(ANRED).-“Quiero pan” . Un niño wichí
de 11 años baleado por un policía en el pueblo formoseño Ingeniero Juárez está
luchando por su vida y tiene hambre en un hospital público. El contexto de este
ataque policial es aterrador: testigos de la localidad denuncian asesinatos en
serie de no menos que 17 chicos indígenas, en parte asesinados por la policía.
A esto se suman asesinatos de personas mayores, violaciones sistemáticas de
niñas, muertes dudosas en hospitales y tráfico de órganos; una violencia
morbosa que se replica en todo el noroeste del país.
El niño Wichí de 11 años Nazareno Chávez se encuentra
todavía en el Hospital de la
Madre y el Niño de Formosa Capital, a unos 500 kilómetros de su
comunidad en Ingeniero Juárez.
Los huesos de su rodilla de
izquierda fueron astilladas por una bala de plomo de un policía hace más que
tres semanas. Su situación es precaria. Cuenta el referente de comunidades
Wichí de Ingeniero Juárez, Agustín
Santillán, quién visito a Nazareno recién: “El chico apenas podía hablar. Me dijo:
Quiero pan, ¿tenes algo de pan? Su boca estaba seca y sus ojos lleno de dolor.
Es un niño que no sabe porqué le pegaron. Perdió mucha sangre y su herida es
muy grave. Ahora no parece que vuelva a caminar, todavía no está recuperando.”
La herida de Nazareno es producto de una verdadera
cacería de niños realizada por policías provinciales en la tarde del viernes 21
de Marzo, como ya se pudo documentar. Un grupo de
niños se había sentado tranquilamente en la vereda frente a la Plaza Juan
Domingo Perón cuando efectivos
bajando de un patrullero dispararon a los chicos y los siguieron disparando con
balas de goma y de plomo por una distancia de más que 100 metros. El resultado
fue tres niños heridos, dos de ellos por bala de plomo, lo más grave Nazareno.
“Es muy triste ver las lágrimas en los ojos
de la madre, porque su hijo casi murió y está luchando por su vida”, dice
Santillán. Critica a las instituciones por ocultar la gravedad de la herida. “Los políticos dicen, que Nazareno está bien,
pero no es así. Nadie investiga, ni los médicos dieron explicación. Les
pregunte si hay un resumen médico, pero me dijeron que no hay.“
Cuando la madre Ana Chávez, acompañado por el referente, quería denunciar el crimen
en la comisaría de Ingeniero Juárez: “ellos no aceptaron la denuncia. Ni nos
atendieron.”
Recientemente, el hospital pidió a la madre
Chávez el carnet de vacunas de su hijo. Por eso, tuvo que volver a su casa, un
viaje de unos mil kilómetros en total que solo pudo pagar con donaciones de una
organización humanitaria. Lo mismo pasa con la comida en el hospital: “Lo que
más bronca me da, es que el hospital no les da de comer, ni a los acompañantes
y ni al herido, la comida se la tienen que comprar”, dice Santillán.
En toda su crueldad la cacería de niños en
Ingeniero Juárez es parte de una violencia generalizada contra los pueblos
originarios especialmente en las provincias Formosa, Chaco y Salta. Es aparentemente un
fenómeno creciente. Como dice el ex cura de la teología de la liberación Patricio Doyle, quién vivió
20 años hasta mediados de los 90´ con los Wichí: “Esto no había cuando yo
estaba.”
Al contrario de los originarios de la
Patagonia, como los Mapuche, pueblos
como los Wichí del noroeste no fueron asesinados sino esclavizados en el siglo
XIX, porque los grandes ingenios necesitaban una mano de obra barata.
“Fue la iglesia quien los quebró, no la fuerza armada”, dice Doyle. Explica que
los misionarios quebraron su autoestima enseñándoles “que toda su cultura era
mal” y así los esclavizaron. Sufrieron un genocidio silencioso durante el siglo
XX. “El Impenetrable fue un
cementerio de proyectos de desarrollo”, remarca.
Pero en los últimos tiempos en lugar de la demanda de esclavos, creció
la demanda de tierra para la explotación de recursos naturales, especialmente
para extender la frontera del sistema agro-exportador transgénico – un sistema
agropecuario casi sin mano de obra. El originario no se necesita más y en esta
lucha territorial se repite la masacre en el sur del siglo XIX. Por eso los ataques violentos contra las
comunidades Wichí en Ingeniero Juárez y de los Qom en La Primavera, Riacho de
Oro, Pampa del Indio y una multitud de otras en la región..
Así se puede entender, por qué el crimen
policial contra el niño Nazareno y sus amigos tiene un contexto aún más aterrador.
Según testigos, son 17 los
asesinatos de chicos Wichí – no incluyendo los asesinatos de personas grandes –
a manos de integrantes de instituciones estadales o por sus protegidos.
Estos números dan cuenta de lo sucedido: desde el año 2000 sólo en Ingeniero
Juárez, con 19 mil habitantes, se trata de un patrón de crímenes contra los
jóvenes originarios que según testimonios de vecinos se repite allí, en otras
localidades de las Provincias de Formosa, Chaco y Salta.
En ningún caso de Ingeniero Juárez hubo un
juicio, la mayoría de los asesinatos ni siquiera fueron investigados
oficialmente,
algunos de ellos se supone que fueron cometidos directamente por integrantes de
la policía. En general, tampoco
hubo denuncias de familiares por miedo a la represión y “porque acá en Juárez
no toman la denuncia” – la misma experiencia que tuvo la madre
de Nazareno –, aunque, como dicen los vecinos, “sabemos quiénes son que los
matan”.
Por ejemplo, un joven Wichí se encontró muerto en un basural.
“Sabemos que los que lo mataron y torturaron son policías y la causa quedo en
la nada”, dice un referente. “Luego encontramos un chico todo esqueleto, le
sacaron toda la piel y de eso no hubo justicia tampoco. Otro chico fue yendo
para un paraje y sabemos quiénes lo mataron, porque tienen muchas vacas y
entonces son políticos”, dice un vecino. Hace tres años una mujer joven fue
violada. “La chica la mataron, le sacaron los dientes. El hospital dice que
murió por deshidratación, pero como va a morir por deshidratación, teniendo así
la boca y sin dientes, con todos los moretones. El tobillo estaba torcido y se
veía que peleó con su agresor.” El asesino fue “uno de los dirigentes de acá de
Juárez”.
En el año pasado asesinaron a Víctor “Oli” Segundo, el
número 17 de los asesinatos de chicos Wichí en Ingeniero Juárez, un crimen
morboso que se podría reconstruir de manera precisa con nuevos testimonios,
aunque el sistema judicial
cerró el caso. El joven, supuestamente de 16 años (no tenía
DNI), fue golpeado brutalmente
el 22 de Junio. Según testigos el asesino fue el dueño criollo de un comercio y
la razón del acto había sido el hecho que el Wichí Olivero se había sentado en
la vereda del local criollo.
“No sé cómo, pero Oli salió del barrio”,
cuenta la referente de la comunidad Barrio
Belgrano, Ercilia
Agüero. “Se dice que le mandaron a comprar algo ahí en ese
negocio, pero cuando le mandaron ellos pensaron que el chico se había ido a su
casa, pero luego él no aparecía. Dos
días estuvo desaparecido, al tercer día lo encontraron a 50 metros de ese negocio
en una chacra, como un perro muerto”.
El joven fue desfigurado por golpes y
encontrado sin ropa, lo que impidió identificarlo. Fue declarado fallecido y
llevado al cementerio. Allá el encargado se dio cuenta que Víctor Segundo
todavía estaba vivo, significa que el joven había sufrido – “como un perro
tirado en la chacra” – dos días de agonía antes de detectarlo. Entonces fue
traslado a la terapia intensiva de un hospital de Formosa Capital, donde murió.
Solo cuando volvió su cuerpo,
cosido como un matambre como se puede ver en las fotos tomadas, su identidad
fue revelada y sus familiares, preparando el cuerpo para el funeral, detectaron
que fue vaciado de sus órganos.
Unas semanas antes de estos hechos una mujer fue violada y golpeada por
criollos de la localidad. Fue atacada en un galpón abandonado
del ferrocarril y murió en el hospital, caso que tampoco fue resuelto por la
justicia. Estos crimines están acompañados por muertos dudosos en hospitales. En una cantidad
de comunidades hay denuncias de personas trasladadas a los hospitales de las
capitales provinciales de Formosa y de Chaco que volvieron muertos con falta de
unos órganos.
El supuesto asesino del
joven Víctor Segundo, a quien miembros de la comunidad Wichí acusan de
participar también en violaciones de mujeres Wichí, hoy en día está suelto y en
libertad. Un hecho inédito, especialmente en el contexto de los linchamientos
de las últimas semanas, es lo que paso, después de que las comunidades se
dieron cuenta del asesinato. Unas
mil personas se juntaron para reclamar justicia y fueron al lugar del asesinato.
Dice un testigo: “Ellos llevaron al negociante y la señora, pero después la
gente se frenó un poco. Pensaba que por fin va a haber justicia. Entonces les
entregaron a la policía.”
Mientras que en el barrio porteño Palermo un
ladrón que robó un reloj marca Rolex de una turista casi es linchado, unos mil
vecinos de un joven asesinado bestialmente se resisten a ajusticiarlo y
entregan al supuesto asesino para que el estado haga justicia. Pero en lugar
de cumplir con su función, el sistema judicial liberó al comerciante y ahora
está persiguiendo a los manifestantes acusándolos de robo en banda y en
poblado. Entre los imputados se encuentran personas que probadamente no estaban
en la manifestación, como una mujer que ese día estaba internada en un
hospital. Otros imputados estaban, con testigos, en el campo afuera del pueblo.
La comunidad Wichí decidió no
atender las audiencias judiciales en el pueblo de Las Lomitas, unos 200 kilómetros de
Ingeniero Juárez. No tenían los recursos para viajar “y tenemos miedo”, dice un
imputado: “pensamos si vamos, nos pueden encerrar, y la gente se puso de
acuerdo de no ir. Ahora estamos como en rebeldía. Pero si lo va a buscar la
policía a una persona no la dejamos que se la lleven.”
El caso Víctor Segundo es emblemático, como
lo es la herida del niño Nazareno Chávez, por su crueldad. Ambos son casos que
exponen la perversión social donde las jóvenes y niñas originarias son
golpeadas y violadas casi a diario. De hecho, existe un verbo que da cuenta de
esta práctica en el noroeste argentino: se
dice “vamos a chinear” cuando unos criollos buscan una chica indígena para
violarla.
Pero los
casos de Olivar y Nazareno también demuestran, cómo las instituciones del
estado están involucradas directamente en los crímenes: la policía, el sistema
judicial y el de salud y el poder ejecutivo. El estado no está ausente en este
juego violento, está bien presente y es un participante activo en crímenes
organizados como el tráfico de órganos. Recientemente un médico
que atendió a un paciente Wichí refirió el caso de un paciente que le comentó
sobre una operación de apéndice que le practicaron en un hospital público.
Cuando el médico pregunto dónde estaba su
cicatriz, el paciente la mostró. El médico sorprendido constató que se
encontraba en la espalda justo encima del riñón.
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