Iniciado por la mañana en la sala II de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán, el juicio tiene a 13 acusadas de los delitos de "privación ilegitima de la libertad y promoción de la prostitución en concurso ideal". Bajo la carátula de "privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución en concurso ideal", se estima que el proceso durará unos tres meses y que contará con la participación de 150 testigos. El tribunal de la Cámara Penal II está integrado por los jueces Alberto César Piedrabuena (presidente), Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano.
Marita Verón desapareció el 3 de abril de 2002, camino a La Maternidad local para hacerse unos estudios. Desde entonces la búsqueda que encabezó su madre se convirtió en el estandarte de la lucha contra la trata de personas. "Tengo toda la ilusión y esperanza de que de aquí salga el paradero sobre mi hija", afirmó Trimarco sobre el inicio del juicio, con el que espera el castigo para los culpables del secuestro de Verón y un pronto reencuentro con su hija.
En ese sentido, en declaraciones a la prensa -realizadas en una marcha que antecedió el inicio de la primer jornada del juicio- Trimarco sostuvo: "mi hija fue atrapada por esta red de trata de personas para la explotación sexual y la pista más firme está en La Rioja".
Debido a su calidad de testigo, Trimarco no podrá presenciar el proceso hasta que brinde testimonio. Tampoco podrá hacerlo Micaela, la hija de Marita, porque tiene 13 años y el código procesal permite la asistencia a la sala de audiencia a mayores de 14 años.
Comunicado de AMMAR
Sobre este tema, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina emitió un comunicado, firmado Claudia Carranza, secretaria general de la seccional Capital. Allí exige "el esclarecimiento de la desaparición de Marita Veron" y piden al Poder Judicial que "no sólo se encarcelen a los autores materiales, sino también a aquellos funcionarios cómplices que son necesarios para el montaje de la redes de trata y esclavitud de personas".
"Sabemos -sostiene el texto-lo peligrosas que son estas redes, ya que nuestra compañera Sandra Cabrera fue asesinada por denunciar la explotación de menores en "boliches" de Rosario, y esta más que comprobada la connivencia entre algunos miembros de la policía provincial, federal, funcionarios políticos y un poder judicial que cubrió con un manto de impunidad a todos esos personajes".
"Por eso las trabajadoras sexuales de AMMAR, nos descansaremos hasta que podamos tener una legislación que nos ampare, sin dejarnos expuestas a estas mafias. Ahora sabemos que nuestra lucha sera aún más difícil si el poder político de este país sigue confundiendo la trata de personas con el trabajo sexual", afirma el comunicado emitido ayer.
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