FORO DE “MINERIA Y SOCIEDAD” EN SAN JUAN: DERROTA DE LA MEGAMINERIA

San Juan, 17 de octubre de 2010 (Unión de Asambleas Ciudadanas).- Trasnacionales y gobierno eludieron el debate en tanto docentes y autoridades de la facultad de ingeniería minera “prohibieron” que sus alumnos participen del encuentro. La ley de glaciares aprobada por el Congreso Nacional días antes, la instalación en el país del tema minero y su relación con la universidad, el avance de la ciudadanía sanjuanina exigiendo información y debate hicieron visible la herida abierta en gobernantes y secuaces de las corporaciones mineras.
Los organizadores del foro Minería y Sociedad y las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan padecieron el acoso del lobby minero desde el momento en que esa casa de estudios decidió usar los fondos que Mina Alumbrera reparte a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para llevar a cabo el debate sobre una política extractiva que viene siendo cuestionada en gran parte del mundo y que en Latinoamérica ofrece feroz resistencia por los índices de contaminación y la metodología usada sobre territorios que devasta. Al mismo tiempo, algunos asambleístas y auto convocados decidieron participar del foro -que inicialmente aparecía tendencioso para ambas partes en puja, pero rechazando la asistencia económico de dineros provistos por la misma minería que se cuestiona. En ese marco hubo dos días de deliberaciones y exposiciones con paneles, conferencias y mesas de trabajo. El sector minero centró su exposición en “Mitos y verdades sobre la actividad minera, residuos y diques de colas “controlados”, apelando a irracionales sentencias sobre la “inocuidad” del cianuro y a criterios indulgentes para evaluar la sustentabilidad minera”.
En el otro campo, el comienzo de las disertaciones era auspicioso: hubo dos que merecieron la atención y el reconocimiento del auditorio, la del mejicano Gian Carlo Delgado Ramos sobre una “América Latina, reserva estratégica minera de cara al consumo mundial y sus implicaciones socio ambientales” y la visión económica neoliberal, “recursos para el desarrollo”, de Nicolás Gutman. Siguieron luego exposiciones de conferencistas de distintas latitudes que aportaron las realidades del lugar. Fue el caso de Rodrigo Ruiz Rubio sobre la cuestión minera en el Perú, la Dra. Ana Isla que se refirió a la globalización de la minería canadiense, en tanto el “Tratado binacional argentino chileno” fue expuesto por el economista trasandino Julián Alcayaga.
El renombrado hidrogeólogo y geoquímico norteamericano Robert Moran, fue contundente en su ponencia sobre los impactos frecuentes de la minería metalífera relacionados con el agua. En un paneo fotográfico expuso muchísimos casos alrededor del mundo, de impacto ambiental irreversible y produjo definiciones concluyentes con preguntas posteriores acerca de qué ejemplos se pueden contabilizar donde la mega minería metalífera no haya producido trastornos ambientales. Gran parte del auditorio minero se había retirado del salón, imposibilitado para afrontar un debate con final anunciado.
Hubo ponencias que reflejaron el raquitismo intelectual, falacias expuestas en la mesa dedicada a “reflexiones sobre el papel que desempeña el periodismo” en la provincia de San Juan, en el marco del poder transnacional minero, conceptos que resultaron irrespetuosos e indignantes para una población que vive una de las censuras más agobiantes, sin libertad de expresión y sin poder ejercer los derechos constitucionales de plebiscitos o consultas populares, al mismo tiempo perseguida y judicializada.
En opinión del auditorio presente, el panel de “Minería y derechos ambientales” tuvo la trascendencia buscada y fue el que produjo un efecto inesperado. El principal medio de difusión, Diario de Cuyo, le dedicó dos páginas centrales y parte de la tapa, destacando la alocución, en título a tres columnas de “Rodríguez Pardo: La cordillera es de las transnacionales”, en el marco de su disertación, “Contaminación, diáspora y saqueo”.
El mismo matutino recogió la denuncia de Enrique Viale, de la Asociación de abogados ambientalistas, acerca de “las acciones mineras en poder del Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, de una firma que tiene como dirección legal la misma que la Barrick Gold.” Además de Rodrigo Rubio Ruiz, universitario peruano, el otro disertante de esa mesa minera fue Lino Pizzolón, de la Universidad Nacional de La Patagonia; el limnólogo chubutense, hizo énfasis en la contaminación de los diques de colas de la mega minería y a “la enorme ideología montada por las transnacionales del sector para justificar el saqueo”.
Para el Diario de Cuyo, “Un dato curioso y que no pasó inadvertido, es que al tratarse de un debate financiado con fondos que provienen de la gran minería metalífera –conclusión final del medio periodístico- es que tanto Rodríguez Pardo como Viale aclararon de antemano que los gastos del viaje y la estadía salió de sus bolsillos”.
En definitiva, el foro universitario Minería y Sociedad, convulsionó a la provincia de San Juan. Fue transmitido en forma directa por dos radios de amplio alcance: Radio Universidad de San Juan, y la emisora del Sindicato de Trabajadores Municipales, de manera ininterrumpida. También hubo numerosas notas y reportajes de una docena de radios, no así los canales de la televisión local, a los que el gobierno le prohibió informar. Una cadena de medios alternativos se sumó a la difusión, acompañada por documentalistas que filmaron y registraron un encuentro que resultó histórico en la región cuyana. La universidad publicará todos los trabajos y ponencias.
Para los organizadores fue significativo el derecho a réplica solicitado por Marcelo Rubén Bellini, ingeniero y vicedecano de la facultad de minería, para contestar a Javier Rodríguez Pardo que había aludido a su tesis de maestría “Degradación Microbiana de Cianuros”, temas de Metalurgia Extractiva, editada por esa misma casa de estudios en 2001. Dijo que “el ambientalista había sacado de contexto su posición en torno a la imposibilidad de destruir el cianuro en las colas de la minería”. Lo curioso es que el académico terminó repitiendo (admitiendo) lo mismo que negaba y que textualmente figura en su libro donde reconoce que “los cianuros son venenos” y que “las colas y efluentes derivados de las diferentes actividades mineras e industriales contienen cianuros, sulfocianuros y complejos metal cianuro, que son, particularmente estos dos últimos, de difícil eliminación por métodos fisicoquímicos comunes”, razón por la cual el autor apuesta al desarrollo de la actividad microbiana para destruir cianuros. Cabe agregar que la facultad de ingeniería se opuso desde el primer momento a participar del debate que propuso el foro, amenazando con reprimir a sus alumnos en caso de no acatar la resolución del decanato.
El acoso en la provincia de San Juan es constante y si bien el pueblo se acostumbró a vivir con el, no dejó de asombrar la denunciada efectuada, durante las deliberaciones en el rectorado de la universidad y ante los medios de difusión presentes, de la propietaria de la librería Piedra Libre, de la capital sanjuanina: la denunciante dijo que fue obligada por gente del gobierno local a retirar de la venta “el libro de Rodríguez Pardo, “Viene por el oro, vienen por todo”, y que tendrían la manera de clausurarle el negocio.”
Las jornadas cerraron el día 15 con la conferencia de Pedro Arrojo Agudo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Su investigación se centra en la “economía del agua”. Desde el 2009 dirige la exposición “Agua, Ríos y Pueblos”. Es miembro del Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro y del Comité MAB de Unesco. El disertante emocionó a los concurrentes por casi tres horas, con un relato que abarcó los conflictos del agua por todo el mundo y finalizó con la minería, el agua y los glaciares. Demás está decir cuál es su posición al respecto y la contundencia de su exposición. Pero su paso por este claustro universitario ha dejado una huella indeleble, lágrimas de optimismo porque el cambio de paradigma es posible. “Vivimos en el Planeta Azul, el Planeta Agua, sin embargo mil cien millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable y unas diez mil mueren por ello cada día, en su mayoría niños. Es la crisis de insostenibilidad que hemos provocado por contaminación y destrucción de nuestros ríos y acuíferos” y –continuó Pedro Arrojo Agudo- “el control del agua suele ser usado como herramienta de poder. El agua, vinculada a valores emocionales y territoriales, es fácilmente manipulable, tanto en la confrontación política como incluso a la hora de justificar guerras”, estrategias militares que “usan pueblos como rehenes –afirmó Arrojo Agudo- imponiéndoles condiciones de vida inhumanas con un consumo limitado del agua.”
Creemos que haber participado del foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad de San Juan, fue un acierto. Se denunció a una minería en los mismos claustros universitarios en que opera la facultad que forma ingenieros para la devastación. Se denunciaron los fondos mineros que reparte el Consejo Universitario Nacional y que coopta académicos e instituciones intentando conformar los informes de impacto ambiental que proponen las transnacionales extractivas. El pueblo visibilizó el vacío argumental del lobby minero a la hora de debatir sobre contaminación, daño social y saqueo, y pudo juzgar a partir de estos hechos, probados públicamente, que el academicismo tecnocrático se retiraba de los debates, abandonaba el recinto de sesiones cuando se exponían pensamientos opuestos, y ante la evidencia de las conclusiones ofrecía argumentos falaces. El técnico minero caía en silencios, incapaz de réplica, y eso fue inimaginable días antes, cuando incluso se pensaba que gobernantes y transnacionales utilizarían la fuerza del poder para imponer sus propósitos.
Al día siguiente de las jornadas, la debilidad minera en el encuentro reaparecía en radios y medios de difusión pagados, denostando a conferencistas y a especialistas que cuestionaron una política que no reconoce que los bienes comunes deben ser garantizados como derechos humanos.
Quienes dudábamos de los alcances de este foro debemos admitir que ha provocado una apertura de nuevas opiniones contra la mega minería metalífera a cielo abierto, en una provincia cordillerana dominada por uno de los grupos gestores del latrocinio extractivo.

Contacto:
machpatagonia@gmail.com

DENUNCIAN QUE TRES JÓVENES SON ACUSADOS DE UN ROBO QUE NO COMETIERON

El Bolsón (ANPP).- Tres jóvenes de 21, 20 y 15 años fueron acusados de un robo en el cual no tuvieron parte alguna, según denunciaron vecinos de Villa María, provincia de Córdoba.
El hecho ocurrió el viernes 8 de octubre en una despensa, y como consecuencia del momento de tensión vivido la dueña murió de un paro cardíaco, en tanto que su marido continúa grave, también por un ataque al corazón.
Los denunciantes afirman que los tres jóvenes están siendo imputados de un delito que no cometieron y que otros son los culpables: "Los que robaron tienen conexión con la policía y la venta de droga, tienen 18 uno y el otro 16 años, adictos en estado lamentable".
"Los tres golpeados y torturados para que confiesen y firmen su condena -asevera Mónica Sonzini, vecina de Villa María-. Son inocentes: el de quince años estuvo en casa de los abuelos desde la 20.45 hasta la una de la mañana, por una reunión familiar catorce personas pueden dar testimonio de esto, no se le ha tomado declaración a nadie."
Asimismo, señaló que los familiares están recibiendo amenazas con el fin de que desistan de exigir una investigación.
El chico de quince años "fue torturado durante horas", relata Sonzini, y "le tiraron agua caliente". Además afirmó que un policía de minoridad lo toqueteó durante una "revisación".
Mónica Sonzini, que es profesora en secundarias, agregó que fue directamente amenazada por un fidcal, quien le habría dicho que la detendrían, "por la causa que sea".
"Si algo me ocurriera -advirtió la mujer, que ya fue golpeada por la policía en otras oportunidades-, la Policía y la Justicia de Villa María es la responsable: comisario mayor Ferreyra, comisario Andrea Sosa, comisario Martínez, comisario Omar Gallo, oficial Daniel Pereyra, oficial -mujer- Miranda. Fiscal Del Vö, fiscal Atienza, juez de ejecución Ferreyra, juez de menores Fernández, fiscal Marquez, fiscal Félix Martínez."
Sonzini milita en la organización Vacap, en Antirrepresiva y en la Correpi, organizaciones que trabajan para impedir el abuso policial y represor.

ADELANTO: LIBRO "ARGENTINA ORIGINARIA"

El genocidio negado, el despojo de tierras y la lucha de las comunidades indígenas son los ejes de Argentina Originaria: genocidios, saqueos y resistencias, un libro del periodista Darío Aranda. La obra, que recopila investigaciones, crónicas y entrevistas publicadas en Página/12 y suma textos nuevos, otorga la voz a los pueblos originarios que interpelan a las industrias extractivas y gobiernos que pretenden sus territorios.

Por Darío Aranda

Buenos Aires (Página 12).- Campos de concentración.
Desaparecidos.
Torturas.
Asesinatos masivos.
Robo de niños.
Las cinco acciones fueron sistemáticamente ejecutadas por el imperio otomano, el nazismo y la última dictadura militar de Argentina. Los tres, a pesar de pertenecer a distintos momentos históricos, fueron reconocidos como genocidios. No se duda de esos crímenes de lesa humanidad.
A fines del siglo XIX el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niños. Los pueblos indígenas estuvieron, como nunca antes en su historia, cerca del exterminio. Sin embargo, aún hoy, un gran sector de la sociedad argentina niega que haya sido un genocidio. La Argentina moderna está construida sobre esa negación, la madre de todas las represiones.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se juzgó a los responsables máximos del nazismo (juicios de Nüremberg). En Argentina, en 1985, se realizó el juicio a los ex comandantes que integraron las tres primeras juntas militares de la última dictadura.
En la actualidad, tras resistir y anular las llamadas leyes de impunidad, en distintas ciudades del país están siendo juzgados y condenados los responsables militares y civiles de crímenes consumados durante la dictadura.
No hubo intención política de hacer algo similar hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas. “Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares de fines de siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador Walter Delrío, autor de Memorias de expropiación, sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia (1872-1943).
Delrío es codirector de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. En su producción académica brinda pruebas de cómo, luego de la conquista militar, el Estado construyó un discurso de negación de la realidad indígena del país, donde “el crisol de razas” negó lo originario. Detalla que la invisibilización fue una estrategia de dominación, que permitió el desarrollo de distintas prácticas genocidas, como el traslado masivo de personas, la separación de familias y la supresión de la identidad de menores, la utilización de prisioneros como mano de obra esclava y la reducción en campos de concentración.
Diana Lenton –doctora en antropología, especialista en temas de política indígena y codirectora de la Red de Estudios sobre Genocidio– llama “pecado original” al nacimiento de Argentina sobre un engranaje jurídico que negó los derechos de los pueblos indígenas y, además, ejecutó la muerte y desaparición de la población originaria. La conformación del Estado nacional, a fines del siglo XIX, coincidió con un tipo de discurso autoritario que luchaba por hegemonizar el cuerpo de discursos sobre la población.
Luego de la campaña militar al Sur sobrevino la avanzada sobre el Norte, también llamada Conquista del Desierto Verde. Las poblaciones indígenas eran sometidas, obligadas a ser mano de obra esclava en las plantaciones de caña de azúcar y en los algodonales. También se los obligó a incorporarse al Ejército. Los niños y mujeres fueron repartidos para el trabajo domiciliario.
La isla Martín García, ubicada en la confluencia de los ríos Uruguay y De la Plata, se transformó en un gran campo de concentración. En sólo un año, 1879, fueron apresados (y luego bautizados) 825 indígenas, según consta en un trabajo en desarrollo de los investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Alexis Papazian y Mariano Nagy, que analizaron archivos de la Armada y el Arzobispado.
Los registros dan cuenta de 363 hombres, 132 mujeres y 330 niños.
Los investigadores explican que la población era más numerosa, sobre todo porque muchos prisioneros no figuran en los registros clericales de Martín García, ya sea porque habían sido bautizados con anterioridad o porque murieron antes de recibir la bendición del cura.
Papazian analizó los archivos oficiales que dan testimonio de lo sucedido en Martín García. No tiene dudas de que se trató de un campo de concentración que funcionó antes, durante y después de la Campaña del Desierto (desde 1872 hasta 1886), donde se practicó una rígida coerción sobre los cuerpos indígenas.
No hay cifras oficiales de la magnitud del campo de concentración. Papazian y Nagy son muy cautos en cuanto a números, sobre todo porque los registros son desordenados e imprecisos, dado que muchas veces no se contabilizaba a niños y mujeres. Sin embargo, y en base a pruebas documentales, los investigadores afirman que por la isla Martín García pasaron al menos 3000 personas, privadas de su libertad, sin derecho a defensa alguna y a las que se les negó todo derecho.
La isla no sólo recepcionó a habitantes originarios, sino que también funcionó como punto de reparto hacia todos los puntos cardinales del país.
El destino de los presos era diverso. Podían permanecer como detenidos, ser enviados a canteras, a estancias, o a formar filas del mismo ejército que los había atacado. Los documentos oficiales dan cuenta de que familias acomodadas de Buenos Aires pedían mujeres y niños para trabajar en las tareas hogareñas e incluso en el campo. “Fue claramente un mecanismo de control social enmarcado en un proceso mucho mayor: el del genocidio”, precisa Papazian, que también forma parte de la Red de Estudios sobre Genocidio. Explica que en 1890 ya no quedaban indígenas en Martín García. El destino no daba muchas opciones: Ejército o Marina, trabajo esclavo para empresarios, labores domésticas en casas de familias o la muerte.
La provincia de Mendoza también supo de campos de concentración y trabajo esclavo.
Diego Escolar investiga desde hace diez años lo sucedido con el Pueblo Huarpe y los prisioneros de las campañas militares. Investigador del Conicet en Mendoza y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, confirma que en la provincia se concentraron grandes contingentes de personas que fueron repartidas en estancias, en propiedades de los altos mandos militares y en las familias acomodadas de la región. Casi siempre pasaban a ser trabajadores esclavos, condición que padecieron hasta, al menos, la década de 1890.
En base a diarios de la época, partidas bautismales, memorias orales y entrevistas de principios del siglo XX se establece que, entre 1879 y 1886, fueron repartidos en Mendoza al menos 3000 indígenas. Escolar y su equipo de investigación –Leticia Sald y Carla Rigió– estiman que el número es mayor. Los lugares de detención ya comprobados fueron al menos seis, ubicados en los departamentos de Maipú, Malargüe, Santa Rosa, San Rafael, Rivadavia y en la capital provincial.
Junín de los Andes (Neuquén), Chinchinales y Valcheta (Río Negro), Carmen de Patagones (Buenos Aires) y el barrio de Retiro (Ciudad de Buenos Aires) también contaron con campos de concentración, como los seis de Mendoza y el de la isla Martín García. Allí eran confinadas familias enteras, sin diferencia de sexo y edad. Su mayor crimen era ser indígenas y habitar un territorio preciado.
El investigador del Conicet y director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, Daniel Corach, afirma que, en base a partes del Ejército, la avanzada militar del siglo XIX dejó una cantidad de víctimas estimada en un número inquietante: “30 mil desaparecidos”.
A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención, pasara a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria.
A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no tienen ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con calles, escuelas y monumentos. Uno de ellos llega al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.
En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que obliga al Estado a pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por cada víctima del terrorismo de Estado. Ninguna reparación económica se debatió jamás en ámbitos institucionales para las víctimas del genocidio indígena.
Tampoco, como en todo lo referido a pueblos originarios, existen datos oficiales sobre los asesinados y desaparecidos durante la Campaña del Desierto, pero algunas investigaciones dan idea de su magnitud: Diana Lenton señala que en 1883, a sólo cinco años de iniciada la avanzada militar, 20.000 prisioneros habían sido trasladados a Buenos Aires. Luego serán asesinados, desaparecidos o esclavizados.
El profesor de la Universidad de Buenos Aires Mariano Nagy, en base a Estado y cuestión indígena, de Enrique Mases, precisa que habitaban la Patagonia 25.000 indígenas. En el primer año de la Campaña del Desierto hubo 1300 indígenas muertos “en combate” y 13.000 prisioneros que pasaron a quedar bajo tutela del Estado.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negada por un sector de intelectuales, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio no fueron sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas: los distintos modelos productivos del último siglo y medio –agroexportador, petrolero, forestal, minero– tuvieron y tienen como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.

* Argentina Originaria (lavaca-IGWA) se presenta mañana en Hipólito Yrigoyen 1440, ciudad de Buenos Aires, a las 19, con la presencia del periodista y escritor Osvaldo Bayer.

MOCASE CORTA RUTA 34

El Bolsón (ANPP).- Militantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) se encuentran en la ruta 34, a la altura del kilómetro 720, camino a la localidad satiagueña de Vilmer, reclamando el respeto a sus derechos ancestrales sobre sus terrotirios.
El Mocase denuncia la usurpación de tierras por parte de "empresarios inescrupulosos y sus bandas armadas, en complicidad con la policía y los jueces", que los desalojan, "amenazan de muerte, destruyen las casas, los cultivos y el bosque".
"Nuestras vidas y las de nuestros hijos corren riesgo en los lugares donde vivimos -datallaron los campesinos-, por esta razón nos encontramos aquí cortando la ruta para ser escuchados, y no nos iremos hasta que el gobierno de la provincia dé solución inmediata y definitiva a este reclamo."
Por otro lado señalaron que, a pesar de los diálogos mantenidos con el gobierno de esa provincia, siguen siendo "violentados" en sus derechos.
El Mocase integra más de 15 mil familias que producen el 75 por ciento de los alimentos que diariamente consume la sociedad satiagueña.
En tanto, los empresarios producen alimentos para la exportación, están destruyendo el modo de vida campesino, desertifican las tierras y arrastran a la gente, ya sin alternativas, a hacinarse en las villas miserias de las grandes ciudades.
Los agricultores exigen a las autoridades una ley urgente que regularizace la situación dominial de las tierras que poseen desde hace más de 4 generaciones.

Fuente: Daniel Otal.

HOY TODOS A LA MARCHA POR LAS VICTIMAS DE LA REPRESIÓN POLICIAL

El Bolsón (ANPP).- Hoy familiares, amigos y ciudadanos de Diego Bonnefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas marcharán en Bariloche a las 18 horas en la interseccioón de Onelli y Brown.
La multisectorial que reclama justicia para los jovenes asesinados por la policia rionegrina, acusan:"algunas de las causas judiciales están prácticamente estancadas y los signos de parte del poder político provincial parecen indicar que este pretende hacer olvidar los hechos".
Además denunciaron que el Comisario Carrizo que había sido puesto a disponibilidad fue restituido a su pusto y nuevamente se encuentra trabajando.

COMUNICADO: INAUGURACIÓN DE MURAL Y HOMENAJE A DON CASIMIRO HUENELAF

Invitamos a todas las instituciones, organizaciones sociales, vecinos, comunidades mapuches, a toda la sociedad en general y en especial a todos los familiares, amigos, vecinos, y escuelas que conocieron y compartieron actividades y momentos con Don Casimiro Huenelaf, quien fuera una de las personas más representativas de la cultura Mapuche en nuestra región; a la ignauguración del Mural con su imagen y futura plazoleta en su homenaje. Este acto se realizará el día Lunes 18 de Octubre en la esquina de las calles Onelli y Roca, a partir de las 17:00 hs al cumplirse un año de su fallecimiento, en el marco de la semana de reivindicación de los Derechos de los Pueblos Originarios.

FIRMA EL COMUNICADO: ARTURO CARRANZA

PRIMER FESTIVAL DE ARTE CALLEJERO EN ESQUEL

Lago Puelo, 16 de octubre de 2010 (GTP Puelo).- El pasado fin de semana, los días 9, 10 y 11 de octubre, se llevó a cabo en Esquel el Primer Encuentro de Arte Callejero, promovido porPueblo Sur y la Secretaría de Cultura de Esquel.
Al certamen acudieron jóvenes de toda la Patagonia (Puerto Madryn, Sarmiento, Comodoro Rivadavia, El Bolsón y Lago Puelo) y convocados por el colectivo Pueblo Sur.
La jornada se inició en el Centro Cultural Melipal el sábado 9 a las 10 con la acreditación de los grupos y el sorteo de los muros, que fueron intervenidos de inmediato por los participantes hasta el atardecer. Al día siguiente las actividades empezaron con un taller de stencil y stick boxing dictado por “Vualà”(Tomás Gómez), de la ciudad de Rosario, y acto seguido se intervinieron un par de muros de una escuela secundaria con las técnicas vistas.
El lunes feriado, en la Plaza del Cielo, se hizo la clausura del evento con una pintada comunitaria en un paredón de más de 70 metros que involucró a todos los participantes y a moradores del lugar. A las tres de la tarde se hizo la premiación, otorgando el segundo puesto para el grupo “Mañana Martes” de El Bolsón. En el cierre hubo música electrónica y muestra de saltos en skate.

CHICOS DE MALLÍN AHOGADO PIDEN CAMBIO DE NOMBRE DE CALLE

Lago Puelo, 16 de octubre de 2010 (GTP Puelo).- Chicos de la escuela 103 de Mallín Ahogado presentaron ayer una carta al Concejo Deliberante de El Bolsón, con el objetivo de cambiar el nombre de la calle Roca por el de Casimiro Huenelaf.
Los alumnos, que fueron recibidos por el concejal Miguel Gotta, se suman así a la campaña de recolección de firmas iniciadas el 11 de octubre pasado por comunidades mapuches de la zona. Otras escuelas piensan hacer lo mismo.
En 2007 ya se había presentado un proyecto para cambiar el nombre de la calle, pero no fue tenido en cuenta.
Huenelaf nació en 1926 en Cushamen (Chubut), y murió a los 83 años. Era herrero y acordeonista y vivió en el Barrio Usina de El Bolsón.

JORNADA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

Lago Puelo, 16 de octubre de 2010 (GTP Puelo).- Ayer se realizó desde las 13.30 en la escuela 132 de Cerro Radal (Lago Puelo), el cierre del trabajo realizado durante el año sobre nutrición y alimentación escolar. El mismo responde al Programa Provincial de Nutrición y Alimentación Escolar “Nutriendo Chubut”.
Ha sido un encuentro entusiasta de más de 200 niños, presidido por el director de la escuela 132, Daniel Duré. Las coordinadoras de Rawson, la profesora Marisa Nitor y la supervisora Marta Cabaña, participaron recogiendo datos y difundiendo las pautas originadas en la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para Chubut.
Se destacó la presencia del bromatólogo Héctor Antonio Costa Soria, del Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Salud de la provincia de Chubut, quien tiene a su cargo la difusión de las normas para la prevención del síndrome urémico hemolítico.
Este encuentro alegre, participativo y bullicioso permitió que los padres presentes valorasen la actividad desarrollada por la licenciada en Nutrición Cecilia Lulik. Los chicos cocinaron y degustaron las masitas elaboradas en la cocina, durante la merienda. El aroma era tentador.
Finalizó a las 16 con un espectáculo de títeres, que tuvo como protagonista al “Mono Piolín”, aconsejando a los niños y niñas a seleccionar los alimentos para una alimentación sana.
Además de todas estas actividades se presentaron videos sobre nutrición preparados por los mismos chicos.
Cada niño llevó a su casa el material didáctico impreso, como recordatorio y para compartirlo con su familia.El próximo encuentro será en Comodoro Rivadavia, en 2011, y participarán 2 mil niños.

CONDENARON A PRISION PERPETUA A EX JEFE DE LA UNIDAD 9 DE LA PLATA.

El Bolsón (ANPP).- El miercoles pasado fue declarado culpable de crimenes de lessa humanidad y condenado a prision perpetua a Abel Dupuy, cometidos en la ultuma dictadura. También condenó a los otros 13 imputados, a penas que van desde 10 años de prisión a prisión perpetua.

La Plata, jueves 14 de Octubre de 2010 (Centro de informaciones Judiciales)
El Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata condenó este miércoles a prisión perpetua a Abel Dupuy, ex jefe de la Unidad 9 de esa ciudad, quien fue hallado culpable de torturas y homicidios durante el último gobierno de facto.
A su vez, el tribunal, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Mario Alberto Portela y Roberto Atilio Falcone, condenó a otros 13 imputados.
Además, los jueces revocaron las prisiones domiciliarias de Isabelino Vega, Elbio Cosso, Ramón Fernández y Valentín Romero.
En el veredicto, el tribunal expresó que "todos los delitos por los cuales se dicta esta condena son crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar durante la última dictadura cívico militar en la República Argentina".
En el proceso se investigaron delitos contra los derechos humanos cometidos en la Unidad del Servicio Penitenciario Nº 9 de La Plata en perjuicio de 90 víctimas.
Las condenas:
Elbio Abel David Dupuy: prisión perpetua
Isabelino Vega: prisión perpetua
Víctor Ríos: prisión perpetua
Raúl Aníbal Rebaynera: prisión perpetua
Catalino Morel: 25 años de prisión
Ramón Fernández: 25 años de prisión
Elvio Cosso: 25 años de prisión
Jorge Luis Peratta: 14 años de prisión
Leandro Corsi: 13 años de prisión
Carlos Jurio: 13 años de prisión
Luis Domingo Favole: 13 años de prisión
Segundo Andrés Basualdo: 11 años de prisión
Héctor Acuña: 10 años de prisión
Valentín Romero: 10 años de prisión
FUENTE: http://www.cij.gov.ar/