El Bolsón, 12 de abril de 2012 (Federación de Estudiantes Secundarios - Andina).- Al Delegado Regional de Educación Zona Andina Sur: Habiendo transcurrido más de 220 días de clases desde el comienzo de nuestros reclamos y perjudicando más de 1200 alumnos, de los cuales muchos abandonaron las escuela dirigiéndose a otros establecimientos, incluyendo privadas, nos dirigimos a Usted con el fin de solicitarle el cronograma de obras: cantidad de personal, plazo de obras, día de inicio definitivo, presupuesto acordado, en que se va a utilizar, etc.
Exigimos una pronta respuesta.
C/copia a: Los medios de difusión, al intendente y al Ministro de Educación de Provincia.
Contacto: http://fesandina.blogspot.com/
viernes, 20 de abril de 2012
jueves, 19 de abril de 2012
CASO GARRIDO: COLECTIVO DE MILITANTES POR LOS DDHH SE REUNIERON CON JUEZ LOZADA
El Bolsón (Colectivo Militante por los Derechos Humanos).- El martes 10 de abril, a tres días de cumplirse 15 meses desde la muerte de Guillermo “Coco” Garrido en la Comisaría 12 de El Bolsón, familiares, vecinos y organizaciones nos reunimos en el juzgado de San Carlos de Bariloche con el juez Martín Lozada, quien se encuentra a cargo de la causa.
Nos dirigimos para conocer los avances de la causa y manifestamos nuestra preocupación por la falta de celeridad en la investigación, teniendo en cuenta que se cumplirán seis meses desde las pericias realizadas por forenses de Buenos Aires, que confirmaron el asesinato de Guillermo.
Manifestamos nuestro repudio porque continúan los policías involucrados en ejercicio de sus funciones, con el arma en la cintura y reprimiendo con total impunidad.
Ante la mención del Dr. Lozada sobre la “causa Walter Bulacio” (joven asesinado por la policía en 1991, en Buenos Aires) manifestamos nuestra preocupación para que no pasen 20 años y aun continuemos reclamando. Porque a pesar de las promesas del Gobernador, del Ministro de seguridad, de las nuevas autoridades policiales y de funcionarios políticos locales, nada ha cambiado.
Solicitamos además en el mismo juzgado, la presencia del fiscal Eduardo Fernández en nuestra localidad, quien representa al estado, para que explique que ha hecho en relación a la causa, a partir del resultado de la autopsia que categóricamente, demostró que Guillermo Garrido fue asesinado de un golpe en la nuca.
Al cumplirse 15 meses del asesinato de “coco” Garrido, convocamos a toda la comunidad, a reunirnos el sábado 21 de abril a las 16 Hs. en la Biblioteca Sarmiento con la presencia de la Doctora Marina Schifrin, abogada de la familia Garrido para hablar sobre el estado de la causa y debatir juntos como podemos organizarnos para seguir la lucha contra la impunidad y la represión. A continuación relizaremos la marcha.
Nos dirigimos para conocer los avances de la causa y manifestamos nuestra preocupación por la falta de celeridad en la investigación, teniendo en cuenta que se cumplirán seis meses desde las pericias realizadas por forenses de Buenos Aires, que confirmaron el asesinato de Guillermo.
Manifestamos nuestro repudio porque continúan los policías involucrados en ejercicio de sus funciones, con el arma en la cintura y reprimiendo con total impunidad.
Ante la mención del Dr. Lozada sobre la “causa Walter Bulacio” (joven asesinado por la policía en 1991, en Buenos Aires) manifestamos nuestra preocupación para que no pasen 20 años y aun continuemos reclamando. Porque a pesar de las promesas del Gobernador, del Ministro de seguridad, de las nuevas autoridades policiales y de funcionarios políticos locales, nada ha cambiado.
Solicitamos además en el mismo juzgado, la presencia del fiscal Eduardo Fernández en nuestra localidad, quien representa al estado, para que explique que ha hecho en relación a la causa, a partir del resultado de la autopsia que categóricamente, demostró que Guillermo Garrido fue asesinado de un golpe en la nuca.
Al cumplirse 15 meses del asesinato de “coco” Garrido, convocamos a toda la comunidad, a reunirnos el sábado 21 de abril a las 16 Hs. en la Biblioteca Sarmiento con la presencia de la Doctora Marina Schifrin, abogada de la familia Garrido para hablar sobre el estado de la causa y debatir juntos como podemos organizarnos para seguir la lucha contra la impunidad y la represión. A continuación relizaremos la marcha.
DECLARACION ENCUENTRO ARGENTINO CHILENO EN DEFENSA DE LA CUENCA DE LOS RIOS PUELO Y MANSO
Lago Puelo (Organizaciones ambientalistas).- El sábado 14 de abril se realizó el 2° Encuentro Binacional Argentino Chileno en la localidad de El Bolsón, Argentina, en relación a la preocupación común de pobladores y organizaciones de ambos lados de la cordillera: los proyectos hidroeléctricos sobre las cuencas de los ríos Puelo y Manso, en territorio chileno.
El encuentro contó con más de un centenar de asistentes en representación de las comunidades de la región y algunas autoridades políticas. Se dio inicio con la presentación a cargo de Rodrigo Condezza, de un proyecto de Conservación Ambiental del río Puelo, más un plan de Ordenamiento Territorial elaborado por la Universidad Mayor, con el propósito de proteger la cuenca hídrica del río Puelo. A continuación, Mauricio Fierro, de la organización Geoaustral, describió las características de los emprendimientos hidroeléctricos sobre las cuencas del Puelo y el Manso, exponiendo una síntesis de los principales impactos socioambientales. Los aspectos legales fueron abordados por la Dra. Maria Victoria Pizzorno, abogada ambientalista que colabora en asesoramiento técnico. Posteriormente, compartimos el relato de los pobladores del sector quienes asistieron a la presentación del proyecto por parte de la empresa Mediterráneo S.A., en el marco del proceso de consulta y participación ciudadana. Los pobladores dieron cuenta de las burdas explicaciones técnicas poco comprensibles brindadas por representantes de la empresa, llenas de incoherencias y barbaridades, disfrazando este proyecto altamente destructivo como "amigable con el ambiente", con argumentos poco reales y carentes de sentido, dejando así más interrogantes que respuestas, y poniendo en evidencia que la empresa es la única beneficiaria.
Finalmente, se desarrolló un polémico debate enriquecido por la presencia de vecinos, ambientalistas e integrantes de Parques Nacionales, quienes aportaron diversas miradas sobre el tema.
Como cierre del Encuentro se acordó la elaboración y redacción de la siguiente declaración:
DECLARACION ENCUENTRO ARGENTINO CHILENO EN DEFENSA DE LA CUENCA DE LOS RIOS PUELO Y MANSO
El Bolsón, 14 de abril del 2012.
Las comunidades y organizaciones de la Comuna de Cochamo (Chile) y de la Comarca Andina del Paralelo 42 (Argentina), acuerdan la declaración que se detalla a continuación:
· Expresamos nuestro profundo rechazo a los proyectos hidroeléctricos que pretenden llevar a cabo las empresas Endesa S.A. y Mediterráneo S.A. sobre las cuencas de los ríos Puelo y Manso respectivamente,en virtud de los graves e irreversibles impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que dichos proyectos implican.
El encuentro contó con más de un centenar de asistentes en representación de las comunidades de la región y algunas autoridades políticas. Se dio inicio con la presentación a cargo de Rodrigo Condezza, de un proyecto de Conservación Ambiental del río Puelo, más un plan de Ordenamiento Territorial elaborado por la Universidad Mayor, con el propósito de proteger la cuenca hídrica del río Puelo. A continuación, Mauricio Fierro, de la organización Geoaustral, describió las características de los emprendimientos hidroeléctricos sobre las cuencas del Puelo y el Manso, exponiendo una síntesis de los principales impactos socioambientales. Los aspectos legales fueron abordados por la Dra. Maria Victoria Pizzorno, abogada ambientalista que colabora en asesoramiento técnico. Posteriormente, compartimos el relato de los pobladores del sector quienes asistieron a la presentación del proyecto por parte de la empresa Mediterráneo S.A., en el marco del proceso de consulta y participación ciudadana. Los pobladores dieron cuenta de las burdas explicaciones técnicas poco comprensibles brindadas por representantes de la empresa, llenas de incoherencias y barbaridades, disfrazando este proyecto altamente destructivo como "amigable con el ambiente", con argumentos poco reales y carentes de sentido, dejando así más interrogantes que respuestas, y poniendo en evidencia que la empresa es la única beneficiaria.
Finalmente, se desarrolló un polémico debate enriquecido por la presencia de vecinos, ambientalistas e integrantes de Parques Nacionales, quienes aportaron diversas miradas sobre el tema.
Como cierre del Encuentro se acordó la elaboración y redacción de la siguiente declaración:
DECLARACION ENCUENTRO ARGENTINO CHILENO EN DEFENSA DE LA CUENCA DE LOS RIOS PUELO Y MANSO
El Bolsón, 14 de abril del 2012.
Las comunidades y organizaciones de la Comuna de Cochamo (Chile) y de la Comarca Andina del Paralelo 42 (Argentina), acuerdan la declaración que se detalla a continuación:
· Expresamos nuestro profundo rechazo a los proyectos hidroeléctricos que pretenden llevar a cabo las empresas Endesa S.A. y Mediterráneo S.A. sobre las cuencas de los ríos Puelo y Manso respectivamente,en virtud de los graves e irreversibles impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que dichos proyectos implican.
UNA MULTITUD MARCHÓ EN LA RIOJA CONTRA LA MEGAMINERÍA
Buenos Aires, viernes 13 de abril de 2012 (AW).- El restablecimiento de la ley que prohíbe la Megamineria, fue una de las consignas que daban razón a la enorme columna que marchó en la mañana de ayer. También se sumó a los reclamos de los vecinos y vecinas la devolución de los fondos que le corresponden al Municipio de Famatina y fueron quitados por el Gobernador del Frente para la Victoria Luis Beder Herrera.
Los vecinos de Famatina acompañados por una gran cantidad de manifestantes, se presentaron esta mañana en las puertas de la Legislatura de la provincia para exigirles a los legisladores que restablezcan la ley que prohíbe la Megaminería. Además los vecinos pidieron que se devuelvan los fondos que le corresponden al Municipio de Famatina que fueron quitados por el Gobernador Luis Beder Herrera. Y hubo fuertes expresiones para que se revoque el mandato de la diputada pro minería Olima.
Fue el propio gobernador Luis Beder Herrera quien había prohibido en 2007 la megamineria en la provincia, y a los pocos meses se encargó de derogar la prohibición. Es por eso que los vecinos, mayoritariamente de Famatina y Chilecito, exigieron esta mañana a los legisladores provinciales que se vuelva a dar vigencia a la reglamentación, ante las intenciones de Beder Herrera de autorizar la explotación del cerro Famatina a la empresa Osisko.
De la marcha participó una multitud, y volvió a demostrar que el reclamo por el "Famatina no se toca" sigue vivo en el pueblo de La Rioja. El intendente de Famatina Ismael Bordagaray, volvió a reclamar por los fondos que el corresponden al municipio que son cortados desde diciembre por el gobernador kirchnerista, ya que Bordagaray (también del Frente para la Victoria) se opone a la extracción mega minera.
En dialogo con Ipodagua.com, la asambleísta Marisa Romero comentó "cuando llegamos un par de punteros del gobierno, más precisamente del ministro de infraestructuras Bosetti, intentaron provocarnos. Pero como no respondimos, solo nos paramos frente a la puerta de la legislatura e hicimos la manifestación, el acto se desarrollo con normalidad".
Y por supuesto, no faltaron los reclamos para que sea revocado el mandato de la diputada Olima, quien realizó su campaña en contra de la megaminería, y al asumir el cargo avaló el avance de la industria saqueadora. Esta semana salió favorable el pedido de los vecinos en el Tribunal Electoral de la provincia, para que se llame a plebiscito y así decidir si la legisladora debe continuar en su cargo, tras su cambio de posición.
Sesionará el Congreso Nacional en Famatina
La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja nacional se reunirá en la localidad riojana de Famatina el próximo jueves 19 de abril para escuchar opiniones sobre la minería a cielo abierto en la región, tras el conflicto desatado este verano con la empresa canadiense Osisko.
Fuente: Ipodaguá
Los vecinos de Famatina acompañados por una gran cantidad de manifestantes, se presentaron esta mañana en las puertas de la Legislatura de la provincia para exigirles a los legisladores que restablezcan la ley que prohíbe la Megaminería. Además los vecinos pidieron que se devuelvan los fondos que le corresponden al Municipio de Famatina que fueron quitados por el Gobernador Luis Beder Herrera. Y hubo fuertes expresiones para que se revoque el mandato de la diputada pro minería Olima.
Fue el propio gobernador Luis Beder Herrera quien había prohibido en 2007 la megamineria en la provincia, y a los pocos meses se encargó de derogar la prohibición. Es por eso que los vecinos, mayoritariamente de Famatina y Chilecito, exigieron esta mañana a los legisladores provinciales que se vuelva a dar vigencia a la reglamentación, ante las intenciones de Beder Herrera de autorizar la explotación del cerro Famatina a la empresa Osisko.
De la marcha participó una multitud, y volvió a demostrar que el reclamo por el "Famatina no se toca" sigue vivo en el pueblo de La Rioja. El intendente de Famatina Ismael Bordagaray, volvió a reclamar por los fondos que el corresponden al municipio que son cortados desde diciembre por el gobernador kirchnerista, ya que Bordagaray (también del Frente para la Victoria) se opone a la extracción mega minera.
En dialogo con Ipodagua.com, la asambleísta Marisa Romero comentó "cuando llegamos un par de punteros del gobierno, más precisamente del ministro de infraestructuras Bosetti, intentaron provocarnos. Pero como no respondimos, solo nos paramos frente a la puerta de la legislatura e hicimos la manifestación, el acto se desarrollo con normalidad".
Y por supuesto, no faltaron los reclamos para que sea revocado el mandato de la diputada Olima, quien realizó su campaña en contra de la megaminería, y al asumir el cargo avaló el avance de la industria saqueadora. Esta semana salió favorable el pedido de los vecinos en el Tribunal Electoral de la provincia, para que se llame a plebiscito y así decidir si la legisladora debe continuar en su cargo, tras su cambio de posición.
Sesionará el Congreso Nacional en Famatina
La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja nacional se reunirá en la localidad riojana de Famatina el próximo jueves 19 de abril para escuchar opiniones sobre la minería a cielo abierto en la región, tras el conflicto desatado este verano con la empresa canadiense Osisko.
Fuente: Ipodaguá
PRONUNCIAMIENTO DE PÉREZ ESQUIVEL POR COMUNIDAD KOSPI
Río Negro (Consejo Asesor Indígena).- Desde el CAI damos a conocer el pronunciamiento del premio Nobel de la PAz don Adolfo Pérez Esquivel en respaldo de los derechos de la comunidad Kospi, de Fiske Menuco (General Roca), que afronta el intento de un remate judicial para cobro de honorarios del abogado de la empresa usurpadora.
EL DESMEMBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD KOSPI
Por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Una vez más el atropello de los poderosos y de los intereses económicos arrasan con los derechos de los Pueblos Originarios.
Es lo que está sucediendo con la Comunidad mapuche-tehuelche Kospi, que desde el 2005 viene sufriendo un tremendo asedio y desalojos parciales por parte de la Empresa Las Caletas S.A., con la complicidad del estado municipal de General Roca y sus diferentes organismos.
El avasallamiento de quienes están interesados en estas tierras, culminó en el 2009, con el desalojo de 18 has. fiscales linderas, reconocidas por el estado a Mario Rojas, lonko de la Comunidad Kospi. De esta forma este despojo afecta a buena parte de las pasturas que son utilizadas por los animales de la comunidad.
Todos estos desalojos, realizados con una total negación de los derechos que les asisten a los pueblos originarios, reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados internacionales, como ser el Convenio 169 OIT, generaron deudas que hoy pretenden cobrarse los agentes privados con el remate de bienes que son parte del patrimonio comunitario.
Con el remate de este patrimonio de la comunidad, es evidente que lo que se busca es, no sólo la destrucción económica, sino también moral y espiritual de la comunidad, sin haber finalizado la discusión del derecho territorial despojado.
Contando con la Ley 26.554 (prórroga de la 26.160, que frena los desalojos), con fallos de nuestra Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se reconoce el derecho a una propiedad comunitaria indígena, que la misma es inembargable, e intransferible, resulta incompresible entender que todavía existen jueces locales con desconocimiento de los derechos mencionados y que a su vez dicha actuación sea realizada en complicidad con el poder político de turno.
Hacemos un llamado a la justicia de la Provincia de Río Negro para que no se provoque más daño del que se ha hecho con la Comunidad Kospi; que podamos decir que se respetó el derecho de la misma, a su autoderminación y a su desarrollo económico y cultural de acuerdo a sus propias pautas.
EL DESMEMBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD KOSPI
Por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Una vez más el atropello de los poderosos y de los intereses económicos arrasan con los derechos de los Pueblos Originarios.
Es lo que está sucediendo con la Comunidad mapuche-tehuelche Kospi, que desde el 2005 viene sufriendo un tremendo asedio y desalojos parciales por parte de la Empresa Las Caletas S.A., con la complicidad del estado municipal de General Roca y sus diferentes organismos.
El avasallamiento de quienes están interesados en estas tierras, culminó en el 2009, con el desalojo de 18 has. fiscales linderas, reconocidas por el estado a Mario Rojas, lonko de la Comunidad Kospi. De esta forma este despojo afecta a buena parte de las pasturas que son utilizadas por los animales de la comunidad.
Todos estos desalojos, realizados con una total negación de los derechos que les asisten a los pueblos originarios, reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados internacionales, como ser el Convenio 169 OIT, generaron deudas que hoy pretenden cobrarse los agentes privados con el remate de bienes que son parte del patrimonio comunitario.
Con el remate de este patrimonio de la comunidad, es evidente que lo que se busca es, no sólo la destrucción económica, sino también moral y espiritual de la comunidad, sin haber finalizado la discusión del derecho territorial despojado.
Contando con la Ley 26.554 (prórroga de la 26.160, que frena los desalojos), con fallos de nuestra Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se reconoce el derecho a una propiedad comunitaria indígena, que la misma es inembargable, e intransferible, resulta incompresible entender que todavía existen jueces locales con desconocimiento de los derechos mencionados y que a su vez dicha actuación sea realizada en complicidad con el poder político de turno.
Hacemos un llamado a la justicia de la Provincia de Río Negro para que no se provoque más daño del que se ha hecho con la Comunidad Kospi; que podamos decir que se respetó el derecho de la misma, a su autoderminación y a su desarrollo económico y cultural de acuerdo a sus propias pautas.
ELOCUENTE CARTA ABIERTA DE UN CURA DESNUDA AL SANTA CRUZ MINERO
Esquel, 10 de abril de 2012 (No a la Mina).- "En este momento, a más de veinte años de la privatización del petróleo y a pesar de la explotación minera, estamos en bancarrota: no hay plata para pagar a tiempo a los empleados públicos, la obra social en quiebra, en los hospitales no hay insumos, la Provincia adeuda millones de pesos a los proveedores, todos los meses nos descuentan para la Obra Social, pero nadie nos asegura la atención médica ni los descuentos en la farmacia, etc."
CARTA ABIERTA AL PUEBLO DE LA PROVINCIA
Por P. LUIS BICEGO *
Hacía tiempo que quería manifestarles mi pensamiento y mi pesar. La venida de la Presidente a la Mina "Cerro Vanguardia" me brinda, sin querer, el marco ideal.
Estamos en la semana de la "Memoria, de la Verdad y la Justicia". Estamos recordando a tantos ciudadanos, en su mayoría de mi generación, que han ofrecido sus vidas porque anhelaban y soñaban un país distinto.
Hacer memoria no es solamente un gesto de piedad, sino en primer lugar un compromiso: me animo a tomar la posta y a discernir la realidad que estamos viviendo con la mirada de esos argentinos que soñaban un país más justo y para todos.
LEÓN GIECO en su canción dice que la memoria es "libre como el viento", y Yo agrego que la memoria nos ayuda ser más libres, a vivir en la verdad y en la justicia.
En este contexto, me pregunto, y quisiera que nos preguntáramos: ¿Qué País estamos construyendo? ¿Qué Provincia estamos construyendo? ¿Qué futuro les estamos dejando a las nuevas generaciones?
En nuestro País hay cada día más inflación, más inseguridad, más droga y tanta impunidad. La tragedia de la Estación "Once" es un ejemplo elocuente que no estamos construyendo un país con un modelo popular: nuestros trabajadores no merecen viajar de esta manera!
Pero yo quisiera que concentremos nuestra mirada en esta querida Provincia de Santa Cruz.
En este momento, a más de veinte años de la privatización del petróleo y a pesar de la explotación minera, estamos en bancarrota: no hay plata para pagar a tiempo a los empleados públicos, la obra social en quiebra, en los hospitales no hay insumos, la Provincia adeuda millones de pesos a los proveedores, todos los meses nos descuentan para la Obra Social, pero nadie nos asegura la atención médica ni los descuentos en la farmacia, etc.
Pero lo más alarmante es la situación de la explotación petrolera y minera. ¿Recién ahora, después de tantos años (porque la producción petrolera no alcanza para cubrir el consumo interno) nos damos cuenta que la compañías no invirtieron y no cumplieron con sus contratos? Seguramente el estado fue cómplice e inoperante.
CARTA ABIERTA AL PUEBLO DE LA PROVINCIA
Por P. LUIS BICEGO *
Hacía tiempo que quería manifestarles mi pensamiento y mi pesar. La venida de la Presidente a la Mina "Cerro Vanguardia" me brinda, sin querer, el marco ideal.
Estamos en la semana de la "Memoria, de la Verdad y la Justicia". Estamos recordando a tantos ciudadanos, en su mayoría de mi generación, que han ofrecido sus vidas porque anhelaban y soñaban un país distinto.
Hacer memoria no es solamente un gesto de piedad, sino en primer lugar un compromiso: me animo a tomar la posta y a discernir la realidad que estamos viviendo con la mirada de esos argentinos que soñaban un país más justo y para todos.
LEÓN GIECO en su canción dice que la memoria es "libre como el viento", y Yo agrego que la memoria nos ayuda ser más libres, a vivir en la verdad y en la justicia.
En este contexto, me pregunto, y quisiera que nos preguntáramos: ¿Qué País estamos construyendo? ¿Qué Provincia estamos construyendo? ¿Qué futuro les estamos dejando a las nuevas generaciones?
En nuestro País hay cada día más inflación, más inseguridad, más droga y tanta impunidad. La tragedia de la Estación "Once" es un ejemplo elocuente que no estamos construyendo un país con un modelo popular: nuestros trabajadores no merecen viajar de esta manera!
Pero yo quisiera que concentremos nuestra mirada en esta querida Provincia de Santa Cruz.
En este momento, a más de veinte años de la privatización del petróleo y a pesar de la explotación minera, estamos en bancarrota: no hay plata para pagar a tiempo a los empleados públicos, la obra social en quiebra, en los hospitales no hay insumos, la Provincia adeuda millones de pesos a los proveedores, todos los meses nos descuentan para la Obra Social, pero nadie nos asegura la atención médica ni los descuentos en la farmacia, etc.
Pero lo más alarmante es la situación de la explotación petrolera y minera. ¿Recién ahora, después de tantos años (porque la producción petrolera no alcanza para cubrir el consumo interno) nos damos cuenta que la compañías no invirtieron y no cumplieron con sus contratos? Seguramente el estado fue cómplice e inoperante.
PRESENTARÁN DOCUMENTAL SOBRE DARÍO SANTILLÁN
Darío fue asesinado hace diez años en la Estación Avellaneda. Pero con su muerte no termina la historia, sino que empieza: la historia de una dignidad rebelde que se niega a entregarse y decide luchar.
"Por eso Darío no se fue, vive en las miradas limpias y los puños apretados de miles de jóvenes que ven en él un ejemplo de solidaridad y compromiso", dice Mirra.
ESTRENO EN BUENOS AIRES: desde 27 de abril en el Cine Gaumont, Rivadavia 1651.
Habrá dos funciones diarias. Consultar horarios al 4371-3050.
ESTRENO EN ROSARIO: el 17 de mayo en el cine El Cairo, Santa Fe 1120, en la apertura del 14to Festival Nacional de Cine y Video Documental.
ESTRENO EN MAR DEL PLATA: el 3 de unio en la Sala Payró del teatro Auditorium.
POSICIÓN DEL OPSUR ANTE EL PROYECTO DE LEY DE SOBERANÍA HIDROCARBURÍFERA
La tan esperada medida de avance efectivo del Estado sobre el petróleo y el gas es hoy en día una realidad. No se ven mayores inconvenientes a una aprobación directa en el Congreso Nacional.
Buenos Aires, 19 de abril de 2012 (OPSur).- La recuperación en el control y gestión del petróleo y el gas por parte del Estado nacional ha sido bandera y objetivo político de numerosas organizaciones, de las cuales somos parte. Sin embargo, no creemos que la medida apunte a la raíz de la situación y pueda ser tomada como punto de inflexión en la superación del marco regulatorio neoliberal, por lo menos hasta este momento. A su vez, el debate público –donde primó un punto de vista económico en desmedro de abordajes ambientales y sociales- se ha centrado únicamente en el por qué y el cómo. El para qué de la medida, según el proyecto de ley, apunta a alcanzar el autoabastecimiento energético y el equilibrio de la balanza comercial. Sin embargo no se llega a dilucidar el día después con mayor profundidad, los únicos indicios son el explícito interés sobre los cuestionados yacimientos no convencionales. La formación Vaca Muerta -que se ubica principalmente en territorio de la provincia de Neuquén- es la que más intereses despierta -aunque también existen otras cuencas en el país-; el escenario futuro, podría ser de profundo riesgo ambiental y social para gran parte del país, como lo demuestra la experiencia internacional.
Que el árbol no nos tape el bosque
Si bien celebramos la medida creemos que debe ser el puntapié inicial y no el cierre del debate energético, que se ha circunscripto a un abordaje económico. Consideramos que aún hay mucha tela para cortar.
Todavía no ha habido un pronunciamiento sobre los pasos a seguir respecto al marco regulatorio neoliberal que actualmente rige el sector, principalmente los decretos de la era menemista 1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89. La vigencia de la desregulación y la libre disponibilidad del recurso lo definen como un commodity y no como un bien estratégico, más allá del supuesto cambio de paradigma que significaría la expropiación de las acciones de YPF, expuesto en la fundamentación del proyecto.
Asimismo, no se ha planteado el aumento de las regalías para todo el sector, en la Argentina los gravámenes son de los más bajos a nivel mundial y en clara disonancia con el camino emprendido en los últimos años por otros países de región. El aumento de las regalías sería una forma genuina de capturar parte de la renta petrolera de todo el sector, no únicamente de una empresa -que hoy detenta menos de un tercio de la extracción total de petróleo y gas.
La implementación de un plan de transición energética hacia una matriz ambiental y socialmente sustentable, sostenido con aportes de la potencial recuperación de la renta hidrocarburífera, tiene que ser parte del debate. No debería encerrarse únicamente en si el Estado debe intervenir o no en el control de los hidrocarburos o la recuperación de la renta petrolera, como condición excluyente de cualquier otra medida. La amplitud e integralidad de aristas, por sus profundas implicancias sociales y ambientales, debería aunarnos en un debate. Esto no solamente mejoraría considerablemente el modelo energético que tenemos y queremos, sino que también apuntalaría qué país nos gustaría construir para nuestra generación y las venideras; este sería efectivamente un ejercicio de soberanía energética.
Contradicciones: extracción para exportar y autoabastecerse
Dos de los puntos más destacables de la medida son la declaración de interés público del sector y sus diversas etapas, como lo expresa el artículo 1 del proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, y la creación del Concejo Federal de Hidrocarburos. Ambas darían mayores herramientas al Ejecutivo nacional, sumando la parcial expropiación, para un control más férreo del sector. Consideramos que tanto en el proyecto como en los debates posteriores, la primera plana del gobierno nacional se ha auto exculpado de cualquier responsabilidad que le quepa en los casi 9 años que lleva al frente de la Casa Rosada. Asimismo, ha corrido del eje la responsabilidad que tendrían que asumir los gobernantes provinciales, quienes muchas veces han actuado como representantes de las trasnacionales para lograr el mantenimiento y el incremento de los beneficios empresariales. En este sentido, la incorporación del grupo Eskenazi dentro de YPF no es mencionada por parte de los funcionarios nacionales, ni en el proyecto ni en los debates públicos. El rol y función que juegan los empresarios locales, en alianza con las trasnacionales, es olvidado en la definición de soberanía hidrocarburífera que propone el kirchnerismo. Este craso error, y en virtud del potencial escenario de alianza con el sector privado para acceder a los futuros niveles de inversión requeridos, no puede ser dejado de lado. Desde este espacio no esperamos que se ‘rasguen las vestiduras’, sino que subrayamos que el diagnostico oficial no repara en la necesidad de un cambio estructural del sector en ningún momento.
En esta línea, las palabras de la presidenta Cristina Fernández son claras en el sentido de que esta medida no es una ‘estatización’. La invariabilidad del status jurídico de la empresa, que continuará siendo una sociedad anónima, refuerza la idea de que su comportamiento no distará de la lógica de sus pares. El nuevo rumbo que se imprimirá en YPF y en todo el sector, de acuerdo al proyecto, apuntaría por un lado al autoabastecimiento (que revierta la tendencia deficitaria en la balanza energética y comercial) pero también, y paradojalmente, a la generación de saldos exportables. En otro de los puntos del proyecto se sostiene que la extracción hidrocarburífera “racional” apuntará a contribuir al modelo de acumulación imperante como prioridad, estimulando la competitividad de la economía en su conjunto.
La insustentabilidad como eje
¿De qué forma será posible que Argentina pueda autoabastecerse, garantizar el recurso a las generaciones venideras y, al mismo tiempo, exportar? La tendencia declinante de las reservas hidrocarburíferas no solamente son motivo del saqueo rampante del subsuelo emprendido por las trasnacionales, sino también un signo de que las cuencas tradicionales del país han llegado al llamado ‘peak oil’ o punto máximo de extracción (de hidrocarburos baratos y de fácil acceso). ¿Cómo paliar esta situación? Desde despachos empresariales y públicos la resolución a este dilema es la extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales.
Argentina es la tercera reserva mundial de gas según un informe de la consultora Advanced Resources International Inc. -contratada por el Departamento de Energía de EEUU-, repiten sin cesar los funcionarios gubernamentales. Omiten, sin embargo, que un estudio oficial del gobierno de Polonia redujo a un tercio las cifras que la misma consultora atribuía a ese país –presentado ante la opinión pública como el ‘paraíso de los yacimientos no convencionales’ de Europa. O incluso EEUU, donde las reservas declaradas por las empresas empiezan a ser cuestionadas por estar ‘infladas’.
Tampoco los impactos ambientales y sociales que ha significado el desarrollo de este tipo de explotación en EE.UU. son tenidos en cuenta a la hora de proponer su implementación. La prohibición que pesa sobre estas técnicas de producción en Francia y Bulgaria o las moratorias que impusieron algunos estados de EE.UU., Sudáfrica, Australia y el Reino Unido de Gran Bretaña, entre otros, tampoco se mencionan.
La industrialización masiva de áreas rurales, la afección de economías regionales, el uso indiscriminado de agua, la pérdida de soberanía alimentaria por parte de agricultores, la contaminación comprobada (por la Agencia de Protección Ambiental –EPA- de EEUU) sobre tierra y agua y el indudable impacto sobre la salud de los habitantes serían datos menores para el discurso económico desplegado en los últimos días.
Sin embargo, el ministro de Planificación Federal y ahora interventor de YPF, Julio De Vido, ha dicho que Repsol deberá pagar por los pasivos ambientales. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, ha sido el precursor en este sentido y anunció que demandará a Repsol por el pasivo ambiental que dejó la operación de la compañía en territorio provincial. Pero, una vez más, la preocupación ambiental es una variable de negociación en donde lo que no se pone en tela de juicio es al sector en su conjunto, sino que se cuantifica la naturaleza como si fuera una mera mercancía. En el marco de la crisis ecológica global, que tiene entre sus principales razones la quema de hidrocarburos, el país pospone necesarios debates sobre una de transición energética y una verdadera sustentabilidad.
Nos preguntamos si el aumento de participación en el sector por parte del Estado nacional redundará en una adecuación de la industria a los derechos de los pobladores locales. Vasta información documenta las recurrentes violaciones de derechos humanos por empresas privadas, especialmente sobre campesinos y pueblos indígenas. En este sentido, nos alerta y preocupa la benevolente mención -en los fundamentos del proyecto de ley- de la prioridad que tiene en México la extracción de hidrocarburos por sobre cualquier otra forma de ocupación y uso de la tierra. ¿Hasta dónde estarán dispuestos el Estado nacional y los provinciales a avanzar con la frontera hidrocarburífera? ¿En qué medida se garantizará un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras de continuar profundizando la matriz hidrocarburífera?
contacto@opsur.org.ar – (011) 4373-6303/4
Buenos Aires, 19 de abril de 2012 (OPSur).- La recuperación en el control y gestión del petróleo y el gas por parte del Estado nacional ha sido bandera y objetivo político de numerosas organizaciones, de las cuales somos parte. Sin embargo, no creemos que la medida apunte a la raíz de la situación y pueda ser tomada como punto de inflexión en la superación del marco regulatorio neoliberal, por lo menos hasta este momento. A su vez, el debate público –donde primó un punto de vista económico en desmedro de abordajes ambientales y sociales- se ha centrado únicamente en el por qué y el cómo. El para qué de la medida, según el proyecto de ley, apunta a alcanzar el autoabastecimiento energético y el equilibrio de la balanza comercial. Sin embargo no se llega a dilucidar el día después con mayor profundidad, los únicos indicios son el explícito interés sobre los cuestionados yacimientos no convencionales. La formación Vaca Muerta -que se ubica principalmente en territorio de la provincia de Neuquén- es la que más intereses despierta -aunque también existen otras cuencas en el país-; el escenario futuro, podría ser de profundo riesgo ambiental y social para gran parte del país, como lo demuestra la experiencia internacional.
Que el árbol no nos tape el bosque
Si bien celebramos la medida creemos que debe ser el puntapié inicial y no el cierre del debate energético, que se ha circunscripto a un abordaje económico. Consideramos que aún hay mucha tela para cortar.
Todavía no ha habido un pronunciamiento sobre los pasos a seguir respecto al marco regulatorio neoliberal que actualmente rige el sector, principalmente los decretos de la era menemista 1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89. La vigencia de la desregulación y la libre disponibilidad del recurso lo definen como un commodity y no como un bien estratégico, más allá del supuesto cambio de paradigma que significaría la expropiación de las acciones de YPF, expuesto en la fundamentación del proyecto.
Asimismo, no se ha planteado el aumento de las regalías para todo el sector, en la Argentina los gravámenes son de los más bajos a nivel mundial y en clara disonancia con el camino emprendido en los últimos años por otros países de región. El aumento de las regalías sería una forma genuina de capturar parte de la renta petrolera de todo el sector, no únicamente de una empresa -que hoy detenta menos de un tercio de la extracción total de petróleo y gas.
La implementación de un plan de transición energética hacia una matriz ambiental y socialmente sustentable, sostenido con aportes de la potencial recuperación de la renta hidrocarburífera, tiene que ser parte del debate. No debería encerrarse únicamente en si el Estado debe intervenir o no en el control de los hidrocarburos o la recuperación de la renta petrolera, como condición excluyente de cualquier otra medida. La amplitud e integralidad de aristas, por sus profundas implicancias sociales y ambientales, debería aunarnos en un debate. Esto no solamente mejoraría considerablemente el modelo energético que tenemos y queremos, sino que también apuntalaría qué país nos gustaría construir para nuestra generación y las venideras; este sería efectivamente un ejercicio de soberanía energética.
Contradicciones: extracción para exportar y autoabastecerse
Dos de los puntos más destacables de la medida son la declaración de interés público del sector y sus diversas etapas, como lo expresa el artículo 1 del proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, y la creación del Concejo Federal de Hidrocarburos. Ambas darían mayores herramientas al Ejecutivo nacional, sumando la parcial expropiación, para un control más férreo del sector. Consideramos que tanto en el proyecto como en los debates posteriores, la primera plana del gobierno nacional se ha auto exculpado de cualquier responsabilidad que le quepa en los casi 9 años que lleva al frente de la Casa Rosada. Asimismo, ha corrido del eje la responsabilidad que tendrían que asumir los gobernantes provinciales, quienes muchas veces han actuado como representantes de las trasnacionales para lograr el mantenimiento y el incremento de los beneficios empresariales. En este sentido, la incorporación del grupo Eskenazi dentro de YPF no es mencionada por parte de los funcionarios nacionales, ni en el proyecto ni en los debates públicos. El rol y función que juegan los empresarios locales, en alianza con las trasnacionales, es olvidado en la definición de soberanía hidrocarburífera que propone el kirchnerismo. Este craso error, y en virtud del potencial escenario de alianza con el sector privado para acceder a los futuros niveles de inversión requeridos, no puede ser dejado de lado. Desde este espacio no esperamos que se ‘rasguen las vestiduras’, sino que subrayamos que el diagnostico oficial no repara en la necesidad de un cambio estructural del sector en ningún momento.
En esta línea, las palabras de la presidenta Cristina Fernández son claras en el sentido de que esta medida no es una ‘estatización’. La invariabilidad del status jurídico de la empresa, que continuará siendo una sociedad anónima, refuerza la idea de que su comportamiento no distará de la lógica de sus pares. El nuevo rumbo que se imprimirá en YPF y en todo el sector, de acuerdo al proyecto, apuntaría por un lado al autoabastecimiento (que revierta la tendencia deficitaria en la balanza energética y comercial) pero también, y paradojalmente, a la generación de saldos exportables. En otro de los puntos del proyecto se sostiene que la extracción hidrocarburífera “racional” apuntará a contribuir al modelo de acumulación imperante como prioridad, estimulando la competitividad de la economía en su conjunto.
La insustentabilidad como eje
¿De qué forma será posible que Argentina pueda autoabastecerse, garantizar el recurso a las generaciones venideras y, al mismo tiempo, exportar? La tendencia declinante de las reservas hidrocarburíferas no solamente son motivo del saqueo rampante del subsuelo emprendido por las trasnacionales, sino también un signo de que las cuencas tradicionales del país han llegado al llamado ‘peak oil’ o punto máximo de extracción (de hidrocarburos baratos y de fácil acceso). ¿Cómo paliar esta situación? Desde despachos empresariales y públicos la resolución a este dilema es la extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales.
Argentina es la tercera reserva mundial de gas según un informe de la consultora Advanced Resources International Inc. -contratada por el Departamento de Energía de EEUU-, repiten sin cesar los funcionarios gubernamentales. Omiten, sin embargo, que un estudio oficial del gobierno de Polonia redujo a un tercio las cifras que la misma consultora atribuía a ese país –presentado ante la opinión pública como el ‘paraíso de los yacimientos no convencionales’ de Europa. O incluso EEUU, donde las reservas declaradas por las empresas empiezan a ser cuestionadas por estar ‘infladas’.
Tampoco los impactos ambientales y sociales que ha significado el desarrollo de este tipo de explotación en EE.UU. son tenidos en cuenta a la hora de proponer su implementación. La prohibición que pesa sobre estas técnicas de producción en Francia y Bulgaria o las moratorias que impusieron algunos estados de EE.UU., Sudáfrica, Australia y el Reino Unido de Gran Bretaña, entre otros, tampoco se mencionan.
La industrialización masiva de áreas rurales, la afección de economías regionales, el uso indiscriminado de agua, la pérdida de soberanía alimentaria por parte de agricultores, la contaminación comprobada (por la Agencia de Protección Ambiental –EPA- de EEUU) sobre tierra y agua y el indudable impacto sobre la salud de los habitantes serían datos menores para el discurso económico desplegado en los últimos días.
Sin embargo, el ministro de Planificación Federal y ahora interventor de YPF, Julio De Vido, ha dicho que Repsol deberá pagar por los pasivos ambientales. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, ha sido el precursor en este sentido y anunció que demandará a Repsol por el pasivo ambiental que dejó la operación de la compañía en territorio provincial. Pero, una vez más, la preocupación ambiental es una variable de negociación en donde lo que no se pone en tela de juicio es al sector en su conjunto, sino que se cuantifica la naturaleza como si fuera una mera mercancía. En el marco de la crisis ecológica global, que tiene entre sus principales razones la quema de hidrocarburos, el país pospone necesarios debates sobre una de transición energética y una verdadera sustentabilidad.
Nos preguntamos si el aumento de participación en el sector por parte del Estado nacional redundará en una adecuación de la industria a los derechos de los pobladores locales. Vasta información documenta las recurrentes violaciones de derechos humanos por empresas privadas, especialmente sobre campesinos y pueblos indígenas. En este sentido, nos alerta y preocupa la benevolente mención -en los fundamentos del proyecto de ley- de la prioridad que tiene en México la extracción de hidrocarburos por sobre cualquier otra forma de ocupación y uso de la tierra. ¿Hasta dónde estarán dispuestos el Estado nacional y los provinciales a avanzar con la frontera hidrocarburífera? ¿En qué medida se garantizará un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras de continuar profundizando la matriz hidrocarburífera?
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ISFD 813: CONVOCATORIA PARA TUTORES DE POLÍTICAS ESTUDIANTILES
Lago Puelo, 13 de abril de 2012 (ISFD 813).- El Instituto Superior de Formación Docente Nro. 813 abre la convocatoria a concurso para la selección de tutores institucionales de políticas estudiantiles.
Cargo de 10 hs cátedras.
EL proyecto podrán presentarlo hasta día 23 de abril a las 20 hs.
Para mayor información presentase de lunes a viernes de 18 a 21 hs en la sede del Instituto.
Cargo de 10 hs cátedras.
EL proyecto podrán presentarlo hasta día 23 de abril a las 20 hs.
Para mayor información presentase de lunes a viernes de 18 a 21 hs en la sede del Instituto.
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS PLATENSE CUESTIONA EL MODELO EXTRACTIVO
Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.
Por Darío Aranda
Buenos Aires, 16 de abril de 2012 (Página 12).- El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”
El PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía de La Plata –una de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la Argentina rural.
En la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por “una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables son para las cada vez más grandes empresas”.
“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riego en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo de agricultura sin agricultores”, alerta la resolución.
Y precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de promover políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del modelo productivo”, Explicita que el Gobierno pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 por ciento más) y, en línea con organizaciones campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.
“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de la superficie a sembrar y que el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil, explicó que las universidades participaron de debates y realizaron propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica del Ministerio de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”, explicó.
“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el modelo extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de la megaminería. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a los efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó casos de Catamarca y La Rioja).
“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los cortes selectivos contra la Minera Alumbrera en las localidades de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de agrotóxicos en las fumigaciones”.
Por Darío Aranda
Buenos Aires, 16 de abril de 2012 (Página 12).- El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”
El PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía de La Plata –una de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la Argentina rural.
En la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por “una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables son para las cada vez más grandes empresas”.
“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riego en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo de agricultura sin agricultores”, alerta la resolución.
Y precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de promover políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del modelo productivo”, Explicita que el Gobierno pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 por ciento más) y, en línea con organizaciones campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.
“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de la superficie a sembrar y que el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil, explicó que las universidades participaron de debates y realizaron propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica del Ministerio de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”, explicó.
“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el modelo extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de la megaminería. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a los efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó casos de Catamarca y La Rioja).
“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los cortes selectivos contra la Minera Alumbrera en las localidades de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de agrotóxicos en las fumigaciones”.
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