FORMOSA: COMUNIDAD NAMQOM SIGUE SUFRIENDO LA VIOLENCIA POLICIAL.

FORMOSA (El Intransigente).- En diálogo exclusivo, Israel Alegre, vecino del Barrio  Namqom en Formosa, sostuvo que en la noche del lunes, cerca de las 23 hs, se acercó personal policial con intención de reprimir a las familias aborígenes allí presentes.

De acuerdo a lo informado a este medio, la noche del lunes se acercó gran cantidad de personal policial al barrio, incluyendo policía montada e infantería, y procedieron a  provocar a los habitantes. Según manifestó Alegre, el operativo, que no está sustentado por ningún tipo de orden judicial, fue dirigido por el Comisario Darío Acosta.

Israel Alegre sostiene que estos intentos de desalojo se vienen sucediendo sistemáticamente desde hace, aproximadamente, quince días, y que los habitantes del barrio Namqom están resistiendo pacíficamente los sucesivos atropellos y abusos de autoridad de la policía de la provincia.

En estos instantes, vecinos del lugar se encuentran en estado de alerta y manteniendo una guardia permanente. Si bien la policía se retiró del lugar, temen por la seguridad de sus familias y pertenencias.

JUJUY: PRONUNCIAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE NACIONAL CALILEGUA POR EXPLOTACION PETROLERA DENTRO DEL AREA PROTEGIDA.

Jujuy (OPSur).

Calilegua, 26 de Julio de 2012

Los trabajadores del Parque Nacional Calilegua (PNC), ubicado en la provincia de Jujuy, afirmamos que la explotación petrolera que se desarrolla en el Yacimiento Caimancito en jurisdicción y dominio del área protegida, es una actividad ilegal; que genera grave contaminación y pasivos ambientales. Que esta situación inaceptable pone en peligro no sólo la integridad y conservación del Área Protegida, sino también la salud de las poblaciones vecinas y el agua potable que consumen. Que por ello debe cesar definitivamente la actividad petrolera en el Parque Nacional Calilegua. Que este cierre debe realizarse aplicando un plan progresivo y ordenado que minimice el impacto social y ambiental.

POLÍTICA HIDROCARBURÍFERA, SUS CONSECUENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES

El manejo de los recursos naturales y de los hidrocarburos, basado en la lógica del capital que sólo busca la maximización de los beneficios, es ajeno a todo compromiso social y genera un permanente avasallamiento sobre el derecho ambiental; el caso de la explotación ilegal de petróleo en el Parque Nacional Calilegua es un nefasto antecedente, emblema del avance de los intereses extractivistas sobre las Áreas Protegidas.

La actual política hidrocarburífera, se inscribe en los programas Iniciativa para las Américas y Proyecto de Integración Energética Hemisférica impulsados por EEUU en los ’90, que promovieron la privatización del petróleo y el gas, y la desregulación de los mercados energéticos, facilitando el ingreso de las petroleras a los mercados de América Latina. Argentina adhirió fervientemente a estos lineamientos durante el gobierno de Menem, iniciando el actual modelo extractivista que está en la base de la crisis energética.

Argentina, que fuera pionera en crear una empresa estatal que tuviera el control de todas las etapas de la actividad hidrocarburífera, pasó a ser el único país en el mundo que mantiene totalmente privatizada la explotación de los hidrocarburos -exploración, extracción, destilación, distribución- siendo además uno de los que menor porcentaje retiene de la renta petrolera: alrededor del 12%.

El modelo actual consiste en exportar las reservas sin que se amplíen las comprobadas, es decir, no hay inversión en exploración. Son escasísimas las nuevas perforaciones y se superexplotan hasta el agotamiento, los pozos que fueran perforados por la YPF nacional. En los últimos años los hidrocarburos son el segundo rubro de exportación del país, representando alrededor del 20% de las exportaciones totales.

El gobierno de Kirchner, reprodujo agravadas, las condiciones impuestas en la década anterior, profundizando el saqueo con la modificación de la Ley de Hidrocarburos (Ley Corta), el otorgamiento de exenciones impositivas inéditas y prorrogando las concesiones a las grandes empresas multinacionales. La Ley Corta pasó el dominio de los yacimientos a las provincias transfiriendo todos los permisos de exploración y concesiones. De esta manera los gobernadores provinciales se ven en la situación de negociar en forma directa con las grandes corporaciones del petróleo y hacer jugosos negocios. En el caso de Santa Cruz y Chubut, sus respectivos gobiernos utilizaron artimañas para burlar la ley y extender por 40 años las concesiones del Golfo de San Jorge y Cerro Dragón, los yacimientos más importantes del País, a la Pan American Energy.

La reciente decisión del gobierno de Cristina Fernández de recuperar el control de YPF, en realidad nada cambió el fondo de la situación. La nueva YPF continúa siendo una sociedad anónima que queda excluida de los controles y auditorías públicos. Mantiene la desregulación de la actividad y el marco legal que favorece y permite a las petroleras el saqueo de los yacimientos. El 66% de la producción de Petróleo y el 77% de Gas sigue en manos de Panamerican Energy, British Petroleum, Petrobras, Chevron, Total, entre otras.

En nuestra provincia de Jujuy, el yacimiento Caimancito, que desde el 2008 venía siendo explotado por la empresa de capitales argentinos PLUSPETROL, del grupo Bridas, pasó en 2011 a manos de la empresa de capitales chinos, JHP, con la cual la Pluspetrol es socia en emprendimientos en Perú y Ecuador. Este verdadero “cuento chino” del traspaso les permite a las empresas diluir las responsabilidades que les caben sobre los pasivos ambientales; también lograr la extensión de la concesión argumentando el corto período de tiempo para realizar inversiones.

Luego de 40 años de explotación del yacimiento Caimancito, los pueblos vecinos de El Bananal, Yuto, Caimancito, Calilegua, comprueban que esa actividad extractiva, sin ningún procesamiento en el lugar, no genera empleo en forma significativa, la mano de obra calificada proviene de otros lugares y localmente sólo se obtienen trabajos temporarios y precarios, tercerizados a través de empresas de servicios.    Tampoco genera un crecimiento de la infraestructura y de los servicios de sus localidades. Ninguna de ellas posee red de gas natural, siendo que son atravesados por numerosos gasoductos. No cuentan siquiera con servicios elementales como cloacas, servicios hospitalarios dignos, viviendas.

Estas localidades reciben del yacimiento Caimancito solo ríos contaminados y la casi certeza de estar contaminada el agua que consumen; quedando expuestos a los daños a la salud que generan los hidrocarburos y las aguas residuales con productos químicos usados en la actividad, que en ciertos casos tienen efectos cancerígenos o comprometen el sistema nervioso central, la sangre, el sistema inmunitario, el hígado, el bazo, los riñones, los pulmones, el sistema reproductivo, el feto.

Origen del conflicto

En el año 1969 YPF inicia actividades hidrocarburíferas en el Yacimiento Caimancito. Si bien en un principio su producción resultó importante a nivel regional, en pocos años esos volúmenes disminuyeron a valores mínimos.

Una década más tarde, en el año 1979 se crea el Parque Nacional Calilegua. Durante las evaluaciones previas a su creación, se destacó la importancia natural del área donde se ubicaba el yacimiento petrolero, emplazado sobre Selva Pedemontana, unidad ambiental de elevada sensibilidad, singularidad y alto valor de conservación. A nivel regional, la Selva Pedemontana ha perdido el 75 % de su superficie original, debido principalmente al avance de la frontera agroindustrial. Su crítico estado de conservación obliga a darle máxima prioridad de conservación y a mantener sectores protegidos a nivel nacional y regional. Siguiendo este precepto y en base a suponer el inminente abandono de la actividad petrolera dado su escasa rentabilidad, se incorporan las 5700 hectáreas del yacimiento Caimancito en el proyecto de AP.

El yacimiento quedo entonces en jurisdicción y dominio del Parque Nacional, en un sector contiguo a la zona conocida como Yuto – Sauzalito, de propiedad de la empresa Ledesma

SAAI. En conjunto, toda esta zona es identificada como corredor ambiental de gran importancia, crítico en términos de conectividad biológica por constituir el único nexo funcional entre los sectores norte y centro de las Yungas argentinas. Es importante además por su rol en la conectividad con el ambiente Chaqueño.

Creado el PNC, YPF continuó desarrollando la explotación petrolera, hasta lograr la perforación y producción de un total de 34 pozos petroleros. En el año 1992, producido el desguace y privatización de YPF, el yacimiento Caimancito es concesionado por 25 años, sin embargo esa misma adjudicación luego será retransferida entre las empresas UTE NECON-PETROLEOS SUDAMERICANOS (1992), PLUSPETROL S.A (2008) y JHP International Petroleum Engineering Ltda. (2011).

Retirado YPF del yacimiento, la desinversión fue total, hasta alcanzar la situación actual en que solo 10 pozos se mantienen productivos. Agotados los 24 pozos restantes, se abandonaron sus instalaciones y fueron cubiertos por la vegetación selvática.

Fundamentamos nuestra posición

La explotación del Yacimiento Caimancito, en Jurisdicción y Dominio del Parque Nacional Calilegua es ILEGAL.

Los parques nacionales son inalienables, es decir no pueden venderse ni cederse. Este principio garantiza que sus objetivos y metas de conservación de los valores ecológicos, culturales, estéticos y científicos, no queden expuestos a intereses sectoriales o crisis coyunturales.

El PN Calilegua se creó bajó el régimen de la Ley 18594/72 del Servicio Nacional de Parques Nacionales, que al igual que su sucesora y vigente ley 22.351/80 de Parques Nacionales, establece la prohibición de la actividad hidrocarburífera en razón de las graves alteraciones que provoca sobre los ecosistemas. En el año 1990 el Decreto 2149, adicionó al PN Calilegua, la categoría de Reserva Natural Estricta.

Siendo que la ley de parques nacionales prohíbe la actividad hidrocarburífera en las áreas protegidas, resulta incomprensible que habiéndose destinado un mismo territorio a actividades con objetivos y normativas regulatorias antagónicas, el decreto de creación del Área Protegida no advirtiera y convocara a resolver la incompatibilidad legal generada. Por su parte, la ley 17.319 de Hidrocarburos, en su    Art. 79 establece  “Son absolutamente nulos los permisos y concesiones que se superpongan a zonas vedadas a la actividad petrolera”.

Resultan así, absolutamente nulos los decretos dictados por los gobiernos nacional y provincial adjudicando concesiones y aprobando traspasos del yacimiento entre las diversas empresas. Estos decretos no hacen referencia a que el yacimiento Caimancito se desarrolla en Jurisdicción y Dominio de un Parque Nacional; en consecuencia no se reconoce la incompatibilidad legal entre la ley de Parques Nacionales y la actividad petrolera que habilitan; mucho menos condicionan la continuidad del yacimiento.

Desde la creación del AP hasta la actualidad, las autoridades políticas de la Administración de Parques Nacionales (APN), incumplieron sistemáticamente a los deberes de funcionario público ya que nunca objetaron dichos decretos, avalando así la ilegalidad del yacimiento.

El carácter de Orden Público de la ley de Parques Nacionales, descarta el planteo del presunto derecho adquirido por la preexistencia de la explotación. Así lo establece la jurisprudencia que sentó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el año 2005, cuando en razón del carácter de orden público de la ley de áreas protegidas, prohibió a REPSOL-YPF la perforación de pozos petroleros en la “reserva fáunica Llancanelo”. Al igual que Calilegua, Llancanelo fue incorporada como área protegida provincial varios años después que se iniciara allí la actividad petrolera.

* El Yacimiento Caimancito contamina el agua que consumen los pueblos vecinos.

Contaminación del agua subterránea: El crudo que se extrae es una combinación de petróleo, gas y “agua de formación”. Su separación genera el residuo más contaminante de la explotación petrolera: el “agua de purga”.

La normativa petrolera destaca que el agua de purga, constituida principalmente por agua de formación, es el contaminante de mayor incidencia. Este residuo contiene altos tenores de sales disueltas, hidrocarburos solubles y la posibilidad de estar acompañado por gases peligrosos; en base a ello establece como prioritario asegurar su confinamiento sin impactar sobre los acuíferos.

Sin embargo, en el PNC la disposición final del agua de purga se realiza en un pozo de solo 650 metros de profundidad, cuando los estudios realizados en 2008 por la propia petrolera, señalan que se puede encontrar agua apta para el consumo humano y animal hasta una profundidad de 800 metros y recomiendan inyectar el agua de purga por debajo de los 1.200 metros para minimizar los riesgos de contaminar el agua que consume el pueblo de Caimancito y áreas cercanas.

Contaminación del arroyo El Saladito: Desde sus inicios, la actividad petrolera contamina el Arroyo “El Saladito” tal la denominación ganada por el sabor de sus aguas. La contaminación podría provenir del agua de purga resultante de la separación del crudo o quizá del agua de formación proveniente del colapso de la estructura de alguno de los pozos petroleros inactivos de los alrededores. A pesar de la gravedad de la situación, no se avanzó en determinar fehacientemente su origen y resolver definitivamente este grave impacto.

* Debe abordarse la inmediata resolución de los pasivos ambientales,

Los pasivos ambientales son el conjunto de daños ambientales, como contaminación del agua, del suelo, del aire, deterioro de los recursos y de los ecosistemas, producidos por una empresa durante su funcionamiento ordinario, sus instalaciones o por accidentes a lo largo de su historia.

Contaminación del Arroyo Yuto: Desde el año 1997, la APN tiene conocimiento que el pozo petrolero inactivo Caimancito e-3, ubicado 50 metros fuera de los límites del AP, colapsó su estructura y contamina con agua de formación el Arroyo Yuto que atraviesa el AP a lo largo de 13 kilómetros. Cada día este pozo aporta al arroyo unos 200.000 litros de agua de formación conteniendo 20.000 kilogramos de sales disueltas; con una concentración de Cromo 30 veces por encima del máximo valor permitido para la protección de la vida acuática. También aporta hidrocarburos y fenoles, 400 y 100 veces respectivamente por encima de lo permitido por la legislación. Estos elementos que contaminan el Arroyo Yuto constituyen Residuos Peligrosos y Ecotóxicos según lo especifica la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Pozos inactivos: El colapso de la estructura de los pozos petroleros es inevitable debido a la corrosión que genera el agua de formación. Destacamos el alto riesgo ambiental que representan los pozos inactivos del yacimiento sin el correcto abandono y sellado, ya que pueden ocasionar derrames de hidrocarburos y/o aguas de formación, contaminando arroyos y napas de agua aptas para consumo, además de otros riesgos como el de causar incendios por emanación de gases. Por ello la normativa petrolera obliga a las empresas a cementar los pozos inactivos que se abandonan. Los plazos fijados en la reglamentación para el sellado de estos pozos inactivos están ampliamente vencidos. Esta operación significa un alto costo que las empresas sistemáticamente se niegan a afrontar y en ello cuentan con el respaldo político de los funcionarios. Los mencionados decretos de adjudicación y transferencia de la concesión, no hacen referencia a las responsabilidades y obligaciones que les cabe a las empresas sobre los pasivos ambientales. Así es que las recurrentes transferencias son utilizadas como una estrategia para no afrontar económicamente la remediación  de los pasivos ambientales principalmente el sellado de pozos abandonados.

Reiteramos, dentro del PNC existen 24 pozos inactivos. Ninguno de ellos se encuentra sellado, por lo que derivarán en la misma situación de contaminación del pozo e3; solo es cuestión de tiempo.

* Debe desarrollarse un plan ordenado del cese de la actividad petrolera en el yacimiento Caimancito.

La actividad petrolera en el PNC es ILEGAL y debe declararse su cese definitivo. El retiro de las instalaciones y las tareas de sellado de los numerosos pozos existentes, inevitablemente generarán impactos ambientales producto de las significativas actividades de intervención y de todas sus obras auxiliares como apertura de caminos, locaciones, campamentos, etc. Para minimizar la sumatoria y acumulación de esos impactos será necesario disminuir la intensidad de las obras, extendiéndolas en el tiempo. Por ello es necesario el inmediato inicio del plan de abandono de los pozos petroleros y un plan ordenado de abandono del conjunto de instalaciones del yacimiento Caimancito.

Los trabajadores del PNC decimos que el cese de la actividad petrolera debe ser concretado mediante un programa progresivo y planificado. Que ese programa debe ser conducido por el Estado Nacional quien debe garantizar que el proceso se desarrolle correctamente. Para ello el Estado debe decretar el cierre definitivo del yacimiento y exigir a las empresas privadas que explotaron el yacimiento, UTE NECON-PETROLEOS SUDAMERICANOS, PLUSPETROL S.A y JHP International Petroleum Engineering Ltda., asumir los costos del sellado de los pozos petroleros y la remediación de todos los pasivos ambientales y los graves problemas de contaminación enumerados en este documento. Todo el proceso de abandono y remediación debe realizarse con estricto control ambiental de la APN.

En base a lo expuesto, los trabajadores del PNC firmemente exigimos a las autoridades de la APN, en cumplimiento de sus deberes de funcionario público:

* Realizar la correspondiente presentación judicial reclamando el cese de la explotación hidrocarburífera en el yacimiento Caimancito por ser ésta una actividad ilegal en el Parque Nacional Calilegua.

* Promover acciones legales por la elevada probabilidad de contaminar con agua de purga, el agua potable que consumen el pueblo de Caimancito y pobladores rurales; invocando el principio de precaución, en base a los datos aportados por los estudios realizados por la empresa petrolera.

* Promover acciones legales, requiriendo la solución y remediación de la contaminación generada sobre los cursos de agua en el área protegida.

* Promover acciones legales para logar el inmediato sellado del pozo petrolero Caimancito e 3 y la remediación de los impactos generados.

* Promover acciones legales para lograr el debido abandono y sellado de todos los pozos petroleros del yacimiento.

* Expedirse por el cese definitivo de las actividades petroleras en jurisdicción y dominio del Parque Nacional Calilegua, requiriendo al Estado que decrete el cierre del yacimiento Caimancito y que desarrolle un plan ordenado de abandono logrando la correcta resolución de los pasivos ambientales, priorizando el sellado de los pozos petroleros.

¡¡No a JHP-PLUSPETROL en el Parque Nacional Calilegua!!

Ningún tipo de explotación hidrocarburífera en el Parque Calilegua ni en ninguna Área Protegida

¡¡No a la desafectación de las áreas protegidas en función de intereses empresariales y sectoriales!!

¡¡Renacionalización de los recursos energéticos!!

Expropiación sin pago indemnizatorio de las empresas que saquean los recursos hidrocarburíferos

Sólo los trabajadores y los pobladores estamos interesados en la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, y no los empresarios que sólo piensan en el lucro y sus ganancias.

ASAMBLEA DE TRABAJADORES DEL PARQUE NACIONAL CALILEGUA

Contactos:
Gabriel Brizuela 03886 – 15500167
Cecilia Iriarte 03886 – 15500334
Moises Corregidor 03886 – 15507395
David Sarapura 03886 – 15507397
Rosario Jara 03886 – 15655226
Guillermo Nicolossi 03886 – 15507400
Jorge Baldo 0388 – 154047193


--
Observatorio Petrolero Sur | OPSur

SALTA: COMUNIDADES WICHI DE FORTIN DRAGONES REITERAN SU RECLAMO FRENTE AL DESMONTE DE SUS TERRITORIOS.

Salta (OPSur).-

El INAI continúa sin tomar cartas en el asunto.

Por OPSur.- Las comunidades nucleadas en la Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo junto a familias criollas cortaron hoy media calzada de la ruta nacional 81, a la altura de Fortín Dragones, y, de persistir la situación, profundizarán la medida con un corte total el día de mañana.

La Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo viene denunciando que persiste la tala y corte ilegal en sus territorios, emplazados en el Municipio de Embarcación, Departamento San Martín. Hace dos semanas realizaron una acción similar, de tres días de duración, donde se reclamó la presencia del INAI. Según los comuneros, el organismo prometió la llegada de un representante, pero este nunca se hizo presente. Al mismo tiempo, el organismo nacional habría evadido responsabilidades directas por falta de “competencia” en el asunto.

Los reclamos centrales son el freno inmediato a la tala y el corte ilegal, tanto en los territorios relevados en el marco de la ley 26.160 como los pendientes, y la presencia del INAI para que garantice esta situación. Tanto este organismo como la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta tienen conocimiento de la problemática que acontece en la zona, incluso de las amenazas de muerte recibidas por los comuneros, por lo que son responsables tanto de la integridad territorial como física de los miembros de la Federación Wichí.

Contacto:Ramón Roca, Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo: (03878) 15 675 853
Ramón Paz, Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo: (03878) 15 649 366

CERRO NEGRO: RESISTENCIA ANTIMINERA.

Catamarca (Acción por la biodiversidad).-"El 9 de julio inicia la primera fase del despliegue en Cerro Negro, en el noroeste de Catamarca, con el establecimiento de un campamento y el traslado de militantes antiminería desde las provincias de Río Negro, Buenos Aires, Córdoba y La Rioja. Durante la mañana del 17, el piquete impide el paso de los primeros transportes que se dirigen al yacimiento de Bajo de la Alumbrera. El 20, unidades especiales de la Policía se despliegan con la orden de despejar el cruce carretero."

9–20 de julio
El 9 de julio inicia la primera fase del despliegue en Cerro Negro, en el noroeste de Catamarca, con el establecimiento de un campamento y el traslado de militantes antiminería desde las provincias de Río Negro, Buenos Aires, Córdoba y La Rioja. Durante la mañana del 17, el piquete impide el paso de los primeros transportes que se dirigen al yacimiento de Bajo de la Alumbrera. El 20, unidades especiales de la Policía se despliegan con la orden de despejar el cruce carretero bloqueado por los activistas. Pasadas las 16:00, los efectivos desmantelan el campamento: la mayor parte de los ambientalistas no residentes son expulsados de la provincia.
Diálogo con “Carmen” (53), miembro de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua.*
P: Enfrentada al problema provocado por los bloqueos “selectivos” y una férrea resistencia ambientalista, Minera Alumbrera no tuvo más remedio que reconocer en su último informe operacional que en algunas provincias existe un nivel de conflictividad en torno a los emprendimientos extractivos que podría entorpecer los planes de inversión futuros.
R: Hemos solicitado la apertura del diálogo, se elevaron petitorios a la gobernadora, pero nunca hemos tenido respuesta. Nuestro reclamo se fundamenta en el conocimiento de los efectos perjudiciales de la explotación minera a cielo abierto sobre nuestra salud y el ambiente. Hace quince años que Alumbrera está en Catamarca, en una mina de oro con la cual tendríamos que ser la provincia más rica del país. Sin embargo, en Tinogasta, el hospital no cuenta con insumos, no hay oxígeno... La gente que está grave es derivada hacia la capital, a casi 300 km, o sino a la provincia de La Rioja. No hay progreso; en Belén, cerca de Bajo de la Alumbrera, los animales andan pelados: nos cuentan que cuando hay una inspección, se toman el trabajo de llevar plantas verdes, y las entierran ahí para que digan que todo está bien. No hay fuentes de trabajo, no hay obras, las rutas son pésimas, la educación es terrible. Nunca llega un libro a nuestros niños; tienen que venir con un palo de leña para calentarse en invierno. Los que tenemos la suerte de hacer estudiar a nuestros hijos, los enviamos a La Rioja, Córdoba, Tucumán. Por eso no acepto lo poco que dejan las mineras.
P: Examinando los principales puntos de sus despachos y manifiestos, es fácil recoger los dos elementos más críticos: paralización en todo el país de la exploración y explotación de yacimientos, y expulsión de las compañías extranjeras que se dedican a la extracción de recursos. Los acontecimientos en Cerro Negro no cambiaron el contexto de esta situación.
R: Estamos contentos porque no estamos solos; tenemos el apoyo de gente de todo el país: nos vienen a visitar, nos alientan. Cuando hubo la terrible represión en Tinogasta (véase Ruptura del cerco sobre Bajo de la Alumbrera), una batalla campal, no estábamos preparados. Corrió sangre, algunos compañeros tenían treinta balazos de goma en su cuerpo... Este es un pueblo tranquilo, donde las madres van con sus hijos al corte, se comparte alegría y también llanto. ¿Saben lo que nos gritan los choferes desde los camiones de Tamarugal que vienen de Chile y responden a Minera Alumbrera? “Hijos de..., las Malvinas son inglesas”. Según ellos, a la mina viene a trabajar gente de buena conducta, sin embargo, todos los empleados son patoteros. ¿Para qué queremos minería a cielo abierto? A Bajo de la Alumbrera le quedan tres años, y quieren pasar a Agua Rica, en Andalgalá, donde el pueblo vive arriba de una mina de oro y otros minerales que no sabemos cuáles son. Estaría bien una minería controlable, rentable, que no consuma tanta agua...
P: Algunos grupos, según Alumbrera, miran con reticencia y disgusto a la compañía —a pesar de que el año último aportó a la economía argentina un total de $4049,5 millones— debido a la visión desdibujada que poseerían sobre el rol que cumplen las empresas privadas y el Estado.
R: Según ellos, todas las municipalidades de la provincia reciben regalías mineras... Nosotros no sabemos cuánto, y no se ven obras, no se ve progreso, solamente camionetas de $300.000, el acomodo de las familias de los políticos. Nuestros jóvenes no tienen trabajo: acá se truncan sus sueños.
P: Como indicador de su desempeño ambiental, Minera Alumbrera pone el acento, por ejemplo, en un programa de monitoreo realizado durante el período 2010–2011 que, dentro de la zona operativa de la mina y en las localidades vecinas, confirmó que la empresa no genera impacto en la calidad de aire.
R: Por lo que he leído y lo que nos comentaron, tienen muchas denuncias penales por todo el cianuro y los productos que utilizan para la voladura de las montañas y para extraer el metal. Eso contamina, está comprobado, salió en los diarios. Nos trajeron unos profesionales que ganan mucho, y nos querían hacer creer que Alumbrera y los emprendimientos mineros no contaminan: el resultado final de esto es la bronca. Creen que somos tontos, y ya saben cómo los vamos a sacar. Estas mineras tienen el poder, el dinero: pueden pagar para que se formen las patotas, porque a ellos lo único que les interesa es el oro. ¿Por qué no se van? En sus países, creo que hay leyes que no permiten la explotación. Acá todo se lo roban, acá los pueblos no progresan.
P: El 18, a primera hora de la tarde, activistas tomaron por sorpresa, durante sesenta minutos y en forma simultánea, las dependencias que poseen en la Capital Federal seis de las diez provincias que conforman la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). Estas acciones dieron una publicidad al conflicto de la que era merecedor desde hace tiempo ...
R: Es de gran ayuda todo lo que se hace en las distintas provincias del país, sobre todo en Buenos Aires. Mucha gente que viene ve cómo nosotros estamos a la intemperie: no nos importa el frío, no nos importa el calor, no nos importa el viento. Lo único que tenemos claro es nuestro objetivo; fue una ayuda inmensa la difusión, el acompañamiento. Por la ciudad pasaban, hace casi seis meses, dieciocho o veinte camiones por día con insumos para Alumbrera, pero después de la represión solamente han pasado siete camiones escoltados por la policía (véase Detenciones en Tinogasta). Para nosotros es un gran triunfo. Escuché por la radio que el intendente está pensando cómo va a hacer para que el bloqueo se levante. No va a tener suerte: unas cuantas mujeres estuvimos sosteniendo el bloqueo en Tinogasta mientras se realizaba el de Cerro Negro. Acá se va a levantar el pueblo.
P: El escenario dispuesto ofrece pocas perspectivas de poder establecer cierta estabilidad en la región: la ONG tucumana Pro-Eco presentó el 6 de julio su renuncia a la federación ambientalista local expresando su profundo rechazo a cualquier intento de diálogo con las empresas mineras por considerarlas “ecocidas”.
R: Luchar contra Alumbrera es luchar contra un monstruo: ellos tienen el poder. Pueden comprar medios de comunicación, gobernadores, diputados, intendentes, concejales. No hemos intentado nunca tener diálogo con la minera, con los representantes del emprendimiento. Con quien sí hemos querido tener diálogo es con la gobernadora, pero en ningún momento hemos tenido respuesta. Un diputado decía en la radio que los piquetes en la ruta han cansado a la gente de Tinogasta, pero él no sabe que nosotros ya estamos cansados de los políticos corruptos. Él intentó negociar en febrero para que levantemos el bloqueo: nosotros seguiremos firmes, no lo vamos a levantar.
* Por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.

NEUQUEN-ZAINUCO: COMUNICADO DE PRENSA.

Neuquén (Zainuco).

           La Multisectorial convocada en mayo ppdo. para repudiar el asesinato de Cristian Ibazeta, dejo conformada en esa fecha una comisión cuyo principal objetivo es trabajar por la creación del Mecanismo Provincial contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradentes.

Como parte de su actividad en el dia de la fecha se presentaron notas en la Legislatura Provincial, dirigida a los legisladores integrantes de las Comisiones: Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia,  Derechos Humanos Peticiones Poderes y Reglamento, (cuyo texto adjuntamos, como asì el listado de los legisladores a quien han sido dirigidas.)

Este pedido ha sido suscripto por:

 Rubén Capitanio por Obispado de Neuquén, Madres de Plaza de Mayo Neuquén y Alto Valle, Zainuco, A.P.D.H., Ce.Pro.Dh. , Fernando Diez, Celina Fernàndez, Paula Sanchez, Sindicato de Prensa, Sindicato Ceramista, Aten Capital, Sindicato de Empleados Judiciales, DD.HH. CTA, Colegio Profesionales de Servicio Social, Coop. 8300, Coop.La Brecha, Activar.

Neuquén, 30 de julio 2012

GRAVE SITUACIÓN EN COLALAO, TUCUMAN.

Tucumán (Red Nacional de Acción Ecologista).-

 En Colalao, zona de Riarte, Departamento Trancas en la provincia del  Tucuman en su límite con la provincia de Salta, el 4 de julio pasado fueron desalojados los miembros de una comunidad.

Se trata de unas 19.600 ha en gran parte de las que se ha sembrado soja y desechado los residuos tóxicos con plaguicidas por doquier. La ONG Pro Eco, oportunamente, había realizado las denuncias, ya que parte de esos residuos peligrosos habían sido arrojados cerca de fuentes de agua. La asociación denunció, además, los desmontes sistemáticos de monte nativo.

            La ley Nacional 26.160 no permite los desalojos y promueve el relevamineto territorial de comunidades indígenas, para su estudio y respeto.

Pero, en Colalao, por orden del fiscal Herrera de Tucuman ayer 27 de julio, en un operativo en el cual se violentaron y echaron abajo las puertas de las viviendas, y se procedió al destrozo intencional de los enseres y mobiliarios, se apresaron 25 indígenas, entre ellos a la Cacique Maria Lilia Delgado y delegados de base de la comunidad Indio Colalao, permaneciendo hasta el momento de este parte informativo, dos detenidos aún.

El Habeas presentado para suspender este desatino, ha sido denegado “por errores de forma”. Lo preocupante es que habría una orden de detención inminente para gran parte de la comunidad agrícola de Colalao, por parte de la Décima Fiscalia en lo Penal a cargo del Fiscal Dr. Herrera, y la Tercera a cargo del Fiscal Dr Pizza

RENACE repudia estos penosos atropellos del imperio de la soja por sobre las comunidades que vivieron allí desde hace siglos, y sus ejecutores en empresas, poder judicial y gobiernos.

Tels de contacto:

(0381) 155-331179
(0223) 155-012437
(03835) 486273

Alfredo Carbonell freddycarbonel@yahoo.com.ar

www.renace.net

EL BOLSON: COOPETEL INFORMA.

El Bolsón (Area comunicación).-Coopetel informa que el martes 30 de julio de 2012 atenderá al publico de
10 a 13 hs limitando el horario de atención y cobros por caja en oficinas
centrales,debido a que el resto del personal administrativo estará afectado
al ensobrado de la facturación. Rogamos sepan disculpar las molestias
ocasionadas.

--





Marcelo Krass
Secretario Administrativo Consejo de Administración
Área Comunicación y Asesoramiento Cooperativo
Coopetel
(0294) 445-5604
Email: [mkrass@coopetel.org -> mailto:mkrass@coopetel.org]
Juez Fernández 429 (8430) El Bolsón
Río Negro - República Argentina

TRELEW: VECINXS INFORMAN VECINXS- SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS EN LUCHA.

Trelew (Prensa UAC).-Este viernes 27 dejulio estuvimos informando sobre la ruta provincial 25 y hoy sábado 28 lo hicimos a la vera de la ruta nacional 3 a la entrada de Trelew. Compartiendo información sobre los proyectos megamineros con uso de tóxicos en Chubut. Proyecto Navidad –plata y plomo- en la meseta central, Tijeras –uranio- en Dolavon, Cerro Solo –uranio- en Paso de Indios, entre otros mas de cien proyectos en la provincia. También estuvimos informando sobre la situación en Cerro Negro, Catamarca. Y cómo operan los gobiernos de la Ofemi en complicidad con las empresas y las fuerzas policiales y parapoliciales para intentar frenar a los pueblos que luchamos por la autodeterminación, la vida y el agua de todas y todos.

Ante esta opresión sistemática los pueblos nos venimos organizando y protegiendo mutuamente, fortaleciéndonos y dando a conocer nuestras voces y nuestra lucha.

Seguiremos avanzando, no nos detendrán!

Fuera megamineras de los territorios!

Libertad  a los pueblos que luchan!

El agua es vida!

La tierra es para alimentar a los pueblos!

**************************************

Foro Ambiental y Social de la Patagonia

sede Puerto Madryn

faspmadryn@yahoo.com.ar

Entrá y Difundí www.faspatagonico.blogspot.com

Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

EL STJ REMITE LA CAUSA LAGO ESCONDIDO A JUEZ DE BARILOCHE PARA QUE HABILITE EL CAMINO DE TACUIFI.

El Bolsón (Asamblea en defensa del Agua y la Tierra).-A través de la Resolución STJ del 20 de abril de 2012 en los autos caratulados “INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN AUTOS: ODARDA, MARÍA MAGDALENA Y OTROS C/ VIAL RIONEGRINA S.E. Y OTROS S/ MANDAMUS S/ INCIDENTE”, Expte. 21.690/06-STJ, el Superior Tribunal de Justicia, con las firmas de los Dres. Víctor Sodero Nievas y del Juez subrogante, Dr. Roberto H. Maturana, resolvió que “A los fines de la prosecución de la ejecución, (corresponde) remitir de modo inmediato copias de las actuaciones habidas ante éste Tribunal, conforme lo ordenado en el auto interlocutorio nª 15/12, obrante a fs. 814/817”, Resolución que hoy se encuentra firme y consentida por la condenada a hacer (Provincia de Río Negro).

      Es decir que se deriva la citada causa judicial que tramitara ante el STJ a la ciudad de Bariloche a fin de que el Juez Civil y Comercial que resulte sorteado brinde fiel cumplimiento a la apertura de los distintos caminos que permitan acceder al Lago Escondido, entre ellos el comúnmente denominado “Camino de Tacuifí”, que parte de la localidad rionegrina de “El foyel” hasta el citado espejo de agua. Expresa la reciente Resolución que“la sentencia 64/09, dictada en el marco de ejecución de aquella (la primer sentencia de 2006), fijó los parámetros para el cumplimiento efectivo de la misma, dada la ejecutoriedad propia de la decisión judicial firme que se torna en un mandato que ha de imponerse por los medios apropiados según su naturaleza.

      Aclara el STJ en la página 3ª que “En efecto, en tales pronunciamientos se encuentra la manda cuyo cumplimiento el Juez donde se radique la ejecución deberá verificar. Así como el leal acatamiento tanto de las partes como por los organismos que han intervenido en la presente causa”, remitiendo para ello a la Resolución anterior de 15/12, del 29 de marzo de 2012, en cuanto “Todo lo expuesto amerita el permanente monitoreo en el cumplimiento de lo allí dispuesto a fin de que su contenido no se torne abstracto”, dado que “Los extremos que el Juez de Ejecución deberá contemplar, conforme el artículo 511 y el 588 bis CPCC, en cuanto a la adecuación de la ejecución de la sentencia se encuentran claramente definidos en las sentencias antes citadas”.    

       En cuanto a la expresa orden de apertura del Camino preexistente de Tacuifí, cuyo reconocimiento público ordenara el mismo STJ el 19 de marzo de 2011 y al que acudiera un gran número de personas acompañando la medida judicial, el mismo STJ revela en la página 4º de la nueva Resolución que “Efectivamente, en los considerandos de la sentencia 64/09 se señaló que “es necesario asegurar que el camino constituido mediante la servidumbre, así como el trayecto preexistente que nace en el paraje Tacuifi, queden en el ámbito de la responsabilidad de VIARSE, sin perjuicio además de la intervención que le corresponde al CODEMA y demás organismos competentes para asegurar el acceso al Lago Escondido con adecuada señalización y asegurando la transitabilidad con el debido cuidado de la normativa nacional (Ley 22.351) y ley 25.675 (general del medio ambiente) en cuanto fueren aplicables y demás normativa provincial referida a las áreas naturales protegidas…”

        Recordemos que en dicha sentencia (64/09) el STJ había resuelto: “Fijar un plazo de CIENTO VEINTE (120) DÍAS para que se cumpla con la señalización y medidas de seguridad, conforme los considerandos, debiendo notificarse a VIARSE y al CODEMA, bajo apercibimiento de astreintes”, habiendo hoy transcurrido más de 33 meses desde entonces.

        El STJ cierra ésta última Resolución de un modo contundente definiendo: “Es decir, corresponde asegurar el acceso al Lago Escondido por todas las vías alternativas existentes y preexistentes, verificando las servidumbres, sean éstas convencionales, administrativas, legales o judiciales”.

        De éste modo, el máximo Tribunal de la Provincia de Río Negro resulta coherente con sus resoluciones anteriores y obliga expresamente al Juez Civil que resulte sorteado en Bariloche a dar fiel cumplimiento a la apertura del camino de “Tacuifí” dispuesta oportunamente por el mismo STJ, medida que la ciudadanía viene demandando desde hace ya largos años a fin de garantizar el libre acceso, en condiciones de igualdad y accesibilidad, a las aguas y márgenes públicas del Lago Escondido.

PRENSA CC-ARI RÍO NEGRO

HOSPITAL DE ESQUEL: SEMANA CLAVE EN EL GRAVE CONFLICTO QUE ATRAVIESA EL SECTOR DE LA SALUD.

El Bolsón (ANPP).-

Fuente: El Patagónico

Foto: Andrés Campos

El Ministerio de Salud de Chubut mantendrá este lunes una reunión paritaria con los sindicatos del sector frente al descontento entre los trabajadores por una oferta de mejora salarial de 800 pesos. Mientras en los hospitales, especialmente de las zonas del valle y de la cordillera, se suceden las medidas de fuerza y las renuncias de los médicos como es el caso del Hospital Zonal de Esquel.

           

En ese contexto, el médico Jorge Elías cuestionó su desplazamiento de la dirección asociada del Hospital Zonal Esquel por parte del ministro de Salud, Osvaldo Luján. “Sabía que apoyaba a los trabajadores. Tomó la decisión de apartarme porque no respondo a los intereses políticos. No hago política partidaria sino política en salud de la población”, cuestionó Elías.  Como consecuencia de esa decisión, el director Marcelo Flores adelantó que renuncia de forma indeclinable, y así lo adelantaron otros jefes de sectores.

El director asociado del Área Programática Esquel, Walter Rearte se comprometió frente a los trabajadores movilizados a gestionar ante el ministro que revea su decisión y admitió la posibilidad de dar un paso al costado en caso de no lograr ese cometido.

En este clima, el viernes médicos y personal de salud decidió tomar ese hospital en forma “pacifica” en repudio a las decisiones tomadas por el ministro.

Los trabajadores se reunieron con autoridades municipales. En ese ámbito los manifestantes aceptaron hacer un impasse en el conflicto hasta el miércoles, sólo a cambio de que se deje sin efecto la desafectación Elías.

“El lunes retomamos la paritaria de discusión de la pauta salarial y el martes la ley de carrera sanitaria. De todas maneras está previsto retomar el paro el miércoles si no se logra acordar en paritaria las exigencias de la asamblea”, informaron.

Medidas de fuerza

Mientras, en el noreste provincial las medidas de fuerza continuarán después de una semana de paro, e intensas movilizaciones, que incluyeron denuncias de abuso policial.

En este marco el debate acerca de las medidas de fuerza se instaló después de que el gobierno comunicará que la misma era “ilegal”.

Al respecto el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, Jorge Cornejo, explicó: “el gobierno salió diciendo que era ilegal el paro pero hicimos la presentación tanto en provincia como en Nación y no nos llegó ninguna notificación que diga que el paro es ilegal”, afirmó.

Consideró luego que el porcentaje ofrecido por gobierno provincial es “algo irrisorio porque la propia presidenta Cristina Kirchner fija el 9 por ciento de aumento para la canasta familiar”.