Catamarca, ruta Nacional 40.La policía provincial, el grupo especial de operaciones Kuntur y presunta seguridad privada de las mineras golpearon y detuvieron a más de 40 vecinos que mantenían un corte selectivo a camiones que proveen de insumos y herramientas al mega emprendimiento minero La Alumbrera, en dos jornadas separadas por menos de quince días. Una fue el resultado de la otra: tras la detención e imputación de nueve vecinos el 27 de enero pasado, brotaron más de cinco bloqueos en la región, uno de ellos reprimido violentamente y con treinta detenidos este miércoles 8 de febrero.
Mariano Cervantes integra la Asamblea de Belén por la vida y tuvo el extraño privilegio de ser detenido en una persecución por el cerro, al intentar escapar de las manos policiales y sus perros entrenados. Recientemente puesto en libertad, cuenta que grupos pro-mineros montaron una escena de tensión, con otro corte que realizaron a pocos metros: “Ese fue el pie para que el fiscal le ordene a la policía que desaloje y detenga a los vecinos para evitar un `mal mayor´, pero nosotros ya habíamos decidido en asamblea levantar el corte. Incluso lastimaron a una compañera que está embarazada”.
El estreno de la ley de terror
El primer desalojo violento tuvo lugar en la localidad de Santa María, el 26 de enero, también sobre la ruta 40, y dejó 7 vecinos detenidos. En diálogo con lavaca, la abogada defensora Nidia Gauthier cuenta que fueron liberados apenas se pidió la incompetencia de la medida. El corte selectivo siguió. Día más tarde, viernes 27, por presunta presión de La Alumbrera, la policía tomó revancha y detuvo esta vez a nueve asambleístas: “A un señor, Rodolfo Chayle, lo detuvieron saliendo de una almacén al lado de una escuela, que está a 6 km de la sentada. A Marta Vargas, con su nene de 3 años, el fiscal amenazó con poner a disposición de los tribunales de menores a su nene”, cuenta Gauthier.
El fiscal interviniente, Julio Landívar, llevó a su secretario y un escribiente para labrar la imputación en la propia comisaria: “Están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, que es de competencia federal y habla de daños a bienes públicos y de causar terror o peligro a las personas”, afirmaba días atrás la abogada, confirmando el estreno de la ley anti-terrorista en el país. El propio Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak salió a desmentir esa versión que circulaba por portales medioambientales: “Es absolutamente falso, están imputados por presunta violación al artículo 194 del Código Penal, que habla del entorpecimiento del transporte”, dijo. Gauthier responde: “Que me disculpe el ministro Alak, pero él no estuvo en la imputación, y yo sí”. El testimonio de la abogada no excluye la versión del Ministro de Justicia de La Nación: confirma que tanto el artículo 194 como el 213 bis del Código Penal les fueron imputados a los nueve vecinos. De inmediato Gauthier pidió la inconstitucionalidad de la medida incluso para el cargo del artículo 194: “El corte en la ruta 40 era parcial e informativo, y el tránsito no estaba entorpecido sino sólo se bloqueaban los camiones de la empresa”.
¿Qué dice el Artículo 213 bis?:
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Sic.
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