(LaVaca, http://www.lavaca.org).- Un grupo de 22 vecinos y vecinas de Esquel, Chubut, fueron espiados
y fichados por organismos de inteligencia de nivel nacional en el marco
de una causa que involucra a la comunidad mapuche en conflicto con la
multinacional Benetton. Por ese conflicto territorial, el poder judicial
local intenta aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuche, por
primera vez en la provincia.
En el trámite de la causa Mapuche/Benetton, el defensor público
Fernando Radziwilowski descubrió un archivo digitalizado con nombres,
fotos y actividades reales o supuestas, de 22 personas, según confirmó a
lavaca.org. La mayoría de los fichados participa de la
Asamblea No a la Mina de Esquel que se moviliza para frenar los
proyectos mineros en la región, lo que incluyó un plebiscito en 2003 en
el que el 82% de los ciudadanos se pronunciaron contra la megaminería a
cielo abierto.
La gama de espiados es amplia, y abarca entre otros a docentes,
médicos, comerciantes, empleados públicos, abogados, periodistas de
televisión y radio, y miembros de la comunidad mapuche.
El propio Ministerio Público Fiscal reconoció haber recibido esas
fichas, aportadas por un agente cuyo nombre tienen prohibido dar a
conocer por la Ley 25.520 de Inteligencia (que impide revelar datos de
los espías). El fiscal Fernando Rivarola admitió sobre el fantasmal
informante: “La persona es integrante de un organismo nacional tiene una
protección legal especial para la reserva de su identidad y también del
contenido de la información que ha suministrado”.
De todas formas el MPF denuncio la situación y solicitó ser liberado
de esa obligación de silencio para dar a conocer quiénes están espiando a
la comunidad.
Otro dato: el MPF asumió esta actitud recién al estallar el
escándalo, y no en los tres meses, desde el 28 de mayo, durante los que
esas fichas estuvieron en su poder. Ahora, el fiscal Rivarola ha
reconocido que el hecho, “a la luz de los derechos constitucionales se
presenta como vejatorio, de los más sagrados derechos constitucionales
como son la libertad de opinión, la libertad de trabajo y libertades
básicas que tenemos los ciudadanos”.
Archivo “Activistas Antimineros”
La situación empezó a explotar cuando la dio a conocer el defensor
público Fernando Radziwilowski, en medio de una audiencia en la causa
por “usurpación” que la multinacional Benetton (que posee casi un millón
de hectáreas en la Patagonia). Benetton había iniciado juicio contra la
comunidad mapuche que reclama sus tierras ancestrales. Radziwilowski
defiende a los mapuche, y en la audiencia del viernes pasado planteó al
juez Martín Zacchino su preocupación por el “tono persecutorio” de esos
informes que encontró en el expediente, con identificaciones por
actividad y militancia social y política a periodistas y vecinos de
Esquel.
Explica Radziwilowski a lavaca.org: “Por la causa contra los mapuches
estaba buscando algunos elementos en el expediente dentro de las
medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal cuando, el mismo
día de la audiencia, veo un archivo digitalizado, un word, que decía:
‘Activistas Antimineros’”.
El doble click sobre el archivo hizo aparecer en pantalla 22 fichas
con fotos y descripciones de las personas investigadas por su oposición a
la minería con apreciaciones absurdas y discriminatorias en la mayoría
de los casos.
La persona
Varias de las fichas corresponden a integrantes de la radio
comunitaria FM Kalewche, pero la “información” anexada en todos los
casos es llamativa. Por ejemplo, aparece Adolfo Alarcón, periodista de
Canal 4 de Esquel, bajo la definición: “Permanentemente realiza juicios
de valor sobre la actividad, los funcionarios y las fuerzas”. La
“actividad” es la minería, las “fuerzas” son las de seguridad.
También se nombra a Humberto Kadomoto, histórico en la asamblea:
“Gran activista del NO A LA MINA y crítico del gobierno”. Corina Milán,
docente: “Toma decisiones y se involucra en las recaudaciones y gastos
de la asamblea”. Ortiz Luaguita: “Docente. Baja línea del NO A LA MINA a
sus alumnos”. Aparecen el abogado y librero Gustavo Macayo, los
periodistas Pablo Galperìn y Pablo Quintana, el empleado público
Alejandro Corbeletto. Otro de los perfiles es el de Moira Millán,
activista mapuche, organizadora de la primera Marcha de Mujeres
Originarias por el Buen Vivir, a quien acusan de participar en un
documental financiado por una ONG opuesta a Benetton, “que hasta habrían
pagado en festivales para que sea premiado y así más difundido en el
mundo”.
La psicosis recorre así todo el informe de ese submundo curiosamente llamado de la “inteligencia”.
Las fichas, rápidamente, se viralizaron por las redes sociales. Ante
tal explosión, el Ministerio Público Fiscal (MPF) habló a través de los
fiscales generales Fernando Rivarola y Fernanda Révori. “Confirmamos
fehacientemente que no es un documento elaborado y requerido por el
MPF”, expresó Rivarola, quien agregó que la información fue aportada
“espontáneamente por una persona”
Caos y control
Las preguntas fueron obvias: ¿quién es esa “persona”? Rivarola: “No
podemos brindar desde el MPF los datos concretos de esta persona que en
su momento fue atendida por dos fiscales el pasado 28 de mayo de este
año y aportó la información en formato digital y se volcó en una
computadora”.
¿Por qué no se puede brindar información sobre esa “persona”? Los
fiscales agregaron que el Ministerio estaba impedido por la ley de
inteligencia nacional: “La persona es integrante de un organismo
nacional y tiene protección legal especial para la reserva de su
identidad y también del contenido de la información que suministrado”.
El fiscal Rivarola calificó el informe como “repudiable” y
“vejatorio, de los más sagrados derechos constitucionales como son la
libertad de opinión, la libertad de trabajo y libertades básicas que
tenemos los ciudadanos”. Cabe considerarlo, entre otras cosas, como
violación a la libertad de expresión tanto de los periodistas como de
los vecinos y vecinas que no lo son, como abuso de poder, como ataque
directo a los derechos humanos, como coacción, como discriminación
Aseguró el fiscal que el MPF “iniciará acciones legales
correspondientes para colaborar con los vecinos afectados”. En ese
sentido, ambos funcionarios, junto a la fiscal María Bottini, se
presentaron este lunes en el Juzgado Federal de Esquel para formalizar
una denuncia por espionaje ilegal.
El agente está filmado
También habló el procurador general Jorge Miquelarena, que afirmó que
pedirá que releve al MPF de mantener el secreto sobre la identidad del
agente que presentó las fichas. “No tenemos absolutamente ningún tipo de
problema en revelar la fuente de la persona que nos trajo la
información, en la medida que seamos relevados del secreto que impone la
ley 25.520”, declaró al Diario Jornada, donde agregó que la información
fue copiada “desde un CD o un pen drive a la computadora de uno de los
fiscales”, pero que no fue evaluada por cuestiones de tiempo. Un archivo
que decía “Activistas Antimineros” no fue estudiado ni causó extrañeza a
los fiscales durante tres meses.
Miquelarena sobre el agente: “Es una persona que fue más de una vez a
la Fiscalía hasta que lo atendieron, y manifestó tener cierta
información que podía ser de interés para la investigación, y así fue
como la copia en la computadora de uno de los fiscales y se fue; esta
entrevista está filmada, no tenemos absolutamente ningún problema en
revelar la fuente de la persona que nos trajo la información, en la
medida que seamos relevados del secreto que nos impone la ley 25.520”.
Racismo
Pablo Galperín, de la radio comunitaria FM Kalewche, uno de los
fichados, dice a lavaca: “Los fiscales dicen que ellos no habían visto
ni procesado la información. O sea, desde el 28 de mayo, esa
información, que es ilegal porque viola garantías y derechos, quedó en
un legajo fiscal. Y dicen que no sabían que estaba ahí. Difícil de
creer”.
¿Cómo evaluar la explicación de la fiscalía? “No explicaron quién
elaboró esas fichas ni para qué. Además las información es absurda: a
una persona la definen como ‘hijo de chilenos’. Una mentalidad
discriminatoria, racista”.
Proteger lo ilegal
Humberto Kadomoto, otro de los asabambleístas, otro de los fichados,
recuerda que esa historia es larga: “En Esquel, durante 2003, hubo una
serie de vecinos amenazados, otros espiados por teléfono, marcados, y en
todos esos casos, el común denominador es que la Fiscalía nunca actuó
en consecuencia luego de nuestras denuncias. Luego, en 2014, detectamos
una persona que se hacía pasar por docente. Iba siempre con las cámaras,
quería colaborar en hacer un video de la asamblea. Descubrimos que no
era cierto que fuera empleado provincial. De repente, desapareció”
Sobre el accionar de la fiscalía, sostiene Kadomoto: “Fue una
aberración. En la conferencia no se despegaron de nada. Cometieron un
error dentro de la ignorancia: dicen que recibieron una información
sobre la causa, ¡pero esa información es ilegal! Y dicen que la
guardaron. Es una estupidez. Como funcionarios públicos y como fiscales
estaban obligados a denunciarlo: lo deberían haber hecho en el momento,
el 28 de mayo, pero lo que hicieron fue proteger en la práctica a la
gente que les llevó la información ilegal”.
¿Mapuches terroristas?
El marco donde se produjeron estas tareas de inteligencia es una
causa que Benetton inició contra las comunidades mapuches. El 13 de
marzo de este año unas treinta personas de diversos pueblos ingresaron a
la estancia Leleque (una de las cuatro que la multinacional Benetton
tiene en Argentina: tres en la Patagonia, una en la provincia de Buenos
Aires) para iniciar una recuperación territorial de sus tierras
ancestrales. No era la primera vez: en 2007, la comunidad mapuche Santa
Rosa Leleque enfrentó intentos de desalojos y causas judiciales tras
ingresar a su territorio ancestral, derecho reconocido por leyes
argentinas y tratados internacionales.
El Estado, finalmente, reconoció ese derecho en el marco de la ley de
Emergencia Territorial Indígena (26.160). “La única manera de frenar al
poder económico y al Estado es mediante el control territorial efectivo
de nuestras comunidades movilizadas”, afirmaron este año las
comunidades en un comunicado, firmado por Lof en Resistencia del
departamento de Cuschamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).
“Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta
de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el
despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del
Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes
terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias)
sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”.
Benetton contraatacó. La Compañía de Tierras del Sud Argentina
(propiedad desde 1991 de la corporación textil nacida en Italia, que
concentra casi un millón de hectáreas en toda la Patagonia) impulsó una
denuncia por “usurpación” contra las comunidades, que realizaron una
conferencia de prensa para explicar el conflicto. Hubo cinco imputados:
los cuatro que hablaron en conferencia y una quinta persona (Martinano
Jones Huala) que es quien se presentó en la causa judicial.
En abril de este año realizaron un corte de ruta a la altura de la
recuperación. “La policía reprimió con armas reglamentarias y bala de
plomo”, señaló a lavaca el defensor público Fernando Radziwilowski. “Se
citó a todos los cinco imputados, pero al único que se notificó
fehacientemente es a Martiniano”. Además de usurpación le presentaron
otros cargos: hurtos, coacción agravada y daño de producción.
Radziwilowski: “El 2 de julio el juez Martín Zacchino nos notifica
que declina su competencia en razón que el Ministerio Público Fiscal (a
través de los mismos fiscales Rivarola, Révori y Bottini) le plantea, y
él hace lugar, a que se estaba ante actos de terrorismo, por lo que
traslada la causa al juzgado federal de Esquel”.
Pasando en limpio: “El MPF pidió concretamente la aplicación de la
Ley Antiterrorista contra los mapuche, que tiene dos efectos: uno es
adjudicar la competencia a la justicia federal, y otro es que, en caso
de condena, la pena se duplica. El juzgado federal, con mucha más
consistencia, explicó qué cosa es el terrorismo realmente, no compartió
el criterio de Zachino, y le devolvió la causa. Pero Zachino mantuvo su
criterio: la actitud mapuche es terrorismo. Entonces, como es un
conflicto de competencia, lo manda a la Corte Suprema de la Nación. Así
estamos en este momento”.
La ley contra los derechos
Este momento es crucial, y Radziwilowski advierte la magnitud: es la
primera vez que se aplica la ley antiterrorista en Chubut. “Y se aplica
en una causa donde los imputados son mapuches”, subraya. El juez federal
Guido Otranto, que rechazó el pedido de Zacchino, especificó que “para
decidir de ese modo (previa solitud del MPF) el magistrado sostuvo que
se encuentran comprometidos los intereses de la Nación, porque el
reclamo territorial no sólo afecta a una porción de la Provincia de
Chubut, sino que además abarca otros sectores del territorio nacional e
incluso extranjero”.
Otranto entendió que los hechos imputados “no tienen punto de
comparación con la gravedad y entidad de los actos que -según lo que se
ha expuesto- constituyen actos de terrorismo”. O sea, el juez que
debería juzgar, considera que no existe el delito que el señor Zacchino
sí considera que existe.
¿Cómo entender el tema? Las modificaciones a la Ley Antiterrorista
fueron sancionadas en 2011 para cumplir con las exigencias del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) con el argumento de evitar el
lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo
internacional. Tras las críticas de diversos organismos de derechos
humanos, asociaciones civil y personalidades del derecho como el juez
Raúl Zaffaroni, se incorporó un párrafo a las modificaciones que expresa
que “las agravantes previstas” no se aplicarán:
“cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar
en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier
otro derecho constitucional”.
Además, estableció que la competencia será exclusiva de los jueces
federales, para que ese poder no recaiga sobre las justicias
provinciales. En este caso, se reitera, el juzgado federal es el que
plantea que no existe tal delito.
En medio de este intento de aplicación de la Ley Antiterrorista es
cuando en mayo se presenta el fantasmal agente, la “persona”, para
suministrar información. Así las 22 fichas pasaron a engrosar el
expediente mapuche.
Corporaciones, medios y gente
El sábado se realizó una asamblea en Esquel para discutir próximas
movilizaciones. Galperín no pierde de vista la lectura política de estos
acontecimientos: “El eje o denominador común en las fichas es la
participación o la cercanía de las personas al movimiento No a la Mina.
Más allá del proceso, está la cuestión minera. Es tan grave y tan
complejo que estamos evaluando acciones legales. En cuanto al
posicionamiento público, la asamblea decidió marchar este miércoles al
Ministerio Público Fiscal y ahí se va a expresar públicamente nuestra
denuncia y reclamo. Si bien está la investigación por la reparación
mapuche de los Benetton, por otro lado está la cuestión minera que, en
el fondo, expresa lo mismo: persecución y judicialización de vecinos o
ciudadanos que defendemos las tierras y los recursos naturales frente a
las corporaciones, las mineras o los Benetton. Allí metida está la
complicidad de muchos medios que alimentan las versiones, y hablan de
vecinos violentos y comunidades terroristas. Es parte de la misma
discusión: lo que amenaza al poder es la participación de los vecinos. Y
esta es una manera de amedrentar, segmentar las luchas, fracturar los
colectivos y meter miedo”.
Kadomoto: “Lo fundamental está en otro lado. No nos vamos a dejar
asustar por esto: salimos todos los días por los mismos lugares, los
vecinos nos ven siempre. La inteligencia no me interesa tanto como las
mineras: los pesados acá siempre fueron ellos, como cuando golpearon a
la gente de Rawson en la Legislatura con las patotas de la Uocra.
Simplemente es una cuestión más que resolveremos en una asamblea, en
varias o en un montón. Pero vamos a seguir: esto nos tiene que animar a
seguir. Siempre decimos que lo importante de las asambleas y marchas es
ver la cantidad de chicos que hay, que se suman”. Este miércoles y el
viernes la sociedad volverá a movilizarse ante una amenaza a las
comunidades que acaso vaya mucho más allá de lo que ocurre en Esquel.
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