La tan esperada medida de avance efectivo del Estado sobre el petróleo y el gas es hoy en día una realidad. No se ven mayores inconvenientes a una aprobación directa en el Congreso Nacional.
Buenos Aires, 19 de abril de 2012 (OPSur).- La recuperación en el control y gestión del petróleo y el gas por parte del Estado nacional ha sido bandera y objetivo político de numerosas organizaciones, de las cuales somos parte. Sin embargo, no creemos que la medida apunte a la raíz de la situación y pueda ser tomada como punto de inflexión en la superación del marco regulatorio neoliberal, por lo menos hasta este momento. A su vez, el debate público –donde primó un punto de vista económico en desmedro de abordajes ambientales y sociales- se ha centrado únicamente en el por qué y el cómo. El para qué de la medida, según el proyecto de ley, apunta a alcanzar el autoabastecimiento energético y el equilibrio de la balanza comercial. Sin embargo no se llega a dilucidar el día después con mayor profundidad, los únicos indicios son el explícito interés sobre los cuestionados yacimientos no convencionales. La formación Vaca Muerta -que se ubica principalmente en territorio de la provincia de Neuquén- es la que más intereses despierta -aunque también existen otras cuencas en el país-; el escenario futuro, podría ser de profundo riesgo ambiental y social para gran parte del país, como lo demuestra la experiencia internacional.
Que el árbol no nos tape el bosque
Si bien celebramos la medida creemos que debe ser el puntapié inicial y no el cierre del debate energético, que se ha circunscripto a un abordaje económico. Consideramos que aún hay mucha tela para cortar.
Todavía no ha habido un pronunciamiento sobre los pasos a seguir respecto al marco regulatorio neoliberal que actualmente rige el sector, principalmente los decretos de la era menemista 1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89. La vigencia de la desregulación y la libre disponibilidad del recurso lo definen como un commodity y no como un bien estratégico, más allá del supuesto cambio de paradigma que significaría la expropiación de las acciones de YPF, expuesto en la fundamentación del proyecto.
Asimismo, no se ha planteado el aumento de las regalías para todo el sector, en la Argentina los gravámenes son de los más bajos a nivel mundial y en clara disonancia con el camino emprendido en los últimos años por otros países de región. El aumento de las regalías sería una forma genuina de capturar parte de la renta petrolera de todo el sector, no únicamente de una empresa -que hoy detenta menos de un tercio de la extracción total de petróleo y gas.
La implementación de un plan de transición energética hacia una matriz ambiental y socialmente sustentable, sostenido con aportes de la potencial recuperación de la renta hidrocarburífera, tiene que ser parte del debate. No debería encerrarse únicamente en si el Estado debe intervenir o no en el control de los hidrocarburos o la recuperación de la renta petrolera, como condición excluyente de cualquier otra medida. La amplitud e integralidad de aristas, por sus profundas implicancias sociales y ambientales, debería aunarnos en un debate. Esto no solamente mejoraría considerablemente el modelo energético que tenemos y queremos, sino que también apuntalaría qué país nos gustaría construir para nuestra generación y las venideras; este sería efectivamente un ejercicio de soberanía energética.
Contradicciones: extracción para exportar y autoabastecerse
Dos de los puntos más destacables de la medida son la declaración de interés público del sector y sus diversas etapas, como lo expresa el artículo 1 del proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, y la creación del Concejo Federal de Hidrocarburos. Ambas darían mayores herramientas al Ejecutivo nacional, sumando la parcial expropiación, para un control más férreo del sector. Consideramos que tanto en el proyecto como en los debates posteriores, la primera plana del gobierno nacional se ha auto exculpado de cualquier responsabilidad que le quepa en los casi 9 años que lleva al frente de la Casa Rosada. Asimismo, ha corrido del eje la responsabilidad que tendrían que asumir los gobernantes provinciales, quienes muchas veces han actuado como representantes de las trasnacionales para lograr el mantenimiento y el incremento de los beneficios empresariales. En este sentido, la incorporación del grupo Eskenazi dentro de YPF no es mencionada por parte de los funcionarios nacionales, ni en el proyecto ni en los debates públicos. El rol y función que juegan los empresarios locales, en alianza con las trasnacionales, es olvidado en la definición de soberanía hidrocarburífera que propone el kirchnerismo. Este craso error, y en virtud del potencial escenario de alianza con el sector privado para acceder a los futuros niveles de inversión requeridos, no puede ser dejado de lado. Desde este espacio no esperamos que se ‘rasguen las vestiduras’, sino que subrayamos que el diagnostico oficial no repara en la necesidad de un cambio estructural del sector en ningún momento.
En esta línea, las palabras de la presidenta Cristina Fernández son claras en el sentido de que esta medida no es una ‘estatización’. La invariabilidad del status jurídico de la empresa, que continuará siendo una sociedad anónima, refuerza la idea de que su comportamiento no distará de la lógica de sus pares. El nuevo rumbo que se imprimirá en YPF y en todo el sector, de acuerdo al proyecto, apuntaría por un lado al autoabastecimiento (que revierta la tendencia deficitaria en la balanza energética y comercial) pero también, y paradojalmente, a la generación de saldos exportables. En otro de los puntos del proyecto se sostiene que la extracción hidrocarburífera “racional” apuntará a contribuir al modelo de acumulación imperante como prioridad, estimulando la competitividad de la economía en su conjunto.
La insustentabilidad como eje
¿De qué forma será posible que Argentina pueda autoabastecerse, garantizar el recurso a las generaciones venideras y, al mismo tiempo, exportar? La tendencia declinante de las reservas hidrocarburíferas no solamente son motivo del saqueo rampante del subsuelo emprendido por las trasnacionales, sino también un signo de que las cuencas tradicionales del país han llegado al llamado ‘peak oil’ o punto máximo de extracción (de hidrocarburos baratos y de fácil acceso). ¿Cómo paliar esta situación? Desde despachos empresariales y públicos la resolución a este dilema es la extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales.
Argentina es la tercera reserva mundial de gas según un informe de la consultora Advanced Resources International Inc. -contratada por el Departamento de Energía de EEUU-, repiten sin cesar los funcionarios gubernamentales. Omiten, sin embargo, que un estudio oficial del gobierno de Polonia redujo a un tercio las cifras que la misma consultora atribuía a ese país –presentado ante la opinión pública como el ‘paraíso de los yacimientos no convencionales’ de Europa. O incluso EEUU, donde las reservas declaradas por las empresas empiezan a ser cuestionadas por estar ‘infladas’.
Tampoco los impactos ambientales y sociales que ha significado el desarrollo de este tipo de explotación en EE.UU. son tenidos en cuenta a la hora de proponer su implementación. La prohibición que pesa sobre estas técnicas de producción en Francia y Bulgaria o las moratorias que impusieron algunos estados de EE.UU., Sudáfrica, Australia y el Reino Unido de Gran Bretaña, entre otros, tampoco se mencionan.
La industrialización masiva de áreas rurales, la afección de economías regionales, el uso indiscriminado de agua, la pérdida de soberanía alimentaria por parte de agricultores, la contaminación comprobada (por la Agencia de Protección Ambiental –EPA- de EEUU) sobre tierra y agua y el indudable impacto sobre la salud de los habitantes serían datos menores para el discurso económico desplegado en los últimos días.
Sin embargo, el ministro de Planificación Federal y ahora interventor de YPF, Julio De Vido, ha dicho que Repsol deberá pagar por los pasivos ambientales. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, ha sido el precursor en este sentido y anunció que demandará a Repsol por el pasivo ambiental que dejó la operación de la compañía en territorio provincial. Pero, una vez más, la preocupación ambiental es una variable de negociación en donde lo que no se pone en tela de juicio es al sector en su conjunto, sino que se cuantifica la naturaleza como si fuera una mera mercancía. En el marco de la crisis ecológica global, que tiene entre sus principales razones la quema de hidrocarburos, el país pospone necesarios debates sobre una de transición energética y una verdadera sustentabilidad.
Nos preguntamos si el aumento de participación en el sector por parte del Estado nacional redundará en una adecuación de la industria a los derechos de los pobladores locales. Vasta información documenta las recurrentes violaciones de derechos humanos por empresas privadas, especialmente sobre campesinos y pueblos indígenas. En este sentido, nos alerta y preocupa la benevolente mención -en los fundamentos del proyecto de ley- de la prioridad que tiene en México la extracción de hidrocarburos por sobre cualquier otra forma de ocupación y uso de la tierra. ¿Hasta dónde estarán dispuestos el Estado nacional y los provinciales a avanzar con la frontera hidrocarburífera? ¿En qué medida se garantizará un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras de continuar profundizando la matriz hidrocarburífera?
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