de personas que provienen de familias pobres con un bajo nivel educativo y que se encontraban desocupadas al momento de su detención. Desde nuestra experiencia en el trabajo dentro y fuera de las cárceles, podemos afirmar que la posibilidad de estudiar y trabajar en el encierro, así como en las salidas transitorias, amplían el mapa de relaciones afectivas y de contención material, permitiendo la transformación hacia nuevos modos de vida. Según un estudio realizado en el año 2015 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria Nacional, el 85 % de las personas privadas de libertad que estudian, no reinciden. Esta es una verdadera política de seguridad.
En respuesta a esta reforma queremos presentar nuestro trabajo como otro modelo de construcción de una sociedad más segura y con pleno ejercicio de derechos para todos sus ciudadanos. Los firmantes llevamos a cabo propuestas académicas, educativas y de formación en artes y oficios, y conformamos cooperativas de trabajo como medios para la subsistencia; estudiamos el régimen de ejecución de la pena; desarrollamos dispositivos de acompañamiento integral y construimos herramientas concretas para la integración social y laboral de personas privadas de libertad, liberados y familiares. Creemos que estas acciones son herramientas eficaces para evitar la reincidencia.
Tal como sucedió en la Cámara Alta, donde se pudieron escuchar todas las voces, exigimos que los diputados abran el debate y convoquen a las organizaciones, instituciones, familiares y liberados para pensar conjuntamente otros modos de abordar el problema de la inseguridad, en vez de disponerse a aprobar rápidamente una reforma que, creemos, no solucionará los conflictos dentro ni fuera de las cárceles.
Adhieren:
Frente Sin Reversa -Instituto de Estudios Comparados de Ciencias penales y sociales (INECIP) – Centro de Estudios de Ejecución Penal – Facultad de Derecho (CEEP -UBA) – Centro
de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) – Campaña Nacional contra la Violencia Institucional – Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD) – Grupo de Estudios sobre Educación
en Cárceles (GESEC) – Cátedra de derecho penal y género. Especialización en derecho penal.
UNLP – Programa de Estudios Sobre el Control Social (PECOS) –
IIGG – UBA – Instituto de Investigación y Experimentación Política (IIEP) – Cátedra de Formación y Acción Comunitaria de la Secretaría de Cultura
UNLP – Agencia Para la
Libertad- Fundación El Arte de Vivir- Comisión Investigadora de la
Violencia en los territorios – Colectivo Radio La Cantora – Atrapamuros –
Asociación Civil Camino hacia el Siglo
XXI – Centro de Orientación para Familiares de Detenidos (COFAM)
-Agrupación Lucía Cullen – YvyPorá Tierra Fertil – Comisión Nacional de
Liberados -Cazona de Flores – Centro de Formación Profesional N° 24–
Colectivo de Mujeres Osadía – Colectivo Trafo– Frente Social y Político
La Brecha – H.I.J.O.S Capital – Biblioteca Popular La Carcova – Centro
Cultural Deportivo y Los Amigos – Mesa Reconquista – Clínica de la
Vulnerabilidad Programa
UBA XXII- Asociacion Miguel Bru y Asociacion Pensamiento Penal
La manipulación demagógica del femicidio de Micaela jugó un papel fundamental en la activación del tratamiento de la ley y vino a reponer un discurso altamente represivo y punitivista. Esta reforma nos atrapa en el endurecimiento de la política penal, simplificando la realidad y ubicando en el mismo plano delitos de diferente orden, como los delitos contra la propiedad, los delitos contra la integridad sexual, y el femicidio. Experiencias de este tipo de reformas las vivimos años anteriores con la llamada Ley Blumberg (2004), y con el fracaso que supuso la conocida Ley Petri en Mendoza (2012), y las estadísticas que surgieron desde su entrada en vigencia confirman que creció sostenidamente la población carcelaria y sin impacto sobre el delito, evidenciando que el problema de la seguridad no se resuelve con más cárcel.
En relación a los delitos contra la integridad sexual y los femicidios, sobre los que se apoya no solo esta reforma sino parte del discurso mediático, creemos que a diferencia de los otros delitos, éstos requieren de un tratamiento específico y de dispositivos acordes a su complejidad.
La ley vigente tiene como objetivo a través de la progresividad de la pena preparar a las personas para asumir una libertad responsable. Lo cierto es que la ley no se cumple. Creemos que esta reforma acentuará los conflictos y no plantea soluciones a las problemáticas existentes en las cárceles: la superpoblación, el hacinamiento, la falta de asistencia a la salud e higiene, el acceso a la educación, la mala alimentación, la violencia física y psicológica, y el uso de la tortura como prácticas habituales.
La norma tampoco propone soluciones a la falta de políticas pos penitenciarias, lo que supone falta de compromiso y seguimiento con los liberados y más desatención de las víctimas, y en términos legales viola el principio de resocialización que es el único fundamento de la pena en nuestra Constitución Nacional y desconoce los tratados internacionales a los que nuestro país ha subscripto.
La población que habita las cárceles se compone mayormente de personas que provienen de familias pobres con un bajo nivel educativo y que se encontraban desocupadas al momento de su detención. Desde nuestra experiencia en el trabajo dentro y fuera de las cárceles, podemos afirmar que la posibilidad de estudiar y trabajar en el encierro, así como en las salidas transitorias, amplían el mapa de relaciones afectivas y de contención material, permitiendo la transformación hacia nuevos modos de vida. Según un estudio realizado en el año 2015 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria Nacional, el 85 % de las personas privadas de libertad que estudian, no reinciden. Esta es una verdadera política de seguridad.
En respuesta a esta reforma queremos presentar nuestro trabajo como otro modelo de construcción de una sociedad más segura y con pleno ejercicio de derechos para todos sus ciudadanos. Los firmantes llevamos a cabo propuestas académicas, educativas y de formación en artes y oficios, y conformamos cooperativas de trabajo como medios para la subsistencia; estudiamos el régimen de ejecución de la pena; desarrollamos dispositivos de acompañamiento integral y construimos herramientas concretas para la integración social y laboral de personas privadas de libertad, liberados y familiares. Creemos que estas acciones son herramientas eficaces para evitar la reincidencia.
Tal como sucedió en la Cámara Alta, donde se pudieron escuchar todas las voces, exigimos que los diputados abran el debate y convoquen a las organizaciones, instituciones, familiares y liberados para pensar conjuntamente otros modos de abordar el problema de la inseguridad, en vez de disponerse a aprobar rápidamente una reforma que, creemos, no solucionará los conflictos dentro ni fuera de las cárceles.
Adhieren:
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