El llamado “Plan de Desburocratización y Reforma del Estado” lanzado por el gobierno, forma parte de una profunda reforma de éste, que no sólo afectará a los trabajadores del área pública. Todo indica la pretensión de que se convierta en el ejemplo a seguir para el conjunto de las relaciones laborales del país. Red Eco Alternativo
(Pablo Marrero y Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina- Con la idea de
reducir gastos y de tener un Estado eficiente - habría que preguntarse
para qué y para quienes - el llamado “Plan de desburocratización del
Estado” define medidas que deben empezar a aplicarse en forma inmediata.
La implementación de un censo de todos los empleados efectivos y temporarios, la modificación y redistribución de cargos y el congelamiento de las vacantes, forman parte del esqueleto de este plan que deja traslucir las intenciones del gobierno de dar “ejemplo” a seguir para caer sobre la cabeza al conjunto de los trabajadores.
Por el camino que viene transitando este gobierno en el área estatal desde su asunción, está más que claro que esto significará más despidos. Pero quedarse sólo en esto, más allá de su gravedad, impediría ver en profundidad lo que pretenden.
El plan plantea la implementación de cursos de capacitación para instalar el concepto de “meritocracia”. Esto significa un sistema de premios y castigos al trabajador al que se suma la implementación de las mejoras salariales sobre la base de la productividad. Es decir, hablando lisa y llanamente, se trata de reducción de personal (más despidos) y ataque al Convenio Colectivo de Trabajo, ya que rompe con el criterio salarial de acuerdo a la Categoría, introduciendo el criterio de mérito y productividad y, por lo tanto, flexibilización y más explotación.
Así como creemos que sería un error quedarse solo en el tema de los despidos para achicar el Estado, lo es también pensar que este tema atañe exclusivamente a los trabajadores estatales.
Es necesario ver el marco en que se toman estas medidas. Qué otras acciones viene realizando el gobierno, a quiénes perjudican y a quiénes favorecen. Hay que prestarle atención a los dichos del Secretario de Empleo, Miguel Ponte: “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral. Como en el organismo lo es comer y descomer”. Esto no es un desliz sino una excelente síntesis del pensamiento de este gobierno.
Hace pocos días se firmó un acuerdo entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de Neuquén, las empresas que trabajan en los yacimientos de petroleo y gas no convencional y el sindicato de Petroleros, que permite, entre otras cosas, la reducción de personal en pozo y trabajo gratuito de horas extras. Pero además el gobierno viene definiendo medidas en otros sectores como la restauración de pasantías que van a precarizar a más trabajadores; la necesidad de la rebaja de aportes patronales, la intensión de reformar el Régimen de Riesgo de Trabajo - ya malo, pero sin duda lo que viene será aún peor para los trabajadores - y el intento de implementación de cláusulas de productividad.
Y aunque el gobierno lo niegue, el Plan lleva al Estado la flexibilización que recoge de estas medidas y volverá como un bumerang sobre los trabajadores de la actividad privada.
Puntos salientes del Plan
La Decisión Administrativa 12, vigente desde el jueves 12 de enero, establece varias medidas para reestructurar la Administración Pública Nacional. Con el fin de hacer más “eficiente” el gasto público, persigue como objetivo “ahorrar” entre 60.000 y 80.000 millones de pesos en los próximos tres años.
Firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y por el flamante Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, será llevada a cabo conjuntamente entre éste último y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Los principales puntos de este plan son:
1-En los próximos 30 días, las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional deberán informar detalladamente al ministerio de Modernización los cargos ocupados al 31 de diciembre de 2016, por personal permanente y temporario.
2- La Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, previa intervención de la Jefatura de Gabinete de Ministros, podrá modificar la mencionada distribución de cargos.
3- Se congelarán las vacantes y se realizará un censo de los trabajadores del Estado con el objetivo de evaluar el “personal óptimo” en cada lugar.
4-No se podrán efectuar contrataciones que superen la cantidad existente al 31 de diciembre de 2016, aunque la Secretaría de Modernización podrá modificar dicha distribución.
5- Luego se distribuirán los cargos que se encuentren actualmente ocupados y las horas de cátedra.
6- El resto, hasta alcanzar el número los 692.881cargos fijados en la ley de Presupuesto 2017 (Planta permanente: 376.120 Cargos. Planta temporaria: 14.622 Cargos. Horas de cátedra: 302.139), se reservarán en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
7- Se realizará una reestructuración del gasto público para reducir secretarias, subsecretarias, organismos del Estado y empresas de sector público. Se buscará unificar funciones duplicadas en un solo lugar, como los programas con las mismas finalidades que hay en distintos ministerios.
8- Se dictarán cursos de capacitación del personal y habrá concursos para los mandos intermedios. El objetivo es instalar lo que en el Gobierno definen como "meritocracia", con premios y castigos para los trabajadores estatales.
9- Con las tareas de capacitación se permitirá después la designación por concurso de los alrededor de 3.000 cargos de coordinadores y directores en la administración pública nacional que se deben renovar.
10- Las mejoras salariales estarán atadas a la “productividad” en el Estado.
11- A partir de marzo se comenzarán a analizar las listas y a seleccionar alrededor de unos 300 casos para participar en los concursos. La idea es, no más de 15 por cada ministerio.
A modo de cierre
En este marco, sin duda, la reforma planteada en el Estado es un paso serio para disciplinar en el mismo sentido al conjunto de las relaciones laborales que se entablen en el país: estatales y privadas.
La idea no es nueva; se trata de reducir costos laborales a favor de las empresas, generar más garantías y mejores condiciones para la inversión y así reactivar la economía. Lamentablemente sabemos lo que dejó la década del 90 con estos planes.
Es de suma importancia frenar este plan; pero para eso es necesario en primer lugar tener en claro que esto no puede quedar en mano exclusivamente de los trabajadores estatales. Es necesario abordarlo desde el conjunto del movimiento obrero. El primer paso debe ser una gran campaña de esclarecimiento hacia toda la población, ya que muchas de estas medidas del gobierno seguramente cuentan con consensos construidos sobre la estigmatización del empleado público.
Enfrentar esto necesita un accionar decidido en el que se involucre una importante porción de nuestro pueblo y en este sentido le cabe una responsabilidad histórica al movimiento obrero, que debe hacer punta en esta batalla y sumar tras de sí al resto. Lamentablemente una parte importante de la dirigencia sindical está mirando para otro lado. Modificar esta actitud va a determinar nuestra capacidad de lucha y a esto hay que apostar desde los trabajadores que intentan construir otro tipo de sindicalismo.
19 de enero de 2016
La implementación de un censo de todos los empleados efectivos y temporarios, la modificación y redistribución de cargos y el congelamiento de las vacantes, forman parte del esqueleto de este plan que deja traslucir las intenciones del gobierno de dar “ejemplo” a seguir para caer sobre la cabeza al conjunto de los trabajadores.
Por el camino que viene transitando este gobierno en el área estatal desde su asunción, está más que claro que esto significará más despidos. Pero quedarse sólo en esto, más allá de su gravedad, impediría ver en profundidad lo que pretenden.
El plan plantea la implementación de cursos de capacitación para instalar el concepto de “meritocracia”. Esto significa un sistema de premios y castigos al trabajador al que se suma la implementación de las mejoras salariales sobre la base de la productividad. Es decir, hablando lisa y llanamente, se trata de reducción de personal (más despidos) y ataque al Convenio Colectivo de Trabajo, ya que rompe con el criterio salarial de acuerdo a la Categoría, introduciendo el criterio de mérito y productividad y, por lo tanto, flexibilización y más explotación.
Así como creemos que sería un error quedarse solo en el tema de los despidos para achicar el Estado, lo es también pensar que este tema atañe exclusivamente a los trabajadores estatales.
Es necesario ver el marco en que se toman estas medidas. Qué otras acciones viene realizando el gobierno, a quiénes perjudican y a quiénes favorecen. Hay que prestarle atención a los dichos del Secretario de Empleo, Miguel Ponte: “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral. Como en el organismo lo es comer y descomer”. Esto no es un desliz sino una excelente síntesis del pensamiento de este gobierno.
Hace pocos días se firmó un acuerdo entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de Neuquén, las empresas que trabajan en los yacimientos de petroleo y gas no convencional y el sindicato de Petroleros, que permite, entre otras cosas, la reducción de personal en pozo y trabajo gratuito de horas extras. Pero además el gobierno viene definiendo medidas en otros sectores como la restauración de pasantías que van a precarizar a más trabajadores; la necesidad de la rebaja de aportes patronales, la intensión de reformar el Régimen de Riesgo de Trabajo - ya malo, pero sin duda lo que viene será aún peor para los trabajadores - y el intento de implementación de cláusulas de productividad.
Y aunque el gobierno lo niegue, el Plan lleva al Estado la flexibilización que recoge de estas medidas y volverá como un bumerang sobre los trabajadores de la actividad privada.
Puntos salientes del Plan
La Decisión Administrativa 12, vigente desde el jueves 12 de enero, establece varias medidas para reestructurar la Administración Pública Nacional. Con el fin de hacer más “eficiente” el gasto público, persigue como objetivo “ahorrar” entre 60.000 y 80.000 millones de pesos en los próximos tres años.
Firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y por el flamante Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, será llevada a cabo conjuntamente entre éste último y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Los principales puntos de este plan son:
1-En los próximos 30 días, las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional deberán informar detalladamente al ministerio de Modernización los cargos ocupados al 31 de diciembre de 2016, por personal permanente y temporario.
2- La Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, previa intervención de la Jefatura de Gabinete de Ministros, podrá modificar la mencionada distribución de cargos.
3- Se congelarán las vacantes y se realizará un censo de los trabajadores del Estado con el objetivo de evaluar el “personal óptimo” en cada lugar.
4-No se podrán efectuar contrataciones que superen la cantidad existente al 31 de diciembre de 2016, aunque la Secretaría de Modernización podrá modificar dicha distribución.
5- Luego se distribuirán los cargos que se encuentren actualmente ocupados y las horas de cátedra.
6- El resto, hasta alcanzar el número los 692.881cargos fijados en la ley de Presupuesto 2017 (Planta permanente: 376.120 Cargos. Planta temporaria: 14.622 Cargos. Horas de cátedra: 302.139), se reservarán en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
7- Se realizará una reestructuración del gasto público para reducir secretarias, subsecretarias, organismos del Estado y empresas de sector público. Se buscará unificar funciones duplicadas en un solo lugar, como los programas con las mismas finalidades que hay en distintos ministerios.
8- Se dictarán cursos de capacitación del personal y habrá concursos para los mandos intermedios. El objetivo es instalar lo que en el Gobierno definen como "meritocracia", con premios y castigos para los trabajadores estatales.
9- Con las tareas de capacitación se permitirá después la designación por concurso de los alrededor de 3.000 cargos de coordinadores y directores en la administración pública nacional que se deben renovar.
10- Las mejoras salariales estarán atadas a la “productividad” en el Estado.
11- A partir de marzo se comenzarán a analizar las listas y a seleccionar alrededor de unos 300 casos para participar en los concursos. La idea es, no más de 15 por cada ministerio.
A modo de cierre
En este marco, sin duda, la reforma planteada en el Estado es un paso serio para disciplinar en el mismo sentido al conjunto de las relaciones laborales que se entablen en el país: estatales y privadas.
La idea no es nueva; se trata de reducir costos laborales a favor de las empresas, generar más garantías y mejores condiciones para la inversión y así reactivar la economía. Lamentablemente sabemos lo que dejó la década del 90 con estos planes.
Es de suma importancia frenar este plan; pero para eso es necesario en primer lugar tener en claro que esto no puede quedar en mano exclusivamente de los trabajadores estatales. Es necesario abordarlo desde el conjunto del movimiento obrero. El primer paso debe ser una gran campaña de esclarecimiento hacia toda la población, ya que muchas de estas medidas del gobierno seguramente cuentan con consensos construidos sobre la estigmatización del empleado público.
Enfrentar esto necesita un accionar decidido en el que se involucre una importante porción de nuestro pueblo y en este sentido le cabe una responsabilidad histórica al movimiento obrero, que debe hacer punta en esta batalla y sumar tras de sí al resto. Lamentablemente una parte importante de la dirigencia sindical está mirando para otro lado. Modificar esta actitud va a determinar nuestra capacidad de lucha y a esto hay que apostar desde los trabajadores que intentan construir otro tipo de sindicalismo.
19 de enero de 2016
Editoriales ANP
