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viernes, 20 de mayo de 2016

CEM 94: SI NO HAY RESPUESTA HAY MOVILIZACIÓN

El Bolsón (ANPP).- Sobre el problema de la falta de recursos en el secundario nocturno para jóvenes y adultos, Radio La Negra charló con la vicedirectora Marcia Torres (ver nota: http://radiolanegra.blogspot.com.ar/2016/05/el-cem-94-por-la-educacion-inclusiva.html). Pero además y como parte de las actividades de visibilización de la problemática han sacado a la luz de los medios de comunicación un Comunicado de Prensa. A continuación lo reproducimos:



CEM 94 MOVILIZADO ANTE LA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS

Desde el CEM 94 creemos que es importante abordar la problemática de la falta de cargos que garanticen la inclusión. Nuestra escuela no cuenta con las designaciones necesarias para conformar un equipo de apoyo a la inclusión, que pueda abordar de manera integral la diversidad de problemáticas que se manifiestan en la institución.
 Por ello, luego de haber agotado las vías administrativas desde hace más de 10 años, nos vemos en la situación de tomar diversas medidas que visibilicen esta problemática y exigir una respuesta de las autoridades.  Lo asumimos como una manera inmediata y necesaria de reclamar nuestros derechos como comunidad educativa y garantizar el derecho social de la educación de nuestros estudiantes.
Nuestra institución viene rediseñando su Proyecto Educativo, implementando una política de inclusión, principalmente, con la aplicación de las trayectorias escolares. Se ha ido avanzando en la discusión, se están llevando a cabo diversos proyectos y propuestas que enlazan a la escuela con la comunidad, se ha avanzado en la producción de módulos, se trabaja en red con otras instituciones destinadas a la protección de derechos.
Ante lo expuesto exigimos la designación de los cargos necesarios para cumplir con el proyecto que se viene desarrollando en la escuela, que no vulneren los derechos de nuestros estudiantes.

Comunidad Educativa CEM 94
TELÉFONOS DE CONTACTO:  Claudia Paladini: Directora CEM 94       154911952
                                                    Marcia Torres: Vicedirectora CEM 94    154615722
                                                    Leandro García: Docente CEM 94            154605703

EDITORIAL DE FM ALAS: EL TERRITORIO DE LA PALABRA

(La Minga de Alas).-EDITORIAL DEL COLECTIVX ALAS:

Cuando hablamos de legislar los medios de comunicación, hay múltiples planos de análisis. Empecemos en el 2004, cuando una coalición de diversos actores relacionados con la comunicación audiovisual se empezaron a juntar para exigir una nueva ley al respecto para reemplazar la que había quedado vigente desde la dictadura. Pasaron cinco años de debate en un proceso público y democrático nunca antes visto en legislación a nivel nacional aunque con algunas escenas reprochables de autoritarismo que sobre todo padecieron quienes impulsaron miradas críticas desde proyectos alternativos, comunitarios y populares. Se promulgó una ley con muchísimos elementos loables, representando un avance tremendo en materia de democratización de la comunicación, diversidad de perspectivas, reducción de la concentración, fomento para la comunicación no comercial, y muchas cosas más. También la ley tenía varias falencias, principalmente que metía en el mismo paquete a los medios comunitarios, alternativos y populares con las iglesias, los sindicatos y las fundaciones, por ejemplo la Asociación del Fútbol Argentino, bajo la denominación de “sector sin fines de lucro”. Pero aún teniendo en cuenta eso, hasta ahí el proceso iba en avance hacia algo mejor.
Luego pasaron años en que la ley nunca fue implementada en su totalidad. Las emisoras comunitarias que reclamaban licencias no las conseguían. Las pocas que ya contaban con licencia (como FM ALAS) se encontraban con que las exigencias de la ley se implementaban pero no los beneficios, o se dependía del amigismo selectivo por parte de los funcionarios. Y el proceso de desconcentración nunca se concretó del todo, debido al proceso judicial iniciado por el Grupo Clarín o a la ausencia de voluntad política para regular a empresarios kirchneristas como el grupo Szpolski. Todo a pesar de que, como señaló Martín Becerra de la Universidad Nacional de Quilmes, “la Corte Suprema de Justicia argentina en 2013, con el aval de seis jueces contra uno, entendió que es obligación inexcusable del Estado generar políticas públicas de estímulo al pluralismo y, en consecuencia, de restricción de la concentración.”
Todo eso fue un retroceso, ya que lo positivo que se consiguió con la legislación no se manifestaba en la realidad. Pero por lo menos existía la legislación. Luego llegó el nuevo gobierno, y borró los avances conseguidos con el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15, que destrozó los elementos más importantes de la ley. Y el Congreso, donde Macri no cuenta con mayoría propia, avaló el decreto en vez de invalidarlo, un acto tan vergonzoso y antidemocrático como el decreto en sí. Podemos entrar en detalle en todo lo que implica esto en el plano concreto, pero en este momento preferimos resumirlo como bien señalaba Horacio Verbitsky del Centro de Estudios Legales y Sociales hace un mes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada.”
Es notable la respuesta de parte del gobierno argentino a las preocupaciones planteadas por el CELS y otras organizaciones. Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, declaró “Desde 10 de diciembre, la confrontación con el periodismo ha terminado en Argentina,” y lo fundamenta diciendo que Macri hace conferencias de prensa regulares, no usa los medios públicos para avanzar su agenda partidaria, no abusa de la cadena nacional, y que ha normalizado el trato con la prensa.
Surgen varias observaciones, más allá de que sus dichos coincidan o no con la realidad:
Primero, nada de lo que dijo tenía que ver con el decreto ni la ley, sino con las prácticas de Macri con la prensa. Básicamente, dijo “no importa que hagamos leyes antidemocráticas que fomentan la concentración y mercantilización de la comunicación, porque nos portamos bien con los periodistas que cubren la Casa Rosada.”
Segundo, el comportamiento de un presidente de turno nada tiene que ver con el marco legal que regula la comunicación, y justamente la legislación tiene que estar a prueba de las diferentes prácticas que puede tener cada gobierno. Por eso en parte la AFSCA era un ente autárquico que no dependía del ejecutivo. Pero la aniquilaron a favor de un ente cuyos integrantes controla la Presidencia de la Nación.
Tercero, el gobierno se basa en un concepto de libertad de expresión como una “libertad negativa”, es decir, no se puede hacer nada para interferir en lo que nadie haga para expresarse. Como dijo Verbitsky, sin regulación estatal deriva en la ley del más fuerte. La libertad positiva, en cambio, sería tomar acciones concretas para intentar garantizar que la libertad de expresión sea universal y no sólo para quienes tienen el poder económico.
Cuarto, usa el término “periodismo” para referirse a los grandes medios corporativos. No hace falta más comentarios. Y quinto, para darnos cuenta justamente del peligro presente en la concentración mediática, notamos que el tratamiento del decreto 267 en esos grandes medios corporativos generalmente tenía como título principal alguna variante de que “terminó la guerra del Estado contra el periodismo.” Si esa es la lectura que nos provee “el periodismo”, es evidente que hace falta otro periodismo.
¿Qué lecciones aprendemos de toda esta secuencia?
Uno: que confiar en una legislación nunca nos garantiza nuestros derechos ni nuestras necesidades. Si ALAS, por ejemplo, hubiera basado su existencia en que se bajaran fondos del estado, nunca habría perdurado 28 años en el aire. Si existe tal apoyo, mejor, pero sino, igual seguimos camino.
Dos: es evidente que cuando todo queda en manos del mercado, termina concentrando cada vez más la riqueza y el poder en pocas manos. Esto sucede con el mercado de alimentos, el mercado inmobiliario, el mercado de la energía, el mercado de las campañas electorales, y todos los otros sectores que se han vuelto comerciales. Todo lo que se vuelve mercancía produce relaciones de desigualdad. Si se sigue mercantilizando la comunicación, no sólo se concentrarán dinero y poder como resultado, sino también los pensamientos.
Tres: En momentos como éste, de agudización de los procesos de injusticia y desigualdad en varios planos, los medios dominantes vuelcan perspectivas más engañosas, y más personas buscan en los medios no comerciales para entender su entorno. Esto nos obliga a pensar formas de fortalecernos como medios comunitarios que eviten los ciclos de crisis. La cosa se pone pesada, más gente escucha la radio comunitaria, y si la radio precisa ayuda, está. Cuando afloja la situación, menos gente escucha, y su ayuda también es menguante.
Cuatro: El atributo de la palabra en el discurso público corre graves peligros. Con el internet, existen casi tantas formas de informarse como personas, y entre tanto ruido es difícilismo encontrar señales claras. Entre tantas falsedades es difícil encontrar algo confiable, a tal punto que casi cualquier información se torna cuestionable. La única opción que nos queda es generar la confianza a largo plazo con quienes son dignos de ella, y evitar así los engaños constantes.
Cinco: Como en tantos otros planos sociales donde nos vemos obligados a enfrentar estructuras de poder que nos amenazan, la verdad está en el territorio. Vienen las petroleras a perforar la tierra que habitamos y dejarla envenenada... hay que defender el territorio geográfico. Los pueblos indígenas se ven marginados y exiliados de su propia tierra... hay que recuperar el territorio. El empresariado clausura lugares donde la gente trabaja para sostener a sus familias... hay que recuperarlas bajo el control de quienes los trabajan. El patriarcado mercantiliza y pretende poseer al cuerpo de la mujer... hay que defender el territorio de nuestros cuerpos. Quieren comprar y vender las formas de comunicarnos... seguimos ocupando el territorio de las frecuencias donde transmitimos las emisoras comunitarias, el territorio del papel donde imprimimos los periódicos comunitarios, el territorio de las plazas y calles donde nos encontramos para debatir, informarnos y hacernos oír. Si quieren mercantilizar las ideas, hay que defender el territorio de nuestras mentes y de nuestra palabra.
Editorial de FM Alas 89.1, El Bolsón. 19 de Mayo de 2016
[Para escuchar la versión en audio: http://tinyurl.com/hpc49o8]

jueves, 19 de mayo de 2016

ASEDIO NORTEAMERICANO A LA AMÉRICA LATINA PROGRESISTA

(Rebelión).-



"Los “crímenes” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la presidenta Dilma Rousseff son sus esfuerzos para que los gobiernos de Argentina y Brasil representen a los pueblos de Argentina y Brasil y no a sus respectivas oligarquías y a Wall Street. En Washington esto constituye un delito grave ya que Washington utiliza a las oligarquías para controlar a los países de América del Sur. Siempre que los latinoamericanos elijan un gobierno que los represente, Washington derribará al gobierno o asesinará al presidente". (Paul Craig Roberts)

"En suma, lo ocurrido en Brasil es un durísimo ataque encaminado no sólo a destituir a Dilma sino también a derrocar a un partido, el PT, que no pudo ser derrotado en las urnas, y a abrir las puertas para un procesamiento del ex presidente Lula da Silva que impida su postulación en la próxima elección presidencial. En otros términos, el mensaje que los “malandros” enviaron al pueblo brasileño fue rotundo: ¡no se les vuelva a ocurrir votar a al PT o a una fuerza política como el PT!, porque aunque ustedes prevalezcan en las urnas nosotros lo hacemos en el congreso, la judicatura y en los medios, y nuestro poderío combinado puede mucho más que sus millones de votos" (Atilio A. Borón)


Dejémonos de paños calientes. Llamemos a las cosas por su nombre. Lo de Brasil ha sido todo un Golpe de Estado fáctico, es decir, ejecutado por los poderes fácticos, y como estos poderes son de carácter político, el golpe en Brasil es de tipo político, pero un golpe al fin y al cabo. Pero cuando no pueden ser políticos intentan ser económicos, como en el caso de Venezuela, o Argentina, y cuando no pueden ser económicos ni políticos, intentan ser militares, como en el caso de Honduras, o Paraguay, aunque no se dispare ni un solo tiro. El asedio de USA a la América Latina progresista es persistente, pues no pueden soportar que estén haciendo pequeñas revoluciones en su "patio trasero". Desde el Chile de Allende, pasando por la contra nicaragüense, por la Cuba de Fidel, por la Venezuela de Chávez, por la Bolivia de Evo, por el Ecuador de Correa, o por la Argentina de los Kirchner, los Estados Unidos no perdonan ningún intento de implantar políticas no digamos ya anticapitalistas o socialistas, sino ni tan siquiera de carácter más social.

Después de los casos de Honduras y de Paraguay, donde sus legítimos Presidentes (Manuel Zelaya y Fernando Lugo) fueron despojados del poder mediante sucias maniobras golpistas, ahora ha llegado el turno al Brasil de Dilma Rousseff, de Lula y del PT, cuyos opositores, elevados a la categoría de jueces políticos mediante perversas leyes, están legitimando auténticos golpes blandos para desalojar del poder a los dirigentes que mejor han representando y velado por el bienestar del pueblo brasileño. La estrategia de fondo ha sido muy similar a la ya practicada en otros lugares de la América Latina progresista, consistente en provocar altercados callejeros, manifestaciones antigubernamentales, desestabilización económica y política, hostigamiento mediático, y todo ello con la inestimable colaboración de los sectores de la derecha local, apoyados en la sombra por el gobierno estadounidense y el gran capital transnacional.

Todo responde a la obsesión de sacar del poder a toda costa a los gobiernos de corte popular, para restablecer el criminal modelo neoliberal, que ya condujera a muchos países latinoamericanos (como está conduciendo ahora a los europeos) a la pobreza, a la exclusión y al desempleo de las clases populares, mientras la élite de la derecha alcanza cotas de riqueza y poder inusitadas.

En el caso de Brasil el cebo popular, el pretexto político para desarrollar su campaña, ha sido la corrupción, cuando los mismos que están detrás del derrocamiento de Dilma por "sospechas" de corrupción poseen un historial de corrupción probado y demostrado. Dicho de otro modo, los auténticos corruptos son los golpistas. Más concretamente, los instigadores del golpe y los que lo han corroborado con su voto son los que tienen abiertos procesos de corrupción en el Supremo Tribunal Federal. El objetivo está claro: desmontar a la fuerza lo que no han podido desmontar en las urnas, orquestar todo un proceso en la sombra de aparente legalidad institucional para revertir los avances en sanidad, en educación, en derechos laborales, y en fin, en instrumentos que garanticen la dignidad del pueblo. El destino final está claro, y no es otro que volver a situar a Brasil (a toda América Latina si les dejan) bajo las faldas de los gobiernos déspotas, desalmados y salvajes de los Estados Unidos. Les molestan los avances en la lucha contra la desigualdad, les molesta el reforzamiento del Estado, les molestan los sistemas de protección social, y los servicios públicos universales instalados durante los gobiernos progresistas latinoamericanos. Quieren imponer el regreso al Estado mínimo, a las "reformas" estructurales, a la dependencia y subordinación a los perversos mandatos del Fondo Monetario Internacional.

Les molesta la democracia y la soberanía popular, les molestan todos los intentos de recuperar una vida digna para las clases trabajadoras, y sólo persiguen la subordinación a las instituciones y organismos guardianes del orden mundial neoliberal, responsable de toda la devastación de países enteros, y de sus respectivas poblaciones, de la esclavitud de la deuda y de los programas de rescate. Y así, mediante un escandaloso y vergonzoso procedimiento de "juicio político" contra la ya ex Presidenta, han vuelto a consumar otro ataque golpista disfrazado de "democrático" y "legal". Los cómplices de la conjura han sido esta vez los mismos parlamentarios brasileños, de la Cámara de Diputados y del Senado, cuya mayoría es representante del gran capital, en vez de los intereses populares. El apoyo mediático nacional e internacional al golpe también ha sido, como de costumbre en este tipo de operaciones, fundamental. Casi todos los medios han presentado a una Presidenta corrupta, frente a unos representantes de las instituciones intentando velar por la democracia, cuando lo que había era un claro interés por despojarla del poder mediante cualquier pretexto. Como a Maduro en Venezuela, a Lula y luego a Dilma les ha sido muy difícil gobernar con todo el aparato económico neoliberal en su contra, cuyo único objetivo era desprestigiar y desgastar al gobierno a toda costa.

Aún así, las victorias electorales han podido siempre a los oscuros intereses de la derecha, y por ello organizan todas estas campañas de acoso y derribo, disfrazadas de procesos legítimos, para desalojarlos del poder por vías alternativas a las electorales. En el caso de Brasil, los grandes empresarios y la oligarquía le habían visto las orejas al lobo, como consecuencia del creciente protagonismo de clases populares, como los pobres, los negros y los habitantes de las favelas. A todo ello hay que unir las huelgas laborales, y las protestas juveniles, que ganaron sus respectivas batallas en las calles. El año 2013 fue especialmente intenso en huelgas y protestas, expandiéndose a sectores que anteriormente nunca se habían movilizado. Y así, trabajadores del sector de la alimentación (muy grande en Brasil) o de la limpieza urbana, reivindicaron mejoras en sus condiciones laborales, de salud o de seguridad, constituyendo peligrosos referentes para los sectores de la derecha. Y a pesar de la brutalidad policial desplegada para la represión de los sectores en huelga, las protestas sirvieron para canalizar núcleos de descontento popular, de denuncia y de defensa de los derechos humanos, en una escala creciente. Y todo ello constituyó la definitiva señal de alarma para los sectores de la oligarquía, que se han organizado finalmente para provocar el famoso "impeachment" sin causa justificada.

El resultado es que Dilma ha sido apartada del poder provisionalmente, mediante un golpe institucional y antidemocrático (por ir en contra de los 54 millones de votos), durante un período máximo de 180 días, durante el cual el Senado brasileño deberá decidir por una mayoría de dos tercios de los votos si la acusación contra Rouseff se ratifica o no. Pero mientras, es de suponer que Michel Temer, el sustituto de la ya ex Presidenta, oscuro personaje donde los haya, aprovechará el tiempo en intentar revertir algunos procesos y medidas tomadas por los sucesivos gobiernos del PT. Sólo la movilización popular, el apoyo del pueblo, de la inmensa mayoría social consciente de la auténtica naturaleza golpista de la maniobra, podrá devolver el poder a sus legítmos representantes elegidos, y detener esta involución democrática en uno de los países más pobres e injustos del globo. Esperemos que así ocurra. Pero aún así, no debemos nunca bajar la guardia: el diablo, que huele a azufre, parafraseando al Comandante Hugo Chávez, lo volverá a intentar, tarde o temprano.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

MINERAS EN ARGENTINA ESTÁN FORMANDO UNA ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR SU REPUTACIÓN Y CONTROLARLOS

(No A La Mina).-
Los empresarios mineros de Argentina están creando una organización que impulse el diálogo con los detractores de la minería, en un país donde siete provincias restringen la actividad. "Necesitamos un Estado fuerte y un organismo de control que le dé al gobernador de cada provincia y a las personas que no estén de acuerdo o que tienen el temor de lo que pueda pasar con la minería, de que esto se va a hacer de la mejor manera", señalaron desde la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM).

Fuente: Reuters y LU 20 Radio Chubut "Tenemos un fuerte condicionamiento de la sociedad por la imagen que la sociedad tiene de la minería", dijo Marcelo Álvarez, presidente de la CAEM, en una entrevista con Reuters.
En la actualidad, siete provincias de Argentina restringen la actividad minera, en especial la modalidad de explotación a cielo abierto y el uso de cianuro.
"Necesitamos un Estado fuerte y un organismo de control que le dé al gobernador (de cada provincia) y a las personas que no estén de acuerdo o que tienen el temor de lo que pueda pasar con la minería (confianza) de que esto se va a hacer de la mejor manera", señaló Álvarez.
El organismo, que está en construcción y podría comenzar a funcionar a fines de este año, estará conformado por universidades locales, centros tecnológicos y una entidad internacional a fin de hacer un seguimiento de la actividad.
“Esto reforzaría la tarea de control que hace la policía minera o de otros organismos estatales que hacen su trabajo pero que por ahí la gente no cree en su objetividad” deslizó Alvarez.
Reconoció que existe un gran problema de comunicación sobre todo hacia los más jóvenes y reprochó que en los libros de las escuelas primarias aún se proyecte a la actividad minera como contaminante.
Álvarez dijo que los 20.000 millones de dólares previstos en inversiones en los próximos cinco años incluyen proyectos nuevos, otros que estaban parados e iniciativas en provincias donde la minería metálica está restringida.
En Chubut, en la Patagonia, se encuentra el proyecto Navidad de Pan American Silver que está frenado por la legislación local y que, en caso de ser reactivado, necesitaría inversiones por entre 1.000 millones y 1.500 millones de dólares.
"Ese potencial está ahí y el compromiso de las inversiones y de las empresas mineras está en poner esos recursos y en desarrollar esos proyectos, pero necesitamos también avanzar en unas decisiones que son importantes", dijo.
Álvarez ve una posibilidad de revertir la animosidad de algunas provincias hacia la minería.
"Empiezo a ver que sí (hay un cambio de actitud), al menos hay espacio para el diálogo y eso es el puntapié inicial más importante. De todas maneras en algunos lugares o en algunas instituciones a lo mejor todavía no está la apertura, pero creo que de a poco lo podemos ir logrando", señaló.

PREPARATIVOS DE INTERVENCIÓN MILITAR EN VENEZUELA

(TeleSur).-
Preparativos de intervención militar en Venezuela
El guion de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ha sido escrito en el Comando Sur(CS) de sus fuerzas armadas y se  aplica al detalle por sus aliados de la Mesa de la Unidad Democrática(MUD). Sigla que cobija a la contrarrevolución, o sea, el instrumento imperial para estimular el desabastecimiento creado por las grandes empresas, y las acciones de calle y violencia armada dosificada que favorezcan las condiciones idóneas para justificar la intervención militar directa en el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo.  Lo dice todo la afirmación del almirante Kurt W. Tidd, jefe del CS: “nuestra intervención oportuna ha permitido delinear un camino para una salida rápida del régimen”.
Algún amigo facilitó a Caracas los 12 puntos de la fase 2 del plan del CS. El documento sentencia “la derrota en las elecciones y la descomposición interna del régimen populista y antinorteamericano, recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación”
Entre sus éxitos , el CS destaca: a) poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro(el burro hablando de orejas); b) destaca el “mecanismo de la Orden Ejecutiva”(de Tidd) para justificar el desarrollo de “nuestra política”, que tiene “justificativo legal en la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América”; c) presume del “aislamiento internacional” de Venezuela; d) “Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA”(más adelante el documento menciona “tal y como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes”-el mismísimo secretario general de la OEA), tránsfuga, a quien el ex presidente Pepe Mujica, al comprobar la puñalada por la espalda que preparaba contra Caracas su ex canciller, fulminó: “Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”; e) “Colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una intervención  con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU”(las cursivas son mías).
Cuando uno lee el documento, confirma  que todo lo que dice se está cumpliendo al pie de la letra y, a la vez, no puede si no recordar intervenciones como la de la CIA que derrocó al presidente Arbenz en Guatemala(1954), o la de los marines y la 82 División Aerotransportada que impidió el regreso del presidente Juan Bosch a República Dominicana(1965), previamente derrocado por un golpe de Estado teledirigido desde Washington -ambas amparadas por la OEA-, o   el falaz argumento de las armas de destrucción masiva para invadir Irak(2003), por solo mencionar tres casos. Washington ha desarrollado una panoplia de instrumentos de control de las conciencias y replanteado el concepto mismo de guerra, apoyándose en las investigaciones de los académicos a su servicio y en las nuevas tecnologías, pero hay contenidos fundamentales del libreto desestabilizador e intervencionista que se remontan al siglo XIX como la campaña mediática desenfrenada.
Desde febrero de 2014 la oposición -pese a sus trifulcas internas- viene cumpliendo con este plan que incluye las guarimbas y la utilización de paramilitares colombianos en todo el territorio venezolano, quienes se han apoderado del mando de las redes delictivas y ejercen la violencia con propósitos que sirven al plan del CS.
También está la vertiente de las protestas de calle conjugadas con violencia. Esta semana, la segunda de dos marchas al centro de Caracas organizadas por la oposición, según ella para presionar la convocatoria el referendo revocatorio, terminó con estudiantes y policías bolivarianos heridos y actos vandálicos. Como explica el plan del CS el referendo es solo un pretexto y lo confirma que la MUD no ha cumplido con los requisitos para convocarlo. Como para recordar quién manda el CS hizo penetrar un avión militar en Venezuela dos veces en días pasados.
Venezuela se acerca como nunca a un punto de definición después del golpe en Brasil. El presidente Maduro ha prorrogado el estado de emergencia económica y firmado decretos que confieren facultades excepcionales a las comunas, los Consejos de Producción y Distribución y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha ordenado un ejercicio conjunto de estas y las milicias y orientado ocupar las fábricas que cierre la burguesía. Radicalizar a fondo la revolución es el único camino para aplastar a la contrarrevolución.
Twitter: @aguerraguerra

COMARCA ANDINA: CHOLO BARRIGA COMPARTE SUS CONOCIMIENTOS

(ATECH).-
Uno de los más importantes musicos populares de la región
comparte sus conocimientos convocado por ATECH NORESTE
en el marco de nuestras actividades sociales y culturales porque como siempre decimos
"la lucha toma miles de formas".

Adjuntamos spot y afiche con la información que entendemos será de gran interés
y para ser aprovechado por la comunidad. Muchísimas Gracias!





SE APROBÓ LA LEY ANTIDESPIDOS Y EL GOBIERNO QUIERE VETARLA POR DECRETO

(ANRed).-

En la madrugada de hoy, se aprobó la Ley Antidespidos en diputados con 145 votos positivos, 3 negativos y 90 abstenciones. Se espera que dicha ley se vetada por el presidente en las próximas horas, la ley que prohíbe los despidos por 180 días y establece la doble indemnización. Por ANRed


Al finalizar la sesión, y luego de que sea aprobada la “Ley Antidespidos”, la diputada nacional Myriam Bregman (PTS/FIT) se refirió al posible veto de la misma por el presidente Mauricio Macri: "no nos cabe la menor duda que la lucha y la movilización del movimiento obrero son la clave para imponer esta ley y doblegar la voluntad del gobierno patronal de Mauricio Macri, que ya aseguró que la va a vetar".
La diputada de la izquierda también sostuvo que "Macri y todas las cámaras empresariales hicieron hasta aquí todo tipo de maniobras y chicanas para que no saliera esta ley, porque aunque muy limitada con respecto a nuestro proyecto, las patronales quieren seguir teniendo las manos libres para despedir cuando y cómo se les de la gana. Para ello contaron con la pasividad de las conducciones de las centrales sindicales que después del 29 de marzo no movieron un dedo para que saliera esta ley, mientras que nosotros sosteníamos la necesidad de un paro nacional. Aún así logramos su sanción, pero para que se haga efectiva insistimos que será necesario un paro nacional y un plan de lucha de todo el movimiento obrero contra los despidos, el ajuste, los tarifazos y por recuperar el salario".
"No queremos una ley testimonial", afirmó la diputada del FIT, "nosotros siempre estuvimos luchando contra los despidos junto a los trabajadores, mientras que el gobierno kirchnerista nos reprimía con la Gendarmería en la Panamericana. La izquierda va en serio contra los despidos", aseguró. Asimismo, Bregman criticó al Frente Renovador y sostuvo que "Massa leyó las encuestas y terminó apoyando esta sanción, pero su verdadero programa es subvencionar a las patronales".
Al cierre de esta edición (13.30hs), se espera que en las próximas horas, el presidente de la Nación Mauricio Macri, anuncie el veto de esta ley por decreto, sin esperar el plazo de 10 días que establece la Constitución Nacional.

Fuente: Prensa PTS

DESEMBARCAN LOS MARINES

El Bolsón (ANPP).- Bajo las escusas de investigación científica y ayuda humanitaria y con el apoyo del gobierno de Macri, EEUU pretende crear una base militar en nuestro territorio.

(Diario Contexto).-
Macri envió una delegación a Estados Unidos para acordar la instalación de una base norteamericana en Ushuaia. La especialista del Cemida, Elsa Bruzzone, aseguró: “El objetivo de Estados Unidos es obtener el control de todos nuestros recursos naturales”.
Por Héctor Bernardo
El Gobierno de Mauricio Macri envió una delegación del Ministerio de Defensa a Estados Unidos para acordar proyectos de cooperación militar. El más polémico de ellos implica la instalación de una base norteamericana en Ushuaia, Tierra del Fuego.
La expansión militar norteamericana en el Cono Sur a lo largo de los últimos años tuvo enormes proporciones. Investigadores como la periodista y escritora Stella Calloni, el sociólogo Atilio Boron y la periodista Telma Luzzani han denunciado el incremento de estas bases en varios de sus artículos y libros.
Desde el Gobierno argentino aseguraron: “Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida”.
El discurso de los funcionarios de Cambiemos es el mismo que ha permitido que Washington genere una red de bases que rondan el centenar. Las excusas son siempre altruistas: ayuda humanitaria, apoyo ante catástrofes, combate al narcotráfico o apoyo al desarrollo y la investigación científica.
Elsa Bruzzone, especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa nacional y miembro del Centro de Militantes para la Democracia Argentina (CEMIDA), aseguró: “Estados Unidos utiliza diversas excusas, entre ellas la de ‘ayuda humanitaria’ y ‘apoyó ante las catástrofes naturales’, para instalar bases militares disfrazadas de bases científicas. Estas bases encubiertas siempre las instalan en zonas donde hay recursos naturales altamente estratégicos: agua, tierra fértil para producción de alimentos, minerales, hidrocarburos, biodiversidad”.
“Además de la base que quieren instalar en Ushuaia, también tienen la pretensión de instalar una base militar en la zona de la Triple Frontera. Siguen con el viejo proyecto de la instalación en la ciudad de San Ignacio, al oeste de la provincia de Misiones. La intención es tener el control completo del Acuífero Guaraní. Algo que ya quisieron hacer en Resistencia, Chaco, en el año 2012, utilizando la excusa de ‘la ayuda humanitaria’. Pero la reacción de la población chaqueña, más toda la actividad que desarrollamos desde el CEMIDA, junto con el Ministerio de Defensa y la Cancillería, logró frenar ese proyecto”, aseguró.
Bruzzone remarcó que “lo que buscan es cerrar el cerco sobre todos los recursos naturales que tenemos en nuestra América. Las bases militares, cubiertas y encubiertas, que ha instalado en Centroamérica y el Caribe, sumadas a las que tienen en Colombia, Perú, Chile, Paraguay, junto a la base militar de la OTAN en Malvinas más el destacamento británico en las Islas Georgias cierran el cerco sobre todos nuestros recursos naturales y reafirman su presencia en la Antártida”.
Por último la especialista señaló: “No hay que olvidar que la Antártida es la mayor reserva de agua dulce congelada en el mundo. Justamente en ese sector es donde nos disputamos soberanía Argentina, Chile y Gran Bretaña. En la Península Antártica se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos de la región y hay minerales altamente estratégicos que son indispensables para la industria militar y la aeroespacial. El objetivo de Estados Unidos es obtener el control de todos nuestros recursos naturales”.
Los funcionarios de Cambiemos demuestran una vez más que sus medidas, lejos de defender los derechos de los argentinos, representan los intereses de la Casa Blanca. Cada día justifican más que el presidente Barack Obama se sienta tan satisfecho con la presidencia de Macri.

DENIEGAN EXCARCELACIÓN PARA BELÉN

El Bolsón (ANPP).- La justicia tucumana, sigue condenando a la joven Belén, por llegar a un hospital con un aborto espontáneo. Recordemos que Belén, hace dos años se encuentra detenida por esta causa, acusada de provocarse un aborto.

(Red ECO).-
La Sala III de los tribunales tucumanos denegó el pedido de excarcelación para la joven “Belén”, detenida hace dos años cuando ingresó a un hospital público con una hemorragia. Primero fue acusada de aborto y luego condenada a 8 años por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”. El próximo jueves diputados y organizaciones de mujeres se reúnen en Audiencia Pública en el Congreso para repudiar su detención.
“Para hacer gala de su ensañamiento también se encuentran difundiendo la identidad de la joven para poder acompañar el hostigamiento judicial intentando pasar a uno social y político, sobre la base de una causa inventada. Esta es la justicia de Alperovich y Manzur, la que hace la vista gorda con los hijos del poder que asesinan mujeres, pero que descarga toda su prepotencia con las mujeres pobres y desprotegidas”, señaló Soledad Sosa, diputada nacional del bloque del Frente de Izquierda – Partido Obrero.
“El primer crimen contra Belén fue la violación de la confidencialidad entre médico y paciente, algo que respondió a una orientación institucional del gobierno provincial, que no ha adherido a leyes nacionales ni ha dado cumplimiento al fallo de la Corte Suprema al respecto de los casos de abortos no punibles. El segundo ha sido el armado de una causa. El tercero la condena infame contra ella que tiene por objetivo crear jurisprudencia condenatoria de la práctica del aborto para cumplir de esta forma con una orientación reaccionaria que impulsan sectores de la iglesia católica y elementos de todos los bloques políticos gobernantes”, agregó Vanina Biasi, dirigente de la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras-
La Mesa por la Libertad de Belén que funciona en Tucumán reclama una entrevista con la jueza de la Suprema Corte de Tucumán de la Oficina de la Mujer de dicho organismo, Claudia Sbdar, y viernes la abogada de Belén, Soledad Deza, integrante de la organización "Católicas por el Derecho a decidir", estará realizando una conferencia de prensa en la que explicará las inconsistencias del fallo que la llevaron, el último viernes, a presentar un recurso de casación. Contactos: Vanina Biasi (dirigente de la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras) 11-5485-9472 / Soledad Sosa (diputada nacional FIT-PO) 261-573-8596.

SALTA: TERRITORIO WICHÍ AMENAZADO

(INDYMEDIA).-
Por Darío Aranda / Página12 - Monday, May. 16, 2016 at 8:33 AM
COMUNIDADES WICHI DE SALTA DENUNCIAN DESALOJOS A MANOS DE GUARDIAS ARMADOS

Los wichí de Salta denuncian al abogado jujeño Omar Quintar. Sostienen que se apropió de quince fincas, miles de hectáreas, utilizando hombres armados para desalojar familias enteras. La muerte de los niños por falta de atención médica. El avance del agronegocio.
Las bandas armadas d...
Comunidades wichí de Salta denuncian la violación de derechos al territorio, salud y educación. Sucede en Rivadavia Banda Sur, donde padecen desalojos violentos, ataques de bandas armadas y un empresario que se adueñó de quince fincas con complicidad política y judicial. “Es inhumano lo que vivimos, no se cumple ninguno de nuestros derechos porque somos aborígenes y porque somos pobres”, lamentó Vernardino Pizarra, uno de los referentes wichí. El avance del agronegocio y la muerte de niños por falta de atención médica son dos caras de estas violaciones.

Rivadavia Banda Sur está ubicada a 380 kilómetros al este de la capital provincial, casi en el límite con Chaco, histórico espacio del pueblo wichí. La zona, parte del conocido chaco salteño, comenzó a ser codiciada a fines de la década del 90, cuando la sojización comenzó a avanzar sobre regiones extrapampeanas.

“Desde hace tres años que comenzamos a tener problemas. Alambraron fincas, colocaron portones y cerraron los caminos vecinales que dirigen hacia el río Bermejo”, consta en la denuncia de 2009, realizada por Demetrio Campos, cacique de la comunidad Misión Wichí. Son más de una decena las denuncias presentadas por las comunidades originarias, pero ninguna prosperó. La fiscalía de Pichanal (juzgado de Orán) las cajoneó de manera sistemática.

En la última década se hizo regla un paisaje atípico en Rivadavia Banda Sur: alambrados, tranqueras con candados, carteles de “prohibido pasar”. Y comenzaron a patrullar bandas armadas. La situación se repitió en los parajes El Chañaral, La Soledad, El Cocal, Las Llaves y San Felipe, entre otros.

Las comunidades vieron impedido su derecho básico a transitar, cazar, recolectar miel, pescar, obtener los elementos para sus artesanías. Las comunidades wichí perjudicadas son El Chañaral, La Esperanza, El Cocal, Brealito, San Felipe y Fiscal 30, más de 300 familias.

“Este señor (Omar) Quintar se robó todos los campos. Desde nuestros bisabuelos que todos estamos aquí y nunca nos dieron la tierra. Viene un empresario con plata y le dan todo a su nombre. Cuente por favor que eso pasa en Salta”, relató Vernardino Pizarra, representante de las comunidades wichí de Rivadavia Banda Sur.

Los wichí denuncian que el abogado jujeño Omar Quintar se apropió de quince fincas. Sólo la estancia Las Llaves tiene 5000 hectáreas, que pertenecen desde hace más de cien años a la familia campesina Argañaraz.

Entre las víctimas directas estuvieron las comunidades wichí Chañaral y Breal, que fueron expulsadas de sus campos. La comunidad Breal incluso contaba con un cementerio en el lugar, prueba irrefutable de posesión y derechos sobre el territorio.

La última denuncia la realizó Pizarra, en la comisaría N°1 de la ciudad de Salta. No recurren a la comisaría de Rivadavia y al Poder Judicial de Orán porque no actúan. Pizarra alertó sobre el accionar de grupos armados que amenazan a los pobladores. Apresaron a tres hombres con escopetas, pero los liberaron a los pocos días.

“Los políticos son cómplices”, afirmó Pizarra. Aseguró que Quintar cuenta con apoyo del juez de Paz local, Luis Romero, el intendente Leopoldo “Polo” Cuenca, y también tiene vínculos con el senador provincial Mashur Lapad, el político con más poder del departamento y uno de los más influyentes de la provincia.

Otro actores señalados son la fiscal Mónica Viazzi y el diputado nacional y empresario Alfredo Olmedo, que recibió 360.000 hectáreas del gobernador Juan Carlos Romero en la década del 90 (para agro, previo desmontes) y también avanza contra campesinos e indígenas.

Quintar desmintió las denuncias en su contra. Se definió como un “conservacionista” y señaló que lo atacan “quienes quieren desmontar todo”. Sostuvo que cuenta con muchos lotes pero una sola finca, señaló que hizo “mucho por los indígenas” de la zona (desde caminos hasta trabajo) y negó la existencia de bandas armadas. “Me prendieron fuego una topadora, robaron tranqueras y alambrados; tuve que contratar tres serenos”, justificó. Según Quintar, acumula tierras para “proyectos turísticos”.

La Ley Nacional 26160 está vigente desde 2006. Ordena que los jueces frenen todos los desalojos a indígenas y que Nación y provincias releven los territorios comunitarios. Los desalojos no se detuvieron y, a una década de su sanción, falta terminar los relevamientos en el 80 por ciento de las comunidades originarias del país.

A los conflictos territoriales se sumó la muerte de niños por falta de atención primaria de salud. En julio de 2015 murieron cuatro en diez días. Bianca Acosta, de 18 meses de vida, e Ismael Sarmiento (de 3 años). Luego falleció María del Carmen Laguna, de 1 año, cuando era trasladada a Orán para cambiarle una sonda. Murió en el camino porque la ambulancia municipal no tenía oxígeno. El Ministerio de Primera Infancia señaló que se trató de “una falla de salud”.

Las comunidades precisan que existen solo dos médicos para 10.000 habitantes, con el agravante de “discriminación y maltrato” con los pueblos originarios. “Hubo muchos casos de niños muertos por desnutrición, por mala atención. Siguen muriendo niños y adultos. La situación es muy grave”, afirmó el vocero wichí.

Las comunidades abrieron una cuenta de Facebook (Wichi Lhayis Rivadavia Banda Sur), donde detallan la situación que padecen. “Los políticos nos mienten y los jueces nos dicen que ‘no molestemos’, pero tenemos derechos y no sabemos cómo vivir sin territorio”, advirtió Vernardino Pizarra.