Buenos Aires, 1 de junio de 2011 (La Vaca).- Son peones frutícolas, son veintidós, viajaron desde Fiske Menuco, Río Negro, están en Plaza de Mayo, están en huelga de hambre, están aquí en nombre de todos los peones rurales del sur del país (”porque a todos nos pasa lo mismo”, cuenta Carlos) reclamando a la Presidenta lo que ni la Superintendencia rionegrense, ni la junta médica de su seguro de salud, ni esa ART, les reconoció: que por cargar, subir, bajar, desplazar pesos -que son inmensos cajones de frutas en casos, que es sentarse al tractor nueve horas al día en otros- se están quedando inválidos. Carlos y otros tres reparten desesperados volantes desesperados: “Hemos llegado desde la Patagonia para denunciar la infamia de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ART, que en complicidad con patrones y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo SRT, nos condenan a la indigencia, dándonos un trato discriminatorio, injusto, tomando la vida de un obrero en menos valor que la de un animal de trabajo”.
Así se presentan.
Así están
Carlos -podría haber sido otro cualquiera- señala su rodilla, muestra una operación, ahora señala su columna, no hay cortes. Una caída con un recolector lleno de frutas le costó las dos partes, pero la Aseguradora aceptó sólo operarlo de la rodilla. “Tengo una hernia en la espalda -aclara- y me dijeron que no corresponde a la Aseguradora operarla”. Le intervinieron la rodilla, entonces, y le dieron el alta. Según esta ART, su incapacidad tras la operación es de un 15,7%, lo que le permitiría seguir trabajando. La Junta Médica de la Aseguradora la bajó al 13,3%. Carlos se sentía incapaz de seguir cargando esos cajones escaleras arriba y abajo, que es lo que hace. La espalda le grita. “El porcentaje de incapacidad que me da un médico de un hospital público es muchísimo más alto, casi el cincuenta”, relata. Pero cuando le cuenta esto a sus patrones, la respuesta es la misma siempre: “Trabajá”.
La salud de los explotados
Los 21 restantes pueden contar el mismo caso diferente. Todos están accidentados o intervenidos quirúrgicamente y asignados a un nivel de incapacidad que no corresponde con lesiones y dolores. No corresponde, incluso, con lo que otros médicos diagnostican. El porcentaje a todos asignados es el mismo mínimo. Que una rodilla, que una espalda, que el brazo… diferentes son los casos y misma la respuesta. Las aseguradoras Prevención, QBE, PROFU, La Caja y Asociar se desentienden del tema. “El sindicato burócrata que se supone debe defendernos, no se atreve a dar la cara, nuestra marcha desafía a esos cobardes que luchan con nuestras afiliaciones para enriquecerse y engordar a costa de miles de obreros desamparados”, sigue el volante. Además, estos días denunciaron al sindicato UATRE -encabezado por el dirigente duhaldista Gerónimo Venegas- por amenazas, al que parece no alcanzarle esa inacción.
Una larga batalla
La UATRE había estado a la cabeza en los piquetes masivos en las rutas de Neuquén y Río Negro en agosto de 2008, reclamando un aumento del 20%, según estipula la ley 18883 que caratula a la región como “desfavorable”. Ahora, lo desfavorable es el trabajo en sí. Reclaman, al menos, que se les asignen tareas más livianas. No sólo no pueden seguir al ritmo en que venían; de seguir así, entre caídas, cargas y desplazamientos, sus cuerpos seguirán en desgaste. Denuncian: “Nos transforman en hombres inválidos, incapacitados de poder seguir manteniendo a nuestras familias”. El primer paso sería establecer un porcentaje de invalidez objetivo, no a manos de las Aseguradoras que dependen de las propias empresas para quienes trabajan; luego, que se les asignen tareas de acuerdo ello.
En Plaza de Mayo
El lunes 23 de mayo llegaron desde la Patagonia los veintidós peones frutícolas que pudieron costear el pasaje. Esos días cortaron un tramo de la 9 de julio, y algunas cámaras los mostraron. Siguen durmiendo a la intemperie frente a La Rosada, sin carpas, con frío, manteniendo una huelga de hambre y, hasta el 30, una “seca”. Carlos: “Tuvimos que volver a ingerir líquidos porque era imposible de sostener. Hoy una compañera tuvo que ser internada por todos estos problemas… Todo esta llegando a un punto en que no podremos resistir mucho más”.
Las manzanas, peras, duraznos y ciruelas que comemos, que comés, que se comen en todo el país y se exportan al mundo son las que éstos 22 y otros tantos, en el sur, cosechan, levantan, cargan, desplazan, embalan. Quienes los explotan son empresas privadas dueñas o arrendatarias de esas inmensas chacras sureñas. Se preguntan, estos veintidós, porqué están a miles y miles de kilómetros de su hogar: “Vinimos a que el gobierno nos escuche. Tenemos papeles, no es que vinimos a hablar nada más, traemos papeles con sellos de la Aseguradora, y otros de hospitales públicos. Lo que estamos reclamando es la verdad, no es otra cosa”, explica Carlos. Y es la verdad.
Sin respuesta
Hasta ahora, en estos nueve días tan sólo les han aceptado una “nota” en Casa de Gobierno, sin respuesta. La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, los recibió junto al responsable de la Superitendencia de Riesgos de Trabajo, Juan González Gaviola: les explicaron dónde encauzar sus reclamos, cómo destrabar las prestaciones médicas y reclamar por los porcentajes de discapacidad. Carlos interpreta: “Todavía nada concreto”. Por lo demás, se declaran dispuestos a hablar con quien se les acerque.
En el mientras tanto, su desesperación es concreta: están en huelga de hambre. “No nos vamos a ir de acá hasta que podamos aguantar, que es realmente difícil. No pensamos que nos iba a llevar tanto tiempo que el gobierno nos escuchara”, se lamenta. Estos veintidós, así como están, no tienen cómo irse. “Por eso queremos que el gobierno nos escuche, porque por más que queramos levantar la huelga, hoy no podemos porque no tenemos con qué sacar los boletos de vuelta”.
Para comunicarse: Guillermo Saavedra 0294 - 15 35018
Para acercarse: Plaza de Mayo
Para acercarles: Frazadas.
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