Por Omar Latini
Santa Cruz (ATE Comité Provincial - FUT- Partido Obrero).- En la tarde del sábado se organizó una caravana para visitar y acompañar a Luis Guineo en la Comisaría de Jaramilo.
Una delegación que partió a las 16 Hs. desde Caleta Olivia y que integró los delegados de distintas localidades como Río Gallegos, Calafate, Puerto Deseado, Pico Truncado, etc… presentes en el Congreso de Adosac que sesionaba en nuestra ciudad; dirigentes y delegados de Ate Caleta Olivia, Jubilados Autoconvocados, MST y un nutrido grupo de militantes del FUT- Partido Obrero.
Todos pudieron saludar y acercar la solidaridad a Guineo, como así también redoblar el compromiso de todas las organizaciones de luchar por su libertad y terminar con la criminalización de la protesta social.
Tanto Guineo, como su esposa e hijos, agradecieron el acompañamiento recibido; y pese a su detención, se lo ve con una gran fortaleza para enfrentar la situación.
Jésica, la hija de Guineo, manifestó sobre la detención de su papá: “Es injusta, muy injusta; mi viejo no es un delincuente, es un laburante, un luchador; yo tengo 24 años, estudio y trabajo con el desde hace un tiempo en la seccional; antes no entendía mucho, pero desde que empecé a militar me doy cuenta de muchas injusticias.
Somos seis hermanos, la mas chiquita tiene apenas un mes, y cuando nació, mi papa estaba en la ruta, luchando junto a sus compañeros; si mi mama tiene que viajar a Buenos Aires, yo me voy a hacer cargo de mis otros hermanos mas pequeños”.
Además de las acciones que se están tomando desde el punto de vista legal por parte de los abogados defensores, y la presencia en la zona de dirigentes nacionales de ATE, las demás organizaciones seguirán delineando acciones para reclamar la LIBERTAD de Luis Guineo, entendiendo que es un preso político, para tratar de vitar que continúen los reclamos de los distintos sectores por Trabajo, salarios, jubilaciones, tierra, vivienda, et
Fuente: Puerta E.
Envíenos su nota, opinión o información al correo: delpueblo.prensa@gmail.com
lunes, 6 de diciembre de 2010
ESCRACHE A IBM-ISD
Buenos Aires, lunes 6 de diciembre de 2010 (Trabajadores Informaticos en CePETel).- Hoy, desde las 10, se realiza un escrache a IBM - ISD en Alem 518, Capital Federal, por despido antisindical.
El viernes 3 de diciembre una empleada fue despedida por IBM-ISD luego de haber reenviado un correo electrónico a sus compañeros donde el Cuerpo de Delegados de los Trabajadores de IBM informaba las actividades realizadas.
Los trabajadores que cumplen tareas para IBM-ISD en Alem 518 no tienen correos para comunicarse con sus compañeros de la empresa, se los intenta aislar para someterlos a horarios y bajos salarios y tareas estresantes donde no son respetados los feriados y se cumplen tareas de Call Center en Ingles durante 8 horas violando los horarios de trabajo para los operadores telefónicos.
Repudiamos este despido discriminatorio que IBM y su empresa subsidiaria ISD realizaron de la compañera por solidarizarse con la demanda de los trabajadores de IBM organizados sindicalmente en CePETel.
Exigimos a la empresa la inmediata reincorporación de la trabajadora a su puesto de trabajo y que se respete la Libertad Sindical amparada por el articulo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.
El viernes 3 de diciembre una empleada fue despedida por IBM-ISD luego de haber reenviado un correo electrónico a sus compañeros donde el Cuerpo de Delegados de los Trabajadores de IBM informaba las actividades realizadas.
Los trabajadores que cumplen tareas para IBM-ISD en Alem 518 no tienen correos para comunicarse con sus compañeros de la empresa, se los intenta aislar para someterlos a horarios y bajos salarios y tareas estresantes donde no son respetados los feriados y se cumplen tareas de Call Center en Ingles durante 8 horas violando los horarios de trabajo para los operadores telefónicos.
Repudiamos este despido discriminatorio que IBM y su empresa subsidiaria ISD realizaron de la compañera por solidarizarse con la demanda de los trabajadores de IBM organizados sindicalmente en CePETel.
Exigimos a la empresa la inmediata reincorporación de la trabajadora a su puesto de trabajo y que se respete la Libertad Sindical amparada por el articulo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.
OTRA AVANZADA SOBRE LOS TERRITORIOS: MÁS ATAQUES A ORIGINARIOS Y CAMPESINOS
Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.
Por Darío Aranda
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010 (Página 12).- El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero, y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.
El 22 de octubre pasado la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico, en El Maitén (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo ni procesó a los agresores. “La cruda realidad muestra la permanente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de la provincia, por acción u omisión de los estamentos medios y superiores del Gobierno”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut, en su informe anual 2010 sobre el cumplimiento de la legislación indígena.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), desde hace nueve años está dividido en dos sectores, pero ambos coinciden en oponerse al modelo agropecuario (con la soja como emblema), motivo central del avance sobre territorios campesinos, el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxicos y los desalojos. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras un paraíso para grandes empresarios”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina (integrante del MNCI). “Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de las tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante”, enfatizaron.
El 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte santiagueño, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador Gerardo Zamora, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.
Entre las exigencias de las familias campesinas figuran el juicio y castigo a los policías y jueces cómplices de los ataques y la urgente sanción de una ley para frenar los desalojos. El martes último, en el paraje El Simbolar (departamento de Alberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos. “Vamos a seguir defendiendo nuestras tierras que, por derecho, nos corresponden. Hacemos responsable al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo por los hechos de violencia y daños físicos que sufrieron nuestros compañeros”, denunció el presidente del otro sector del Mocase, Guido Corvalán.
En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo último fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados. Los Adriani-Berdún volvieron a su territorio. En noviembre pasado, dos integrantes de la familia fueron detenidos y presionados para que abandonen las parcelas. “Exigimos que se ponga freno a los atropellos y desalojos en todo el territorio provincial por parte de poderosos intereses económicos”, señalaron en un comunicado 33 organizaciones que declararon el estado de alerta y advirtieron que no permitirán un desalojo más en la provincia.
Las historias de judicialización, represión y desalojos se repiten en todas las provincias con presencia campesina e indígena, sin importar el signo político del partido gobernante. Las comunidades originarias y campesinas tienen múltiples diferencias, pero también coincidencias: la defensa de una forma de vida vinculada con el cuidado del territorio, la denuncia de violaciones a sus derechos y de que los conflictos tienen directa relación con el modelo agropecuario, la minería a gran escala, la ganadería intensiva, el monocultivo de árboles, el avance petrolero y el turismo.
“El gobierno nacional generó algunas políticas para que las organizaciones avancemos y disminuya la represión. Sin embargo eso no se replica en los gobiernos provinciales, incluso en algunos de sus principales aliados. Si esa contradicción no se resuelve, las políticas de derechos humanos serán una expresión de deseo cuando se contraponen a los intereses económicos concentrados”, afirmó Montón, del Movimiento Campesino Indígena, presente en diez provincias.
El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (desde la Constitución Nacional al Convenio 169 de la OIT y la Ley 26160) en casi todos los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer y respetar.
Por Darío Aranda
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010 (Página 12).- El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero, y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.
El 22 de octubre pasado la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico, en El Maitén (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo ni procesó a los agresores. “La cruda realidad muestra la permanente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de la provincia, por acción u omisión de los estamentos medios y superiores del Gobierno”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut, en su informe anual 2010 sobre el cumplimiento de la legislación indígena.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), desde hace nueve años está dividido en dos sectores, pero ambos coinciden en oponerse al modelo agropecuario (con la soja como emblema), motivo central del avance sobre territorios campesinos, el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxicos y los desalojos. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras un paraíso para grandes empresarios”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina (integrante del MNCI). “Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de las tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante”, enfatizaron.
El 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte santiagueño, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador Gerardo Zamora, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.
Entre las exigencias de las familias campesinas figuran el juicio y castigo a los policías y jueces cómplices de los ataques y la urgente sanción de una ley para frenar los desalojos. El martes último, en el paraje El Simbolar (departamento de Alberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos. “Vamos a seguir defendiendo nuestras tierras que, por derecho, nos corresponden. Hacemos responsable al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo por los hechos de violencia y daños físicos que sufrieron nuestros compañeros”, denunció el presidente del otro sector del Mocase, Guido Corvalán.
En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo último fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados. Los Adriani-Berdún volvieron a su territorio. En noviembre pasado, dos integrantes de la familia fueron detenidos y presionados para que abandonen las parcelas. “Exigimos que se ponga freno a los atropellos y desalojos en todo el territorio provincial por parte de poderosos intereses económicos”, señalaron en un comunicado 33 organizaciones que declararon el estado de alerta y advirtieron que no permitirán un desalojo más en la provincia.
Las historias de judicialización, represión y desalojos se repiten en todas las provincias con presencia campesina e indígena, sin importar el signo político del partido gobernante. Las comunidades originarias y campesinas tienen múltiples diferencias, pero también coincidencias: la defensa de una forma de vida vinculada con el cuidado del territorio, la denuncia de violaciones a sus derechos y de que los conflictos tienen directa relación con el modelo agropecuario, la minería a gran escala, la ganadería intensiva, el monocultivo de árboles, el avance petrolero y el turismo.
“El gobierno nacional generó algunas políticas para que las organizaciones avancemos y disminuya la represión. Sin embargo eso no se replica en los gobiernos provinciales, incluso en algunos de sus principales aliados. Si esa contradicción no se resuelve, las políticas de derechos humanos serán una expresión de deseo cuando se contraponen a los intereses económicos concentrados”, afirmó Montón, del Movimiento Campesino Indígena, presente en diez provincias.
El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (desde la Constitución Nacional al Convenio 169 de la OIT y la Ley 26160) en casi todos los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer y respetar.
DETIENEN Y GOLPEAN A MILITANTE ANTICARCELARIA EN CÓRDOBA
Buenos Aires (Agencia Walsh).- Nuestra querida compañera de la Comisión Anticarcelaria y de los Vecinos Autoconvocados contra los Abusos Policiales (Vacap),de Villa María, narra con su propias palabras el calvario vivido a manos de los represores cordobeses. Toda nuestra solidaridad para ella y los compañeros.
Compañeros/as:
El día 30 de noviembre nos enteramos junto con Derna, que los chicos de la juventud guevarista estaban detenidos, entre ellos romina de 17 años y dos integrantes de Vacap-CTA, Ernesto y Lautaro.
Sabíamos que era muy peligroso estar en la boca del lobo, por las últimas acciones: Hace un mes estuvimos exigiendo la libertad de dos jóvenes de 18 y 20 años y del menor de quince años que durante tres días eran torturados durante una hora cada tres, para que confesaran un delito que no cometieron. Después de un mes donde el menor estuvo alojado en una cárcel para menores anexo Bower y los otros chicos en la UP 5 de Villa María, fueron liberados de toda culpa.
La semana pasada, una mamá denuncia que su hijo de trece años tenía doce perdigonadas en la pierna. Ese jovencito es mi alumno en primer año de la escuela 147. Procedemos a la investigación durante unos días. Luego de una reunión el domingo 21 y decidir que vamos a movernos como lo hicimos con el menor de quince años, denunciamos directamente al fiscal de la Cámara del Crimen Márquez quien al ver al niño en el estado que lo dejaron los doce balazos, envía al fiscal general Bezzaro la denuncia con las pruebas recogidas. Lo que da como resultado la cesantía de la oficial que disparó, Fernández, la separación de su compañero de patrulla y la del comisario de patrulla, Yúdica.
Estábamos seguros que estos pasos llevarían a represalias contra la organización. Se nos habrían puertas de instituciones que nunca las hubieran abierto si las denuncias no se hubieran hecho públicas. Los dejamos a todos estos hipócritas que se rasgan las vestiduras al descubierto de su perversidad levantando su democracia fascista.
El día 30 de noviembre son apresados los chicos por el "delito" de una pintada política. La contradicción de esta sociedad burguesa que se cree con la impunidad de hacer lo que quiere porque puede, por plata, por leyes escrita por ellos.
Nos dirigimos a la comisaría, con el apoyo de las demás agrupaciones, Po, CTA, Guevaristas, Las Juanas, Innviron, MTR, MSt y otras, exigiendo la liberación inmediata de los chicos y el reclamo airado de Romina de 17 años puesta en el calabozo desde las dos de la mañana. Eran las 11 y no la llevaban a la oficina de minoridad para su protección, a pesar que habíamos logrado la liberación de los chicos y de esta niña, entramos a la oficina de minoridad, a cargo del oficial Dagatti, que a la vista de los acontecimientos y el procedimiento con la menor, no tiene preparación profesional para dicho puesto.
"Ya vas a ver vieja como te vamos a calmar"
Se encontró con un airado pedido de parte nuestra por la niña y que no nos íbamos a mover, que procedieron a mi detención con seis mujeres policías sin identificación, arrancándome de la barrera que había establecido el secretario de los derechos humanos CTA, llevándome por varios metros fuertemente de los brazos y pateándome los tobillos, que a la mitad del camino me ponen un traba que caigo intempestivamente al suelo y pego con la rodilla izquierda dando un fuerte golpe con las costilla y todo el vientre. En ese momento aprovechan y me levantan por las piernas y gritaban las seis "ya vas a ver vieja como te vamos a calmar", al entrar a la recepción de lo detenidos que ya estaba preparado para mi aprensión, dentro había una robusta policía que me levanta más alto junto con las otras y me tiran contra el piso del calabozo, quedo como aturdida sobre mi pierna izquierda, les había dicho que no me tocaran porque estaba en rehabilitación ambulatoria por desplazamiento de cadera, en ese momento gritaba pidiendo al médico y escucho a la morruda que dice "ahora te calmo vieja". En ese momento entra diciendo que es de los derechos humanos Tito Godoy y se queda conmigo por un rato. Esa entrada evita que me sigan pegando.
Lo demás es demasiado morboso, de parte de un personal altamente enfermo y hambriento de violencia y destrucción del que piensa diferente de sus patrones los políticos oficialistas de esta villa.
Pasada al calabozo, estuve entre el orín y la materia fecal, sin luz, amenazada por una voz que decía "soy el represor vas a ver lo que te va a pasar esta noche, atorranta", los policías que gritaban que venía tormenta y se apagaban las luces y no se sabía quien quedaba vivo, solo con agua en el estómago estuve 28 horas y fui dos veces al baño, siempre esposada, me llevaron al hospital por las amenazas creyeron los compañeros que así me protegían, me pasearon para que me vieran todo, luego cuando me llevan a Córdoba para la pericia psiquiátrica hacen los mismo. Tenía dolores impresionantes por los golpes en todo el cuerpo. Arrastrándome bajé tres escaleras enormes para la pericia, la cual les digo dio perfecta, apta para todo.
Me vuelven a villa maría en una chata siempre esposada, sin nada en el estómago ni siquiera agua, a 120 km. Con las ventanillas abiertas y la música a todo lo que daba, mientras comían y bebían. Al llegar a la departamental villa maría no soporto más y me desmayo.
Recupero la libertad.
De ahora en más la lucha no termina, por vos Mariano y los miles y miles de mártires que sus ideales son reales formas de vida y respeto por la dignidad del otro... Un abrazo,
Monica Sonzini
Pd: estuve en contacto con muchos chicos y chicas en detención... En el calabozo de Córdoba estaba escrito en una pared "algunos nacen con estrellas, otros estrellados y los que no sirven para nada son policías". En lugar de ser protectores y profesionales son verdugos. Sí esta policía no sirve hay que estirparla".
Compañeros/as:
El día 30 de noviembre nos enteramos junto con Derna, que los chicos de la juventud guevarista estaban detenidos, entre ellos romina de 17 años y dos integrantes de Vacap-CTA, Ernesto y Lautaro.
Sabíamos que era muy peligroso estar en la boca del lobo, por las últimas acciones: Hace un mes estuvimos exigiendo la libertad de dos jóvenes de 18 y 20 años y del menor de quince años que durante tres días eran torturados durante una hora cada tres, para que confesaran un delito que no cometieron. Después de un mes donde el menor estuvo alojado en una cárcel para menores anexo Bower y los otros chicos en la UP 5 de Villa María, fueron liberados de toda culpa.
La semana pasada, una mamá denuncia que su hijo de trece años tenía doce perdigonadas en la pierna. Ese jovencito es mi alumno en primer año de la escuela 147. Procedemos a la investigación durante unos días. Luego de una reunión el domingo 21 y decidir que vamos a movernos como lo hicimos con el menor de quince años, denunciamos directamente al fiscal de la Cámara del Crimen Márquez quien al ver al niño en el estado que lo dejaron los doce balazos, envía al fiscal general Bezzaro la denuncia con las pruebas recogidas. Lo que da como resultado la cesantía de la oficial que disparó, Fernández, la separación de su compañero de patrulla y la del comisario de patrulla, Yúdica.
Estábamos seguros que estos pasos llevarían a represalias contra la organización. Se nos habrían puertas de instituciones que nunca las hubieran abierto si las denuncias no se hubieran hecho públicas. Los dejamos a todos estos hipócritas que se rasgan las vestiduras al descubierto de su perversidad levantando su democracia fascista.
El día 30 de noviembre son apresados los chicos por el "delito" de una pintada política. La contradicción de esta sociedad burguesa que se cree con la impunidad de hacer lo que quiere porque puede, por plata, por leyes escrita por ellos.
Nos dirigimos a la comisaría, con el apoyo de las demás agrupaciones, Po, CTA, Guevaristas, Las Juanas, Innviron, MTR, MSt y otras, exigiendo la liberación inmediata de los chicos y el reclamo airado de Romina de 17 años puesta en el calabozo desde las dos de la mañana. Eran las 11 y no la llevaban a la oficina de minoridad para su protección, a pesar que habíamos logrado la liberación de los chicos y de esta niña, entramos a la oficina de minoridad, a cargo del oficial Dagatti, que a la vista de los acontecimientos y el procedimiento con la menor, no tiene preparación profesional para dicho puesto.
"Ya vas a ver vieja como te vamos a calmar"
Se encontró con un airado pedido de parte nuestra por la niña y que no nos íbamos a mover, que procedieron a mi detención con seis mujeres policías sin identificación, arrancándome de la barrera que había establecido el secretario de los derechos humanos CTA, llevándome por varios metros fuertemente de los brazos y pateándome los tobillos, que a la mitad del camino me ponen un traba que caigo intempestivamente al suelo y pego con la rodilla izquierda dando un fuerte golpe con las costilla y todo el vientre. En ese momento aprovechan y me levantan por las piernas y gritaban las seis "ya vas a ver vieja como te vamos a calmar", al entrar a la recepción de lo detenidos que ya estaba preparado para mi aprensión, dentro había una robusta policía que me levanta más alto junto con las otras y me tiran contra el piso del calabozo, quedo como aturdida sobre mi pierna izquierda, les había dicho que no me tocaran porque estaba en rehabilitación ambulatoria por desplazamiento de cadera, en ese momento gritaba pidiendo al médico y escucho a la morruda que dice "ahora te calmo vieja". En ese momento entra diciendo que es de los derechos humanos Tito Godoy y se queda conmigo por un rato. Esa entrada evita que me sigan pegando.
Lo demás es demasiado morboso, de parte de un personal altamente enfermo y hambriento de violencia y destrucción del que piensa diferente de sus patrones los políticos oficialistas de esta villa.
Pasada al calabozo, estuve entre el orín y la materia fecal, sin luz, amenazada por una voz que decía "soy el represor vas a ver lo que te va a pasar esta noche, atorranta", los policías que gritaban que venía tormenta y se apagaban las luces y no se sabía quien quedaba vivo, solo con agua en el estómago estuve 28 horas y fui dos veces al baño, siempre esposada, me llevaron al hospital por las amenazas creyeron los compañeros que así me protegían, me pasearon para que me vieran todo, luego cuando me llevan a Córdoba para la pericia psiquiátrica hacen los mismo. Tenía dolores impresionantes por los golpes en todo el cuerpo. Arrastrándome bajé tres escaleras enormes para la pericia, la cual les digo dio perfecta, apta para todo.
Me vuelven a villa maría en una chata siempre esposada, sin nada en el estómago ni siquiera agua, a 120 km. Con las ventanillas abiertas y la música a todo lo que daba, mientras comían y bebían. Al llegar a la departamental villa maría no soporto más y me desmayo.
Recupero la libertad.
De ahora en más la lucha no termina, por vos Mariano y los miles y miles de mártires que sus ideales son reales formas de vida y respeto por la dignidad del otro... Un abrazo,
Monica Sonzini
Pd: estuve en contacto con muchos chicos y chicas en detención... En el calabozo de Córdoba estaba escrito en una pared "algunos nacen con estrellas, otros estrellados y los que no sirven para nada son policías". En lugar de ser protectores y profesionales son verdugos. Sí esta policía no sirve hay que estirparla".
PEÑA FOLCLÓRICA EN PUELO
Lago Puelo (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut).- La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), Regional Noroeste, invita a la última Peña Folclórica del año, organizada en conjunto con el grupo “Haciendo Huella” y los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo.
La misma se realizará el viernes 10 de diciembre a partir de las 21.30 en el salón de Bomberos Lago Puelo.
Para los que quieran aprender a bailar las danzas argentinas se realizará un taller para principiantes.
Invitamos a músicos que quieran participar a concurrir con sus instrumentos musicales.
Fuente: Puerta E.
La misma se realizará el viernes 10 de diciembre a partir de las 21.30 en el salón de Bomberos Lago Puelo.
Para los que quieran aprender a bailar las danzas argentinas se realizará un taller para principiantes.
Invitamos a músicos que quieran participar a concurrir con sus instrumentos musicales.
Fuente: Puerta E.
PARO DE TRABAJADORES VIALES EN CHUBUT
El Bolsón (ANPP).- Comenzó hoy un paro de 72 horas del Sindicato de Trabajadores Viales de la provincia de Chubut Sitravich), cuyos miembros se encuentran en estado de asamblea.
El sindicato resolvió la medida de fuerza para los días 6, 7 y 8 de diciembre, en tanto que en las ciudadades de Esquel, Sarmiento, Madryn, Gaiman y Rawson los trabajadores tienen asambleas para conocer los resultados de la últimas tratativas con el presidente de Vialidad de Chubut, Patricio Musante.
Fuente: Sitravich.
El sindicato resolvió la medida de fuerza para los días 6, 7 y 8 de diciembre, en tanto que en las ciudadades de Esquel, Sarmiento, Madryn, Gaiman y Rawson los trabajadores tienen asambleas para conocer los resultados de la últimas tratativas con el presidente de Vialidad de Chubut, Patricio Musante.
Fuente: Sitravich.
COMUNICADO: UN NUEVO ATAQUE A LOS QUE LUCHAN
Chubut, 3 de diciembre de 2010 (Asociación de Docentes Universitarios).- Desde la Asociación de Docentes Universitarios queremos hacer llegar nuestra solidaridad al sindicato hermano de Sitravich y a todos los trabajadores viales que han sido atacados por el gobernador Das Neves el día de ayer.
La triste y patética amenaza del gobierno provincial de que los trabajadores viales serían los únicos estatales que no cobrarían ni el aumento ni el bono de 1000 pesos, constituye una nueva muestra de este gobierno autoritario. La razón planteada públicamente para tal medida no deja lugar a dudas: se expresa directamente que es una represalia contra los trabajadores por haber reclamado dignamente un aumento acorde a la canasta familiar y por ejercer el derecho constitucional a reclamar y a realizar medidas de fuerza como la huelga. Esta increíble resolución del gobierno ataca nuevamente el derecho a huelga de todos los trabajadores y enjuicia a un sindicato por reclamar un sueldo digno (recordemos que el Sitravich viene desde hace meses realizando seriamente una medición de los aumentos en la canasta familiar, con la cual sustentan sus pedidos, que nunca son fuera de lugar).
Debemos remarcar que los compañeros de Vialidad Provincial durante todos estos años de vaciamiento del estado y ataque a los trabajadores resistieron y lucharon contra todos los gobiernos nacionales y provinciales que quisieron avanzar contra sus derechos.
Mientras Das Neves era diputado nacional de los gobiernos privatizadores o director de aduanas o renovaba contratos petroleros entregando nuestros recursos, los viales eran los más decididos defensores del patrimonio estatal. No podemos olvidar, entre muchos hechos, la denuncia del robo de chatarra durante los primeros años de gobierno del mismo Das Neves.
Llamamos a todos los Trabajadores y Sindicatos a rechazar esta práctica autoritaria del gobierno de atacar a los Sindicatos y a los Trabajadores que plantean una postura distinta. Es una práctica funesta y claramente dirigida a crear miedo. Tanto la CGT como la CTA y el Frente de Gremios Estatales seguramente se pronunciaran en forma contundente en este sentido, exigiendo que esta medida no se concrete en los hechos, que se garantice el pago de los aumentos a Todos los Trabajadores y se asegure el legítimo derecho de aquellos que así lo decidan a reclamar un salario mejor.
Volvemos a expresar nuestra solidaridad con los compañeros viales y a repudiar las declaraciones de Das Neves. Nos ponemos a disposición de los ejemplares compañeros de Sitravich para lo que necesiten.
Fuente: Agencia Nodo Sur.
La triste y patética amenaza del gobierno provincial de que los trabajadores viales serían los únicos estatales que no cobrarían ni el aumento ni el bono de 1000 pesos, constituye una nueva muestra de este gobierno autoritario. La razón planteada públicamente para tal medida no deja lugar a dudas: se expresa directamente que es una represalia contra los trabajadores por haber reclamado dignamente un aumento acorde a la canasta familiar y por ejercer el derecho constitucional a reclamar y a realizar medidas de fuerza como la huelga. Esta increíble resolución del gobierno ataca nuevamente el derecho a huelga de todos los trabajadores y enjuicia a un sindicato por reclamar un sueldo digno (recordemos que el Sitravich viene desde hace meses realizando seriamente una medición de los aumentos en la canasta familiar, con la cual sustentan sus pedidos, que nunca son fuera de lugar).
Debemos remarcar que los compañeros de Vialidad Provincial durante todos estos años de vaciamiento del estado y ataque a los trabajadores resistieron y lucharon contra todos los gobiernos nacionales y provinciales que quisieron avanzar contra sus derechos.
Mientras Das Neves era diputado nacional de los gobiernos privatizadores o director de aduanas o renovaba contratos petroleros entregando nuestros recursos, los viales eran los más decididos defensores del patrimonio estatal. No podemos olvidar, entre muchos hechos, la denuncia del robo de chatarra durante los primeros años de gobierno del mismo Das Neves.
Llamamos a todos los Trabajadores y Sindicatos a rechazar esta práctica autoritaria del gobierno de atacar a los Sindicatos y a los Trabajadores que plantean una postura distinta. Es una práctica funesta y claramente dirigida a crear miedo. Tanto la CGT como la CTA y el Frente de Gremios Estatales seguramente se pronunciaran en forma contundente en este sentido, exigiendo que esta medida no se concrete en los hechos, que se garantice el pago de los aumentos a Todos los Trabajadores y se asegure el legítimo derecho de aquellos que así lo decidan a reclamar un salario mejor.
Volvemos a expresar nuestra solidaridad con los compañeros viales y a repudiar las declaraciones de Das Neves. Nos ponemos a disposición de los ejemplares compañeros de Sitravich para lo que necesiten.
Fuente: Agencia Nodo Sur.
REUNIÓN EN EL CIC
El Bolsón (ANPP).- Mañana martes está convocada una reunión en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Primavera (El Bolsón), a las 10, para organizar una fiesta de fin de año y una muestra de lo logrado en este ciclo.
Posiblemente, el evento se realice en en el propio edificio del CIC este sábado, a partir de las 10.
Posiblemente, el evento se realice en en el propio edificio del CIC este sábado, a partir de las 10.
FIESTA DE FIN DE AÑO EN COSTA DEL RÍO AZUL
El Bolsón (ANPP).- Vecinos de la costa del río Azul, paraje Mallín Ahogado, tendrán el próximo domingo 19 de diciembre su fiesta de fin de año, con exposiciones, puestos de trueque y venta y espectáculos musicales.
La cita es el Centro Comunitario de la Costa del Río Azul, al lado de la escuela 103, desde las 11, con entrada libre y gratuita.
Habrá almuerzo a la canasta y también servicio de bufet, alreededor de las 13.
El grupo Al Encuentro animará el baile, en tanto que se podrá recorrer una muestra de los talleres y participar de una charla para evaluar el año.
Para la feria de trueque y venta todos los pobladores están invitados a acercar sus productos y las cosas que ya no usen para cambiarlas por otras.
El momento de la música incluirá géneros para bailar como la chacarera, la cueca y la zamba, entre otros ritmos folclóricos. Los organizadores han invitado a los músicos que quieran sumarse a traer sus instrumentos.
La cita es el Centro Comunitario de la Costa del Río Azul, al lado de la escuela 103, desde las 11, con entrada libre y gratuita.
Habrá almuerzo a la canasta y también servicio de bufet, alreededor de las 13.
El grupo Al Encuentro animará el baile, en tanto que se podrá recorrer una muestra de los talleres y participar de una charla para evaluar el año.
Para la feria de trueque y venta todos los pobladores están invitados a acercar sus productos y las cosas que ya no usen para cambiarlas por otras.
El momento de la música incluirá géneros para bailar como la chacarera, la cueca y la zamba, entre otros ritmos folclóricos. Los organizadores han invitado a los músicos que quieran sumarse a traer sus instrumentos.
sábado, 4 de diciembre de 2010
BOLETÍN DE LA CORREPI
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010 (Correpi).- Sumario:
1. Policía condenado por fusilar a Romina.
2. Causa Mariano Ferreyra: el procesamiento y las "fotos" que faltan.
3. El caso del blindado: no paran de saltar los botones.
4. Huelgas de hambre en cárceles: ser enemigos, pero del sistema.
5. Repudio ante la feroz represión en Formosa.
6. Gatillo: distintos gobiernos, la misma represión.
POLICÍA CONDENADO POR FUSILAR A ROMINA
Hace 4 años y medio, Romina Lemos (15) fue a bailar a un boliche de Pacheco con sus amigos del barrio. A la salida del baile, un chico que conoció esa noche le ofreció alcanzarla a ella y a otro vecino hasta su casa, en San Fernando. Ninguno de los dos sabía que el auto había sido robado la noche anterior en San Isidro.
Un patrullero reconoció la patente, dio el alerta radial y comenzó la persecución a lo largo de 35 cuadras por la ruta 197. A los tiros, claro. La cosa terminó con el auto sin control, con dos ruedas en llanta, dirigiéndose de lleno a una camioneta policial cruzada a la bajada del puente de Pacheco, a la que embistió ligeramente, para luego chocar el cantero de cemento que separa las manos de la ruta. El conductor se tiró del auto antes que se detuviera, rodó y salió corriendo. Los dos patrulleros que venían detrás se dirigieron a buscar al prófugo.
En el lugar quedó el auto chocado, con la horrorizada Romina hecha un bollito, en posición fetal, en el asiento delantero, y su vecino, de 17 años, igualmente acurrucado en el asiento de atrás. El cabo Cristian Luján González bajó de la camioneta, amartilló una ametralladora UZI, y disparó tres veces, tiro a tiro, contra el lateral derecho del auto. Uno de los proyectiles atravesó el panel trasero derecho del auto, pasó como manteca por el respaldo de la butaca del acompañante, e impactó en la espalda de Romina, unos 6 cm . debajo de la escápula. Como estaba inclinada, con la cabeza entre las rodillas, la bala recorrió el tórax de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Fracturó una costilla, arrasó con el pulmón derecho, pasó por debajo de la clavícula y destrozó la yugular. Ahí quedó el plomo 9 mm , en el cuello de Romina.
El pibe de 17 años fue detenido, pero después de escuchar su declaración fue sobreseído. El policía fue acusado por homicidio simple, pero nunca se ordenó su detención. El juicio oral se suspendió dos veces sin otro motivo que “problemas de agenda” del tribunal.
Finalmente, el lunes 29, el tribunal oral nº 2 de San Isidro tuvo tiempo para ocuparse de Romina, la piba de 15 años que salió a bailar, y la mató un policía. La prueba era tan contundente como la presencia de los militantes de CORREPI, casi todos familiares de víctimas de la represión policial. Entre las banderas con la foto de Romina, estaba también la imagen de Marcelo “Peca” Rivero, el pibe de 17 años asesinado por la policía de Rafael Castillo en marzo de 1989, causa impune hasta hoy. Su mamá, Estela, militante histórica de CORREPI, era la tía abuela de Romina.
Iniciado el debate, el fiscal cambió de idea, y acompañó a la querella en la acusación por homicidio calificado. Llegados los alegatos, después del consabido desfile de policías desmemoriados y de testigos “del procedimiento” que juraron que no vieron nada y hasta uno que dijo que jamás fue a la comisaría a firmar el acta donde aparece su nombre, el fiscal también nos acompañó en pedir prisión perpetua. Exigimos, además, que terminara el privilegio de la libertad para el asesino, y se dictara el mismo martes 30, veredicto condenatorio y se detuviera al policía.
A fuerza de consecuencia y movilización, ése fue el resultado. Desde hoy a las cuatro de la tarde, el policía Cristian Luján González está preso, condenado por haber asesinado a Romina Lemos. El martes 7 de diciembre, a las 12:00, conoceremos la sentencia, y sabremos si lo condenaron a prisión perpetua por homicidio calificado, como pedimos los acusadores, o si se dan maña para inventar alguna cosa más livianita.
CAUSA MARIANO FERREYRA: EL PROCESAMIENTO Y LAS "FOTOS" QUE FALTAN
Se decretaron los procesamientos con prisión preventiva de los siete detenidos por el crimen político de Mariano Ferreyra, todos ellos, como co-autores de los delitos de homicidio calificado (respecto de Mariano) y tres tentativas del mismo delito (en relación a los otros tres compañeros heridos, entre ellos Elsa Rodríguez, todavía luchando por su vida).
El fallo reconoce que cada uno de los involucrados cumplió una función específica, sin las cual no se hubiera podido cumplir el plan completo, acordado por todos con anterioridad. Ese plan criminal incluía, como ocurrió, la aceptación de todos de los resultados, como lo fueron el asesinato de Mariano y las graves heridas a los demás compañeros. En la decisión judicial hay una descripción detallada, como una "foto" de cada uno y de su respectivo accionar.
CORREPI, patrocinante de parte de los querellantes en la causa, sostuvo siempre esa autoría plural: ni cómplices ni partícipes, todos homicidas, todos asesinos que se inscriben en la larga y ominosa lista de los verdugos del pueblo. Pero también venimos sosteniendo que esa calificación debe abarcar a los que, desde los escritorios de burócratas sindicales, desde los celulares de empresarios socios del gobierno y desde los despachos oficiales de ese mismo gobierno, alentaron, facilitaron y organizaron el crimen.
En la misma causa, en el mismo fallo, está ya probado que los empresarios reunidos en la UGOFE tramitaron los celulares con los que se intercomunicaban los que apretaron el gatillo. No ha sido citado (ni siquiera individualizado) ninguno de esos empresarios.
Lo mismo sucede con la policía federal, que prestó más que una "inestimable" colaboración, actuando como resorte logístico de los otros asesinos. Sólo se ha dispuesto la formación de una causa paralela, por fuera de la causa de homicidio, solamente para analizar si la policía cumplió o no sus funciones de prevención.
Es ineludible la responsabilidad de Pedraza y de cuanto burócrata ferroviario lo rodea. Al secretario general de la Unión Ferroviaria se le pidió la indagatoria, a regañadientes, cuando una de sus principales intervenciones fue la de avisar al más alto funcionario gubernamental en materia de Transporte que los compañeros iban a realizar una medida en reclamo de sus derechos.
Está probado, incluso con los parámetros judiciales, que el accionar del empresariado, los burócratas y funcionarios del gobierno formó parte insoslayable del todo criminal. El prontuario de la triple alianza antiobrera, por ahora, no registra todas sus fotos en la causa.
EL CASO DEL BLINDADO: NO PARAN DE SALTAR LOS BOTONES
Esta semana, la sección de policiales nos taladró con el caso de un camión blindado que transportaba unos 20 millones de pesos. En un intento de asalto, una banda muy bien organizada mató a dos de los policías que lo custodiaban, e hirió a otros dos. "Una masacre cometida por animales, inhumanos", dijeron a coro los medios y los jefes de gobierno bonaerense. Adjetivos calificativos no usaron cuando fue el asesinato de Mauricio Vega por la espalda, o tras la muerte a palos, con bastones de caballería, de Diego Gallardo, ni tampoco con los más de 3.000 otros pibes asesinados por el Estado. "Héroes", decía Scioli, como si morir en un asalto fuese heroico.
A los pocos días del hecho, se hicieron treinta y pico de allanamientos. ¿Hace falta decir que el primer allanamiento por la muerte de Mariano Ferreyra en el Departamento Central de policía se hizo recién 40 días más tarde, y que, según Aníbal Fernández no fue un allanamiento sino una "presentación"?. Pero volviendo a la causa por el robo, después de los allanamientos exhibieron un organigrama que identificaba como parte de la banda a un custodio vicepresidencial y como jefa de la organización a Adriana Romero, cabo de la policía federal, de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. Casi instantáneamente, esos nombres se borraron de los medios.
Cuando le preguntaron a Scioli, dijo: "se trata de otra causa similar del 2009, estos allanamientos estaban pensados desde antes del último robo". De todas formas, y con una clara cuota de suerte, encontraron los coches usados en el asalto al blindado, y cosas que fueron robadas a los policías. Para pesar del gobernador, y como nunca nos vamos a cansar de decir, de nuevo "saltó el botón". También en ese caso, la banda estaba dirigida por un ex policía, de apellido Jerez, instructor de tiro e involucrado en el asalto al Banco Credicoop de Saavedra, en noviembre de 1997. El asalto en el que uno de los ladrones, también policía, fusiló al cabo Ayala, porque lo había reconocido. Por más que intenten, no lo pueden disimular: todos polichorros.
HUELGAS DE HAMBRE EN CÁRCELES: SER ENEMIGOS, PERO DEL SISTEMA
El encierro institucional -en su inmensa mayoría de personas revictimizadas por el sistema de desigualdad social- constituye una herramienta del disciplinamiento y el control social, ejercido por el estado en su carácter de gendarme de los intereses de la clase dominante, con el ingenioso método de conceptuarlos como los "enemigos de la sociedad a los que deben resocializar y reinsertar".
Ese encierro, debe además contribuir a la degradación humana del preso, afectando su subjetividad hasta minar las posibilidades efectivas de adquirir conciencia sobre las verdaderas razones de su situación. Es que cualquier alternativa que apunte hacia el conocimiento y potencie la actividad intelectual que todo ser humano lleva consigo, es un presupuesto peligroso para el sistema que basa su dominación en la explotación y la alienación, alternativas conjuntas y motivos reales de aquella "resocialización".
Un preso que transita este camino es un potencial cuestionador del sistema y, si encima se organiza para hacerlo colectiva y autogestivamente, asume ya la condición que más preocupa a los administradores estatales de turno: ser enemigo, pero del sistema.
Rodolfo Rodríguez, Fabio Galante, Juan C. Pérez, Jorge Ramírez Figueroa, Martín Romero, Gastón Brossio, Diego Petrissans, (presos mal llamados "sociales") son internos estudiantes del CENTRO UNIVERSITARIO DEVOTO, que hace más de un mes llevan adelante una huelga de hambre por los constantes impedimentos que el sistema penitenciario (avalado por el “gobierno de los derechos humanos”) les impone.
A su turno, en el penal de Marcos Paz, el compañero Roberto Martino, preso político, ingresó en una nueva semana de huelga de hambre, mientras la justicia debe resolver en estos días sobre su libertad.
En uno y otro caso, se han despertado solidaridades y reclamos conjuntos de sectores del pueblo, que sólo han de cesar cuando se destruyan los privilegios de clase, cuando se instaure una nueva sociedad, pero que, mientras tanto, seguirán bregando por el cese de toda represión, por la defensa de las luchas independientes y por la libertad de sus presos políticos.
REPUDIO ANTE LA FEROZ REPRESIÓN EN FORMOSA
El martes 23, por la noche, la policía de Formosa desalojó de manera violenta a los integrantes de la comunidad toba La Primavera , que mantenían cortada la ruta nacional 86 como medida de protesta por la falta de entrega de títulos de propiedad de 600 hectáreas que una familia feudal, de apellido Celía, reclama como suyas con el apoyo del gobierno provincial del gobernador Gildo Insfran, quien en su momento fue menemista, luego duhaldista y hoy es kirchnerista. Insfran gobierna Formosa desde 1995, y, antes, fue dos veces vicegobernador.
Los Celía forman parte de esa minoría poderosa que domina Formosa, tan linda y tan rica, pero que, sometida a este asesino sistema capitalista, que no le suelta el cuello y aprieta cada vez más, es una de las provincias más pobres del país, con los peores índices de pobreza, indigencia y muerte infantil, y más del 60% de su población bajo la línea de pobreza. Según informes privados, alrededor del 80% de los trabajadores del estado reciben salarios inferiores al mínimo vital. En este contexto, el clientelismo político se hace fuerte.
Desde hace tiempo, los integrantes de la comunidad advertían policías de civil, que, en complicidad con los Celía los amenazaban. Las acciones intimidatorias venían en alza y se percibía que se venia la represión. El martes finalmente sucedió. Y el resultado fueron por lo menos dos muertos, 30 heridos, dos niños desaparecidos y 30 casas quemadas.
No hubo un solo policía ni nadie de la familia Celía detenido. A esta maniobra, se suma la desinformación de los medios, tildando de violentos y salvajes a los habitantes de la comunidad, mostrando a la policía como víctima, y presentando el reclamo de los pueblos indígenas como si fueran depredaciones de hordas salvajes
Pero no es para extrañarse, esta ha sido una política del estado argentino desde sus primeros pasos como nación hasta los días de hoy. En 1877 asumía la presidencia Nicolás Avellaneda, con una pesada carga de deuda externa, que prometió a la banca, empresas y particulares ingleses: “Nuestro país pagará sus compromisos exteriores hasta la última gota de sangre del último argentino”. Inmediatamente, Avellaneda nombró ministro de Guerra a un tal Julio Argentino Roca, y litros de ese plasma salvador se recaudaron de venas indias.
En 1947, durante el segundo año de gobierno de Perón, se orquestó una masacre en el monte formoseño. La comunidad Pigalá resistió a un violentísimo desalojo masivo, donde no faltaron balas, incendios intencionales, mujeres violadas, persecuciones y fusilamientos.
Hoy, los tiempos del gobierno de los “derechos humanos” parecen demandar otros métodos, más disfrazados, aunque igual de perversos y premeditados. El estado argentino oculta y silencia la vida marginal y de extrema pobreza de los habitantes originarios de estas tierras, y mantiene un orden represivo y opresor para que las minorías poderosas sometan económicamente a las mayorías indígenas y mestizas.
Es necesario denunciar que el estado argentino lleva a cabo una silenciosa y perversa estrategia de control y exterminio silencioso de aborígenes en el interior del país, como lo hace con los jóvenes pobres en el conurbano.
GATILLO: DISTINTOS GOBIERNOS, LA MISMA REPRESIÓN
A 10 días de la presentación del Archivo de casos de personas asesinadas por el estado, el aparato represivo ya se cobró nuevas víctimas. Además de los luchadores asesinados en Formosa, son tres los casos de gatillo fácil que salieron a la luz.
En San Luis, un pibe de 16 años fue asesinado por la policía de la provincia, que disparó contra su cuerpo por “no acatar la voz de alto”.
En Rosario, Santa Fe, una oficial de la Brigada de orden urbano, baleó a un pibe en el tórax que, según el policía, intentó robarle la moto. Murió en el hospital poco después.
En Tucumán, el oficial de la policía federal, Fabio Antonio Abregú (25), fusiló de un disparo en la cara a Pamela Núñez (24), quien viajaba con él y Cecilia Abregú en un automóvil hacia Famaillá. Las versiones declaradas por los hermanos Abregú son contradictorias, y difieren ambas con la exposición hecha por un testigo. Mientras el oficial declara haber sido “atacado a tiros por delincuentes”, el testigo aseguro que no hubo tal ataque, y los disparos se produjeron desde adentro del auto.
En distintas provincias, con distintos gobiernos (peronistas federales, socialistas o kirchneristas) la herramienta para mantener el control social es la misma: represión.
Próximas actividades: Sentencia por Romina Lemos
Convocamos a acompañarnos en la lectura de la sentencia condenatoria al policía Cristian González el martes 7 de diciembre, a las 12:00, en Ituzaingó 340, San Isidro.
1. Policía condenado por fusilar a Romina.
2. Causa Mariano Ferreyra: el procesamiento y las "fotos" que faltan.
3. El caso del blindado: no paran de saltar los botones.
4. Huelgas de hambre en cárceles: ser enemigos, pero del sistema.
5. Repudio ante la feroz represión en Formosa.
6. Gatillo: distintos gobiernos, la misma represión.
POLICÍA CONDENADO POR FUSILAR A ROMINA
Hace 4 años y medio, Romina Lemos (15) fue a bailar a un boliche de Pacheco con sus amigos del barrio. A la salida del baile, un chico que conoció esa noche le ofreció alcanzarla a ella y a otro vecino hasta su casa, en San Fernando. Ninguno de los dos sabía que el auto había sido robado la noche anterior en San Isidro.
Un patrullero reconoció la patente, dio el alerta radial y comenzó la persecución a lo largo de 35 cuadras por la ruta 197. A los tiros, claro. La cosa terminó con el auto sin control, con dos ruedas en llanta, dirigiéndose de lleno a una camioneta policial cruzada a la bajada del puente de Pacheco, a la que embistió ligeramente, para luego chocar el cantero de cemento que separa las manos de la ruta. El conductor se tiró del auto antes que se detuviera, rodó y salió corriendo. Los dos patrulleros que venían detrás se dirigieron a buscar al prófugo.
En el lugar quedó el auto chocado, con la horrorizada Romina hecha un bollito, en posición fetal, en el asiento delantero, y su vecino, de 17 años, igualmente acurrucado en el asiento de atrás. El cabo Cristian Luján González bajó de la camioneta, amartilló una ametralladora UZI, y disparó tres veces, tiro a tiro, contra el lateral derecho del auto. Uno de los proyectiles atravesó el panel trasero derecho del auto, pasó como manteca por el respaldo de la butaca del acompañante, e impactó en la espalda de Romina, unos 6 cm . debajo de la escápula. Como estaba inclinada, con la cabeza entre las rodillas, la bala recorrió el tórax de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Fracturó una costilla, arrasó con el pulmón derecho, pasó por debajo de la clavícula y destrozó la yugular. Ahí quedó el plomo 9 mm , en el cuello de Romina.
El pibe de 17 años fue detenido, pero después de escuchar su declaración fue sobreseído. El policía fue acusado por homicidio simple, pero nunca se ordenó su detención. El juicio oral se suspendió dos veces sin otro motivo que “problemas de agenda” del tribunal.
Finalmente, el lunes 29, el tribunal oral nº 2 de San Isidro tuvo tiempo para ocuparse de Romina, la piba de 15 años que salió a bailar, y la mató un policía. La prueba era tan contundente como la presencia de los militantes de CORREPI, casi todos familiares de víctimas de la represión policial. Entre las banderas con la foto de Romina, estaba también la imagen de Marcelo “Peca” Rivero, el pibe de 17 años asesinado por la policía de Rafael Castillo en marzo de 1989, causa impune hasta hoy. Su mamá, Estela, militante histórica de CORREPI, era la tía abuela de Romina.
Iniciado el debate, el fiscal cambió de idea, y acompañó a la querella en la acusación por homicidio calificado. Llegados los alegatos, después del consabido desfile de policías desmemoriados y de testigos “del procedimiento” que juraron que no vieron nada y hasta uno que dijo que jamás fue a la comisaría a firmar el acta donde aparece su nombre, el fiscal también nos acompañó en pedir prisión perpetua. Exigimos, además, que terminara el privilegio de la libertad para el asesino, y se dictara el mismo martes 30, veredicto condenatorio y se detuviera al policía.
A fuerza de consecuencia y movilización, ése fue el resultado. Desde hoy a las cuatro de la tarde, el policía Cristian Luján González está preso, condenado por haber asesinado a Romina Lemos. El martes 7 de diciembre, a las 12:00, conoceremos la sentencia, y sabremos si lo condenaron a prisión perpetua por homicidio calificado, como pedimos los acusadores, o si se dan maña para inventar alguna cosa más livianita.
CAUSA MARIANO FERREYRA: EL PROCESAMIENTO Y LAS "FOTOS" QUE FALTAN
Se decretaron los procesamientos con prisión preventiva de los siete detenidos por el crimen político de Mariano Ferreyra, todos ellos, como co-autores de los delitos de homicidio calificado (respecto de Mariano) y tres tentativas del mismo delito (en relación a los otros tres compañeros heridos, entre ellos Elsa Rodríguez, todavía luchando por su vida).
El fallo reconoce que cada uno de los involucrados cumplió una función específica, sin las cual no se hubiera podido cumplir el plan completo, acordado por todos con anterioridad. Ese plan criminal incluía, como ocurrió, la aceptación de todos de los resultados, como lo fueron el asesinato de Mariano y las graves heridas a los demás compañeros. En la decisión judicial hay una descripción detallada, como una "foto" de cada uno y de su respectivo accionar.
CORREPI, patrocinante de parte de los querellantes en la causa, sostuvo siempre esa autoría plural: ni cómplices ni partícipes, todos homicidas, todos asesinos que se inscriben en la larga y ominosa lista de los verdugos del pueblo. Pero también venimos sosteniendo que esa calificación debe abarcar a los que, desde los escritorios de burócratas sindicales, desde los celulares de empresarios socios del gobierno y desde los despachos oficiales de ese mismo gobierno, alentaron, facilitaron y organizaron el crimen.
En la misma causa, en el mismo fallo, está ya probado que los empresarios reunidos en la UGOFE tramitaron los celulares con los que se intercomunicaban los que apretaron el gatillo. No ha sido citado (ni siquiera individualizado) ninguno de esos empresarios.
Lo mismo sucede con la policía federal, que prestó más que una "inestimable" colaboración, actuando como resorte logístico de los otros asesinos. Sólo se ha dispuesto la formación de una causa paralela, por fuera de la causa de homicidio, solamente para analizar si la policía cumplió o no sus funciones de prevención.
Es ineludible la responsabilidad de Pedraza y de cuanto burócrata ferroviario lo rodea. Al secretario general de la Unión Ferroviaria se le pidió la indagatoria, a regañadientes, cuando una de sus principales intervenciones fue la de avisar al más alto funcionario gubernamental en materia de Transporte que los compañeros iban a realizar una medida en reclamo de sus derechos.
Está probado, incluso con los parámetros judiciales, que el accionar del empresariado, los burócratas y funcionarios del gobierno formó parte insoslayable del todo criminal. El prontuario de la triple alianza antiobrera, por ahora, no registra todas sus fotos en la causa.
EL CASO DEL BLINDADO: NO PARAN DE SALTAR LOS BOTONES
Esta semana, la sección de policiales nos taladró con el caso de un camión blindado que transportaba unos 20 millones de pesos. En un intento de asalto, una banda muy bien organizada mató a dos de los policías que lo custodiaban, e hirió a otros dos. "Una masacre cometida por animales, inhumanos", dijeron a coro los medios y los jefes de gobierno bonaerense. Adjetivos calificativos no usaron cuando fue el asesinato de Mauricio Vega por la espalda, o tras la muerte a palos, con bastones de caballería, de Diego Gallardo, ni tampoco con los más de 3.000 otros pibes asesinados por el Estado. "Héroes", decía Scioli, como si morir en un asalto fuese heroico.
A los pocos días del hecho, se hicieron treinta y pico de allanamientos. ¿Hace falta decir que el primer allanamiento por la muerte de Mariano Ferreyra en el Departamento Central de policía se hizo recién 40 días más tarde, y que, según Aníbal Fernández no fue un allanamiento sino una "presentación"?. Pero volviendo a la causa por el robo, después de los allanamientos exhibieron un organigrama que identificaba como parte de la banda a un custodio vicepresidencial y como jefa de la organización a Adriana Romero, cabo de la policía federal, de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. Casi instantáneamente, esos nombres se borraron de los medios.
Cuando le preguntaron a Scioli, dijo: "se trata de otra causa similar del 2009, estos allanamientos estaban pensados desde antes del último robo". De todas formas, y con una clara cuota de suerte, encontraron los coches usados en el asalto al blindado, y cosas que fueron robadas a los policías. Para pesar del gobernador, y como nunca nos vamos a cansar de decir, de nuevo "saltó el botón". También en ese caso, la banda estaba dirigida por un ex policía, de apellido Jerez, instructor de tiro e involucrado en el asalto al Banco Credicoop de Saavedra, en noviembre de 1997. El asalto en el que uno de los ladrones, también policía, fusiló al cabo Ayala, porque lo había reconocido. Por más que intenten, no lo pueden disimular: todos polichorros.
HUELGAS DE HAMBRE EN CÁRCELES: SER ENEMIGOS, PERO DEL SISTEMA
El encierro institucional -en su inmensa mayoría de personas revictimizadas por el sistema de desigualdad social- constituye una herramienta del disciplinamiento y el control social, ejercido por el estado en su carácter de gendarme de los intereses de la clase dominante, con el ingenioso método de conceptuarlos como los "enemigos de la sociedad a los que deben resocializar y reinsertar".
Ese encierro, debe además contribuir a la degradación humana del preso, afectando su subjetividad hasta minar las posibilidades efectivas de adquirir conciencia sobre las verdaderas razones de su situación. Es que cualquier alternativa que apunte hacia el conocimiento y potencie la actividad intelectual que todo ser humano lleva consigo, es un presupuesto peligroso para el sistema que basa su dominación en la explotación y la alienación, alternativas conjuntas y motivos reales de aquella "resocialización".
Un preso que transita este camino es un potencial cuestionador del sistema y, si encima se organiza para hacerlo colectiva y autogestivamente, asume ya la condición que más preocupa a los administradores estatales de turno: ser enemigo, pero del sistema.
Rodolfo Rodríguez, Fabio Galante, Juan C. Pérez, Jorge Ramírez Figueroa, Martín Romero, Gastón Brossio, Diego Petrissans, (presos mal llamados "sociales") son internos estudiantes del CENTRO UNIVERSITARIO DEVOTO, que hace más de un mes llevan adelante una huelga de hambre por los constantes impedimentos que el sistema penitenciario (avalado por el “gobierno de los derechos humanos”) les impone.
A su turno, en el penal de Marcos Paz, el compañero Roberto Martino, preso político, ingresó en una nueva semana de huelga de hambre, mientras la justicia debe resolver en estos días sobre su libertad.
En uno y otro caso, se han despertado solidaridades y reclamos conjuntos de sectores del pueblo, que sólo han de cesar cuando se destruyan los privilegios de clase, cuando se instaure una nueva sociedad, pero que, mientras tanto, seguirán bregando por el cese de toda represión, por la defensa de las luchas independientes y por la libertad de sus presos políticos.
REPUDIO ANTE LA FEROZ REPRESIÓN EN FORMOSA
El martes 23, por la noche, la policía de Formosa desalojó de manera violenta a los integrantes de la comunidad toba La Primavera , que mantenían cortada la ruta nacional 86 como medida de protesta por la falta de entrega de títulos de propiedad de 600 hectáreas que una familia feudal, de apellido Celía, reclama como suyas con el apoyo del gobierno provincial del gobernador Gildo Insfran, quien en su momento fue menemista, luego duhaldista y hoy es kirchnerista. Insfran gobierna Formosa desde 1995, y, antes, fue dos veces vicegobernador.
Los Celía forman parte de esa minoría poderosa que domina Formosa, tan linda y tan rica, pero que, sometida a este asesino sistema capitalista, que no le suelta el cuello y aprieta cada vez más, es una de las provincias más pobres del país, con los peores índices de pobreza, indigencia y muerte infantil, y más del 60% de su población bajo la línea de pobreza. Según informes privados, alrededor del 80% de los trabajadores del estado reciben salarios inferiores al mínimo vital. En este contexto, el clientelismo político se hace fuerte.
Desde hace tiempo, los integrantes de la comunidad advertían policías de civil, que, en complicidad con los Celía los amenazaban. Las acciones intimidatorias venían en alza y se percibía que se venia la represión. El martes finalmente sucedió. Y el resultado fueron por lo menos dos muertos, 30 heridos, dos niños desaparecidos y 30 casas quemadas.
No hubo un solo policía ni nadie de la familia Celía detenido. A esta maniobra, se suma la desinformación de los medios, tildando de violentos y salvajes a los habitantes de la comunidad, mostrando a la policía como víctima, y presentando el reclamo de los pueblos indígenas como si fueran depredaciones de hordas salvajes
Pero no es para extrañarse, esta ha sido una política del estado argentino desde sus primeros pasos como nación hasta los días de hoy. En 1877 asumía la presidencia Nicolás Avellaneda, con una pesada carga de deuda externa, que prometió a la banca, empresas y particulares ingleses: “Nuestro país pagará sus compromisos exteriores hasta la última gota de sangre del último argentino”. Inmediatamente, Avellaneda nombró ministro de Guerra a un tal Julio Argentino Roca, y litros de ese plasma salvador se recaudaron de venas indias.
En 1947, durante el segundo año de gobierno de Perón, se orquestó una masacre en el monte formoseño. La comunidad Pigalá resistió a un violentísimo desalojo masivo, donde no faltaron balas, incendios intencionales, mujeres violadas, persecuciones y fusilamientos.
Hoy, los tiempos del gobierno de los “derechos humanos” parecen demandar otros métodos, más disfrazados, aunque igual de perversos y premeditados. El estado argentino oculta y silencia la vida marginal y de extrema pobreza de los habitantes originarios de estas tierras, y mantiene un orden represivo y opresor para que las minorías poderosas sometan económicamente a las mayorías indígenas y mestizas.
Es necesario denunciar que el estado argentino lleva a cabo una silenciosa y perversa estrategia de control y exterminio silencioso de aborígenes en el interior del país, como lo hace con los jóvenes pobres en el conurbano.
GATILLO: DISTINTOS GOBIERNOS, LA MISMA REPRESIÓN
A 10 días de la presentación del Archivo de casos de personas asesinadas por el estado, el aparato represivo ya se cobró nuevas víctimas. Además de los luchadores asesinados en Formosa, son tres los casos de gatillo fácil que salieron a la luz.
En San Luis, un pibe de 16 años fue asesinado por la policía de la provincia, que disparó contra su cuerpo por “no acatar la voz de alto”.
En Rosario, Santa Fe, una oficial de la Brigada de orden urbano, baleó a un pibe en el tórax que, según el policía, intentó robarle la moto. Murió en el hospital poco después.
En Tucumán, el oficial de la policía federal, Fabio Antonio Abregú (25), fusiló de un disparo en la cara a Pamela Núñez (24), quien viajaba con él y Cecilia Abregú en un automóvil hacia Famaillá. Las versiones declaradas por los hermanos Abregú son contradictorias, y difieren ambas con la exposición hecha por un testigo. Mientras el oficial declara haber sido “atacado a tiros por delincuentes”, el testigo aseguro que no hubo tal ataque, y los disparos se produjeron desde adentro del auto.
En distintas provincias, con distintos gobiernos (peronistas federales, socialistas o kirchneristas) la herramienta para mantener el control social es la misma: represión.
Próximas actividades: Sentencia por Romina Lemos
Convocamos a acompañarnos en la lectura de la sentencia condenatoria al policía Cristian González el martes 7 de diciembre, a las 12:00, en Ituzaingó 340, San Isidro.
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