viernes, 22 de julio de 2011
CAMPESINOS DE SALTA HACEN GUARDIAS POR AMENAZA DE DESALOJO
-Nos comentaba que hay un posible desalojo, que están haciendo guardias entre los campesinos para prevenir esto
[Riera]: Bueno, sí, ahora tenemos un nuevo intento de desalojo, por eso se están haciendo estas guardias. Mi familia está desde 1925 en la finca “La Matanza”, y esta señora [la demandante, Mirta Ester Vila de Guyer] dice que vinimos hace cinco años, pero también que fue mi maestra de colegio en Hickmann, una contradicción total. Esta es una causa que ya hubo intento de desalojo [en mayo de 2011; el juez de paz, policías y personas con machetes denunció la organización en su momento], pero lo logramos frenar. En 2007 gané un juicio penal que me hicieron [se lo acusó por delito de usurpación], le mostramos las pruebas y todo, pero no quisieron tener en cuenta nada de eso para esto de ahora. Ellos dicen que hace cinco años estamos acá nomás, mentiras. Dicen que va a venir el juez de paz de la zona, Flores creo, con un oficial de justicia, en algún momento.
-¿Con qué fin se estaría buscando el desalojo?
Y, yo creo que debe ser algo inmobiliario. Mis tierras están en frente de la ruta [nacional] 81, hay acceso por ahí, cerca de Hickmann. Ya en el ’81, cuando corrieron la ruta, que antes pasaba por el pueblo, nos partieron nuestras tierras, y ahora esto. Además es puro monte, acá no se desmontó nada, esta todo tal cual. Vivimos del ganado que tenemos, es nuestro único medio.
-¿Esto es un tema de usted nada más? ¿O, si bien existe la ley, hay otros intentos de desalojo?
No, no es un tema mío nada más. Una familia en Tartagal, en el Lote fiscal 7, también se la intentó desalojar por orden de esta jueza [de Feudis], pero por suerte se ha parado. La jueza tiene más de 100 causas de desalojos contra campesinos. Es un tema del valor de la tierra, que está cada vez más cara. Igualmente, contra mí tienen un tema particular, por todo el proceso de organización que venimos encarando, desde hace varios años. En el caso de los desmontes, la causa ante la Corte Suprema [de Justicia de la Nación; que frena los desmontes en cuatro Departamentos del norte de Salta], fuimos un representante wichi, y yo por los criollos. Nos empezamos a organizar por el tema de la avanzada de los agronegocios. Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, incluso con los empresarios muchas veces hemos logrado que reconozcan nuestras tierras.
-¿Y ahora cómo ven las nuevas entradas de las petroleras?
Y, la verdad que no bien. Las multinacionales están entrando y haciendo destrozos. En Morillo entraron sin consultar, ni pedir permiso, con las topadoras. Entraron e hicieron unas franjas de kilómetros, siete metros de ancho, eso es desmonte y no se puede.
CASO HERRERA: COMUNICADO DE PRENSA DE ABUELAS
INFORME SOBRE EL CASO HERRERA
El 12 de enero de 2003, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, la señora Ernestina Herrera de Noble reconoció, en una carta abierta, el legítimo deseo de las Abuelas de saber si Marcela y Felipe, según sus propias palabras, fueron “arrebatados a detenidos-desaparecidos”. A su vez, aseguró que la duda acerca del origen de Marcela y Felipe había sido un tema recurrente en el seno de su familia y que ella no albergaba ningún tipo de desconfianza sobre nuestra incesante búsqueda por recuperar la identidad de nuestros nietos apropiados durante la última dictadura militar.
No existe mejor justificación del proceso que está concluyendo con la corroboración de la identidad de Marcela y Felipe que el propio reconocimiento de las dudas que ha expresado la dueña del diario Clarín. Si a esto sumamos las irregularidades que en el presente informe se detallan, vinculadas al proceso de adopción, y luego la resistencia a colaborar con la justicia en el cotejo de los perfiles genéticos mediante la extracción voluntaria de ADN y la posterior comparación con el Banco Nacional de Datos Genéticos, independientemente de cuál sea el resultado que dicha comparación arroje, se habrá dado un paso fundamental para la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria.
jueves, 21 de julio de 2011
COMUNICADO: A 75 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA
Que viva la Anarquía!
NEUQUÉN: MOVILIZACIÓN CERAMISTA EN DEFENSA DE LAS FUENTES DE TRABAJO
Nuevo plan de lucha en Mendoza contra el Proyecto San Jorge
lunes, 18 de julio de 2011
LAGO PUELO: VECINOS SIGUEN EN ALERTA ANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA EN RÍO PUELO
El día viernes 15 de julio un numeroso grupo de vecinos de Lago Puelo llevaron a cabo una nueva reunión en relación al proyecto de represamiento del río Puelo, que pretende llevar a cabo la empresa Endesa en el sector de El Portón, Chile. Luego de la presentación ante el Concejo Deliberante local de un pedido de informes a las autoridades que tienen competencia en el tema, esto es Chancillería y Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Chubut, los vecinos evaluaron la necesidad de continuar con una campaña de difusión que permita dar a conocer al resto de la población las implicancias que puede ocasionar la concreción de este megaemprendimiento.
Recordemos que el proyecto de represamiento sobre el río Puelo, que nace en el Parque Nacional Lago Puelo y desemboca en el seno de Reloncaví, cercano a la localidad de Puerto Monn, compromete una cuenca binacional y por lo tanto, está sujeto a la aplicación del Protocolo Argentino Chileno sobre cuencas hídricas compartidas. Las pretensiones de la multinacional Endesa, hoy adquirida por la Enel Italia, remite tristemente al represamiento del Bio-Bio, en la zona de Ralco, llevada a cabo por esta misma empresa, que en la memoria de los pobladores de ambos lados de la cordillera quedara como la responsable de la inundación ocurrida en el año 2005, y que tuvo la trágica consecuencia de la muerte de 10 pobladores chilenos. Aún con estos tristes antecedentes, el gobierno chileno impulsa los proyectos de Endesa de construcción de represas en distintos ríos de la Patagonia argentino chilena, como es el caso de río Puelo - río Manso y, en la zona de Aysen, el represamiento de los rios Baker y Pascua.
En la reunión mencionada participaron también vecinos de Mallín Ahogado movilizados por el mega proyecto de explotación turística del cerro Perito Moreno, cercano a la localidad de El Bolsón, cuyos impulsores están relacionados con la empresa “Lago Escondido”, propiedad de Joe Lewis, y su propuesta de usina hidroeléctrica.
Del debate e intercambio de información se concluyo la necesidad de reafirmar que las cuencas acuíferas, sus ríos y lagos, deben contar con la máxima protección ambiental, y ser considerados como un bien de todos los vecinos de la comarca, no el negocio de unos pocos. Su acceso debe estar garantizado para toda la población y su destino debe responder a los intereses que como comunidad discutamos y definamos.
Se propuso continuar con las reuniones todos los viernes a las 18 hs en las instalaciones del colegio nº765 de Lago Puelo, con el propósito de intercambiar ideas e información y avanzar en la concreción de las próximas acciones.
Asamblea Comarcal Contra el Saqueo
EN NOVIEMBRE, LA GALLE A LA CALLE
DESOCUPADOS DE TARTAGAL ACAMPAN EN BUENOS AIRES
Además, la manifestación se propone denunciar que el intendente de Tartagal, Sergio Leavi, se apropia de fondos sociales destinados por la provincia y por la Nación.
Según afirmaron los desocupados cuando la gente reclama por las asignaciones sociales "se tiran la pelota entre Leavi y el gobernador (Juan Manuel Urtubey), pero la plata nunca aparece".
Tartagal viene sufriendo miseria desde que, durante la nefasta década menemista, se cerraron cientos de puestos de trabajo de la ex Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), hoy en manos, mayoritariamente, de capitales españoles.
"Los pibes se siguen muriendo de desnutrición -dijo uno de los manifestantes-. En Tartagal todavía hay hambre, y nadie se entera. Ésta es la única forma de que se sepa lo que está pasando."
Los trabajadores acusan al intendente Leavi de "aprovecharse de la gente", haciéndola trabajar en obras públicas "por sueldos indignantes o por nada directamente".
"Es común ya que, por ejemplo, el municipio nos contratate como cooperativa de trabajadores y al poco tiempo de empezar nos corte el contrato, según el, por falta de fondos."
El grupo de desocupados, bajo la llovinza, se disponía a armar el campamento que durará hasta que la Presidenta Crsitina Fernández o algún funcionario nacional atienda su reclamo.
En tanto, la policía mantiene alrededor de los trabajadores un cordón y no se sabe qué órdenes tienen.
RIO NEGRO: NI EL MAL TIEMPO PUEDE ACALLAR EL GRITO DE JUSTICIA
La sexta marcha comenzó con alegría popular por la reapertura de la marcha, y con visibles muestras de desesperación por parte de la policía local, que observó tratando de disimular desde autos, quiénes y qué hacían los manifestantes. No es la primera vez que esto ocurre, pero no logran amedrentar al pueblo, que sabe que tras el intento de archivar la causa sin dejar que la familia Garrido y su abogada pudieran acceder a la causa para aportar pruebas, se esconde una verdad que compromete a la institución.
"Pero los que recuerdan
están acá, son muchos, se multiplican
ningún asesino podrá huir
no habrá niebla que lo oculte.
Donde ataque a un ser humano
allí será aprendido.
Cual semillas de soles de hierro
vuela la ceniza sobre el mundo.
A todos, viejos y jóvenes,
se les proveerá de ceniza para arrojar.
Pesada como la memoria,
y liviana como el olvido."
Fragmento de Las cenizas de Birkenau
(Die Asche von Birkenau/Stephan Hermlin, 1949 (1))
(1) Stephan Hermlin, pseudónimo de Rudolf Leder, (1915 - 1997).
Realizaron una nueva marcha para pedir Justicia
Domingo 17 de Julio de 2011 21:14
Las bajas temperaturas no detuvieron este domingo por la tarde una nueva
movilización para reclamar justicia por los homicidios deNicolás Carrasco y Sergio Cárdenas dos de los tres jóvenes que perdieron la vida el pasado 17 de junio de 2010 en acciones en las que intervino la Policía de Río Negro. Fotos Hans Schulz.
________________________________
Los niños y adolescentes fueron protagonistas de la última marcha que un nuevo 17 desembocó en el Centro Cívico reclamó Justicia por los homicidios de Nicolás Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (29), asesinados el 17 de junio de 2010 en hechos aún no esclarecidos por las instituciones del Estado provincial, y en el marco de un operativo de represión de la Policía de Río Negro.
A la fría jornada que este domingo volvió a esperar a los manifestantes con vallas protectoras para el edificio de la Regional III, se sumó el reclamo ante "nuevos y
graves hechos de violencia policial contra jóvenes de los barrios de El Alto" ocurridos en el último mes que familiares de las víctimas de junio y ultisectorial contra la Represión Policial señalan como "un plan sistemático que pretende hacer masivo y constante el terror y el miedo en Bariloche".
En un documento difundido días atrás y leído en la plaza del Centro Cívico
denuncian el secuestro y la brutal golpiza dos veces en una misma semana por policías en actividad contra Fabián Gallardo, de 15 años y testigo sobreviviente de la ejecución sumaria de Diego Bonnefoi el pasado 17 de junio de 2010. También el menor Carlos Painefil, fue atacado por las fuerzas policiales durante un fin de semana en el que hubo 4 víctimas de golpizas protagonizadas por la Policía de Río Negro según denunciaron las madres de los jóvenes el miércoles 6 de julio ante el Concejo Municipal ante la presencia del comisario Mayor Edgardo Pérez, jefe de la Unidad Regional III.
"Nuestra buena voluntad no tiene respuesta favorable por parte de los sectores
del poder que no son capaces de cumplir con mínimos compromisos asumidos públicamente en esa reunión. Compromisos que -reiteramos lo dicho en su momento- deberían haber sido asumidos por los funcionarios como parte de una política de gobierno y no a partir de la presión de las organizaciones y familiares ante los hechos consumados. El comisario Pérez todavía no dio a conocer a la prensa los 70 u 80 casos que se tramitan administrativamente en la Regional III por violencia y
abusos de poder por parte de policías en actividad" señala el documento que reclama que se cumpla con la exigencia de portar identificación obligatoria de todo agente en actividad, compromiso asumido por los jefes policiales.
En tanto, pusieron en evidenca que la Cámara Segunda del Crimen "no hizo lugar al reclamo de respetar y restituir el juez natural de la causa de los homicidios de Sergio Cárdenas y Nino Carrasco -el juez de Instrucción Martín Lozada-, en una comprobación de la sujeción del poder judicial a los intereses de protección a la
cúpula de la policía de Río Negro, responsable administrativa y política de todos y cada uno de los sucesos de terrorismo de Estado perpetrados contra la población en junio del año pasado".
Además de Justicia para Nicolás y Sergio, los familiares de las víctimas de junio y la Multisectorial contra la Represión Policial reclaman el cumplimiento de cárcel efectiva a los asesinos de los jóvenes, juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de las torturas, secuestros, detenciones ilegales y persecuciones del 18 de junio, la renuncia de los jefes y funcionarios Jorge Villanova, Victor Cufré, Diego Larreguy y Miguel Saiz, cárcel común para el cabo Sergio Colombil actor material del homicidio de Diego Bonnefoi, y el
desmantelamiento de la BORA.
GALERÍA DE FOTOS HANS SCHULZ
http://www.bariloche2000.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61172%3Amarcharon-a-pesar-de-todo&catid=1%3Aultimas-noticias&Itemid=13
NECESITAMOS MÁS APOYOS PARA EVITAR EL TRASLADO
Enviar adhesión a agrupasionparalalibertad@
(No hay error ortográfico, viene de AgruPasión, es correcto el correo tal como está).
Dra. Cristina Fernández de Kichner
De nuestra mayor consideración:
Los firmantes, privados de libertad alojados en la cárcel de Villa Devoto, haciendo uso del derecho a peticionar ante las autoridades, nos dirigimos a Ud. con el objeto de poner a su consideración lo siguiente:
I.-
A partir de su anuncio público del cierre definitivo del penal de Devoto y la construcción de un Complejo Penitenciario Federal en Mercedes, Pcia. de Bs. As., pasamos a un estado de incertidumbre respecto del lugar donde seremos alojados.
En la actualidad, la cárcel de Devoto aloja aproximadamente 1.700 personas de los cuales cerca de un 70% somos procesados. Como tales, nos asiste el derecho a defensa en juicio así como la garantía de que nuestros lazos familiares sean respetados y favorecidos. Todo el cuerpo normativo que regula las condiciones de detención establece claramente que será el Estado quien vele por el respeto de estas premisas. Si se concreta el traslado de la población carcelaria alojada en Devoto al mega Complejo penitenciario a construirse, los 120 Km que lo separan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán la causa principal de que los derechos enunciados sean violados por el mismo Estado que debería garantizarlos.
Tomando como ejemplo el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, ubicado a 40 Km de la CABA, los registros de cantidad de visitas tanto de abogados defensores como de familiares de los allí detenidos muestran una baja del 60% respecto de Devoto. Estas cifras, llevadas al triple de distancia en la ciudad de Mercedes, crecerían exponencialmente con el consecuente agravamiento de la situación procesal y el daño irreparable a nuestras familias.
II.-
A lo expuesto se suma el hecho de que por razones de economía y practicidad procesal, se impone que los Juzgados tengan a aquellos detenidos a su disposición dentro de su radio jurisdiccional. Esta condición también se vería afectada radicalmente por la ubicación del nuevo Complejo. Incluso si se recurriera a medios tecnológicos tales como la teleconferencia u otros el resultado sería una deshumanización aún mayor del sistema judicial.
Lo hasta aquí mencionado amerita suficientemente a nuestro criterio una reconsideración del traslado de la población carcelaria alojada actualmente en Devoto al Complejo de Mercedes, el cual sí podría ser destinado al alojamiento de los condenados que actualmente ocupan las cárceles federales más alejadas de la CABA. Y así lo solicitamos a la Sra. Presidenta de la Nación.
Sin perjuicio de ello, nos sentimos en el deber de someter a su justo criterio algunos puntos más:
1) Política de Sectorización (celdas individuales):
Con este título se nombra oficialmente a una metodología de gobernabilidad aplicada sobre la población carcelaria basada en la división por sectores de acuerdo a criterios definidos por el Servicio Penitenciario Federal, tales como potencial de conflictividad del detenido, liderazgo negativo, etc. En la práctica, la realidad viene demostrando que se constituye en un sistema de castigos graduados encubiertos que llegan en muchos casos al aislamiento de las detenidas y los detenidos hasta veintitrés horas por día. El Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, en sus diez años de existencia, es una vez más un patético ejemplo del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención por estas causas. Cifras oficiales (ver informes anuales de la Procuración Penitenciaria Nacional) muestran el crecimiento año tras año de las muertes de detenidos en el citado Penal y de las denuncias por torturas y malos tratos. Ello no hace sino evidenciar que el alojamiento en celda individual no garantiza por sí solo una disminución en los niveles de violencia si no es acompañado de una profunda reforma en la institución penitenciaria. Un cambio que debe contemplar una reformulación de la estructura del SPF -hoy militarizada- y en la formación académica de sus cuadros, así como el traspaso definitivo de la salud, la alimentación, el trabajo y los equipos criminológicos de evaluación de las detenidas y los detenidos del ámbito federal a instituciones y organismos de la sociedad civil que gestionen tales actividades y controlen el respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos tanto de las detenidas y detenidos como de las y los profesionales civiles que desempeñan su trabajo intramuros, además del propio personal penitenciario.
En este sentido, solicitamos a la Sra. Presidenta que el establecimiento a construir sea sometido al control de los organismos pertinentes en cuanto a las condiciones de habitabilidad y su posible impacto en las condiciones de detención. Asimismo, que facilite e impulse el debate hoy instalado sobre la necesidad de una nueva Ley Orgánica para el servicio penitenciario.
2) La sociedad civil en la cárcel.
En la cárcel de Devoto funciona desde hace veinticinco años el Centro Universitario Devoto, dependiente de la Universidad de Buenos Aires en el marco del Programa UBA XXII -educación en cárceles-, bajo las premisas de la autonomía universitaria, la autogestión estudiantil y la autodisciplina del detenido. Aquí los estudiantes en situación de encierro -procesados y condenados- tienen, por convenio, garantizada su permanencia en la Unidad donde cursan sus estudios universitarios. El eventual traslado atentaría claramente contra su derecho a la Educación. Esta experiencia, única en el mundo por las características mencionadas, es digna de tomarse en cuenta como ejemplo de lo que se plantea en el punto anterior: La gestión de una institución de la sociedad civil dentro de los muros de la prisión.
A pesar de sufrir históricamente la incomprensión y el hostigamiento de parte de algunos sectores corporativos más retrógrados, la presencia de la UBA en la cárcel arroja estadísticas insoslayables: De las personas detenidas que han pasado por sus aulas sólo un 7% reincidió en el delito, contra casi un 50% para la población carcelaria que no participó de esa experiencia. Humildemente creemos que esto tiene una incidencia directa en el llamado "problema de inseguridad" pues nos da la pauta que si la tendencia en cuanto a las políticas de inclusión social encaradas por el gobierno Nacional es acompañada por una política seria, democrática y formadora de conciencia crítica dentro de los muros favoreciendo la intervención de las instituciones y organismos de la sociedad civil se podría optimizar una respuesta a la "inseguridad", la cual somos concientes es una problemática presente en todos los grandes centros urbanos, pero que en caso argentino se trata las más de las veces de una sensación construida desde la corporación mediática, con intereses muy lejanos al llamado bien común. En síntesis, creemos que la inseguridad se puede y debe erradicar estimulando la educación dentro de las cárceles, apoyando las experiencias que, como el CUD, vienen demostrando su eficacia en cuanto a la disminución del nivel de reincidencia y creando nuevos espacios de las mismas características en cada Unidad de detención.
Queremos dejar en claro a la Sra. Presidenta que con esta mención no buscamos lograr que el CUD permanezca en la CABA mientras el resto de la población carcelaria sea alejada de la misma, sino por el contrario que la experiencia de autonomía y autogestión universitaria se multiplique como tal y se extienda a todos los ítems mencionados antes: Salud, Alimentación, Educación primaria y secundaria, Trabajo, Servicios Sociales y evaluación criminológica, cada uno con sus particularidades.
III.-
Es entonces por lo expuesto, que respetuosamente solicitamos a la Sra. Presidenta de la Nación que:
1) De construirse el Complejo Penitenciario Federal de Mercedes, éste sea sometido al control de los organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales en cuanto a sus condiciones de habitabilidad y el posible impacto de las mismas en las condiciones de detención.
2) De concretarse su construcción, sea ese Complejo destinado al alojamiento de los condenados por los sistemas judiciales Nacional y Federal que actualmente ocupan las Unidades Federales más alejadas de la CABA (U6 -Rawson-; U9 -Neuquén-; U15 -Rio Gallegos-; U7 -Resistencia-, por ejemplo), y que estas cárceles sean demolidas o bien remodeladas para otros destinos, tales como hospitales o establecimientos educativos.
3) De concretarse el cierre del penal de Devoto, el Estado Nacional y el Gobierno de la CABA emprendan la construcción de uno o más centros de detención dentro de la CABA para el alojamiento de procesados varones y mujeres y de condenados estudiantes de los sistemas judiciales Federal, Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4) Se incentive el debate sobre la necesidad de una nueva Ley Orgánica para el SPF que contemple los criterios ya mencionados.
Agradecemos a la Sra. Presidenta de la Nación, en nuestro nombre y el de nuestras familias, la consideración que pudiera brindar a lo expuesto y le saludamos con el mayor de los respetos.
Enviar adhesión a agrupasionparalalibertad@