A DOS AÑOS DEL CASO CHOCOBAR

Tucumán, martes 11 de octubre de 2011 (Contrapunto).- Este 12 de octubre se cumplen dos años del asesinato de Javier Chocobar, producto de un ataque armado de un terrateniente y dos parapolicías, quienes dispararon mientras los comuneros defendían su territorio. Era integrante de la Comunidad Indígena de Chuschagasta (Trancas - Tucumán). Se aprobó la elevación al juicio que se efectivizaría en 2012. El "mensaje" del caso y la defensa corporativa entre justicia, terratenientes y poder político en Tucumán. Los imputados esperan libres el juicio. Por ContraPunto - RNMA.
Fuera de querer imitar el amarillismo o la patética nota de color policial de los medios masivos, la crónica sintética para quienes no conocen el caso es bastante simple. Un terrateniente dice ser el dueño de unas tierras, en donde está una cantera de lajas que quiere explotar. En una causa judicial consigue un fallo a su favor y va a reclamarla como suyas, acompañado por 2 ex policías que fueron miembros de un comando parapolicial y delictivo. Se presentan como policías activos y atacan con armas de fuego a la gente que -en defensa de su territorio-, les impiden el paso por una tranquera. Los asesinos filman la escena y pierden la cámara, que queda en manos de la justicia provincial tras el ataque.
Como saldo del ataque, el comunero Javier Chocobar (68 años) muere desangrado por una herida de bala en su pierna. Andrés Mamaní es herido de gravedad (estuvo 4 meses en terapita intensiva) junto a otras 3 personas. Los atacantes son Darío Amín y los ex policías Luis Humberto "el niño" Gómez y José Valdivieso.

Los medios y los imputados
No fue un mero hecho policial, no hubo "enfrentamiento" como insólitamente sostuvieron La Gaceta, Canal 10 y varios medios que los repiten literalmente tomando las fuentes "oficiales" de la policía y la defensa de los imputados. Los asesinos fueron preparados para atacar ese día en Trancas. Llevaron armas de fuego contra gente desarmada. Gómez es perito en balística, conocido por trabajar en "seguridad privada" encargada de aprietes similares al de ese 12 de octubre. Es cuñado del entonces (en 2009) jefe de policia provincial Hugo Sánchez. Valdivieso fue servicio de inteligencia en 1983 según constan en el listado de personas pertenecientes al batallón 601 que vieron la luz en 2010. Ambos integraron las filas del Malevo Ferreyra en su comando parapolicial "Atila". Nada de esto tuvo en cuenta la justicia, porque los imputados esperan el inicio del juicio libres, beneficio que habitualmente no otorga la justicia por crímenes incluso menores. ¿Dos ex policías vinculados a la represión no son un peligro para la Comunidad? La actuación, con una impunidad manifiesta de Gómez (quién además continúa siendo perito para la justicia de Salta) y Valdivieso, es una muestra de que la trama de los servicios y agentes vinculados a la dictadura siguen activos en la provincia.
A Chocobar no lo mató la policía como a López del pueblo Qom, pero el caso es el primero con una víctima fatal de la historia reciente en la provincia y sus ramificaciones no se terminan en un ataque individual o que "se fue de las manos". La ley 26.160 (y su prórroga) que inician el relevamiento territorial y suspende los desalojos, evidentemente levanta temores en los dueños de la tierra y del poder en Tucumán. Además, Darío Amín era empleado de Fernando Juri en la legislatura y la familia se jactaba de que el gobernador José Alperovich iba a ser el padrino de la cantera de lajas.

Todos de acuerdo
La defensa corporativa de las familias tradicionales que tienen vínculos directos en la justicia y el gobierno de la provincia son evidentes en éste y otros casos vinculados a la problemática indígena... ¿o habrá que creer en el "error" del fallo del juez Alfonso Zottoli que dio lugar a que se acepte la apelación ante la cámara de casación y los imputados queden libres?
El asesinato de Chocobar fue un mensaje político fuerte hacia las comunidades en incipiente organización en la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita y el Pueblo Lule. Fue un episodio más de una escalada de violencia y judicialización contra sus referentes. Se calculan en más de 50 las causas abiertas en la provincia según un informe de Andhes y de los abogados vinculados a la temática en Tucumán.
En este panorama y con la reciente elevación a juicio por parte de la jueza Emma de Nucci en agosto pasado, se espera que tras las apelaciones de la defensa se llegue al juicio oral en el primer semestre de 2012. La expectativa de la defensa es que se avance en un fallo que corte con la impunidad de los imputados libres y tengan la máxima pena dentro del delito que cometieron. Que no se cambie la carátula en la consideración de que los 3 acusados son partícipes necesarios del delito -pedido realizado por fiscal de instrucción Adolfo Suasnábar (quien realizó una prolija investigación)-, sería una muestra de que se avanza en ese sentido.
No conocíamos a Don Javier Chocobar. Lo fuimos descubriendo después, a partir de esos mensajes desesperados que empezaron a llegar ese 12 de octubre de 2009 que relataban el ataque en El Chorro. Lo tenemos presente a partir de allí con ese dolor de quien es parte y símbolo de una resistencia que es histórica como la de los pueblos originarios y otros sectores que luchan contra la explotación capitalista. Como nos duelen Mariano Ferreyra, Roberto López, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Como nos da impotencia no saber donde están Julio López o Luciano Arruga. Justicia no es sólo la cárcel para los asesinos, sino el efectivo cumplimiento por parte del estado de los derechos de los Pueblos Originarios que hoy ya tienen y además avanzar en políticas de largo plazo. Porque el caso de Don Javier no puede repetirse. Mientras tanto, la visibilización y el reclamo de justicia seguirá escuchándose aunque les moleste a los dueños de Tucumán que siguen creyéndose impunes.

Contacto:
ContraPunto - Prensa Alternativa
Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos
redaccioncontrapunto@gmail.com

12 DE OCTUBRE: LAS NUEVAS INVASIONES SOBRE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Los representantes indígenas denuncian el corrimiento de las fronteras del petróleo, la minería y los agronegocios. Reclaman sus derechos sobre los territorios que sufren la avanzada. Aquí, los principales conflictos que mantienen las comunidades.

Por Darío Aranda

Buenos Aires, 12 de cotubre de 2011 (Página 12).- La avanzada militar del Estado argentino a fines del siglo XIX sobre los pueblos originarios tuvo un reconocido motivo económico, incorporar tierras al mercado, entregada sobre todo a latifundistas. “Han pasado muchos años y poco ha cambiado, no hay voluntad política de respetar nuestros derechos, nos siguen robando territorio”, denunció Juan Carlos Curruhuinca, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y afirmó que “ayer fueron los terratenientes, hoy son las mineras y petroleras”. La actividad minera aumentó, según datos oficiales, 340 por ciento en los últimos siete años. También se registra un corrimiento de la frontera petrolera y, sólo en la región del Chaco argentino, se registran conflictos territoriales y ambientales en 11,4 millones de hectáreas. La gran mayoría comenzó a fines de la década del 90, cuando la soja empezó a expandirse.
Caraparí está ubicada en el norte de Salta. La comunidad indígena cuenta con los títulos sobre 766 hectáreas. Las empresas Refinería del Norte (Refinor) y Conta (subcontratista) ingresaron en 2004 a territorio indígena para construir una nueva traza del Gasoducto del Norte. Luego de cuatro años de lucha judicial, la Corte Suprema falló a favor de la empresa en 2008. Hilario Vera, cacique de la comunidad, lamentó: “Los pueblos indígenas tenemos derecho a nuestro territorio, pero los poderosos pisan nuestros derechos”.
En Fortín Dragones, al norte provincial, la empresa Tecpetrol avanzó sobre comunidades wichí. En Hickman, sobre la Ruta 81, Petrobras hace lo propio. En ningún caso se cumplió con la legislación nacional, que obliga a consultar a las comunidades.
En Río Negro, el Plan Provincial Hidrocarburífero 2006/2007 impulsó la exploración y explotación hidrocarburífera. El Consejo Asesor Indígena recurrió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la violación del Convenio 169: se vulneró el mecanismo de consulta previa, libre e informada. La avanzada petrolera afecta a 26 comunidades mapuches.
La Cuenca de Ñirihuau abarca Río Negro, desde zonas de bosques montañosos de la cordillera hasta la meseta. El gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, otorgó en octubre de 2008 la zona petrolera a YPF-Pluspetrol. No realizó audiencia pública (como solicita la ley) y la adjudicó mediante un decreto. Se verán afectadas al menos dieciséis comunidades mapuches.
El Observatorio Petrolero Sur (OPS), espacio referente en la temática hidrocarburífera del país, explica que la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) está integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). “Pasamos, a partir de 2006, a un contexto donde las trece provincias restantes están en proceso de acomodar su legislación previo a un proceso licitatorio o ya han avanzado en la licitación y concesión de áreas para la exploración de hidrocarburos. Mientras que las ‘diez provincias tradicionales’ han licitado nuevas áreas”, explicaron y exhibieron un mapa repleto de colores donde grafican cómo, en diez años, todas las provincias aportaron a la exploración petrolera.
En enero de 2007, el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufú (Hombres de Río Reunidos). Comenzó una disputa que incluyó represión y judicialización. En febrero último, el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có falló contra la empresa petrolera. La sentencia afirmó que se trasgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales y apuntó también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (las leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.
Juan Carlos Curruhuinca, integrante de la comunidad, afirmó que “los pueblos originarios estamos más organizados y en lucha, tenemos de nuestro lado las leyes y la historia”.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) realiza desde hace tres años un relevamiento sobre la conflictividad rural en la región denominada Chaco argentino. En un año se sumaron 80 conflictos. Suman ya 244 casos relevados, 209 son exclusivamente de disputas por tierras, 25 son ambientales y diez son mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria.
Los conflictos abarcan una superficie de 11,4 millones de hectáreas y afectan a 1,6 millón de personas. Tienen gran peso los conflictos socioambientales, en parte ligados al modelo extractivo (desmontes y fumigaciones con agrotóxicos). Sobresale el Ordenamiento Territorial de Formosa (en el marco de la Ley de Bosques) y, en Salta, figura la deforestación por el avance de la frontera agropecuaria en los departamentos de San Martín, Santa Victoria, Rivadavia y Orán.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2020 establece aumentar la producción granaria un 60 por ciento, reconoce el avance sobre nuevas tierras. Desde Redaf analizaron el documento oficial y alertaron: “Se profundiza el modelo y también los principios sobre los cuales está asentado el extractivismo, la explotación de los recursos naturales”.
Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNIC), trazó el paralelo histórico, en vísperas al 12 de octubre: “La Campaña del Desierto no sólo significó genocidio, sino también la instauración de una cultura e ideología de las elites dominantes. Hoy tenemos un modelo agro-minero exportador, con una hegemonía del poder económico que sigue privilegiando el uso de los bienes naturales en función de los intereses extranjeros, resignando la soberanía y llevando a la pobreza a nuestro pueblo. Las trasnacionales son parte de esa continuidad como la nueva forma del colonialismo”.
Las comunidades wichí San José, Cuchuy y Corralito se encuentran en el municipio de Ballivián, departamento de San Martín. En toda la zona está prohibido el desmonte, determinado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la ONG Asociana registró con imágenes satelitales que en los últimos meses se desmontaron 1700 hectáreas en la zona este de Ballivián.
A mediados de septiembre, privados llegaron a las comunidades y comenzaron a desmontar. El martes 27 de septiembre, las comunidades enfrentaron las topadoras y se quedaron en el lugar hasta el sábado 1º de octubre, cuando las seis topadoras fueron echadas. Jonatan Félix, wichí que participó de la resistencia, explicó que están “sufriendo por los desmontes, son los últimos pedacitos que nos quedan. Estamos dispuestos a defender lo poco que nos queda porque sacamos la comida del monte, vivimos por el monte”.

ELEGIRÁN CONGRESALES EN ATECH

Lago Puelo (Junta Electoral de Atech).- La Junta Electoral Regional informa que el día jueves 24/11/11 se realizarán las elecciones de congresales de ATECH Y CTERA.
Por tal motivo se informa del cronograma:
-presentación de listas: 13 de octubre de 2011 de 10 hs. hasta las 14 hs. Deberán ser presentadas por duplicado.
-aceptación o rechazo de lista 18/10/11 de 10 a 14 hs.
-oficialización de las listas lunes 24/10/11 a las 10 hs.
Los pàdrones definitivos de afiliados en condición de votar se expondrán el 25/10/11.
Informamos que la Junta Electoral está integrada por los siguientes docentes:
Alejandra Orgueira
Daniel Andreassi
Gabriela Donato
Jorge Jalley
Mabel Sanchez

2das JORNADAS DE MATEMÁTICAS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR

Esquel (ISFD 804).- Se desarrollarán en Esquel las II Jornadas Cordilleranas de Enseñanza de la Matemática para Estudiantes de Nivel Superior, los días 27 y 28 de octubre de 2011.
Invitamos a aquellos que estén interesados en participar a inscribirse previamente para poder seleccionar los talleres, presentaciones y mesas redondas que se realizarán en simultáneo.
Completar Formulario de Inscripción on line:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFUY2dzb3pWbEtwU0ZQMm9PbExtSFE6MQ

Informes:
Instituto Superior de Formación Docente N° 804
Sáenz Peña y Libertad (9200), Esquel. Chubut
(02945)453958/451413
Email: escuela804@gmail.com

ATECH: LISTADOS PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS

Lago Puelo (Atech).- La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), Regional Noroeste, informa que se encuentran disponibles en la Sede Gremial para su consulta los Listados Provisorios de Interinatos y Suplencias y Doble Función para el año 2012.
Los reclamos pertinentes deberán realizarse desde el 14 al 28 de octubre de 2011.
Los Listados también estarán disponibles en las escuelas Cabeceras, en Junta de Clasificación Docente y en la página web del Ministerio de Educación.

JORNADA SOBRE EDUCACIÓN RURAL EN PUELO

Lago Puelo (ISFD 813).- En el marco del Proyecto de Mejora 2010 “ Construir saberes sobre la Educación rural: una experiencia de desarrollo profesional compartida”,
la Dirección del I.S.F.D. N° 813 tiene el agrado de invitar a docentes del Área Rural de nuestra Región, y a docentes en general, a la Jornada de trabajo que se desarrollará el día viernes 21 de octubre, a partir de las 18:00 hs, junto a la Dra. Elisa Cragnolino y la Prof. María Rosa Brumat, miembros del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.
La propuesta de trabajo tiene el objetivo de socializar experiencias en torno a la Educación rural, a sus problemáticas y particularidades, y a la elaboración de diseños de carreras que conciben a la modalidad rural desde una mirada compleja, crítica y contextual.
En pos de pensar de manera colectiva el perfil que deseamos para la educación rural en nuestra región, esperamos contar la participación de colegas y profesionales comprometidos con la educación.
Lugar: sede del ISFD N° 813. Calle Remigio Nogués S/N, Lago Puelo.

Contacto:
Teléfono: (02944) 499 748
www.isfd813lagopuelo.edu.ar
isfd813@isfd813lagopuelo.edu.ar
http://www.facebook.com/ISFD813

LAS HUAYTEKAS: SOBRESEYERON A MUJER MAPUCHE

Bariloche, viernes 7 de octubre de 2011 (El Ciudadano).- El juez de Instrucción Martín Lozada dispuso el sobreseimiento de una pobladora mapuche, de 52 años, quien con intención de proteger un bosque de cipreses sagrados para la Comunidad de los Huaytekas, ubicada en El Foyel, impidió la circulación por un camino vecinal a representantes de una empresa petrolera.
Según la mujer, los representantes de la empresa iban a derribar los cipreses. La sentencia en cuestión quedó firme, al ser consentida tanto por el agente fiscal como por la parte querellante.
La mujer afirmó haber velado por la integridad de un bosque único, milenario y sagrado para su comunidad. Señaló que tal posición de garante le había sido conferida por la comunidad a la que pertenece en el marco de un “trawun”. Se refirió, además, al "rewe" para explicar el vínculo que la une a ese territorio.
Lozada consideró estar frente a la problemática del multiculturalismo. Sostuvo que “supone referirnos a la presencia, dentro de un determinado contexto espacial, de diversas culturas, y a la consecuente concurrencia de elementos cognitivos comunes que hacen a la representación del mundo exterior, en el ámbito de la moral, la religión, el derecho, las relaciones sociales”.
Y recordó la incorporación al ámbito interno del derecho internacional de los derechos humanos, entre ellos, el artículo 27 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; de la reforma constitucional de 1994, que reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas; y de la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

Pericia
En función de las complejidades de la causa, y toda vez que de ella se desprenden elementos culturales propios de la comunidad mapuche y, más precisamente, de la comunidad de Los Huaytekas, Lozada dispuso realizar una pericia antropológica.
La pericia estuvo a cargo de la doctora Claudia Briones, quien es profesora de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y titular de la Escuela de Humanidades de esa casa de estudios.
Del informe pericial antropológico surge el valor ancestral y simbólico que para la comunidad Huayteka posee el bosque de cipresal allí existente.
“No sólo como la Mapu en tanto tierra tiene un sentido económico que garantiza la reproducción material del grupo, sino también como en tanto lugar se entrema en y a través de un sentido de paisaje, entendido como las características superficiales del medio que están significativamente relacionadas con la existencia cotidiana y que presuponen y crean la relación histórica y semántica que los indígenas tienen con ese territorio”, afirmó.
También informó al juzgado en relación las implicancias del “rewe” en materia de posesión tradicional de la tierra; y respecto a la entidad vinculante de las decisiones arribadas mediante un "trawun".

Cultura
“Nos encontramos frente a los llamados delitos culturalmente motivados, referidos a determinados comportamientos que si bien contradicen la norma penal, se explican en razón a la cultura a la que pertenece el infractor. Es decir que la quinta esencia de estos delitos culturalmente motivados radica en el conflicto entre el respeto a los valores comprendidos dentro de su cultura y lo que disponen las normas penales”, sostuvo Lozada.
Respecto de la mujer, señaló que no es posible “que hubiera estado en condiciones de inspirarse en la expectativa subyacente a la previsión normativa prevista en el artículo 181 del Código Penal, y ello por cuanto, en lo esencial, su sistema de creencias la llevó a hacer prevalecer lo que entendió como un bien jurídico de mayor trascendencia”. Y consideró que “estamos en ausencia de cualquier forma de culpabilidad penal…”

EN CHUBUT SE AVANZA EN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON AUTISMO

El Bolsón (ANPP).-A partir de la lucha de padres y madres de niños con Espectro de Autismo, en la provincia de Chubut se logra la ley que ampara a dichos niños y asegura legalmente la igualdad frente a la posibilidad de llevar una vida digna. Si bien el Estado Nacional desde hace tiempo ya, cuenta con leyes de discapacidad que indican la obligación del Estado a cubrir el 100% de todo lo que sea necesario para lograr la mayor igualdad posible de este grupo humano frente a los derechos, haciendo y modificando, y creando lo necesario para que TODAS las PERSONAS tengan acceso igulaitario a sus derechos, muchas provincias intentan neciamente esconder o negar estos derechos. Este acto discriminatorio por parte de muchas reparticiones provinciales está cayendo gracias al accionar de padres y madres comprometidos que logran explicitar lo que ya está reglamentado a nivel nacional.
La mayoría de las veces, los padres que atraviesan por estas situaciones necesitan ocuparse de sus hijos, y no imaginan que pueden contar con ayuda estatal muy importante para que sus hijos puedan tener una vida digna y como corresponde. El acceso a la educación "normal" con apoyo pedagógico especializado y continuo, la cobertura del 100% de medicamentos y tratamientos médicos, de estimulación y rehabilitación, ayuda domiciliaria paga, transporte pago, excensión de pago de impuestos, pensión, etc, son algunos de los derechos a los que pueden acceder las personas con discapacidad, como el del Trastorno de Espectro de Autismo. Si bien esta forma de contener del Estado no contempla un montón de otras necesidades que aún siguen sin cubrirse, no es menor la ayuda, para las familias con personas con discapacidad.
En el texto del Boletín Oficial recientemente difundido por esa provincia se puede leer en una de sus partes:
" Dicha cobertura abarcará la libre elección de prestadores, y cubrirá como mínimo los valores del nomenclador nacional. Asimismo, cubrirá operadores calificados (cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, operadores convivenciales, y auxiliares, entre otros)
certificados por la autoridad competente en salud y/o educación y/o familia y/o trabajo.
El Estado Provincial y sus municipios promoverán la capacitación en las metodologías de diagnóstico y tratamiento señaladas en el artículo 2º precedente, a través de todos sus organismos centralizados y descentralizados, y su articulación con las agrupaciones de la sociedad civil.
Inc. b) Se encuadrarán conforme a lo reglamentado en la Ley Provincial VIII N° 91/10 y leyes nacionales y provinciales complementarias. A tales efectos corresponderá implementar los ajustes
razonables y criterios establecidos por la Ley N°26.378, a fin de cubrir las necesidades educativas especiales para personas con discapacidad. Para la consecución de dicho objetivo, la educación
se impartirá en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social, permitiendo el uso de los dispositivos especiales y/o tecnológicos, de resultar apropiados.
Las prestaciones educativas cubrirán la de maestra integradora o desempeño de personal no docente, durante toda la jornada escolar en todos los niveles educativos.
El Ministerio de Educación reglamentará el desempeño de personal no docente para alumnos comprendidos en los términos definidos en el artículo 2º precedente, en todo establecimiento educativo de gestión estatal..."

REPRIMEN EL ACAMPE JUJEÑO EN LA 9 DE JULIO

Buenos Aires (ANRED).-

Imágenes de la represión sufrida por familias jujeñas que acampan en Avenida de Mayo y 9 de Julio, Buenos Aires, en reclamo de tierras a los asentamientos en toda la provincia de Jujuy. Fotos: Imágen Insurrecta.

El martes 11 de Octubre se realizó una manifestación en reclamo de la entrega de tierras a los asentamientos en toda la provincia de Jujuy. A las 19.30 hs mientras se realizaba un corte total de la Av. 9 de Julio sentido Riachuelo (altura Av. de Mayo) se desplegó un operativo a cargo del comisario Fernando Cordoba con camiones hidrantes, infantería y personal policial de la comisaria 4ª que culminó en la represión dejando heridos (varias mujeres, dos hombres fueron llevados al Htal. Argerich ) y un detenido que posteriormente fue liberado.

Hoy miércoles a las 10 de la mañana se convocaron nuevas manifestaciones en repudio a la represión. También se realizan cortes de ruta coordinados en la provincia de Jujuy y Chaco.

Contactos acampe: 0388155086044 / 0388155745315 / 0388154414798 (delegadas de Jujuy)

Imagen Insurrecta

RESPALDO DEL SERPAJ A LA COMUNIDAD MAPUCHE DE ÑORQUINCO

El Bolsón (ANPP).- Reproducimos la copia de la carta enviada por la entidad que preside el Premio Novel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel:



12 de octubre de 2011.-

Comunidad Newen Twain Kom

A pesar de todo, continúan los desalojos

Este 12 de octubre, el que según decreto nacional se estableció como “Día de la Diversidad Cultural ”, es testigo una vez más de un atropello a comunidades de los Pueblos Originarios.

Y una de esas comunidades es Newen Twain Kom de Costa del Arroyo en Ñorquinco, Provincia de Río Negro. Esta comunidad mapuche viene sufriendo desde hace tiempo el acoso de Natalio Mohana, quien aduce tener derecho a ese territorio.

Así es que entre el 5 y 6 de octubre pasado, Newen Twain, tuvo que soportar, en primer lugar, la irrupción de efectivos de la subcomisaría 73, quienes se presentaron en esta ocupación tradicional, un sector de los lotes 93 y 94, leyéndoles una orden de allanamiento y desalojo, sin contar con los pasos jurídicos necesarios, llevándose a los hermanos Andrés y Casiano Prafil, encarcelados sin una orden de judicial de detención, violando de ésta manera todos los Derechos Humanos.

Luego entre la medianoche del 5 y madrugada del 6, el subcomisario Fabián Rondeau, amedrentó a los hermanos mapuches presente con diversas amenazas y con presencia de Mohana y otras personas que se encargaron de ejecutar la orden de desalojo.

Para finalizar, al menos 5 efectivos de la policía destruyeron la vivienda que la comunidad había levantado en diciembre de 2008, que habitualmente se utiliza para actividades con los animales del lugar.

Qué más hace falta para frenar estas actitudes de violencia contra nuestras comunidades indígenas? Reclamamos al Estado Provincial y Nacional el respeto a los derechos de los Pueblos contemplada en la Constitución Nacional.

Existe la Constitución Nacional , el Convenio 169 de la OIT (ley 24071) y la ley 26160/26554 , que deben ser respetados en todos los rincones de nuestro país…, pero no es así. No sólo no se respeta todos estos instrumentos jurídicos, sino que parece que se los desafía.

Entonces, qué hace falta para que las comunidades se defiendan? Ellas no van a devolver violencia con violencia, pero sí deben registrar las autoridades que se están organizando, fortaleciendo y cuentan con el apoyo solidario de todos aquellos que luchamos contra las injusticias, contra la violación a sus derechos y su autodeterminación.

Estas situaciones no pueden, no deben repetirse. Hasta cuándo nuestras autoridades , van a ignorar esta situación, hasta cuándo va haber ausencia de políticas públicas claras y precisas; donde los poderosos no avasallen los derechos de los que tienen menos.

Hoy, en el Día de la Diversidad Cultural , tiene que haber un reconocimiento explícito y concreto, en defensa de los territorios indígenas y repudiando las amenazas y atropellos que deben soportar los auténticos dueños de la tierra.

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz