jueves, 5 de mayo de 2011
UN NUEVO ASESINATO A INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD QOM
(AW).-UN SISTEMA RACISTA DE LARGA DATA
A pocos meses del asesinato de Galván, un miembro de la comunidad qom de la localidad de Villa Río Bermejito (Chaco) acontece la muerte de un joven de apellido Medrano, perteneciente a la misma comunidad y localidad.
El racismo sistemático contra las comunidades indígenas tiene una vigencia vigorosa, por más que muchos sostengan que la crueldad de los Roca y los Victorica quedó atrás.
Domingo a la madrugada, un grupo de jóvenes qom regresaba a su casa cuando en el camino tres "criollos" los interceptan y apuñalan a uno de ellos. Al ver a su compañero herido, intentan ayudarlo y el salvajismo recae sobre otro a quien apuñalan también por la espalda.
La comunidad, como sucedió en otras oportunidades, colmada de tristeza y bronca, se dirigió a la comisaría pero la policía, siempre cómplice, ya había derivado a los asesinos a Sáenz Peña.
Este nuevo caso, como la gran mayoría donde la victima pertenece a la clase obrera o popular, es ninguneado por los medios: nada aparece en los diarios ni en los noticieros. A la crueldad del asesinato se le suma la impunidad y la falta de justicia acostumbrada para la ocasión
A siglos de un genocidio rapaz contra las comunidades indígenas, los sucesivos gobiernos burgueses siguen sosteniendo y fomentando este sistema racial donde la discriminación facilita la explotación a la vez que la fundamenta con argumentos que naturalizan las jerarquías sociales.
Los crímenes contra jóvenes qom son cada vez más frecuentes. La impunidad que los envuelve responde a la necesidad de regimentar a parte de la juventud más explotada del país.
Por Lalacnaqom
www.lalacnaqom.blogspot.com
Un nuevo asesinato en Villa Río Bermejito
(AW) Un joven de apellido Medrano, miembro del pueblo qom fue apuñalado el domingo a la madrugada en Villa Río Bermejito, Chaco. El asesinato sucedió cuando con un grupo de jóvenes de la comunidad regresaba a su casa. Tres "criollos" entonces los interceptaron y sin mediar motivo, salvo el fascismo racista, apuñalaron a dos de ellos. Medrano murió. Esto ocurre a pocos meses del asesinato del qom Alberto Galván, cuyo cuerpo fue mutilado y arrojado al Río Bermejito.
Búsqueda policial del cuerpo de Alberto Galván en febrero pasado
Villa Río Bermejito, 4 de mayo de 2011 (Lalaqnaqom).-
(AW) Un joven de apellido Medrano, miembro del pueblo qom fue apuñalado el domingo a la madrugada en Villa Río Bermejito, Chaco. El asesinato sucedió cuando con un grupo de jóvenes de la comunidad regresaba a su casa. Tres "criollos" entonces los interceptaron y sin mediar motivo, salvo el fascismo racista, apuñalaron a dos de ellos. Medrano murió. Esto ocurre a pocos meses del asesinato del qom Alberto Galván, cuyo cuerpo fue mutilado y arrojado al Río Bermejito.
Búsqueda policial del cuerpo de Alberto Galván en febrero pasado
Villa Río Bermejito, 4 de mayo de 2011 (Lalaqnaqom).-
A pocos meses del asesinato de Galván, un miembro de la comunidad qom de la localidad de Villa Río Bermejito (Chaco) acontece la muerte de un joven de apellido Medrano, perteneciente a la misma comunidad y localidad.
El racismo sistemático contra las comunidades indígenas tiene una vigencia vigorosa, por más que muchos sostengan que la crueldad de los Roca y los Victorica quedó atrás.
Domingo a la madrugada, un grupo de jóvenes qom regresaba a su casa cuando en el camino tres "criollos" los interceptan y apuñalan a uno de ellos. Al ver a su compañero herido, intentan ayudarlo y el salvajismo recae sobre otro a quien apuñalan también por la espalda.
La comunidad, como sucedió en otras oportunidades, colmada de tristeza y bronca, se dirigió a la comisaría pero la policía, siempre cómplice, ya había derivado a los asesinos a Sáenz Peña.
Este nuevo caso, como la gran mayoría donde la victima pertenece a la clase obrera o popular, es ninguneado por los medios: nada aparece en los diarios ni en los noticieros. A la crueldad del asesinato se le suma la impunidad y la falta de justicia acostumbrada para la ocasión
A siglos de un genocidio rapaz contra las comunidades indígenas, los sucesivos gobiernos burgueses siguen sosteniendo y fomentando este sistema racial donde la discriminación facilita la explotación a la vez que la fundamenta con argumentos que naturalizan las jerarquías sociales.
Los crímenes contra jóvenes qom son cada vez más frecuentes. La impunidad que los envuelve responde a la necesidad de regimentar a parte de la juventud más explotada del país.
Por Lalacnaqom
www.lalacnaqom.blogspot.com
COMUNICADO DE PRENSA DEL F.O.B.
Capital Federal (FOB- Capital).- En estos momentos nos encontramos tomando el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Av. De Mayo 575.
Por Reincorporación y empleo estable.
BASTA DE TERCERIZACION y PRIVATIZACION.
Denunciamos al Macrismo ante el despido de 200 compañeros/as y exigimos la reincorporación en puestos de empleo con estabilidad laboral.
Trabajadores de las organizaciones del Frente de Lucha Cooperativas Sin Punteros, Regional Capital; reclamamos al gobierno de la Ciudad la reincorporación inmediata de 200 compañeros/as despedidos por el Macrismo del Ministerio de Educación, y la incorporación de mas compañeros/as en puestos de empleo permanentes.
Denunciamos el llamado a licitación para PRIVATIZAR la limpieza de los Hospitales Públicos y Centros de Salud de la Ciudad, repudiamos el avance privatizador de la salud pública, y exigimos la incorporación de compañeros/as desocupados en las tareas de limpieza en hospitales y centros de salud.
Aumento de salarios desde abril a los compañeros que trabajan en la UGIS, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico. Y el pago de los salarios del 1 al 5 de cada mes. Exigimos el aumento y el pago en las mismas condiciones que en el Ministerio de Espacios Públicos. Denunciamos la discriminación del pago de distintos salarios, ante las mismas tareas, a nuestros/as Compañeros/as.
Repudiamos la precarización laboral, exigimos aumento de salarios de acuerdo a la canasta familiar, y la equiparación salarial respecto a los trabajadores de planta y contratados que realizan las mismas funciones, defendemos el derecho de a IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.
Frente Cooperativas Sin Punteros
Regional Capital
Frente Popular Darío Santillán (FPDS); Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); Movimiento Territorial Liberación Rebelde (MTL Rebelde); Federación de Organizaciones de Base (FOB); Movimiento Resistencia Popular (MRP).
Contactos:
Federico Orchani 15-5489-1374
Federico Orchani 15-5489-1374
Sergio Bertaccini 15-5771-3018
Carlos Fernández 15-6714-9802
Mariano Jaimovich 15-6360-2491
Soledad Vahez 15-6260-3253
--
Federación de Organizaciones de Base
¿Que es la FOB? Como dice nuestra sigla es una Federación de Organizaciones de vecinos desocupados que luchamos desde abajo, de la Base. Buscamos un mundo mas justo donde haya posibilidades para todos y todas. Para esto nos organizamos SIN punteros NI jefes, NI DEPENDENCIA de ningún partido político ni gobierno alguno.
Nuestra lucha es por alcanzar la dignidad humana sin que nadie sea privilegiado por sobre el resto. Nuestra lucha no quiere personas que manden y personas que obedezcan sino personas que participen de igual a igual. Nuestra lucha es por la libertad!
UN NUEVO DOCUMENTAL DE MIGUEL MIRRA
De Winifreda a Famatina, las mujeres argentinas en defensa de la tierra y de la vida. Un documental de Miguel Mirra, con producción de Susana Moreira
En el marco de los nuevos movimientos sociales que surgieron a partir de la resistencia
al neoliberalismo, el largometraje documental TIERRA DE MUJERES aborda la lucha de las
mujeres argentinas en defensa de la tierra y el territorio, de la vida y la comunidadad,
desde 1995, en Winifreda, La Pampa, para enfrentar el remate de sus campos,
hasta hoy, en Famatina, La Rioja, en lucha contra la devastadora minería a cielo abierto.
Con entrevistas a Norma Giarraca y Maristella Svampa y fragmentos documentales de
Norma Fernández, Malena Bystrowicz, Carlos Ruiz, Carlos Larrache y German Ciari,
así como de documentales del propio Miguel Mirra, TIERRA DE MUJERES
es el primer capítulo de la serie Los ojos abiertos de América Latina.
es el primer capítulo de la serie Los ojos abiertos de América Latina.
Estreno: el jueves 5 de mayo, a las 20 hs, en el cine Gaumont de Buenos Aires
COMUNICADOD E PRENSA DE LOS OBREROS DE ZANON
Neuquén (La Colectiva Chapal).- Comunicado
Las obreras y obreros de Zanon en octubre cumplimos 10 años defendiendo nuestra fuente de trabajo.
En el año 2001 la patronal vació la fábrica, la cerró y, en medio de la crisis que asolaba el país, los trabajadores no nos resignamos, la pusimos a producir para evitar que se transforme en un galpón vacío y se pierdan centenares de puestos de trabajo.
Peleando contra los desaolojos, el boicot, los sabotajes y la falta de apoyo del estado que solo enviaba órdenes de desalojo, cumplimos 10 años produciendo con el apoyo de la comunidad:
- 10 años con la fábrica abierta a la población y al servicio de las necesidades sociales, donde parte de nuestra producción es donada a las escuelas, hospitales, comedores, jardines de infantes, familias de los barrios…
- 10 años donde DUPLICAMOS los puestos de trabajo genuinos, incorporando más de 220 compañeros y compañeras.
- 10 años abriendo la fábrica a los jóvenes del país, realizando festivales musicales donde la seguridad la garantizamos los obreros.
- 10 años siendo solidarios con los compañeros y compañeras que luchan por viviendas dignas y exigiendo un plan de obras públicas.
- 10 años siendo parte de la lucha en defensa de la salud y la educación pública.
- 10 años exigiendo el tratamiento de nuestro proyecto de ley de expropiación sin pago y estatización bajo control obrero de la fábrica como salida de fondo a nuestro conflicto.
En agosto del 2009, en medio de la crisis económica internacional, el gobernador Sapag elevó a la Legislatura provincial e hizo votar un proyecto de expropiación de la fábrica con el acuerdo de los acreedores a quienes le reconoce la deuda.
Aunque no es nuestro proyecto consideramos que es un gran paso adelante ya que alejó la inminencia del desalojo y nos permitiría avanzar en mejorar las condiciones de la fábrica a través de la renovación de las maquinarias y con ellos la continuidad de nuestra fuente de trabajo exigiendo al gobierno el financimiento y la compra de material para obra pública.
Pero estamos a semanas de cumplir 2 años de aquel momento histórico de la expropiación y, a esta altura, consideramos que hubo un a clara decisión política de no avanzar con el trámite expropiatorio de la fábrica, apostando que la crisis económica terminara con gestión obrera.
El trámite era muy sencillo: llevar la ley ya votada y los acuerdos realizados con los acreedores al juzgado donde se tramita la quiebra para que la jueza avanzara. Esto no ocurrió. El gobierno de Neuquén no lo hizo y la gestión obrera esta en riesgo. Los Zanon y los acreedores pueden volver a pedir el remate y el desalojo en cualquier momento.
Por eso exigimos que se termine el trámite expropiatorio. Por eso, en Cerámica Stefani y en Cerámica del Valle también enfrentamos el cierre con la desición de luchar y poner en producción las fábricas bajo administración obrera. La respuesta fue una: avanzar contra los trabajadores que luchamos por nuestra fuente de trabajo: Hoy somos 56 compañeros imputados y con pedido de elevación a juicio en 9 causas judiciales.
La pelea es en la calle y en la fábrica. Porque no es fácil hacer andar la maquinaria. Trabajamos con máquinas con más de 30 años de antigüedad. Con decenas de años de desinversión de la patronal y falta de apoyo estatal a la gestión obrera. No podemos acceder a ningún tipo de créditos por no estar finalizada la expropiación.
Pero son todas excusas, durante años vimos como a los Zanon, Stefani, Del Valle los beneficiaron con créditos millonarios de la comunidad de Neuquén. Dinero que nunca devolvieron, empresarios que se enriquecieron y que abandonaron las fábricas y dejaron a centenares de familias en las calles. Fábricas que los trabajadores hemos reabierto y que hoy están produciendo.
Vemos como se sigue beneficiando a las petroleras, a los amigos del poder como son los empresarios bodegueros de El Chañar, a los cuales se les dieron créditos por 427 millones de pesos o Caminos del Comahue con 53 millones, cerámica Neuquén con millones de euros,. Todos ellos no han devuelto un centavo…
No podemos permitir que se siga atentando contra nuestra fuente de trabajo.
Exigimos la finalización de la expropiación de la fábrica ya.
No queremos que nos regalen nada, necesitamos sostener nuestra fuente de trabajo con inversiones y compra de material por el estado para obra pública.
Los trabajadores hemos demostrado durante 10 años que somos capaces de llevar adelante nuestra gestión obrera y mostrar que podemos hacerlo solidariamente junto a la comunidad.
Este miércoles a las 16 horas, mientras mantenemos una reunión pautada con el gobierno provincial, estaremos realizando una jornada de difusión en el puente carretero que une la ciudad de Neuquén – Cipolletti. De no haber avances endureceremos nuestras medidas de acción.
No puede haber diálogo sin respuestas
No puede haber paz social si se pone en riesgo nuestra fuente de trabajo.
Convocamos al conjunto de las organizaciones a movilizarnos este jueves 5 de mayo a las 14.30 hs al puente.
Obreras / os de Zanon Sindicato Ceramistas de Neuquén
Omar Villablanca (sec. Gral. SOECN) 0299-154721962
Andrés Blanco (sec. Adj. SOECN) 0299-155226569
FACEBOOK: SINDICATO CERAMISTA DE NEUQUEN
COMUNICADO DE PRENSA DEL PARLAMENTO MAPUCHE
El Bolsón (ANPP).-Comunicado:
Integrantes de la mesa coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro invitan a todas las comunidades Mapuche, como así también a los pu peñi y pu lamuen tanto de Río Negro como de Chubut, a participar de una reunión a realizarse este sábado 7 de mayo desde las 10:30 hs en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Estarán presentes en la misma integrantes del CODECI y responsables de diferentes programas indígenas, tanto provinciales como nacionales.
Se tratarán diversos temas propuestos por las comunidades, por lo que es de suma importancia la participació
martes, 3 de mayo de 2011
JUEVES 5 DE MAYO DESDE LAS 9:00 PROGRAMA ESPECIAL DESDE FM ALAS www.fmalas.org.ar - RADIO LA NEGRA www.radiolanegra.blogspot.com - PETU MOGELEIÑ de El Maitén, con la cobertura del conflicto desde Radio de La tierra en Cuesta del Ternero
El Bolsón (ANPP).-Rio Negro: La justicia respalda a la empresa Emforsa y ordena desalojar a la Comunidad Jósé Manuel Pichun en Cuesta del Ternero.
En el marco del conflicto entre Pueblos Originarios Mapuche, empresas y el gobierno de Río Negro, los medios Populares y comunitarios de la región estaremos realizando un programa especial sobre el tema. En efecto, los integrantes de la Comunidad Pichun fueron sitados a notificarse de la resolución del Juez Gaimaro Pozzi. Desde FM Alas, Radio La Negra, FM Petu Mogeleiñ y transmitiendo con móviles y desde FM De La Tierra, acompañaremos a los compañeros de la Comunidad en su lucha.
La forestal Emforsa fue creada en 1988 por el gobierno provincial para el beneficio y renta de empresarios privados. Con la UCR gobernando en Río Negro desde 1983, la provincia puso a disposición de ese plan de forestación y apropiación de tierras todo el aparato institucional: dirección de Tierras, Catastro, Registro de la Propiedad Inmueble, secretaría general de la Gobernación…para legitimar y legalizar el despojo con títulos “perfectos” que muchos de los jueces de hoy ni siquiera se avienen a revisar.
Alertamos al conjunto del Pueblo Mapuche y a la opinión pública en general que este juez ya convocó a la Unidad 12 de la policía de Río Negro para que realice el desalojo y restituya a Enforsa la posesión del lugar. De este modo, Gaimaro Pozzi actúa en total acuerdo y sintonía con el plan de violencia que ejecuta el gobernador Miguel Saiz que fortalece a la policía, especialmente a su cuerpo especial BORA, como fuerza de choque contra la población civil. Este juez cumple así el deseo formulado públicamente por el propio ministro de Gobierno Larreguy que, semanas después de la reafirmación pública del lugar en conflicto, dijo a la prensa que mandó la BORA a Bolsón para hacer desalojos.
Fallos como este de Gaimaro Pozzi, en total acuerdo con la posición del Poder Ejecutivo rionegrino de negación sistemática a nuestros derechos como pueblo originario preexistente, nos dejan sin posibilidad de defensa legal, nos cierran los caminos institucionales y desdibujan la presunta división de poderes en esta provincia. En la circunscripción Bariloche, Gaimaro Pozzi y Calcagno son los ejecutores sistemáticos de medidas judiciales que atentan contra nuestra existencia como Pueblo Mapuche. Fallos como este deben interpretarse y leerse en el contexto de sumisión al poder económico de las forestales e inmobilarias, así como en la puja interna del poder judicial por reacomodarse en el lugar vacante del STJ y la Cámara Penal de Bariloche, entre otros intereses corporativos.
Tampoco es ajeno a este conflicto la situación particular de Martínez Pérez, apoderado de Enforsa y funcionario público en su rol de presidente del directorio de una empresa mixta. Martínez Pérez carga con varias denuncias por su intervención como “fiscalero” en la compra-venta dudosa de fracciones de tierra en beneficio del británico Joe Lewis, la belga BURCO y la inmobiliaria van Ditmar, entre otros, según es de conocimiento público.
En la lucha por la defensa de los derechos que tenemos como pueblo lentamente vamos conociendo al Estado en su forma organizativa, en la ideología de sus gobernantes, en sus dispositivos de fuerza y violencia. Sabemos de su poder y de lo que son capaces para lograr sus objetivos estratégicos. Lo sabemos por haber estado al borde del exterminio.
Aún así como pueblo salimos del silencio a ocupar el espacio que tenemos en la vida. Y la vida de nuestro pueblo sólo es posible en el Wall Mapu, el territorio ancestral al que pertenecemos que sentido y fundamento a nuestro ser Mapuche.
Por Territorio y Justicia
Marici Weu!!! Marici Weu!!! Marici Weu!!!
CAI
Puelmapu, 26 de abril de 2011
En el marco del conflicto entre Pueblos Originarios Mapuche, empresas y el gobierno de Río Negro, los medios Populares y comunitarios de la región estaremos realizando un programa especial sobre el tema. En efecto, los integrantes de la Comunidad Pichun fueron sitados a notificarse de la resolución del Juez Gaimaro Pozzi. Desde FM Alas, Radio La Negra, FM Petu Mogeleiñ y transmitiendo con móviles y desde FM De La Tierra, acompañaremos a los compañeros de la Comunidad en su lucha.
La justicia de Río Negro dispuso el desalojo policial de la comunidad Mapuche José Manuel Pichún y restablecer a la empresa forestal Emforsa la posesión de una fracción del territorio ubicada en el paraje Cuesta del Ternero invadida con una plantación industrial de pinos exóticos. A la vez, resolvió procesar a seis peñi y lamngen por el presunto delito de usurpación del espacio territorial que ocupa el Lof Pichún desde fines del siglo XIX.
Miguel Angel Gaimaro Pozzi, juez penal de primera instancia de Bariloche, falló una vez más en total negación de los derechos del Pueblo Mapuche, protegiendo por sobre todos los derechos el de la presunta propiedad privada de la empresa de capitales mixtos Emforsa cuya cabeza visible es el abogado Miguel Angel Martínez Pérez. A través de la familia Valle el pueblo mapuche jamás dejó de ocupar efectivamente la fracción de 264 has. en conflicto, la que según Gaimaro Pozzi la comunidad Pichún usurpó a Emforsa cuando fue exactamente a la inversa. 
La forestal Emforsa fue creada en 1988 por el gobierno provincial para el beneficio y renta de empresarios privados. Con la UCR gobernando en Río Negro desde 1983, la provincia puso a disposición de ese plan de forestación y apropiación de tierras todo el aparato institucional: dirección de Tierras, Catastro, Registro de la Propiedad Inmueble, secretaría general de la Gobernación…para legitimar y legalizar el despojo con títulos “perfectos” que muchos de los jueces de hoy ni siquiera se avienen a revisar. Alertamos al conjunto del Pueblo Mapuche y a la opinión pública en general que este juez ya convocó a la Unidad 12 de la policía de Río Negro para que realice el desalojo y restituya a Enforsa la posesión del lugar. De este modo, Gaimaro Pozzi actúa en total acuerdo y sintonía con el plan de violencia que ejecuta el gobernador Miguel Saiz que fortalece a la policía, especialmente a su cuerpo especial BORA, como fuerza de choque contra la población civil. Este juez cumple así el deseo formulado públicamente por el propio ministro de Gobierno Larreguy que, semanas después de la reafirmación pública del lugar en conflicto, dijo a la prensa que mandó la BORA a Bolsón para hacer desalojos.
Fallos como este de Gaimaro Pozzi, en total acuerdo con la posición del Poder Ejecutivo rionegrino de negación sistemática a nuestros derechos como pueblo originario preexistente, nos dejan sin posibilidad de defensa legal, nos cierran los caminos institucionales y desdibujan la presunta división de poderes en esta provincia. En la circunscripción Bariloche, Gaimaro Pozzi y Calcagno son los ejecutores sistemáticos de medidas judiciales que atentan contra nuestra existencia como Pueblo Mapuche. Fallos como este deben interpretarse y leerse en el contexto de sumisión al poder económico de las forestales e inmobilarias, así como en la puja interna del poder judicial por reacomodarse en el lugar vacante del STJ y la Cámara Penal de Bariloche, entre otros intereses corporativos. Tampoco es ajeno a este conflicto la situación particular de Martínez Pérez, apoderado de Enforsa y funcionario público en su rol de presidente del directorio de una empresa mixta. Martínez Pérez carga con varias denuncias por su intervención como “fiscalero” en la compra-venta dudosa de fracciones de tierra en beneficio del británico Joe Lewis, la belga BURCO y la inmobiliaria van Ditmar, entre otros, según es de conocimiento público.
En la lucha por la defensa de los derechos que tenemos como pueblo lentamente vamos conociendo al Estado en su forma organizativa, en la ideología de sus gobernantes, en sus dispositivos de fuerza y violencia. Sabemos de su poder y de lo que son capaces para lograr sus objetivos estratégicos. Lo sabemos por haber estado al borde del exterminio. Aún así como pueblo salimos del silencio a ocupar el espacio que tenemos en la vida. Y la vida de nuestro pueblo sólo es posible en el Wall Mapu, el territorio ancestral al que pertenecemos que sentido y fundamento a nuestro ser Mapuche.
Por Territorio y Justicia
Marici Weu!!! Marici Weu!!! Marici Weu!!!
CAI
Puelmapu, 26 de abril de 2011
LA MARCHA DE ESQUEL NO SE DETIENE: ASAMBLEA Y MOVILIZACIÓN MAÑANA 4 DE MAYO
Esquel (No a La Mina).- El intento de penetración que impulsan intereses del sector minero con la venia del gobierno provincial y socios locales, motiva una nueva convocatoria para este miércoles 4 a las 18 hs. en la Plaza San Martín, donde los vecinos se autoconvocan en asamblea para luego realizar una marcha por la ciudad. Se propone que los asistentes aporten ideas de acciones y formas para una mejor organización.
Los vecinos reinvindican la decisión contundente de la consulta popular del 2003 y rechazan cualquier intento por retroceder en el tiempo o cuestionar las decisiones tomadas democráticamente por la ciudadanía.
Al respecto, señalan que existen un puñado de operadores locales que actúan desde hace tiempo en tal sentido pagados por organizaciones directamente vinculadas a mineras.
La presencia de la consultora Medios y Medio realizando sondeos a la población y entrevistas con periodistas de la ciudad, la realización de unas Jornadas Productivas donde uno de los temas sería la actividad minera que luego fue suspendida por sus organizadores, la fuerte presencia de mineras en la meseta de la provincia perforando y obteniendo nuevos permisos de cateos y exploración, son algunos de los tema que movilizan a al comunidad esquelense para esta oportunidad.
Proponen que los vecinos asistan con propuestas ya que la asamblea servirá para actualizar información entre todos y para tomar decisiones sobre varios aspectos organizativos y acciones a realizar tanto por la pretendida embestida en Esquel como en respaldo y acompañamiento de los vecinos del área de la meseta.
El lunes de la semana pasada, los vecinos realizaron una muy concurrida asamblea y posterior marcha; otro tanto sucedió el día jueves en que marcharon por el centro hasta el Concejo Deliberante.
Los vecinos reinvindican la decisión contundente de la consulta popular del 2003 y rechazan cualquier intento por retroceder en el tiempo o cuestionar las decisiones tomadas democráticamente por la ciudadanía.
Al respecto, señalan que existen un puñado de operadores locales que actúan desde hace tiempo en tal sentido pagados por organizaciones directamente vinculadas a mineras.
La presencia de la consultora Medios y Medio realizando sondeos a la población y entrevistas con periodistas de la ciudad, la realización de unas Jornadas Productivas donde uno de los temas sería la actividad minera que luego fue suspendida por sus organizadores, la fuerte presencia de mineras en la meseta de la provincia perforando y obteniendo nuevos permisos de cateos y exploración, son algunos de los tema que movilizan a al comunidad esquelense para esta oportunidad.
Proponen que los vecinos asistan con propuestas ya que la asamblea servirá para actualizar información entre todos y para tomar decisiones sobre varios aspectos organizativos y acciones a realizar tanto por la pretendida embestida en Esquel como en respaldo y acompañamiento de los vecinos del área de la meseta.
El lunes de la semana pasada, los vecinos realizaron una muy concurrida asamblea y posterior marcha; otro tanto sucedió el día jueves en que marcharon por el centro hasta el Concejo Deliberante.
ACERCA DE LA LUCHA DE LOS QOM: SOJA SÍ, INDÍGENAS NO
Buenos Aires (darioaranda.wordpress.com).- Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.
A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. No solicitan dádivas. Exigen que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y piden justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres. Y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
Extranjerización
Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Será mejor que las adquiera el bonaerense Gustavo Grobocopatel?
El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Será preferible que queden en manos del salteño Alfredo Olmedo?
No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgaría 180 días). Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.
Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público. Igual los diarios lo citan como verdad revelada.
La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticas: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Truner.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco.
Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al revés.
Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).
Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
"Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (...) Hay modelos a mirar, como Brasil", había anticipado la Presidenta el 1 de marzo al inaugurar la sesiones del Congreso.
El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.
Sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, el 27 de abril hubo cadena nacional para presentar el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los "agricultores familiares".
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como "la iniciativa más importante de la historia provincial". Una gran diversidad de sectores advierte que será la "sojización" de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la "inversión" y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.
El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el "fondo inversor" Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. "Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se le impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos", denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
"Corrimiento de la frontera agropecuaria", festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento "Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino", contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
"La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida", denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. "Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña", recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
125
La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.
"Se trata de un modelo basado en la extrema ‘zojización', motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios'. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras", explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado "Del paro agrario a las elecciones de 2009".
En el apartado "El conflicto agrario, características y proyecciones", los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge,, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.
"Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo' le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad", afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.
Estado cómplice
La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. "Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones".
Denuncia que todos los conflictos son "disimétricos". Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, "donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder". Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: "Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina".
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 "La violencia rural en la Argentina de los agronegocios", donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
"Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (...) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración", explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. "La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra "Eli" Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familiar. El 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.
La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.
La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por "compatriotas", y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.
País serio
"No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento", remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, "hablaría de un país poco serio".
Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra.
Aviso
Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez días. Por primera vez en 200 años un masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo Nacional.
Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.
Los dirigentes indígenas, muchos con gran afinidad al Gobierno Nacional, experimentaron una mezcla de sorpresa y decepción. Se preguntaban si la Presidenta no había entendido el reclamo indígena o tenía una decisión tomada.
Respetados compañeros que apoyan al actual gobierno no se cansan de buscar explicación, y suelen terminar la discusión con un argumento: "Son las contradicciones del modelo".
Lo sucedido con la comunidad La Primavera señala que no se trata de contradicciones. Son decisiones con costos humanos reales. El geométrico avance de la minería a gran escala es un ejemplo. Aunque quizá el más evidente es el "Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016", proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas, ampliará aún más la frontera agropecuaria y multiplicar las consecuencias ambientales y sociales.
La decisión del Gobierno Nacional es avanzar sobre tierras campesinas e indígenas.
Decisiones
A cinco meses de la represión del Pueblo Qom de Formosa ya no hay espacio para negar la complicidad del Gobierno Nacional con el gobernador Gildo Insfrán.
A pesar de la sistemática violación de derechos humanos, Cristina Fernández de Kirchner mantiene una alianza inquebrantable con Insfrán. Se evidencia en la acción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el único espacio estatal que brindaba asistencia a la comunidad La Primavera. Fernández limitó la acción del presidente del Inadi, Claudio Morgado (el trabajo sucio quedó a cargo de la vicepresidenta a María Rachid).
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente de Alicia Kirchner, actúa en consonancia con Insfrán. A pesar de contar con valiosos cuadros técnicos, nada pueden esperar las comunidades en lucha de un organismo que sólo funciona como valla de contención de los reclamos originarios.
Pero la más clara, y triste, evidencia es el silencio de la Presidenta. Nunca se refirió al tema en público, nunca recibió a la familia de Roberto López. Ni siquiera el prolongado acampe en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han provocado un gesto presidencial.
"El genocidio actual de los pueblos indígenas ya no es más con armas. Se produce invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión", afirmó en 2008 el ministro de Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni.
Unidos contra los Qom
Lluvioso. Sábado 30 de abril. La muerte de Ernesto Sábato marca la agenda mediática. El 1 de mayo no hay diarios. Las guardias periodísticas están al mínimo.
La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió a primera hora una orden para liberar el corte en la avenida 9 de Julio. En un hecho con pocos antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación de inmediato dio luz verde para que la Policía Federal se haga presente en el lugar. Más de cien efectivos se apostaron para liberar el tránsito, frente a indígenas que comenzaban su sexto día de huelga de hambre.
No hubo acuerdo ni se levantó el reclamo ni la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. "Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene", explicó Félix Díaz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al Gobierno a que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los qom "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales".
Cuatro días después, el Gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.
La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores más cercanos que "no hay orden (de Presidencia) para negociar" con los Qom. "Si no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones", afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destaca labor para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra.
"Distinta vara" suelen llamar algunos periodistas. El gobierno nacional recibió a la familia de Mariano Ferreyra y utilizó toda su estructura para buscar justicia. Ya están presos los presuntos actores materiales e intelectuales del asesinato.
A la familia del qom Roberto López nunca la recibió. En la escandalosa causa judicial por la represión de Formosa hay una veintena de precesados: todos de la comunidad qom La Primavera. Ningún policía, ningún gendarme, ningún funcionario del gobierno de Formosa.
Gildo Insfrán es gobernador desde 1995. Y ya se postula para un quinto mandato. Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, férreo defensor del modelo kirchnerista.
El cómodo oficio de ocultar
"Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa: el resto es propaganda". Es una de las tantas definiciones que circulan entre estudiantes de periodismo. Se la adjudican a media decena de periodistas, pero la mayoría de las veces citan como autor a Horacio Verbitsky.
La represión al Pueblo Qom dejó en evidencia al periodismo de los grandes medios de comunicación.
Los canales de televisión, radios y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron la represión como un enfrentamiento, adaptación moderna de la teoría de los dos demonios. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese era el límite. En estos cinco meses, rara vez (muy pocas) estos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.
En contraposición, los medios que claramente actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125 y Ley de Medios) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Pero nunca citaron el fondo de la represión: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, desalojos y obliga también al corrimiento de la frontera ganadera. No apuntan este motivo porque esos medios de comunicación son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
El "periodismo militante" de la agencia de noticias Télam es un caso testigo del periodismo actual. Télam censuró el domingo 17 un artículo sobre desalojos campesinos de un experimentado colega. Sólo fue publicado, el lunes 18, luego de que el colega pateara puertas, discutiera y exigiera se le respetara su trabajo y trayectoria.
El miércoles 27 de abril, luego de innumerables trabas para ejercer su trabajo cotidiano, la periodista especializada en pueblos originarios anunció que dejaba de escribir sobre la temática hasta nuevo aviso. Desde 2001 se dedicó a conocer, visitar y escuchar a comunidades indígenas. Una década de visitar el territorio y dar testimonio sobre la realidad indígena de Argentina. No explicó por qué tomó esa decisión dolorosa (para ella y las comunidades), pero todo aquel que recibe los despachos de Télam puede imaginar por qué.
El 19 de abril a las 20.48 la agencia Télam despachó el cable titulado "Insfrán participó de encuentro multiétnico e inauguró obras". Dio cuenta de que 6.000 aborígenes lo aclamaron y, como muestra de ese afecto, aportó supuestos dichos de indígenas: "Hemos mejorado mucho en todos estos años, y eso se debe a la sensibilidad de un gobierno popular que supo interpretar las necesidades de los pueblos originarios".
El último párrafo no deja dudas. "(Los indígenas consideraron que) Ha sido precisamente el gobierno justicialista de la nación y de la provincia quienes nos han reivindicado plenamente en nuestros derechos".
Los periodistas tenemos el derecho de no firmar los artículos que nos solicitan escribir pero con los que no estamos de acuerdo, ya sea por línea editorial, edición o, también, porque la información no es verdad.
El cable de Télam no fue firmado por el redactor.
"Una cosa es resolver de dónde sacamos el dinero para pagar las expensas y otra es hacer periodismo. Creo que no debemos confundir una con otra. En esta profesión dar la espalda a la realidad tienen un precio. No darla, también", dice un viejo texto de la cooperativa periodística La Vaca, donde también se arriesga una definición. "Decir lo que hay que decir y contar lo que hay que contar: eso es lo que tienen que hacer un periodista donde pueda".
Y deja, por un momento, en segundo plano el rol de las empresas periodísticas. "¿Vamos a seguir alegando obediencia debida para seguir contando lo que no pasa y ocultando lo que pasa? (...) Dejemos de sostener, a precios cada vez más bajos, esos trabajos basura, porque corremos el riesgo de convertirnos en basura también nosotros."
El juego a la derecha
Muchas críticas al Gobierno Nacional se retrucan con, palabras más o menos, "le hacés el juego a la derecha".
La represión al Pueblo Qom fue un quiebre personal. La impotencia de no poder escribir donde siempre se descargó en un texto de opinión (http://darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/) que circuló entre amigos y compañeros. Como nunca antes hubo respuestas que acusaban de ser "funcional a la derecha".
A cinco meses de aquel texto, y visto el accionar del Gobierno, quienes le hace el juego a la derecha son quienes silencian represiones y son cómplices, por acción u omisión, de asesinatos.
No hay acción de Gobierno (por justa y revolucionaria que sea -y este Gobierno ha tomada varias-) que pueda compensar la complicidad ante el derramamiento de sangre del campo popular.
"No se puede hablar de derechos humanos y apoyar a un gobernador que reprime y mata hermanos indígenas", advirtió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en marzo último en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Eduardo Galeano visitó el acampe Qom. Y fue menos diplomático: "(Los indígenas) tienen voz, pero son los no-escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder".
Derechos Humanos
Secuestro de personas. Robo de bebés. Torturas. Campos de concentración. Desaparecidos.
Los pueblos indígenas de Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de nazismo y que los víctimas de la última dictadura militar.
Pero su genocidio aún es negado.
"Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente", explica el historiador e investigador Walter Delrío, co-director de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina.
La Red de Estudios afirma que aún hoy peso sobre los pueblos originarios de Argentina un proceso con prácticas genocidas. Ayer fueron las las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido.
A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasará a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.
A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.
En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que establece que el Estado deberá pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por el terrorismo de Estado padecido. Ningún tipo de indemnización o reparación se planteó jamás para las víctimas del genocidio indígena.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negado por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
Para los pueblos originarios no hubo un "nunca más".
A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. No solicitan dádivas. Exigen que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y piden justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres. Y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
Extranjerización
Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Será mejor que las adquiera el bonaerense Gustavo Grobocopatel?
El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Será preferible que queden en manos del salteño Alfredo Olmedo?
No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgaría 180 días). Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.
Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público. Igual los diarios lo citan como verdad revelada.
La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticas: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Truner.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco.
Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al revés.
Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).
Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
"Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (...) Hay modelos a mirar, como Brasil", había anticipado la Presidenta el 1 de marzo al inaugurar la sesiones del Congreso.
El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.
Sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, el 27 de abril hubo cadena nacional para presentar el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los "agricultores familiares".
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como "la iniciativa más importante de la historia provincial". Una gran diversidad de sectores advierte que será la "sojización" de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la "inversión" y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.
El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el "fondo inversor" Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. "Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se le impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos", denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
"Corrimiento de la frontera agropecuaria", festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento "Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino", contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
"La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida", denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. "Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña", recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
125
La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.
"Se trata de un modelo basado en la extrema ‘zojización', motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios'. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras", explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado "Del paro agrario a las elecciones de 2009".
En el apartado "El conflicto agrario, características y proyecciones", los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge,, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.
"Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo' le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad", afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.
Estado cómplice
La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. "Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones".
Denuncia que todos los conflictos son "disimétricos". Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, "donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder". Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: "Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina".
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 "La violencia rural en la Argentina de los agronegocios", donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
"Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (...) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración", explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. "La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra "Eli" Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familiar. El 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.
La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.
La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por "compatriotas", y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.
País serio
"No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento", remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, "hablaría de un país poco serio".
Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra.
Aviso
Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez días. Por primera vez en 200 años un masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo Nacional.
Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.
Los dirigentes indígenas, muchos con gran afinidad al Gobierno Nacional, experimentaron una mezcla de sorpresa y decepción. Se preguntaban si la Presidenta no había entendido el reclamo indígena o tenía una decisión tomada.
Respetados compañeros que apoyan al actual gobierno no se cansan de buscar explicación, y suelen terminar la discusión con un argumento: "Son las contradicciones del modelo".
Lo sucedido con la comunidad La Primavera señala que no se trata de contradicciones. Son decisiones con costos humanos reales. El geométrico avance de la minería a gran escala es un ejemplo. Aunque quizá el más evidente es el "Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016", proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas, ampliará aún más la frontera agropecuaria y multiplicar las consecuencias ambientales y sociales.
La decisión del Gobierno Nacional es avanzar sobre tierras campesinas e indígenas.
Decisiones
A cinco meses de la represión del Pueblo Qom de Formosa ya no hay espacio para negar la complicidad del Gobierno Nacional con el gobernador Gildo Insfrán.
A pesar de la sistemática violación de derechos humanos, Cristina Fernández de Kirchner mantiene una alianza inquebrantable con Insfrán. Se evidencia en la acción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el único espacio estatal que brindaba asistencia a la comunidad La Primavera. Fernández limitó la acción del presidente del Inadi, Claudio Morgado (el trabajo sucio quedó a cargo de la vicepresidenta a María Rachid).
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente de Alicia Kirchner, actúa en consonancia con Insfrán. A pesar de contar con valiosos cuadros técnicos, nada pueden esperar las comunidades en lucha de un organismo que sólo funciona como valla de contención de los reclamos originarios.
Pero la más clara, y triste, evidencia es el silencio de la Presidenta. Nunca se refirió al tema en público, nunca recibió a la familia de Roberto López. Ni siquiera el prolongado acampe en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han provocado un gesto presidencial.
"El genocidio actual de los pueblos indígenas ya no es más con armas. Se produce invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión", afirmó en 2008 el ministro de Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni.
Unidos contra los Qom
Lluvioso. Sábado 30 de abril. La muerte de Ernesto Sábato marca la agenda mediática. El 1 de mayo no hay diarios. Las guardias periodísticas están al mínimo.
La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió a primera hora una orden para liberar el corte en la avenida 9 de Julio. En un hecho con pocos antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación de inmediato dio luz verde para que la Policía Federal se haga presente en el lugar. Más de cien efectivos se apostaron para liberar el tránsito, frente a indígenas que comenzaban su sexto día de huelga de hambre.
No hubo acuerdo ni se levantó el reclamo ni la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. "Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene", explicó Félix Díaz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al Gobierno a que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los qom "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales".
Cuatro días después, el Gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.
La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores más cercanos que "no hay orden (de Presidencia) para negociar" con los Qom. "Si no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones", afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destaca labor para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra.
"Distinta vara" suelen llamar algunos periodistas. El gobierno nacional recibió a la familia de Mariano Ferreyra y utilizó toda su estructura para buscar justicia. Ya están presos los presuntos actores materiales e intelectuales del asesinato.
A la familia del qom Roberto López nunca la recibió. En la escandalosa causa judicial por la represión de Formosa hay una veintena de precesados: todos de la comunidad qom La Primavera. Ningún policía, ningún gendarme, ningún funcionario del gobierno de Formosa.
Gildo Insfrán es gobernador desde 1995. Y ya se postula para un quinto mandato. Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, férreo defensor del modelo kirchnerista.
El cómodo oficio de ocultar
"Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa: el resto es propaganda". Es una de las tantas definiciones que circulan entre estudiantes de periodismo. Se la adjudican a media decena de periodistas, pero la mayoría de las veces citan como autor a Horacio Verbitsky.
La represión al Pueblo Qom dejó en evidencia al periodismo de los grandes medios de comunicación.
Los canales de televisión, radios y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron la represión como un enfrentamiento, adaptación moderna de la teoría de los dos demonios. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese era el límite. En estos cinco meses, rara vez (muy pocas) estos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.
En contraposición, los medios que claramente actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125 y Ley de Medios) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Pero nunca citaron el fondo de la represión: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, desalojos y obliga también al corrimiento de la frontera ganadera. No apuntan este motivo porque esos medios de comunicación son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
El "periodismo militante" de la agencia de noticias Télam es un caso testigo del periodismo actual. Télam censuró el domingo 17 un artículo sobre desalojos campesinos de un experimentado colega. Sólo fue publicado, el lunes 18, luego de que el colega pateara puertas, discutiera y exigiera se le respetara su trabajo y trayectoria.
El miércoles 27 de abril, luego de innumerables trabas para ejercer su trabajo cotidiano, la periodista especializada en pueblos originarios anunció que dejaba de escribir sobre la temática hasta nuevo aviso. Desde 2001 se dedicó a conocer, visitar y escuchar a comunidades indígenas. Una década de visitar el territorio y dar testimonio sobre la realidad indígena de Argentina. No explicó por qué tomó esa decisión dolorosa (para ella y las comunidades), pero todo aquel que recibe los despachos de Télam puede imaginar por qué.
El 19 de abril a las 20.48 la agencia Télam despachó el cable titulado "Insfrán participó de encuentro multiétnico e inauguró obras". Dio cuenta de que 6.000 aborígenes lo aclamaron y, como muestra de ese afecto, aportó supuestos dichos de indígenas: "Hemos mejorado mucho en todos estos años, y eso se debe a la sensibilidad de un gobierno popular que supo interpretar las necesidades de los pueblos originarios".
El último párrafo no deja dudas. "(Los indígenas consideraron que) Ha sido precisamente el gobierno justicialista de la nación y de la provincia quienes nos han reivindicado plenamente en nuestros derechos".
Los periodistas tenemos el derecho de no firmar los artículos que nos solicitan escribir pero con los que no estamos de acuerdo, ya sea por línea editorial, edición o, también, porque la información no es verdad.
El cable de Télam no fue firmado por el redactor.
"Una cosa es resolver de dónde sacamos el dinero para pagar las expensas y otra es hacer periodismo. Creo que no debemos confundir una con otra. En esta profesión dar la espalda a la realidad tienen un precio. No darla, también", dice un viejo texto de la cooperativa periodística La Vaca, donde también se arriesga una definición. "Decir lo que hay que decir y contar lo que hay que contar: eso es lo que tienen que hacer un periodista donde pueda".
Y deja, por un momento, en segundo plano el rol de las empresas periodísticas. "¿Vamos a seguir alegando obediencia debida para seguir contando lo que no pasa y ocultando lo que pasa? (...) Dejemos de sostener, a precios cada vez más bajos, esos trabajos basura, porque corremos el riesgo de convertirnos en basura también nosotros."
El juego a la derecha
Muchas críticas al Gobierno Nacional se retrucan con, palabras más o menos, "le hacés el juego a la derecha".
La represión al Pueblo Qom fue un quiebre personal. La impotencia de no poder escribir donde siempre se descargó en un texto de opinión (http://darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/) que circuló entre amigos y compañeros. Como nunca antes hubo respuestas que acusaban de ser "funcional a la derecha".
A cinco meses de aquel texto, y visto el accionar del Gobierno, quienes le hace el juego a la derecha son quienes silencian represiones y son cómplices, por acción u omisión, de asesinatos.
No hay acción de Gobierno (por justa y revolucionaria que sea -y este Gobierno ha tomada varias-) que pueda compensar la complicidad ante el derramamiento de sangre del campo popular.
"No se puede hablar de derechos humanos y apoyar a un gobernador que reprime y mata hermanos indígenas", advirtió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en marzo último en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Eduardo Galeano visitó el acampe Qom. Y fue menos diplomático: "(Los indígenas) tienen voz, pero son los no-escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder".
Derechos Humanos
Secuestro de personas. Robo de bebés. Torturas. Campos de concentración. Desaparecidos.
Los pueblos indígenas de Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de nazismo y que los víctimas de la última dictadura militar.
Pero su genocidio aún es negado.
"Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente", explica el historiador e investigador Walter Delrío, co-director de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina.
La Red de Estudios afirma que aún hoy peso sobre los pueblos originarios de Argentina un proceso con prácticas genocidas. Ayer fueron las las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido.
A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasará a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.
A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.
En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que establece que el Estado deberá pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por el terrorismo de Estado padecido. Ningún tipo de indemnización o reparación se planteó jamás para las víctimas del genocidio indígena.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negado por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
Para los pueblos originarios no hubo un "nunca más".
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