Por Estela V. Knez (Bióloga)
En la provincia de Catamarca, el pueblo de Andalgala continua resistiendo el avance devastador, saqueador y contaminante de la megamineria a cielo abierto. Luego de la violenta represión a que fueron sometidos por parte de las fuerzas policiales de la provincia el 15 de Febrero de 2010, y la judicialización de muchos de los hombres que protagonizaron esa pueblada, las mujeres decidieron -como una forma de profundizar la lucha-, desafiando al poder de las empresas mineras, de los funcionarios politicos cómplices y de la policía, recorrer cada miércoles las calles céntricas de Andalgalá, con sus bocas amordazadas, las manos atadas y con carteles en el pecho, haciendo una parada especial frente al Juzgado local, la Fiscalía, la sede policial y las oficinas de la empresa minera Yamana Gold responsable del proyecto Agua Rica. Estas valientes mujeres marchan con las únicas armas de que disponen, sus cuerpos y su silencio, para defender lo que es de todos. Ellas, con su silencio son las voces de los andalgalenses reprimidos, perseguidos, de los violentamente acallados. El video registra el testimonio de dos de estas luchadoras, Alicia y Maria, como un aporte a la difusión y en solidaridad con su noble compromiso.
http://www.youtube.com/watch?v=9xcD3fI7fiw
lunes, 16 de mayo de 2011
CORTE CORDOBESA FALLÓ A FAVOR DE 40 FAMILIAS CAMPESINAS CONDENADAS POR USURPAR SUS PROPIOS CAMPOS
El máximo tribunal de Justicia de Córdoba falló a favor de una comunidad de campesinos que habían sido condenados como usurpadores del territorio donde siempre vivieron. El fallo, que recupera los argumentos de un juez civil, sienta jurisprudencia.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas. En un conflicto del noroeste de Córdoba, absolvió a ocho campesinos acusados de “usurpación” de un territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico, priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un empresario que había comprado las tierras. “Es un fallo histórico porque el máximo tribunal reconoce los derechos campesinos a la tierra y los derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos derechos de un privado que llega a un lugar y pretende barrer con las familias con posesión ancestral y acabar una forma de vida comunitaria”, explicó Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), y recordó que en toda la Argentina se repiten los conflictos “y el Poder Judicial, sobre todo del interior, suele negar los derechos a campesinos e indígenas, reconocidos por el derecho interno e internacional”.
El Chacho es un pueblo del noroeste de Córdoba, al límite con La Rioja. Calles de tierra, calor intenso, muy poca agua. En la zona no hay soja, pero el corrimiento del monocultivo sobre otras zonas de provincias ocasionó el avance de la ganadería sobre lugares antes despreciados por los empresarios, e históricamente en posesión de campesinos.
En 2004 se inició una disputa tan repetitiva como vigente. Un empresario (Martín Rodolfo Buttié) reclamó como propio un campo de 2700 hectáreas de uso comunitario de familias campesinas y les exigió el pago mensual por pastoreo de los animales. El conflicto llegó a un juicio civil, que en 2006 dio la razón a las 40 familias campesinas, que no debían pagar por pastoreo, por entender que se trataba de una posesión “comunitaria” de las familias que viven desde hace generaciones en El Chacho.
Pero también se inició una causa penal. El juez de la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje, Ricardo Py, condenó en 2008 a prisión a ocho campesinos por “usurpación” de la tierra donde siempre vivieron, trabajaron y criaron animales. También solicitó que el campo pasara a manos de Buttié. La apelación, presentada por Fresneda y Mariana Romano, llegó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
“Se dispone absolver por el delito de usurpación”, dictaminó el viernes último por unanimidad del máximo tribunal de Córdoba y marcó jurisprudencia en su fundamento: “El título de dominio (de la tierra) no acredita posesión (...) Y a ellos debe agregarse la situación que se presente en el norte de Córdoba frente a poseedores ancestrales, en su gran mayoría son personas pobres y de escasa instrucción, y la falta de saneamiento de títulos, con la consiguiente inseguridad jurídica para los mismos”.
Y arremete de lleno contra la clásica situación que se vive en el campo de Argentina, cuando privados exhiben dudosos títulos de propiedad y pretenden desalojar a los poseedores ancestrales. “No surge prueba concluyente sobre la posesión de Buttié del predio, pues no está probada la realización de actos objetivos que lo demuestren, por ejemplo que tuviera allí animales propios o hubiera realizado tareas de desmonte o alambrado”, fundamenta el Tribunal Superior.
La Justicia revalorizó los argumentos del juez civil de primera instancia (Fernando Aguado) y revirtió el argumento de la primera instancia penal: “El campo en cuestión era usado, explotado y poseído por los accionantes (campesinos). De modo que lo que debe extraerse es, en todo caso, que fue Buttié quien incurrió en una turbación de dicha posesión al ordenar el ingreso al mismo de su empleado”. Y remarca que la presencia de animales de las familias campesinas, como así también la realización de trabajos en el predio “concurren a respaldar la versión de los campesinos en el sentido de haberse desempeñado siempre como poseedores del predio”.
Roque Farías siempre vivió en el lugar, con su familia, y recuerda que su abuela Adolia (fallecida en 2009) nació en la misma tierra que hoy habitan sus bisnietos. Similares historias de vida acreditan Graciela del Valle Arévalo, Clara María Farías, Ramón Nicolás Fernández, Santos Ernesto Fernández, Tomás Comelio Silva, Marta Ugina y Ricardo Cuebas. Ya ninguna deberá ir a prisión. Y, junto a otras 32 familias, podrán seguir utilizando las parcelas comunitarias.
El juez de primera instancia había condenado que las familias campesinas hayan cambiado los candados del campo. E incluso lo utilizó como acción de “usurpación”. El Tribunal Superior entendió el hecho de manera totalmente opuesta: “Se han interpretado erróneamente las pruebas de que el cambio de cerradura en la tranquera constituyó un acto de despojo del inmueble en lugar de un acto lícito de defensa de una posesión del inmueble que los encausados ya tenían”. Legitimó el ejercicio de defender el derecho de posesión, y fundamentó: “En un contexto de angustia ante la posibilidad de tener que efectuar un pago para el que su pequeña economía no estaba preparada, aseguraron la permanencia de sus animales mientras se resolvía el conflicto. Lo cual revela la ausencia del dolo”.
En Argentina rige en el Código Civil el “derecho veinteañal”, que legisla que luego de veinte años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, el ocupante que dio uso productivo a una tierra, tiene derechos sobre el lugar. Pero el Poder Judicial suele negar ese derecho y privilegiar el título de propiedad de quien nunca habitó ni trabajó la parcela.
“Es una sentencia histórica para la lucha campesina porque reconoce derechos adquiridos de familias que por generaciones habitan y trabajan la tierra que les corresponde más allá de cualquier título de propiedad. Y es un llamado de atención a los jueces que dictan sentencias arbitrarias e injustas afectando derechos humanos básicos de los que menos tienen”, explicó Fresneda.
El Movimiento Campesino de Córdoba (que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina), estima que en el norte de la provincia existen al menos 100 conflictos por tierras.
Aunque históricamente se avanzó sobre territorios campesinos, el MCC explica que los conflictos de tierras se multiplicaron de la mano del avance sojero en la provincia. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (donde el MCC es una de sus organizaciones fundantes) afirma que en la última década fueron desalojadas al menos 200 mil familias campesinas e indígenas, y apuntan como principal causante al modelo de agronegocios actual.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas. En un conflicto del noroeste de Córdoba, absolvió a ocho campesinos acusados de “usurpación” de un territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico, priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un empresario que había comprado las tierras. “Es un fallo histórico porque el máximo tribunal reconoce los derechos campesinos a la tierra y los derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos derechos de un privado que llega a un lugar y pretende barrer con las familias con posesión ancestral y acabar una forma de vida comunitaria”, explicó Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), y recordó que en toda la Argentina se repiten los conflictos “y el Poder Judicial, sobre todo del interior, suele negar los derechos a campesinos e indígenas, reconocidos por el derecho interno e internacional”.
El Chacho es un pueblo del noroeste de Córdoba, al límite con La Rioja. Calles de tierra, calor intenso, muy poca agua. En la zona no hay soja, pero el corrimiento del monocultivo sobre otras zonas de provincias ocasionó el avance de la ganadería sobre lugares antes despreciados por los empresarios, e históricamente en posesión de campesinos.
En 2004 se inició una disputa tan repetitiva como vigente. Un empresario (Martín Rodolfo Buttié) reclamó como propio un campo de 2700 hectáreas de uso comunitario de familias campesinas y les exigió el pago mensual por pastoreo de los animales. El conflicto llegó a un juicio civil, que en 2006 dio la razón a las 40 familias campesinas, que no debían pagar por pastoreo, por entender que se trataba de una posesión “comunitaria” de las familias que viven desde hace generaciones en El Chacho.
Pero también se inició una causa penal. El juez de la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje, Ricardo Py, condenó en 2008 a prisión a ocho campesinos por “usurpación” de la tierra donde siempre vivieron, trabajaron y criaron animales. También solicitó que el campo pasara a manos de Buttié. La apelación, presentada por Fresneda y Mariana Romano, llegó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
“Se dispone absolver por el delito de usurpación”, dictaminó el viernes último por unanimidad del máximo tribunal de Córdoba y marcó jurisprudencia en su fundamento: “El título de dominio (de la tierra) no acredita posesión (...) Y a ellos debe agregarse la situación que se presente en el norte de Córdoba frente a poseedores ancestrales, en su gran mayoría son personas pobres y de escasa instrucción, y la falta de saneamiento de títulos, con la consiguiente inseguridad jurídica para los mismos”.
Y arremete de lleno contra la clásica situación que se vive en el campo de Argentina, cuando privados exhiben dudosos títulos de propiedad y pretenden desalojar a los poseedores ancestrales. “No surge prueba concluyente sobre la posesión de Buttié del predio, pues no está probada la realización de actos objetivos que lo demuestren, por ejemplo que tuviera allí animales propios o hubiera realizado tareas de desmonte o alambrado”, fundamenta el Tribunal Superior.
La Justicia revalorizó los argumentos del juez civil de primera instancia (Fernando Aguado) y revirtió el argumento de la primera instancia penal: “El campo en cuestión era usado, explotado y poseído por los accionantes (campesinos). De modo que lo que debe extraerse es, en todo caso, que fue Buttié quien incurrió en una turbación de dicha posesión al ordenar el ingreso al mismo de su empleado”. Y remarca que la presencia de animales de las familias campesinas, como así también la realización de trabajos en el predio “concurren a respaldar la versión de los campesinos en el sentido de haberse desempeñado siempre como poseedores del predio”.
Roque Farías siempre vivió en el lugar, con su familia, y recuerda que su abuela Adolia (fallecida en 2009) nació en la misma tierra que hoy habitan sus bisnietos. Similares historias de vida acreditan Graciela del Valle Arévalo, Clara María Farías, Ramón Nicolás Fernández, Santos Ernesto Fernández, Tomás Comelio Silva, Marta Ugina y Ricardo Cuebas. Ya ninguna deberá ir a prisión. Y, junto a otras 32 familias, podrán seguir utilizando las parcelas comunitarias.
El juez de primera instancia había condenado que las familias campesinas hayan cambiado los candados del campo. E incluso lo utilizó como acción de “usurpación”. El Tribunal Superior entendió el hecho de manera totalmente opuesta: “Se han interpretado erróneamente las pruebas de que el cambio de cerradura en la tranquera constituyó un acto de despojo del inmueble en lugar de un acto lícito de defensa de una posesión del inmueble que los encausados ya tenían”. Legitimó el ejercicio de defender el derecho de posesión, y fundamentó: “En un contexto de angustia ante la posibilidad de tener que efectuar un pago para el que su pequeña economía no estaba preparada, aseguraron la permanencia de sus animales mientras se resolvía el conflicto. Lo cual revela la ausencia del dolo”.
En Argentina rige en el Código Civil el “derecho veinteañal”, que legisla que luego de veinte años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, el ocupante que dio uso productivo a una tierra, tiene derechos sobre el lugar. Pero el Poder Judicial suele negar ese derecho y privilegiar el título de propiedad de quien nunca habitó ni trabajó la parcela.
“Es una sentencia histórica para la lucha campesina porque reconoce derechos adquiridos de familias que por generaciones habitan y trabajan la tierra que les corresponde más allá de cualquier título de propiedad. Y es un llamado de atención a los jueces que dictan sentencias arbitrarias e injustas afectando derechos humanos básicos de los que menos tienen”, explicó Fresneda.
El Movimiento Campesino de Córdoba (que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina), estima que en el norte de la provincia existen al menos 100 conflictos por tierras.
Aunque históricamente se avanzó sobre territorios campesinos, el MCC explica que los conflictos de tierras se multiplicaron de la mano del avance sojero en la provincia. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (donde el MCC es una de sus organizaciones fundantes) afirma que en la última década fueron desalojadas al menos 200 mil familias campesinas e indígenas, y apuntan como principal causante al modelo de agronegocios actual.
STJ DIO LA RAZÓN A LOZADA POR AUTORIZAR ABORTO A MENOR ABUSADA
Bariloche (ADN).- El Superior Tribunal de Justicia revocó el fallo de la Cámara Primera del Crimen de Bariloche y le dio la razón al juez de Instrucción, Martín Lozada en la autorización de la interrupción del embarazo de una menor que denunció haber sido víctima de abusos intrafamiliares. El fallo reitera que el aborto es no punible en cualquier tipo de violación sin distinción que sea una mujer idiota o demente.
El máximo tribunal judicial ratificó lo expresado en una sentencia previa considerando que el artículo 86 del Código Penal establece la no punibilidad en cualquier caso de violación “sin distinción en que la violación cometida sea sobre mujer sana o sobre idiota o demente”.
Así lo determinó y fundamentó el juez Víctor Sodero Nievas con su voto rector y fue respaldado por sus pares Alberto Balladini y Luis Lutz, aunque éste atento a la mayoría ya alcanzada y aún coincidiendo con la sentencia se abstuvo de emitir su voto en el fallo que se emitió esta semana.
Considerando las opiniones de los miembros del Ministerio Público como la defensora general y el fiscal general, Sodero Nievas afirmó que una vez interrumpido el embarazo no quedaban intereses para que se expida la Cámara del Crimen por lo cual debió negar la apelación planteada.
Recordó una opinión anterior en otra causa similar cuando ratificó que “si el embarazo proviene de una violación, el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento informado de los padres de la niña embarazada no es punible”
La causa llegó al máximo tribunal judicial ante el planteo del defensor de menores e incapaces Manuel Cafferata quien apeló la decisión de la Cámara Primera del Crimen que en abril del 2010 que declaró la nulidad de la sentencia en primera instancia en abstracto ya que se había practicado la interrupción del embarazo en el hospital zonal Ramón Carrillo aún cuando el expediente judicial seguía su curso.
En la Instrucción el juez Lozada había autorizado el aborto ante la sospecha de que la menor de 17 años oriunda de El Bolsón, había sido víctima de abusos sexuales reiterados en el entorno intrafamiliar, aunque luego un estudio de ADN determinó que el feto no se correspondía con las personas señaladas como presuntas abusadoras. En su fallo el juez se pronunció sobre el encuadramiento de cualquier caso de abuso sexual en lo normado por el artículo 86 del Código Penal que establece la no punibilidad.
En el expediente que llegó al STJ tuvo intervención la Defensora General, Rita Coustet, quien indicó que “el único interés jurídico que debe protegerse es el de la madre menor de edad víctima del delito” y agregó que la sentencia de la Cámara del Crimen integrada por los jueces Alejandro Ramos Mejía, Alfonso Pavone y Marcelo Barrutia, “no se ajusta al derecho vigente, además de que incurre en un supuesto de gravedad institucional”.
La defensora evaluó que la no judicialización de casos similares “establece la competencia exclusiva de los médicos tratantes para decidir si el acceso se encuadra en las previsiones de no-punibilidad contempladas en el Código Penal, y que la guía constituye el piso mínimo de garantías en el marco del Estado Constitucional de Derechos”.
Coincidió con las actuaciones por lo cual se practicó la interrupción del embarazo aún cuando el expediente judicial estaba en trámite al indicar que “no es admisible esperar la conclusión de la causa penal seguida contra el imputado” y alegó el grave riesgo para la salud de la menor.
La defensora cuestionó además la “indebida publicidad” del caso a través de la prensa para lo cual advirtió se deben adoptar medidas de protección.
También el fiscal general Nelson Echarren consideró que la Cámara Primera del Crimen “se excedió en sus funciones” atento a que se había efectuado el aborto terapéutico y remarcó que en la causa quedó acreditado el “peligro para la salud y la vida de la madre” según los informes médicos de El Bolsón y Bariloche.
Fuente: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El máximo tribunal judicial ratificó lo expresado en una sentencia previa considerando que el artículo 86 del Código Penal establece la no punibilidad en cualquier caso de violación “sin distinción en que la violación cometida sea sobre mujer sana o sobre idiota o demente”.
Así lo determinó y fundamentó el juez Víctor Sodero Nievas con su voto rector y fue respaldado por sus pares Alberto Balladini y Luis Lutz, aunque éste atento a la mayoría ya alcanzada y aún coincidiendo con la sentencia se abstuvo de emitir su voto en el fallo que se emitió esta semana.
Considerando las opiniones de los miembros del Ministerio Público como la defensora general y el fiscal general, Sodero Nievas afirmó que una vez interrumpido el embarazo no quedaban intereses para que se expida la Cámara del Crimen por lo cual debió negar la apelación planteada.
Recordó una opinión anterior en otra causa similar cuando ratificó que “si el embarazo proviene de una violación, el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento informado de los padres de la niña embarazada no es punible”
La causa llegó al máximo tribunal judicial ante el planteo del defensor de menores e incapaces Manuel Cafferata quien apeló la decisión de la Cámara Primera del Crimen que en abril del 2010 que declaró la nulidad de la sentencia en primera instancia en abstracto ya que se había practicado la interrupción del embarazo en el hospital zonal Ramón Carrillo aún cuando el expediente judicial seguía su curso.
En la Instrucción el juez Lozada había autorizado el aborto ante la sospecha de que la menor de 17 años oriunda de El Bolsón, había sido víctima de abusos sexuales reiterados en el entorno intrafamiliar, aunque luego un estudio de ADN determinó que el feto no se correspondía con las personas señaladas como presuntas abusadoras. En su fallo el juez se pronunció sobre el encuadramiento de cualquier caso de abuso sexual en lo normado por el artículo 86 del Código Penal que establece la no punibilidad.
En el expediente que llegó al STJ tuvo intervención la Defensora General, Rita Coustet, quien indicó que “el único interés jurídico que debe protegerse es el de la madre menor de edad víctima del delito” y agregó que la sentencia de la Cámara del Crimen integrada por los jueces Alejandro Ramos Mejía, Alfonso Pavone y Marcelo Barrutia, “no se ajusta al derecho vigente, además de que incurre en un supuesto de gravedad institucional”.
La defensora evaluó que la no judicialización de casos similares “establece la competencia exclusiva de los médicos tratantes para decidir si el acceso se encuadra en las previsiones de no-punibilidad contempladas en el Código Penal, y que la guía constituye el piso mínimo de garantías en el marco del Estado Constitucional de Derechos”.
Coincidió con las actuaciones por lo cual se practicó la interrupción del embarazo aún cuando el expediente judicial estaba en trámite al indicar que “no es admisible esperar la conclusión de la causa penal seguida contra el imputado” y alegó el grave riesgo para la salud de la menor.
La defensora cuestionó además la “indebida publicidad” del caso a través de la prensa para lo cual advirtió se deben adoptar medidas de protección.
También el fiscal general Nelson Echarren consideró que la Cámara Primera del Crimen “se excedió en sus funciones” atento a que se había efectuado el aborto terapéutico y remarcó que en la causa quedó acreditado el “peligro para la salud y la vida de la madre” según los informes médicos de El Bolsón y Bariloche.
Fuente: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
LLEVA MÁS DE DOS AÑOS DESAPARECIDO LUCIANO GONZÁLEZ
El poblador de 42 años -oriundo de Aldea Epulef- fue visto por última vez el 12 de marzo pasado, en Cerro Centinela, cuando fue detenido por la policía de Chubut. Desde ese día, nadie sabe nada de él.
CINE y EDUCACIÓN
Esquel (Centro de Actualización e Innovación Educativa).- Invitamos a estudiantes y docentes a conformar un grupo de estudio acerca de la utilización e incorporación del cine en educación.
La idea es juntarnos a ver películas; a debatir y a investigar.
En el primer encuentro se buscará acordar un eje temático entre:
Historia del cine
Lenguaje cinematográfico
Orientaciones estéticas en el cine
Directores – actores – temas
Cine de ficción / documental / animaciones
Otros que se propongan
Las reuniones se orientarán a la planificación de un ciclo de cine apoyado en las investigaciones que se realicen.
Primera reunión: jueves 19 de mayo, a las 20:30hs., en el CAIE (Saenz Peña 2352 – sede del ISFD N° 804).
Contacto:
http://caieoeste.blogspot.com/
caieoeste@speedy.com.ar
La idea es juntarnos a ver películas; a debatir y a investigar.
En el primer encuentro se buscará acordar un eje temático entre:
Historia del cine
Lenguaje cinematográfico
Orientaciones estéticas en el cine
Directores – actores – temas
Cine de ficción / documental / animaciones
Otros que se propongan
Las reuniones se orientarán a la planificación de un ciclo de cine apoyado en las investigaciones que se realicen.
Primera reunión: jueves 19 de mayo, a las 20:30hs., en el CAIE (Saenz Peña 2352 – sede del ISFD N° 804).
Contacto:
http://caieoeste.blogspot.com/
caieoeste@speedy.com.ar
CUYO: PROGRAMA RADIAL SOBRE GÉNERO Y DIVERSIDAD
Mendoza (Programa Minga!).- Género y diversidad, es un tema que hemos tratado en el programa. En esas oportunidades convocamos a miembros de organizaciones de la comunidad homosexual y de derechos humanos. En este caso, entrevistamos a miembros de la subsecretaría de género y diversidad del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Univ. Nac. de Cuyo.
Anabel, Maximiliano y Ricardo, del centro de estudiantes, Leda Berlusconi, desde Córdoba y Raúl Zibechi, desde Uruguay, presentaron un enfoque muy interesante del tema, que se vió reflejado en la gran participación de los oyentes.
Los temas musicales,seleccionados por Graciela, fueron: La portuaria - In Between days, Aterciopelados - Bolero Falaz, Charly García - Buscando un símbolo de paz y de Intoxicados & Andrés Calamaro- Fuego.
El programa está disponible en: http://www.laventolera.org.ar/component/content/403?task=view
Minga! se emite los domingos de 19 a 21 Hs,
FM 96.5 Radio Universidad (UNCuyo)
Internet: http://www.uncu.edu.ar/audios/radio_en_vivo
Minga! es de "dominio público"
Correo: mingaradial@gmail.com
Anabel, Maximiliano y Ricardo, del centro de estudiantes, Leda Berlusconi, desde Córdoba y Raúl Zibechi, desde Uruguay, presentaron un enfoque muy interesante del tema, que se vió reflejado en la gran participación de los oyentes.
Los temas musicales,seleccionados por Graciela, fueron: La portuaria - In Between days, Aterciopelados - Bolero Falaz, Charly García - Buscando un símbolo de paz y de Intoxicados & Andrés Calamaro- Fuego.
El programa está disponible en: http://www.laventolera.org.ar/component/content/403?task=view
Minga! se emite los domingos de 19 a 21 Hs,
FM 96.5 Radio Universidad (UNCuyo)
Internet: http://www.uncu.edu.ar/audios/radio_en_vivo
Minga! es de "dominio público"
Correo: mingaradial@gmail.com
ADHESIÓN DE COOPETEL A RECLAMO DE LAS HUAYTEKAS
El Bolsón (Consejo de Administración de Coopetel).- En relación al encuentro realizado el pasado sábado 30 de abril en la escuela rural 150 del paraje Los Repollos, en sesión extraordinaria del Centro Regional Universitario Bariloche, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, en el cual distintas Instituciones y Organizaciones de la Comunidad de El Bolsón nos hicimos presentes para interiorizarnos de la situación padecida por la Comunidad Mapuche Las Huaytecas expresamos:
Es de conocimiento público que desde la reforma constitucional de 1994 el Estado reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y que la ley nacional 26.160, ordena el relevamiento de todas las comunidades indígenas del país y la suspensión de los desalojos. En este sentido, este primer procedimiento, el de relevamiento territorial, fue realizado por parte del INAI en la comunidad Las Huaytecas durante los meses de noviembre y diciembre de 2010.
La comunidad Las Huaytecas tiene su razón de ser a través de lo que significa para el pueblo Mapuche la protección del cipresal de Las Huaytecas, su lugar ceremonial, su centro espiritual, un bosque considerado único en el mundo, el cual se extiende al pie del cordón Serrucho (cerro de la Tren Tren) y se asienta sobre un humedal, bienes naturales comunes éstos que pertenecen a toda la humanidad.
No obstante lo referido y haciendo caso omiso de la necesidad de no innovar en esta materia hasta tanto no se resuelvan las cuestiones de fondo, lo ambiental y lo social, el gobierno de la provincia de Río Negro ha cedido este territorio por la irrisoria suma de $400 la hectárea, a favor del señor Silberberg, quien a través de sus administradores y con anuencia de la Dirección Provincial de Tierras y el Servicio Forestal Andino, ha comenzado a talar alrededor del milenario bosque, con el objeto de construir un gran emprendimiento inmobiliario, según lo ha denunciado la Comunidad.
Es importante poner de manifiesto, no solo que se usufructúa como terreno fiscal un Territorio Ancestral que es parte indisoluble de la cosmovisión originaria, ya que la pérdida del bosque implica la desaparición física y espiritual de esta comunidad, sino también que el Estado, quien debiera ser el primer protector de los bienes naturales, es quien a través de la administración fraudulenta propicia este tipo de despojos, atropellos e injusticias.
Desde Coopetel, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Viviendas de El Bolsón, con el objeto de ser parte activa del reclamo y la vida política de toda una comunidad, nos sumamos a la propuesta de generar la conciencia y las acciones necesarias para que sea declarado de Valor Ambiental y Social el Bosque de Las Huaytecas, para el disfrute de todos los habitantes presentes y principalmente para las nuevas generaciones, en el convencimiento que el negocio que tiene por solo objeto la maximización del lucro a corto plazo, nada tiene que ver con los principios de la economía solidaria a escala humana sobre la cual se basan nuestras convicciones.
Juntarnos, organizarnos y resistir la violencia camuflada de progreso solo es el primer paso, en lo sucesivo estará tomar la iniciativa y el compromiso ciudadano de asumir el rol de protagonistas para decidir de forma participativa como y cuáles son los modos y las formas de la vida en comunidad que deseamos darnos para nosotros y para nuestros hijos.
Es de conocimiento público que desde la reforma constitucional de 1994 el Estado reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y que la ley nacional 26.160, ordena el relevamiento de todas las comunidades indígenas del país y la suspensión de los desalojos. En este sentido, este primer procedimiento, el de relevamiento territorial, fue realizado por parte del INAI en la comunidad Las Huaytecas durante los meses de noviembre y diciembre de 2010.
La comunidad Las Huaytecas tiene su razón de ser a través de lo que significa para el pueblo Mapuche la protección del cipresal de Las Huaytecas, su lugar ceremonial, su centro espiritual, un bosque considerado único en el mundo, el cual se extiende al pie del cordón Serrucho (cerro de la Tren Tren) y se asienta sobre un humedal, bienes naturales comunes éstos que pertenecen a toda la humanidad.
No obstante lo referido y haciendo caso omiso de la necesidad de no innovar en esta materia hasta tanto no se resuelvan las cuestiones de fondo, lo ambiental y lo social, el gobierno de la provincia de Río Negro ha cedido este territorio por la irrisoria suma de $400 la hectárea, a favor del señor Silberberg, quien a través de sus administradores y con anuencia de la Dirección Provincial de Tierras y el Servicio Forestal Andino, ha comenzado a talar alrededor del milenario bosque, con el objeto de construir un gran emprendimiento inmobiliario, según lo ha denunciado la Comunidad.
Es importante poner de manifiesto, no solo que se usufructúa como terreno fiscal un Territorio Ancestral que es parte indisoluble de la cosmovisión originaria, ya que la pérdida del bosque implica la desaparición física y espiritual de esta comunidad, sino también que el Estado, quien debiera ser el primer protector de los bienes naturales, es quien a través de la administración fraudulenta propicia este tipo de despojos, atropellos e injusticias.
Desde Coopetel, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Viviendas de El Bolsón, con el objeto de ser parte activa del reclamo y la vida política de toda una comunidad, nos sumamos a la propuesta de generar la conciencia y las acciones necesarias para que sea declarado de Valor Ambiental y Social el Bosque de Las Huaytecas, para el disfrute de todos los habitantes presentes y principalmente para las nuevas generaciones, en el convencimiento que el negocio que tiene por solo objeto la maximización del lucro a corto plazo, nada tiene que ver con los principios de la economía solidaria a escala humana sobre la cual se basan nuestras convicciones.
Juntarnos, organizarnos y resistir la violencia camuflada de progreso solo es el primer paso, en lo sucesivo estará tomar la iniciativa y el compromiso ciudadano de asumir el rol de protagonistas para decidir de forma participativa como y cuáles son los modos y las formas de la vida en comunidad que deseamos darnos para nosotros y para nuestros hijos.
RENACE SOLICITA A GOBIERNOS DE CHACO y FORMOSA LA CREACIÓN DE UN ÁREA PROTEGIDA
Argentina (Red Nacional de Acción Ecologista).- La Red Nacional de Acción Ecologista – RENACE- ha cursado un pedido a los señores Gobernadores de las Provincias del Chaco, Don Jorge Milton Capitanich y de Formosa, Don Gildo Insfrán, con la propuesta de convertir el establecimiento “La Fidelidad” en Parque Nacional.
Este predio es un gran rectángulo de 250.000 ha aproximadamente, de las que 100.000 ha se ubican en territorio formoseño y 150.000 ha en la provincia del Chaco, donde está perfectamente delimitado por el río Bermejito, un paleocauce del río Teuco o Bermejo que lo atraviesa en su totalidad.
“La Fidelidad” está en un estado de conservación envidiable, baluarte inestimable para la preservación de la biodiversidad chaqueña. En sus bosques, esteros, lagunas y albardones con selvas alberga una riquísima biodiversidad que incluye entre su fauna a varias especies amenazadas de extinción como el Tatú Carreta (Priodontes maximus), el Yurumí (Myrmecophaga tridactyla), el Chancho Quimilero (Parachoerus wagneri), el Tapir (Tapirus terrestris) y el Yaguareté (Panthera onca), todas ellas reconocidas por el Chaco como Monumentos Naturales Provinciales.
Que “La Fidelidad” sea declarada en lo inmediato, área protegida y a corto plazo Parque Nacional. es un legítimo anhelo de los chaqueños en particular y de todos los argentinos en general.
En este sentido la Administración de Parques Nacionales a través de la Delegación Regional Nordeste y con la ayuda de los intendentes del Parque Nacional Chaco, habían comenzado las primeras aproximaciones con su propietario para tratar de llegar a un acuerdo que permitiera la conversión del área en el Parque Nacional Teuco, teniendo en cuenta que “La Fidelidad” incluía en un solo bloque 250.000 ha, superficie que de convertirse en Parque Nacional la volvía más que interesante y que en una estrategia de conservación de todo el Chaco argentino la convertía casi en la reserva “estrella” ya que prácticamente era imposible encontrar una superficie homóloga sin residentes permanentes y en buen estado de conservación. De hecho, podría concretarse entonces su integración al único Corredor Biológico establecido por Ley Provincial que va desde el Parque Nacional Chaco hasta el Interfluvio Teuco - Bermejito y así prolongarse en el mencionado campo.
RENACE propone que los Sres Gobernadores arbitren los medios necesarios para la declaración del establecimiento “La Fidelidad” como de “interés provincial sujeto a expropiación” con destino a Parque Nacional.
www.renace.net
Este predio es un gran rectángulo de 250.000 ha aproximadamente, de las que 100.000 ha se ubican en territorio formoseño y 150.000 ha en la provincia del Chaco, donde está perfectamente delimitado por el río Bermejito, un paleocauce del río Teuco o Bermejo que lo atraviesa en su totalidad.
“La Fidelidad” está en un estado de conservación envidiable, baluarte inestimable para la preservación de la biodiversidad chaqueña. En sus bosques, esteros, lagunas y albardones con selvas alberga una riquísima biodiversidad que incluye entre su fauna a varias especies amenazadas de extinción como el Tatú Carreta (Priodontes maximus), el Yurumí (Myrmecophaga tridactyla), el Chancho Quimilero (Parachoerus wagneri), el Tapir (Tapirus terrestris) y el Yaguareté (Panthera onca), todas ellas reconocidas por el Chaco como Monumentos Naturales Provinciales.
Que “La Fidelidad” sea declarada en lo inmediato, área protegida y a corto plazo Parque Nacional. es un legítimo anhelo de los chaqueños en particular y de todos los argentinos en general.
En este sentido la Administración de Parques Nacionales a través de la Delegación Regional Nordeste y con la ayuda de los intendentes del Parque Nacional Chaco, habían comenzado las primeras aproximaciones con su propietario para tratar de llegar a un acuerdo que permitiera la conversión del área en el Parque Nacional Teuco, teniendo en cuenta que “La Fidelidad” incluía en un solo bloque 250.000 ha, superficie que de convertirse en Parque Nacional la volvía más que interesante y que en una estrategia de conservación de todo el Chaco argentino la convertía casi en la reserva “estrella” ya que prácticamente era imposible encontrar una superficie homóloga sin residentes permanentes y en buen estado de conservación. De hecho, podría concretarse entonces su integración al único Corredor Biológico establecido por Ley Provincial que va desde el Parque Nacional Chaco hasta el Interfluvio Teuco - Bermejito y así prolongarse en el mencionado campo.
RENACE propone que los Sres Gobernadores arbitren los medios necesarios para la declaración del establecimiento “La Fidelidad” como de “interés provincial sujeto a expropiación” con destino a Parque Nacional.
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LAS Y LOS TRABAJADORES DE STEFANI A UN AÑO DE LA GESTION OBRERA
Hacía meses que la patronal no pagaba los salarios y se negaba a retomar la producción. Meses que pasamos hambre y angustia, pero unidos, y con el enorme e invaluable apoyo de la comunidad de Cutral Co, de Plaza Huincul y de toda la provincia, decenas de familias obreras pudimos mantenernos firmes en la lucha.
Por todo eso evitamos que se cerrara la única fábrica de nuestra localidad. Impedimos que se oxide la maquinaria y repitamos la vieja historia de la desocupación que vivimos cuando la privatización de YPF. Frenamos un doble crimen: la pérdida de los puestos de trabajo y el cierre de la fábrica más grande de ladrillos huecos en una provincia en la que miles y miles de familias no tienen su vivienda, en la que vemos arder casillas y morir niños todos los inviernos.
La respuesta de gobernantes y jueces fue la de siempre: respaldar a los empresarios y los poderosos y perseguir a los obreros que luchamos. Mientras que a los Stefani no les mandaron una sola carta documento a sus mansiones de Buenos Aires, a los obreros nos iniciaron 9 causas penales en las que hay más de 35 compañeros con procesamientos y pedidos de elevación a juicio.
Nos criminalizan por defender nuestros puestos de trabajo. Pero los obreros y las obreras de Stefani estamos de pie. Luchando y produciendo defendimos los puestos de trabajo e incorporamos decenas de nuevos compañeros, encaramos el referéndum popular por la expropiación y obtuvimos un apoyo histórico.
Seguimos exigiendo al gobierno la expropiación de la fábrica y el cese a la persecución judicial.
Este jueves a las 19 de mayo a las 16hs en la puerta de la fábrica hacemos un acto para festejar el primer año de gestión obrera.
El sábado 21 de mayo a las 18hs los invitamos a un gran festival folklórico en el Gimnasio Municipal de cutral co.
JAQUE A LA IMPUNIDAD EN NEUQUÉN
Neuquén (Principio de Esperanza).- Documento historico: en Cara de Mono nos visitaron Sandra Rodriguez acompañada por Pablo Ferreyra, hermano de Mariano y el ex Fiscal Hugo Cañon. Imperdible.
El jueves pasado finalizo la audiencia donde se escuchó la ampliación de argumentos de las defensas y las querellas. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén tiene veinte días hábiles para expedirse sobre el pedido de investigar las responsabilidades políticas en el asesinato del maestro, ocurrida el 4 de abril de 2007, durante una protesta en la localidad neuquina de Arroyito. Los abogados Ricardo Mendaña y Gustavo Palmieri, patrocinantes de Rodríguez, solicitaron nuevamente que el ex gobernador Jorge Sobisch sea indagado por el crimen del docente.
Escuchá la nota: http://bit.ly/js6JyR
El jueves pasado finalizo la audiencia donde se escuchó la ampliación de argumentos de las defensas y las querellas. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén tiene veinte días hábiles para expedirse sobre el pedido de investigar las responsabilidades políticas en el asesinato del maestro, ocurrida el 4 de abril de 2007, durante una protesta en la localidad neuquina de Arroyito. Los abogados Ricardo Mendaña y Gustavo Palmieri, patrocinantes de Rodríguez, solicitaron nuevamente que el ex gobernador Jorge Sobisch sea indagado por el crimen del docente.
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