Neuquén (Sindicato Ceramista de Neuquén).- El día de hoy los organismos de derechos humanos de la región denunciaron "el ilegal accionar que se ha evidenciado en la causa 19/10 del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén en la cual, como parte de los “procedimientos” para identificar a los obreros de Cerámica Stefani que legítimamente luchan por su trabajo y ejercían su derecho de protesta y petición en la ruta 22, se han utilizado “informantes” pertenecientes a Servicios de Inteligencia dependientes de la Dirección de Seguridad de la Provincia del Neuquén. Surge del expediente que estos “agentes” venían realizando tareas de inteligencia junto al ex – gerente de la empresa y, junto a la Policía, fueron los encargados de infiltrar las acciones de los obreros para lograr pruebas ilegitimas y así avanzar en las imputaciones por corte de ruta a los trabajadores".
En este marco, desde el Sindicato Ceramista de Neuquén, presentamos un escrito en la causa solicitando "se declare la nulidad absoluta de los "reconocimientos fotográficos", del listado de personal, de las actas de procedimiento y de las tareas investigativas realizadas", como así también, "se declare la nulidad de todos los actos que se derivan en su consecuencia" y "se investigue la existencia de ilegales estructuras de inteligencia que operan en el territorio de la provincia tal como surge del expediente".
Esto fundando en el hecho que entendemos que "resultan inconstitucionales, violatorios del derecho de defensa y, de conjunto, un accionar altamente inquietante pues se ha involucrado en esta investigación y en la presente causa el personal policial y personas de un supuesto Servicio de Inteligencia del Estado en conjunto con los altos mandos de la patronal para desarrollar tareas de inteligencia ilegales e investigar la legitima lucha de los trabajadores que defienden su fuente de trabajo. Esta práctica, de por si, remite al modo de operar en los años previos al golpe del 76 y durante la última dictadura militar a la que dio origen, siendo agravada por el hecho que, en la provincia de Neuquén, no existe organismo alguno para realizar tareas de inteligencia desde la eliminación de la Dirección de Inteligencia del Estado resuelta por la ley 2681 de la Legislatura provincial”.
En ese sentido señalamos “la gravedad de que haya servicios de inteligencia ilegales actuando bajo el amparo del estado provincial y que este juzgado federal permita, consienta y legitime tal accionar. En efecto, a fs. 260 vta. del presente se lee la declaración del comisario Héctor López de donde surge que una persona de nombre Alvaro Aguirre venía realizando tareas de inteligencia sobre los obreros ceramistas. Dicha persona, un “oficial que trabaja en Información del Estado” y que “depende de la Seguridadd de Cutral Co” venía trabajando en conjunto con quien se desempeñaba como gerente de la patronal de Cerámica Stefani: el Sr. José Pizzela. ¿Qué información recolectaba este agente? ¿Por orden de quién y con que objeto se realizaban (¿realizan?) tareas de inteligencia sobre trabajadores que estaban realizando una legítima y legal retención de tareas en función de los graves incumplimientos patronales? Este y otros interrogantes carecen de una debida respuesta”.
Acompañamos el pedido de audiencia realizado a la jueza por las Madres de Plaza de Mayo, la APDH, Zainuco, HIJOS, el Ceprodh y la Corriente de Militantes por los derechos humanos exigiendo: “el inmediato sobreseimiento de todos los trabajadores de la fábrica que al día de hoy siguen luchando por su puesto de trabajo. Nuestro enérgico apoyo a todos aquellos que como los trabajadores ceramistas de las cuatro fábricas que componen el Sindicato Ceramista de Neuquén defienden su trabajo, y de esta forma, esas fábricas se convierten en conquistas para toda la comunidad. Exigimos inmediata investigación de la existencia, rol y tareas de estos informantes secretos, y el cese inmediato de las causas penales contra los que luchan. Que sean los informantes ilegales los investigados y no los trabajadores.Que la Jueza Federal Carolina Pandolfi explique por qué utiliza y avala este accionar ilegal. Que el Ministro de Seguridad explique por qué siguen actuando en connivencia con la Policía Provincial estos Informante secretos de Organismos de Inteligencia inexistentes y suprimidos por ley. Exigimos se nos informe cuantos Organismos secretos e informantes más hay infiltrados en manifestaciones publicas, de quien dependen y a quién reportan. Rechazamos este accionar ilegal, nos pronunciamos por el inmediato desmantelamiento de todos los Organismos de Inteligencia secretos y no secretos que son usados para criminalizar y atacar a los que reclaman y luchan por sus derechos”.
lunes, 4 de octubre de 2010
EL CAI ANTE LA HUELGA DE HAMBRE EN GULUMAPU
UN MISMO PUEBLO, UNA MISMA LUCHA
Cuesta del Ternero, 29 de setiembre de 2010 (Consejo Asesor Indígena).- Desde el Consejo Asesor Indígena, organización de base del pueblo Mapuche, queremos manifestarnos en relación a la medida adoptada por los pu peñi de Gulumapu que sostienen una huelga de hambre desde el 12 de julio, hoy huelga seca.
Con esta huelga se exige: Fin de la ley antiterrorista en Chile y su aplicación en causas Mapuche; fin al doble procesamiento (justicia civil y militar) en causas contra Mapuche; libertad a todos los presos políticos Mapuches y la desmilitarización del territorio.
La lucha llevada adelante por nuestros pu-peñi en el Gulumapu es la misma lucha de todo el Pueblo Mapuche, la misma de este lado de la cordillera (Puelmapu).
Las leyes antiterroristas, que también se existen en Argentina, son herramientas que utilizan los estados en su intento de frenar la lucha de nuestro pueblo en defensa de nuestro territorio ante el avance de las multinacionales, extractoras de lo que para ellos son recursos naturales y que para nosotros son Nehuen (fuerzas), parte de nuestro Wallmapu.
Este avance violento nos encuentra convencidos de llevar adelante nuestra defensa en forma pacífica, pero firmes y decididos hasta las últimas consecuencias, capaces de sacrificar la propia vida para preservar el futuro de la vida del Pueblo Mapuche. Tomando como ejemplo a nuestros antepasados, que dieron su vida en defensa de nuestro territorio.
La lucha de nuestros pu-peñi hizo visible el conflicto en todo el mundo y nos exige al resto del pueblo Mapuche a ser consecuentes con su accionar para que su sacrificio no sea en vano.
Cada acción contraria por parte de los estados no hace más que fortalecer la unidad y la conciencia de nuestro pueblo sabiendo que nuestra lucha es justa.
¡¡¡MARICHI WEU….MARICHI WEU….MARICHI WEU!!!
PUEL MAPU (ARGENTINA)
Cuesta del Ternero, 29 de setiembre de 2010 (Consejo Asesor Indígena).- Desde el Consejo Asesor Indígena, organización de base del pueblo Mapuche, queremos manifestarnos en relación a la medida adoptada por los pu peñi de Gulumapu que sostienen una huelga de hambre desde el 12 de julio, hoy huelga seca.
Con esta huelga se exige: Fin de la ley antiterrorista en Chile y su aplicación en causas Mapuche; fin al doble procesamiento (justicia civil y militar) en causas contra Mapuche; libertad a todos los presos políticos Mapuches y la desmilitarización del territorio.
La lucha llevada adelante por nuestros pu-peñi en el Gulumapu es la misma lucha de todo el Pueblo Mapuche, la misma de este lado de la cordillera (Puelmapu).
Las leyes antiterroristas, que también se existen en Argentina, son herramientas que utilizan los estados en su intento de frenar la lucha de nuestro pueblo en defensa de nuestro territorio ante el avance de las multinacionales, extractoras de lo que para ellos son recursos naturales y que para nosotros son Nehuen (fuerzas), parte de nuestro Wallmapu.
Este avance violento nos encuentra convencidos de llevar adelante nuestra defensa en forma pacífica, pero firmes y decididos hasta las últimas consecuencias, capaces de sacrificar la propia vida para preservar el futuro de la vida del Pueblo Mapuche. Tomando como ejemplo a nuestros antepasados, que dieron su vida en defensa de nuestro territorio.
La lucha de nuestros pu-peñi hizo visible el conflicto en todo el mundo y nos exige al resto del pueblo Mapuche a ser consecuentes con su accionar para que su sacrificio no sea en vano.
Cada acción contraria por parte de los estados no hace más que fortalecer la unidad y la conciencia de nuestro pueblo sabiendo que nuestra lucha es justa.
¡¡¡MARICHI WEU….MARICHI WEU….MARICHI WEU!!!
PUEL MAPU (ARGENTINA)
OPINIÓN: CGT…CTA… MÁS DE LO MISMO
Por Aurelio Vazquez (Movimiento Democrático de Trabajador@s)
“Tan democráticos no son” esto no lo dijo un militante delas listas de izquierda que participaron en las elecciones de la CTA, sino HUGO MOYANO, el patrón de la CGT .Por su parte Víctor De Gennaro planteó “Hay que ver la mano de intendentes y gobernadores a favor de la lista de Yasky, se suspendió en varios lugares porque iba a ser una confrontación que terminaba mal”. Pablo Michelli.. “que Yasky deje de llorar este circo no le hace bien a la CTA”. Del otro lado Hugo Yasky, autoproclamado ganador ala hora y media de terminada la elección, con el correr de las horas paso a denunciar “…la lentitud de la llegada de votos muestra irregularidades”, después “..la adulteración de padrones, la manipulación de votos, los hechos de violencia y el vandalismo sobre las urnas, son algunos de los motivos que justifican la impugnación en siete provincias” y finalmente a una semana sin conocerse el “escrutinio final” dio la mejor definición de las elecciones de la que pretende ser una central democrática, “se votó como en Macondo, en muchas urnas se rompió la cadena de frio, se escondieron y violaron..”.
Pero quien mejor definió lo sucedido fue quien hasta hace algunas horas era socia de los dos sectores en la construcción de la CTA, Milagro Salas “es una bolsa de gatos...”.
Estos dichos y muchos más, no están extraídos de la prensa de los partidos de izquierda, se pueden corroborar en las páginas de Clarín, La Nación, Página 12, entre otros diarios patronales y oficialistas.
CTA, otro modelo sindical-patronal
La realidad es que hubo un fraude escandaloso de ambos lados y a lo largo de los siete días que duró el “escrutinio” a estos dirigentes que posaban de democráticos se les cayó la careta.
La participación de los “afiliados” apenas rozó el 18%, del 1.400.000 que declara tener la CTA, LO QUE MUESTRA CON CLARIDAD que más allá del aparato clientelar y el apoyo de distintos sectores patronales a una y otra lista (PJ, Intendentes del Conurbano, gobernadores, TV pública, Página 12 para Yasky y la UCR, PS, GEN, Proyecto SUR, Federación Agraria, Clarín, para Michelli), l@s trabajador@s vieron que se trataba de una elección muy alejada de sus intereses y necesidades y que la dirigencia de la CTA NO ES MUY DISTINTA A LA DE LA CGT, corroborado esto último con el circo postelectoral, que borró todo el palabrerío democrático de sus dirigentes, dejándola al borde de la fractura o como ya comenzó a suceder con la Tupac Amaru, con el éxodo de varios de sus componentes.
En el fondo lo ocurrido en la CTA, NO FUE MÁS QUE UNA DIFERENCIA entre los métodos burocráticos clásicos de la CGT y las formas de democracia patronal que incorporan algunas organizaciones de trabajador@s. Por otra parte debemos señalar que la pretendida “autonomía” de la central es pura propaganda. Siempre fue detrás de algún proyecto patronal, la Alianza de De La Rua, Duhalde-Kirchner, los encontró juntos a sus dirigentes, hoy divididos en el apoyo a salidas patronales, Yasky con el kirchnerismo y De Gennaro –Michelli con el sector más duro de la patronal, representado en la Mesa de Enlace del campo.
REDOBLEMOS LA CAMPAÑA POR SINDICATOS CLASISTAS
Ante este cuadro de situación desde el Movimiento Democrático de Trabajador@s, queremos insistir en la necesidad de l@s trabajador@s de formar dirigentes y construir sindicatos clasistas, alejados de las prácticas burocráticas que reinan hasta la actualidad en los gremios estatales y privados.
Sabemos que se trata de una pelea dura y desigual, la tarea que nos proponemos junto a otr@s trabajador@s no es sólo reivindicativa sino esencialmente política, con la pretensión de llegar a amplios sectores en la lucha por la independencia política de l@s trabajador@s de cualquier sector patronal.
Llamamos a l@s trabajador@s, sectores populares, organizaciones sociales, intelectuales y profesionales, comprometidos con el pueblo trabajador a construir junt@s :
Sindicatos clasistas donde se privilegie y propicie la participación real de la base con mandato de delegados, asambleas, congresos u otras formas de participación, donde las definiciones no dependan del famoso “Estatuto y cuerpos orgánicos” utilizados para frenar la lucha.
Sindicatos clasistas donde los mandatos permitan una renovación permanente de dirigentes, que sirva para transmitir experiencias y formar nuev@s compañer@s.
Sindicatos clasistas donde las posiciones políticas no sean aplastadas por mayorías circunstanciales y por el contrario se estimule la discusión de ideas y propuestas sin que se dejen de lado por oportunismo electoralista.
Sindicatos clasistas que le digan con claridad a l@s trabajador@s que es a través de la lucha organizada que podremos alcanzar nuestras demandas y que las paritarias, conciliaciones, actas, acuerdos y otros instrumentos patronales son transitorios y están a su servicio.
Sindicatos clasistas que no se transformen en una mutual, que ofrece, créditos, viajes, electrodomésticos, etc. y por el contrario sea la herramienta de lucha que le permita acceder a l@s trabajador@s a un salario que contemple esas necesidades y otras que decidan libremente.
Sindicatos clasistas que sean parte de las luchas de l@s trabajador@s y sectores populares y coordinen acciones comunes en defensa de la educación pública, que luchen por propuestas de salud y vivienda, junto a otr@s trabajador@s.
Sindicatos clasistas que digan sin miedo que somos nosotr@s, l@s trabajador@s, l@s que día a día producimos las riquezas del país y sin embargo un pequeño grupo se apropia de nuestro esfuerzo y puede gozar de las mismas. Para ello tiene a su servicio a los gobiernos patronales de turno, “la justicia”, las fuerzas de seguridad y dirigentes políticos y sindicales presurosos de ponerse a su servicio, para frenar, desviar o traicionar las luchas del pueblo trabajador.
Sindicatos clasistas que planteen que si somos capaces de producir en las fábricas y los campos; de llevar adelante la educación y la atención de la salud pública aún con escaso presupuesto, si somos imprescindibles para el desarrollo de la sociedad, no podemos continuar dejando en manos de unos pocos patrones y sus representantes nuestras vidas y la de las futuras generaciones, por el contrario debemos y podemos gobernar y poner los destinos del país al servicio de la mayoría, del pueblo trabajador.
Desde el Movimiento Democrático de Trabajador@s llamamos a tod@s aquell@s trabajador@s, que quieran una sociedad fraterna, solidaria, pluralista, a construir junt@s sindicatos clasistas, como herramientas política, social y cultural, al servicio del pueblo trabajador en el camino de la construcción de una sociedad sin opresión ni explotación.
Contacto: m.d.trabajadores.rn@gmail.com
“Tan democráticos no son” esto no lo dijo un militante delas listas de izquierda que participaron en las elecciones de la CTA, sino HUGO MOYANO, el patrón de la CGT .Por su parte Víctor De Gennaro planteó “Hay que ver la mano de intendentes y gobernadores a favor de la lista de Yasky, se suspendió en varios lugares porque iba a ser una confrontación que terminaba mal”. Pablo Michelli.. “que Yasky deje de llorar este circo no le hace bien a la CTA”. Del otro lado Hugo Yasky, autoproclamado ganador ala hora y media de terminada la elección, con el correr de las horas paso a denunciar “…la lentitud de la llegada de votos muestra irregularidades”, después “..la adulteración de padrones, la manipulación de votos, los hechos de violencia y el vandalismo sobre las urnas, son algunos de los motivos que justifican la impugnación en siete provincias” y finalmente a una semana sin conocerse el “escrutinio final” dio la mejor definición de las elecciones de la que pretende ser una central democrática, “se votó como en Macondo, en muchas urnas se rompió la cadena de frio, se escondieron y violaron..”.
Pero quien mejor definió lo sucedido fue quien hasta hace algunas horas era socia de los dos sectores en la construcción de la CTA, Milagro Salas “es una bolsa de gatos...”.
Estos dichos y muchos más, no están extraídos de la prensa de los partidos de izquierda, se pueden corroborar en las páginas de Clarín, La Nación, Página 12, entre otros diarios patronales y oficialistas.
CTA, otro modelo sindical-patronal
La realidad es que hubo un fraude escandaloso de ambos lados y a lo largo de los siete días que duró el “escrutinio” a estos dirigentes que posaban de democráticos se les cayó la careta.
La participación de los “afiliados” apenas rozó el 18%, del 1.400.000 que declara tener la CTA, LO QUE MUESTRA CON CLARIDAD que más allá del aparato clientelar y el apoyo de distintos sectores patronales a una y otra lista (PJ, Intendentes del Conurbano, gobernadores, TV pública, Página 12 para Yasky y la UCR, PS, GEN, Proyecto SUR, Federación Agraria, Clarín, para Michelli), l@s trabajador@s vieron que se trataba de una elección muy alejada de sus intereses y necesidades y que la dirigencia de la CTA NO ES MUY DISTINTA A LA DE LA CGT, corroborado esto último con el circo postelectoral, que borró todo el palabrerío democrático de sus dirigentes, dejándola al borde de la fractura o como ya comenzó a suceder con la Tupac Amaru, con el éxodo de varios de sus componentes.
En el fondo lo ocurrido en la CTA, NO FUE MÁS QUE UNA DIFERENCIA entre los métodos burocráticos clásicos de la CGT y las formas de democracia patronal que incorporan algunas organizaciones de trabajador@s. Por otra parte debemos señalar que la pretendida “autonomía” de la central es pura propaganda. Siempre fue detrás de algún proyecto patronal, la Alianza de De La Rua, Duhalde-Kirchner, los encontró juntos a sus dirigentes, hoy divididos en el apoyo a salidas patronales, Yasky con el kirchnerismo y De Gennaro –Michelli con el sector más duro de la patronal, representado en la Mesa de Enlace del campo.
REDOBLEMOS LA CAMPAÑA POR SINDICATOS CLASISTAS
Ante este cuadro de situación desde el Movimiento Democrático de Trabajador@s, queremos insistir en la necesidad de l@s trabajador@s de formar dirigentes y construir sindicatos clasistas, alejados de las prácticas burocráticas que reinan hasta la actualidad en los gremios estatales y privados.
Sabemos que se trata de una pelea dura y desigual, la tarea que nos proponemos junto a otr@s trabajador@s no es sólo reivindicativa sino esencialmente política, con la pretensión de llegar a amplios sectores en la lucha por la independencia política de l@s trabajador@s de cualquier sector patronal.
Llamamos a l@s trabajador@s, sectores populares, organizaciones sociales, intelectuales y profesionales, comprometidos con el pueblo trabajador a construir junt@s :
Sindicatos clasistas donde se privilegie y propicie la participación real de la base con mandato de delegados, asambleas, congresos u otras formas de participación, donde las definiciones no dependan del famoso “Estatuto y cuerpos orgánicos” utilizados para frenar la lucha.
Sindicatos clasistas donde los mandatos permitan una renovación permanente de dirigentes, que sirva para transmitir experiencias y formar nuev@s compañer@s.
Sindicatos clasistas donde las posiciones políticas no sean aplastadas por mayorías circunstanciales y por el contrario se estimule la discusión de ideas y propuestas sin que se dejen de lado por oportunismo electoralista.
Sindicatos clasistas que le digan con claridad a l@s trabajador@s que es a través de la lucha organizada que podremos alcanzar nuestras demandas y que las paritarias, conciliaciones, actas, acuerdos y otros instrumentos patronales son transitorios y están a su servicio.
Sindicatos clasistas que no se transformen en una mutual, que ofrece, créditos, viajes, electrodomésticos, etc. y por el contrario sea la herramienta de lucha que le permita acceder a l@s trabajador@s a un salario que contemple esas necesidades y otras que decidan libremente.
Sindicatos clasistas que sean parte de las luchas de l@s trabajador@s y sectores populares y coordinen acciones comunes en defensa de la educación pública, que luchen por propuestas de salud y vivienda, junto a otr@s trabajador@s.
Sindicatos clasistas que digan sin miedo que somos nosotr@s, l@s trabajador@s, l@s que día a día producimos las riquezas del país y sin embargo un pequeño grupo se apropia de nuestro esfuerzo y puede gozar de las mismas. Para ello tiene a su servicio a los gobiernos patronales de turno, “la justicia”, las fuerzas de seguridad y dirigentes políticos y sindicales presurosos de ponerse a su servicio, para frenar, desviar o traicionar las luchas del pueblo trabajador.
Sindicatos clasistas que planteen que si somos capaces de producir en las fábricas y los campos; de llevar adelante la educación y la atención de la salud pública aún con escaso presupuesto, si somos imprescindibles para el desarrollo de la sociedad, no podemos continuar dejando en manos de unos pocos patrones y sus representantes nuestras vidas y la de las futuras generaciones, por el contrario debemos y podemos gobernar y poner los destinos del país al servicio de la mayoría, del pueblo trabajador.
Desde el Movimiento Democrático de Trabajador@s llamamos a tod@s aquell@s trabajador@s, que quieran una sociedad fraterna, solidaria, pluralista, a construir junt@s sindicatos clasistas, como herramientas política, social y cultural, al servicio del pueblo trabajador en el camino de la construcción de una sociedad sin opresión ni explotación.
Contacto: m.d.trabajadores.rn@gmail.com
domingo, 3 de octubre de 2010
"TENEMOS MIEDO DE QUE TERMINE MUERTA"
El Bolsón (ANPP).- Estela Barraza, presa en Cordoba, que meses atrás denunciara violaciones diversas en la cárcel de Villa María, sería trasladada poniendo en riesgo su vida, además de separarla de sus hijos.
Domingo, 3 de octubre de 2010
Compañeros/as recién me llama la mamá de Estela Barraza, es la joven privada de libertad por “participe necesaria” condenada en un juicio más que dudoso, es la joven que denunció la intoxicación en la Unidad Penal Nº5 de Villa María, es la que intentaba organizar a sus compañeros para que digan sobre los abusos en la cárcel. Esta joven es mamá de cuatro chiquitos, tiene una situación económica muy lamentable. Nosotros le hemos dado valor para que siga adelante encerrada injustamente.
Ahora ya pasó un tiempo de las denuncias y esta gente de la penitenciaria, ¿tanto la directora Gronoletti, como el juez de ejecución Ferreyra se están tomando venganza?...
Tenemos miedo que termine muerta, no podemos dejar que la trasladen no va a poder ver más a sus hijos, se encuentra muy vulnerada, tiene problemas de corazón y una operación de intestinos...
Por favor necesitamos ayuda para saber que está pasando con Estela y por qué la van a trasladar...aquí todo es silencio no nos dejan entrar, el abogado de los derechos humanos no lo podemos contactar, en la justicia nadie se hace cargo de la gente.
M.S.
Domingo, 3 de octubre de 2010
Compañeros/as recién me llama la mamá de Estela Barraza, es la joven privada de libertad por “participe necesaria” condenada en un juicio más que dudoso, es la joven que denunció la intoxicación en la Unidad Penal Nº5 de Villa María, es la que intentaba organizar a sus compañeros para que digan sobre los abusos en la cárcel. Esta joven es mamá de cuatro chiquitos, tiene una situación económica muy lamentable. Nosotros le hemos dado valor para que siga adelante encerrada injustamente.
Ahora ya pasó un tiempo de las denuncias y esta gente de la penitenciaria, ¿tanto la directora Gronoletti, como el juez de ejecución Ferreyra se están tomando venganza?...
Tenemos miedo que termine muerta, no podemos dejar que la trasladen no va a poder ver más a sus hijos, se encuentra muy vulnerada, tiene problemas de corazón y una operación de intestinos...
Por favor necesitamos ayuda para saber que está pasando con Estela y por qué la van a trasladar...aquí todo es silencio no nos dejan entrar, el abogado de los derechos humanos no lo podemos contactar, en la justicia nadie se hace cargo de la gente.
M.S.
PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE DE ANGOL CONTINÚAN EN HUELGA DE HAMBRE
El Bolsón (ANPP).- Tras 83 días de huelga, los presos políticos mapuches de Concepción y Temuco, suspendieron la medida tras un acuerdo con el gobierno, no lo hicieron así los presos de Angol.
Estando en conocimiento de que los huelguistas mapuche de las cárceles de Concepción y Temuco han depuesto la huelga de hambre iniciada hace 83 días y que dicha actitud obedece a un acuerdo firmado con el Gobierno, decidimos mantener la huelga en base a los siguientes argumentos:
* El acuerdo menciona que el gobierno ha promovido reformas a la Ley Antiterrorista y a la justicia militar y que esta voluntad de cambio forma parte de su programa de gobierno y “responde a convicciones y principios democráticos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, el que se inspira en nuestra Carta Constitucional, normas del derecho internacional, de los derechos humanos, y el Convenio 169 de la OIT, así como en recomendaciones de organismos internacionales”. Esto es completamente falso. Las reformas propuestas por el gobierno siguen atentando contra derechos humanos fundamentales, entre ellos, el debido proceso, el derecho a la intimidad, el derecho de defensa, y en lo que respecta a la Justicia Militar, la reforma sólo beneficia a los uniformados, ya que aumenta las penas de los delitos que se cometan en su contra, otorgándoles más protección para actuar con impunidad como ya lo hacen actualmente en las comunidades mapuche. Respecto a la Ley Antiterrorista, las modificaciones tienden a perfeccionar su aplicación y no hay garantías de que no se vuelva a aplicar a la protesta social mapuche, tal como lo recomienda James Anaya, Relator Especial de la ONU para el tema indígena.
* El retiro de las querellas por parte del Ejecutivo no cambia en nada la actual situación procesal de los huelguistas. A este respecto, corresponde al Ministerio Público pronunciarse respecto de las causas que se siguen en contra de nuestro pu peñi, en el sentido de aclarar públicamente que los delitos que se imputan en base a la Ley Antiterrorista serán recalificados a los tipos penales comunes. Respecto del ejecutivo, esta actitud sólo puede ser interpretada como buena fe.
* No validamos tampoco el hecho de que se siga manteniendo la figura del testigo protegido en las modificaciones propuestas por el gobierno y que se agregue además el agente encubierto y el informante. Dichas figuras continúan atentando contra el debido proceso, ya que en la mayoría de los procesos seguidos en contra nuestra, la única prueba son los dichos de este testigo, quien además es un delincuente, pues asegura haber participado en los hechos y que además recibe un sueldo por parte del Ministerio Público, lo que hace dudar de la imparcialidad y veracidad de su testimonio. En el Territorio de Malleco, este testigo ha hecho acusaciones al azar, respecto de familias emblemáticas dentro de la lucha territorial.
* Lamentamos que los presos de Concepción y Temuco no hayan tenido la claridad y el newen suficiente para mantener esta movilización. No compartimos su postura, pero la respetamos.
* Aclaramos ante la opinión pública que esta movilización, en lo que a los prisioneros políticos mapuche de Angol respecta, nunca tuvo un fin judicial. Independientemente del hecho de que esperamos un juicio justo en donde se compruebe nuestra inocencia, el fondo de esta huelga de hambre tiene que ver con lo que nosotros esperamos para el futuro de nuestro Pueblo Nación Mapuche. Las distintas comunidades mapuche seguirán luchando por el derecho al territorio, seguirán defendiendo nuestro derecho a vivir como mapuche y negándose a ser asimilados por la cultura chilena, lo que acarreará nuevos conflictos con la justicia chilena.
En base a estos motivos, decidimos mantener nuestra huelga de hambre, hasta las últimas consecuencias, para que el Estado de solución a los puntos planteados al inicio de la movilización.
Hacemos un llamado amplio a organizaciones y comunidades mapuche, como también a los organismos internacionales, a seguir apoyando la huelga de hambre.
José Queipul Huiaqui, Cárcel de Angol.
Víctor Llanquileo, Cárcel de Angol
Fernando Millacheo, Marin Cárcel de Angol
Felipe Huenchullan Cayul, Hospital de Victoria
Victor Hugo Queipul Millanao, Hospital de Victoria
Huaikilaf Calfunao Cadin, Hospital de Victoria
Camilo Tori Quiñinao, Hospital de Victoria
Alex Curipan Levipan, Hospital de Victoria
Eduardo Oses Moreno, Hospital de Victoria
Carlos Huiaquillan Palacio, Hospital de Victoria.
Prisioneros Políticos Cárcel de Angol
Hospital de Victoria
Domingo 03 de Octubre de 2010
Comunidad Autónoma Temucuicu
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* A REDOBLAR LA MOVILIZACIÓN Y LA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO MAPUCHE
* ACLARACIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL DE G80
* MAPUCHE PRESOS POLÍTICOS DE ANGOL CONTINÚAN EN HUELGA DE HAMBRE
* SE LEVANTA HUELGA DE HAMBRE MAPUCHE CON ACUERDO BASADO EN CONVENIO 169 Y RAZONES DE ESTADO
fuente:Comunicaciones G80 / Comunidad Autónoma Temucuicui
Estando en conocimiento de que los huelguistas mapuche de las cárceles de Concepción y Temuco han depuesto la huelga de hambre iniciada hace 83 días y que dicha actitud obedece a un acuerdo firmado con el Gobierno, decidimos mantener la huelga en base a los siguientes argumentos:
* El acuerdo menciona que el gobierno ha promovido reformas a la Ley Antiterrorista y a la justicia militar y que esta voluntad de cambio forma parte de su programa de gobierno y “responde a convicciones y principios democráticos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, el que se inspira en nuestra Carta Constitucional, normas del derecho internacional, de los derechos humanos, y el Convenio 169 de la OIT, así como en recomendaciones de organismos internacionales”. Esto es completamente falso. Las reformas propuestas por el gobierno siguen atentando contra derechos humanos fundamentales, entre ellos, el debido proceso, el derecho a la intimidad, el derecho de defensa, y en lo que respecta a la Justicia Militar, la reforma sólo beneficia a los uniformados, ya que aumenta las penas de los delitos que se cometan en su contra, otorgándoles más protección para actuar con impunidad como ya lo hacen actualmente en las comunidades mapuche. Respecto a la Ley Antiterrorista, las modificaciones tienden a perfeccionar su aplicación y no hay garantías de que no se vuelva a aplicar a la protesta social mapuche, tal como lo recomienda James Anaya, Relator Especial de la ONU para el tema indígena.
* El retiro de las querellas por parte del Ejecutivo no cambia en nada la actual situación procesal de los huelguistas. A este respecto, corresponde al Ministerio Público pronunciarse respecto de las causas que se siguen en contra de nuestro pu peñi, en el sentido de aclarar públicamente que los delitos que se imputan en base a la Ley Antiterrorista serán recalificados a los tipos penales comunes. Respecto del ejecutivo, esta actitud sólo puede ser interpretada como buena fe.
* No validamos tampoco el hecho de que se siga manteniendo la figura del testigo protegido en las modificaciones propuestas por el gobierno y que se agregue además el agente encubierto y el informante. Dichas figuras continúan atentando contra el debido proceso, ya que en la mayoría de los procesos seguidos en contra nuestra, la única prueba son los dichos de este testigo, quien además es un delincuente, pues asegura haber participado en los hechos y que además recibe un sueldo por parte del Ministerio Público, lo que hace dudar de la imparcialidad y veracidad de su testimonio. En el Territorio de Malleco, este testigo ha hecho acusaciones al azar, respecto de familias emblemáticas dentro de la lucha territorial.
* Lamentamos que los presos de Concepción y Temuco no hayan tenido la claridad y el newen suficiente para mantener esta movilización. No compartimos su postura, pero la respetamos.
* Aclaramos ante la opinión pública que esta movilización, en lo que a los prisioneros políticos mapuche de Angol respecta, nunca tuvo un fin judicial. Independientemente del hecho de que esperamos un juicio justo en donde se compruebe nuestra inocencia, el fondo de esta huelga de hambre tiene que ver con lo que nosotros esperamos para el futuro de nuestro Pueblo Nación Mapuche. Las distintas comunidades mapuche seguirán luchando por el derecho al territorio, seguirán defendiendo nuestro derecho a vivir como mapuche y negándose a ser asimilados por la cultura chilena, lo que acarreará nuevos conflictos con la justicia chilena.
En base a estos motivos, decidimos mantener nuestra huelga de hambre, hasta las últimas consecuencias, para que el Estado de solución a los puntos planteados al inicio de la movilización.
Hacemos un llamado amplio a organizaciones y comunidades mapuche, como también a los organismos internacionales, a seguir apoyando la huelga de hambre.
José Queipul Huiaqui, Cárcel de Angol.
Víctor Llanquileo, Cárcel de Angol
Fernando Millacheo, Marin Cárcel de Angol
Felipe Huenchullan Cayul, Hospital de Victoria
Victor Hugo Queipul Millanao, Hospital de Victoria
Huaikilaf Calfunao Cadin, Hospital de Victoria
Camilo Tori Quiñinao, Hospital de Victoria
Alex Curipan Levipan, Hospital de Victoria
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Prisioneros Políticos Cárcel de Angol
Hospital de Victoria
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fuente:Comunicaciones G80 / Comunidad Autónoma Temucuicui
CONVOCATORIA A ACTO EN TRELEW: NO AL GOLPE DE ESTADO
El Bolsón (ANPP).- El próximo martes a partir de las 18.30 hs. se realizara en el Pasaje Floridita de Trelew un acto en contra del intento de golpe en Ecuador convocado por variar Organizaciones.
Concentración y Acto en Solidaridad con el pueblo de Ecuador:
NO AL GOLPE DE ESTADO
El alzamiento de grupos de policías con el apoyo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el posterior secuestro del presidente Rafael Correa conmueven a nuestro continente. Nuevamente, sectores de las fuerzas armadas latinoamericanas -con el permanente y descarado apoyo de la diplomacia norteamericana- violentan la voluntad popular y pretenden derrocar a un gobierno elegido legítimamente por su pueblo.
Con la herida aún abierta del golpe de estado en Honduras, esta nueva intentona golpista que sacude al hermano pueblo ecuatoriano es un paso más de la política norteamericana de intervención en América Latina, que tiene en el despliegue militar en Colombia su punta de lanza, y que se propone como objetivo, a corto plazo, la derrota de los procesos de organización obrero y popular y la desestabilización de los gobiernos de Venezuela y Bolivia (y que apunta, en el largo plazo, al control directo por parte del imperialismo yanqui de los recursos naturales y energéticos de nuestra América Latina).
Frente a estos hechos, de enorme gravedad, llamamos al conjunto de las organizaciones populares de nuestra región a movilizarnos en solidaridad con el pueblo ecuatoriano y contra los ataques del imperialismo y sus socios locales.
¡No al golpe de Estado en Ecuador!
¡Hay que frenar el golpe con el pueblo luchando en la calle!
¡Fuera el imperialismo de América Latina!
Comisión por la Memoria del Pueblo – Federación Universitaria Patagónica – Frente de Estudiantes Secundarios – Asociación de Docentes Universitarios – Delegación Zonal sede Trelew UNP – Departamento de Historia Sede Trelew – Centros de Estudiantes de Humanidades (cond. Fuich), Económicas (cond. ExE), Naturales (cond. La Célula), Estudiantes Independientes de Derecho - CTD “Aníbal Verón” – Movimiento “28 de Agosto” – Tendencia Estudiantil Revolucionaria – Espacio Docente – Estatales en Lucha – Agrupación de Trabajadores “Desde Abajo” – Lof Comarca Chubut – Encuentro Para la Participación Popular - Movimiento de Izquierda Revolucionaria -
Concentración y Acto en Solidaridad con el pueblo de Ecuador:
NO AL GOLPE DE ESTADO
El alzamiento de grupos de policías con el apoyo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el posterior secuestro del presidente Rafael Correa conmueven a nuestro continente. Nuevamente, sectores de las fuerzas armadas latinoamericanas -con el permanente y descarado apoyo de la diplomacia norteamericana- violentan la voluntad popular y pretenden derrocar a un gobierno elegido legítimamente por su pueblo.
Con la herida aún abierta del golpe de estado en Honduras, esta nueva intentona golpista que sacude al hermano pueblo ecuatoriano es un paso más de la política norteamericana de intervención en América Latina, que tiene en el despliegue militar en Colombia su punta de lanza, y que se propone como objetivo, a corto plazo, la derrota de los procesos de organización obrero y popular y la desestabilización de los gobiernos de Venezuela y Bolivia (y que apunta, en el largo plazo, al control directo por parte del imperialismo yanqui de los recursos naturales y energéticos de nuestra América Latina).
Frente a estos hechos, de enorme gravedad, llamamos al conjunto de las organizaciones populares de nuestra región a movilizarnos en solidaridad con el pueblo ecuatoriano y contra los ataques del imperialismo y sus socios locales.
¡No al golpe de Estado en Ecuador!
¡Hay que frenar el golpe con el pueblo luchando en la calle!
¡Fuera el imperialismo de América Latina!
Comisión por la Memoria del Pueblo – Federación Universitaria Patagónica – Frente de Estudiantes Secundarios – Asociación de Docentes Universitarios – Delegación Zonal sede Trelew UNP – Departamento de Historia Sede Trelew – Centros de Estudiantes de Humanidades (cond. Fuich), Económicas (cond. ExE), Naturales (cond. La Célula), Estudiantes Independientes de Derecho - CTD “Aníbal Verón” – Movimiento “28 de Agosto” – Tendencia Estudiantil Revolucionaria – Espacio Docente – Estatales en Lucha – Agrupación de Trabajadores “Desde Abajo” – Lof Comarca Chubut – Encuentro Para la Participación Popular - Movimiento de Izquierda Revolucionaria -
OPINION: FE(U)DERALISMO MINERO...PROVINCIAISMO TROYANO
Por Horacio Machado Aráoz.
Las extrañas torsiones que presenta el orden colonial del capital en tiempos de globalización nos muestra cómo los intereses de las transnacionales más concentradas, que gestionan y controlan los ‘recursos naturales’ a escala planetaria, pueden servirse de ‘argumentos’ (precisamente serviles) de ‘autonomía y descentralización’ política para seguir exprimiendo la tierra, arrancándole fabulosas ‘ganancias’, a costa de la expropiación, inseparablemente económica y ecológica, de las poblaciones locales.
En este caso, el debate y la reciente sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, con su trama en el Congreso de la Nación y sus diferentes capítulos provinciales en las legislaturas de las provincias ‘cordilleranas’, nos presenta, en una primera lectura, un ejemplo emblemático de cómo las más encendidas retóricas localistas y federalistas se esgrimieron, en realidad, para defender los más concentrados intereses globales encarnados por las grandes corporaciones mineras transnacionales, que han puesto su mira en nuestra cordillera, como fuente estratégica de agua y minerales para el aprovisionamiento de los centros mundiales de industrialización y consumo.
En efecto, una de las principales estrategias argumentales esgrimidas al unísono por gobernadores y legisladores de las provincias auto-caratuladas indistintamente como ‘cordilleranas’ y ‘mineras’ para oponerse a la Ley recientemente sancionada en el Congreso de la Nación, estuvo basada en la reivindicación del ‘federalismo’ contra lo que se codificó como una ilegítima e ilegal intromisión de la Nación sobre un área de competencia (supuestamente) exclusiva de las provincias, los “recursos naturales”[1]. Salvo pocas pero honrosas excepciones, los representantes políticos de estas provincias, en llamativa consonancia con los voceros de las empresas mineras y periodísticas, se encolumnaron bajo el encendido llamado a “defender lo que es nuestro”, aludiendo a los ‘glaciares’ como “objetos de dominio inalienable e imprescriptible de las provincias”; como si dicho ‘dominio’ estuviera amenazado por una norma nacional, que precisamente tenía por objeto su preservación.
Luego de sancionada la Ley, la férrea convergencia de ‘sentimientos, pensamientos y acciones’ entre voceros gubernamentales y empresariales pro-mineros, se dejó ver con mayor cohesión aún que antes del debate. Por caso, el emblema ‘gubernamental’ de los intereses de la minería transnacional, José Luis Gioja, gobernador de San Juan, disparaba desde su twitter: “Es fácil hablar de medio ambiente con la panza y la cuenta en el banco llenas. Para ellos la realidad empieza en Barrio Norte y termina en Palermo Chico. Y los argentinos que se jodan.(…) No nos vamos a dejar atropellar por esos ignorantes que pontifican desde Buenos Aires y el único hielo que conocen es el que sacan de la heladera para echarle al whisky”. También el 1° de octubre, la Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios Mineros (CEPSM), emitía un comunicado en el que “expresa su más profundo y enérgico rechazo a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y el Ambiente Periglacial sancionada durante la madrugada de hoy (Jueves 30) por el Congreso de la Nación y afirma que constituye un grave atentado que viola en forma flagrante el federalismo.”. Y continuaba: “La Cámara repudia la actitud de los miembros del Congreso de la Nación y sostiene que asistimos a la generación de una curiosa paradoja: precisamente aquellos que son los Representantes del Pueblo, en el marco de un sistema democrático y federal, son quienes menos cumplen con los principios del federalismo que interpretamos debería regir para todos los ciudadanos de todas las provincias de nuestra República Argentina” (Minería y Desarrollo Catamarca, 30/09/2010).) Diversos legisladores de provincias cordilleranas, individual o colegiadamente, funcionarios de las secretarías de minería y otros voceros de las empresas, tenían la misma, monocromática reacción de rechazo a la Ley aprobada. Entre las expresiones más virulentas, la Cámara de Diputados de San Juan emitía al día siguiente un comunicado en el que expresaba su “formal y rotundo rechazo a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, sancionada por el Congreso de la Nación, por ser violatoria del principio de federalismo y por invadir competencias originarias de la provincia…”, concluyendo con la solicitud al P.E.N. de un nuevo veto a la ley (Diario El Zonda, 1° de octubre de 2010). Por su parte, el titular de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca, Alfredo Marchiolli, se quejaba amargamente de que los legisladores provinciales no hayan sancionado una ley provincial sobre glaciares, para proteger –según su entender-, los intereses de la provincia: “A nivel local, lo que han hecho los diputados no tiene perdón, porque especular y dejar que la Nación avasalle sobre la autonomía y la potestad de la provincia sobre sus recursos naturales, realmente, es una imbecilidad”, para luego, finalmente explicitar el motivo de su ira: “lo que plantea la Ley nacional es la prohibición de la minería en todas las zonas de glaciares, es decir, de glaciares y periglaciares… Y es preocupante porque de esa manera no va a ingresar ninguna inversión al país para esas zonas” (Diario El Ancasti, 1° de octubre de 2010).
Podríamos seguir abundando en citas como las precedentes. Todas ellas testimonian en realidad algo incontrastable y que merece nuestra reflexión: la llamativa convergencia ‘federalista’ entre gobiernos provinciales y empresas mineras transnacionales, aunadas en la oposición a la Ley recientemente aprobada por el Congreso de la Nación… Extraño federalismo, en verdad, este federalismo minero, que fogonea encendidas retóricas localistas para defender en realidad, los intereses extractivos capitalizados asimétricamente por actores emblemáticos del orden hegemónico global. Extraño por caso, el momento y el motivo de este ‘repentino reverdecer’ federalista.
Nos invita, por caso, a preguntarnos por qué en su momento, no se consideraron y ni se consideran ahora una ‘afrenta a los intereses y competencias de las provincias’ las leyes mineras de los ’90 (Ley N° 24.196 y sus correlativas) que no sólo concedieron grandes beneficios tributarios, comerciales y de fiscalización en el plano nacional a las inversiones mineras, sino que además recortaron y limitaron drásticamente las facultades tributarias de las provincias, imponiéndoles la obligación de fijar regímenes de exenciones para impuestos provinciales, limitando las regalías a la ridícula tasa nominal del 3 % y, todavía más, permitiendo una abusiva definición del ‘valor de boca mina’ (base de cálculo de las regalías) que termina licuando aún más dicho gravamen (Leyes N° 24.228 y 25. 161). Estas leyes nacionales que efectivamente afectan de modo directo los intereses económicos de las provincias y recortan sus competencias fiscales, no han sido, extrañamente, motivo de ninguna ‘arenga federalista’.
En otro orden, el presunto ‘espíritu’ por la descentralización territorial del poder de los gobernantes y funcionarios de las provincias ‘mineras’ se ha mostrado sistemáticamente reticente a extender esa visión federalista al interior de las propias provincias, cuando ciertos municipios y sus poblaciones reclamaron ser tenidas en cuenta a la hora de decidir sobre la aceptabilidad y/o viabilidad o no de ciertos proyectos mineros. No. Al interior de las provincias ejercieron el más rígido centralismo político. Una vez más, escudándose en el ‘concepto’ de que los ‘recursos’ (mineros, en este caso) son de las provincias, sistemáticamente los gobernadores de San Juan, La Rioja y Catamarca burlaron las legítimas aspiraciones de las poblaciones de Jáchal, de Chilecito y Famatina, de Tinogasta y Andalgalá para decidir a través de un plebiscito, sobre la explotación o no de su subsuelo. En el caso de Beder Herrera, protagonizando uno de los más vergonzantes episodios de defraudación de la voluntad popular que mansilla nuestras instituciones. En los casos de San Juan y Catamarca, a través de extrañas resoluciones de las Cortes de Justicia de las respectiva provincias que prohibieron por ‘inconstitucionalidad’ los plebiscitos municipales… Extrañas democracias las nuestras, donde la expresión directa de la voluntad popular resulta violatoria de las Cartas Constitucionales…
Para decirlo claramente, estamos ante administraciones provinciales que en nombre del federalismo hacen un ejercicio cuasi-feudal del poder. Las contradictorias relaciones con la Nación y con los Municipios dan cuenta de una manifiesta y flagrante manipulación del ordenamiento territorial de las jurisdicciones para adecuarla espuriamente a los intereses extractivistas que operan como el verdadero poder fáctico en las provincias, los actores que, más allá de las disposiciones de la normatividad formal, ejercen un virtual dominio y control sobre los bienes ambientales de los territorios sometidos a la intervención de ‘los inversionistas’.
Si bien las motivaciones e intereses de las grandes corporaciones mineras están claras, cabe preguntarse por qué los gobernadores, legisladores y el funcionariado de las burocracias provinciales en general, funcionan como apéndices subordinados a los dictámenes de aquellas. Da la impresión que se trata de algo más complejo que simple y burda corrupción, aunque no haya que descartarla, ni desconsiderarla. Intuyo que se trata más bien de la anatomía política de estas estructuras feuderadas; me estoy refiriendo a la base de poder de los grupos dominantes locales en el marco de las específicas estructuras socioproductivas locales y a la correlativa forma de producción y gestión de la dominación política arraigada en estos contextos.
En efecto, al menos en las provincias que conforman el ‘núcleo duro del modelo minero’ (Svampa, Sola Alvarez y Bottaro, 2009: 157), es decir, San Juan, La Rioja y Catamarca, parece claro que estamos ante la presencia de estructuras políticas dominadas por ‘burguesías’ locales largamente arraigadas en una tradición eminentemente rentística y cuya base principal de poder reside no en la propiedad de sectores productivos ‘dinámicos’ de la economía local, sino más bien en la concentración histórica de la propiedad territorial y el acceso privilegiado y aún hasta la apropiación privada del aparato estatal.
La ausencia de núcleos locales de acumulación dinámicos favorece la ‘legitimación’ social de la gran minería transnacional como ‘única alternativa de progreso’ y conforma escenarios de luchas altamente asimétricos, donde el ‘desarrollismo minero’ no tiene, al parecer, antagonistas sociales ni alternativas económicas ‘de peso’, como sí ocurre, relativamente y por contraste, en las provincias donde hasta ahora se ha podido poner coto al expansionismo extractivista (Mendoza, Córdoba, Río Negro, Chubut).
Por otro lado, el control privado que los grupos dominantes locales ejercen sobre el propio aparato estatal, los convierte en un imprescindible interlocutor estratégico frente al capital transnacional para el procesamiento de la ‘gobernabilidad neocolonial’ en estas sociedades locales. Lejos de haber un potencial antagonismo entre proyecto de dominación global y grupos dominantes locales, se da una ‘perfecta complementación’ a través de lo que podríamos llamar el ‘pacto fiscal-feudal-minero’, esto es, un esquema de dominio político-económico basado en la articulación complementaria de los intereses del capital transnacional y las ‘burguesías’ patrimonialistas y rentistas locales: a cambio del apoyo político incondicional, de la ‘seguridad jurídica’ y el control de la conflictividad que los grupos dominantes locales proveen a las grandes empresas mineras, merced férreo control que ejercen sobre el aparato legal-represivo del estado, éstas aportan los recursos financieros necesarios para el sostenimiento del aparato estatal. Así, la mega-minería, en realidad implica un engrosamiento –por lo menos temporal- de los recursos fiscales y del presupuesto del aparato estatal (a sabiendas, la ‘base material de la ‘subsistencia’ de los grupos dominantes locales). Sobre la base de esta transferencia fiscal y del control de la ‘renta pública’, el grupo dominante local obtiene los recursos necesarios para alimentar sus estrategias de ‘legitimación política’ a través de la gestión de los apoyos electorales mediante el control del aparato asistencial-clientelar del estado.
Como hemos planteado en otro lugar (Machado Aráoz, 2007), la lógica del clientelismo político anida en contextos de burguesías patrimonialistas-rentísticas en las que la ‘lógica de los derechos’ es suplantada por la ‘lógica de los favores’ (Porto-Goncalves, 2006). Más allá de nombres y apellidos, los Gioja, Brizuela, Saadi, Maza, Beder Herrera, etc., son sólo detalles anecdóticos, fracciones emergentes, de una misma estructura básica de poder (patrimonial-rentístico) y de una misma lógica de gestión política de la ‘gobernabilidad’ (dominio asistencial-clientelar). Se trata propiamente de fracciones de una ‘burguesía’ local que -estructuradas desde el habitus de la apropiación privada de lo público-, viven, piensan y se sienten como dueñas de la provincia; de su tierra y de su gente. ‘Gente distinguida’, acostumbrada a hablar con ‘propiedad’, que habla de los territorios, de sus yacimientos y sus cursos de agua, como ‘cosa propia’; y de las poblaciones locales anteponiendo el adjetivo posesivo: somos literalmente ‘suyos’.
El pacto fiscal-feudal-minero es lo que, en definitiva, subyace a este extraño fe(u)deralismo repentinamente resurgido como síntoma, en el debate en torno a la ‘propiedad’, el uso y control de los glaciares. Se puede ver sus ominosas consecuencias políticas en términos de las posibilidades y alternativas hacia una auténtica democratización de nuestras sociedades que dicho ‘pacto’ implica. No menos gravosas son, por cierto, sus implicaciones socioecológicas.
Desde este punto de vista, el fe(u)deralismo minero implica una economía política de la expropiación, es decir, la imposición de un modelo de explotación extractiva de los bienes naturales de nuestros territorios, como insumos estratégicos de cadenas de industrialización y de consumo exógenas. El modelo minero de ‘desarrollo’ no es otra cosa que una nueva versión de un viejo fenómeno del colonialismo: una ‘economía de enclave’ implantada como ‘bomba extractora’ de recursos naturales críticos exclusivamente orientada a satisfacer la voracidad consumista del ‘mundo desarrollado’, ese que se consume el 80 % de las materias primas y la energía del mundo, a costa de la expropiación global de los países ‘subdesarrollados’ (Porto-Goncalves, 2001). Ese extractivismo minero-hídrico-energético global, implica, en el plano local, el literal vaciamiento inseparablemente ecológico/económico de los territorios sobre los que opera, generando condiciones estructurales de dependencia e inviabilidad estructural para las poblaciones locales, así ‘des-terradas’ en su propio suelo (Machado Aráoz, 2009).
En términos ecológico-políticos, una economía de enclave implica una operación quirúrgica sobre los territorios y las poblaciones intervenidas. Territorios amputados, que dejan de ser fuente de provisión y sustento de las socio-bio-economías locales; geoeconómicamente expropiados de sus entornos locales para convertirse en eslabones subordinados de cadenas ‘productivas’ globales, comandados en sus vértices por las corporaciones que manejan la extracción, el procesamiento y el comercio mundial de materias primas, en este caso, minerales (Sánchez Albavera y Lardé, 2004). Amputación territorial que para resultar ‘viable’ precisa de una fenomenal dosis de ‘anestesia’ biopolítica. La ilusión monetaria de la prosperidad pasajera, propia de las economías de enclave en sus fases de auge, proporciona las ‘anestesias sociales’ que adormecen e insensibilizan a las poblaciones expropiadas de sus territorios (Scribano, 2007). La gran maquinaria clientelar –siempre asentada sobre la lógica del favor y no del ‘derecho’; siempre con-sagrando la sensación de ‘deuda’ del que recibe respecto del que ‘da’- aceitada por la ‘renta minera’, provee esas fenomenales dosis que mantienen anestesiadas a buena parte de nuestras poblaciones… Territorios amputados / poblaciones anestesiadas: tal la ecuación eco-biopolítica de la expropiación en contextos neocoloniales…
Por ‘desgracia’ para los Gioja, los Beder Herrera y los Brizuela, hay crecientes segmentos poblacionales a los que estas ‘anestesias’ ya no les hacen efecto. Grupos rebeldes descreídos del culto promesante del ‘desarrollo’; ‘nuevos’ in-civilizada/os que aborrecen del ‘progreso’ y que pretenden nuevos horizontes y nuevos paradigmas de vida; modelos de con-vivencia basada en el respeto, la reciprocidad y la justicia quebradas… Como la multitud que el pasado miércoles 29 de septiembre nos dimos cita frente al Congreso para pedir la protección de nuestras fuentes de agua; y que –mal que le pese a Gioja- no se trataba sólo de ‘porteños’, sino que habíamos también muchos ‘provincianos’, catamarqueñ@s, riojan@s, sanjuanin@s, mendocin@s, rionegrin@s, chubutenses, jujeñ@s y salteñ@s, congregados en torno a la Unión de Asambleas Ciudadanas y a otras organizaciones sociales que estábamos ahí con mucho esfuerzo, para poner un freno a la voracidad extractivista… Para ‘grupos’ como éstos, para nosotros, la dádiva clientelar no logra ‘compensar’ la devastación de los territorios, fuentes de vida; no entran en la lógica de la negociación, porque, para éstos, ‘el agua vale más que el oro’ y ‘la tierra no se vende’… Están literalmente fuera de la ‘racionalidad’ del mundo… Eso, que es motivo de descalificación para algunos, es para nosotros una fuente de esperanza.
Catamarca, 2 de Octubre de 2010
[1] La “Declaración de las provincias cordilleranas: Afirmación de sus competencias en materia de cuidado ambiental”, firmada en julio pasado por los gobernadores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, afirmaba: “en pleno ejercicio del federalismo, y en uso de sus facultades, competencias y jurisdicciones, las provincias cordilleranas deseamos manifestar: 1. Que de conformidad con el Artículo 124 de la Constitución Nacional todos los Recursos Naturales incluidos los glaciares son del dominio de aquella provincia en cuyo dominio se encuentre.”
Al mismo tiempo que gobernadores ‘cordilleranos’ y sus respectivos secretarios de minería desfilaban por el Congreso para reclamar que se respete la autonomía de las Provincias, y donde se pedía a los legisladores nacionales que confíe en las competencias de las provincias, que sabían cuidar bien de sus recursos sin la necesidad del ‘amparo’ de la ‘Nación’, la Cámara Argentina de Empresas Mineras publicaba una solicitada a página completa en los principales diarios provinciales y de circulación nacional en la que afirmaba que “en todas las provincias, los proyectos mineros están sometidos a estrictas evaluaciones ambientales multidisciplinarias y a rigurosos controles…”, señalando además que “la protección y conservación de las cuencas hídricas es prioritaria para el sector minero”.
En una entrevista publicada por Pregón Minero al presidente de la Cámara Minera de San Juan, Ing. Jaime R. Bergé esto decía sobre los glaciares:
- Pregunta: El tema de los Glaciares, cómo los afecta?
Bergé: “Afecta bastante. San Juan tiene glaciares y nosotros queremos preservarlos. La gente tiene un concepto medio confuso de los glaciares… (…) En San Juan se ha hecho todo un estudio provincial que ha delimitado todos los glaciares que tiene San Juan y esos, por ley, en San Juan se van a proteger. Nosotros estamos tomando la posibilidad de proteger los glaciares, no así la estupidez de cualquier charco congelado…”
P.: O esa que es la Provincia la que controla los glaciares.
Bergé: “Exactamente. Es más, por ejemplo, el día que usemos el agua de los glaciares de San Juan, tanto el río Jáchal como el río San Juan no llegan a ríos de otras provincias. El agua se queda en el territorio de San Juan. Así que es nuestra. La usamos nosotros y la queremos aprovechar y no tienen que legislar sobre nuestras aguas la gente de Buenos Aires, que tiene que resolver un problema como el del Riachuelo y un montón de otros problemas que tienen. Que se dediquen a resolver los problemas de la pampa húmeda que también son grandes.
Bibliografía citada:
Machado Aráoz, H. (2007) “Economía Política del Clientelismo. Democracia y Capitalismo en los márgenes”, Encuentro Grupo Editorial, Fac. de Humanidades (Unca), Be.Pe., Catamarca.
Machado Aráoz, H. (2009) “Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de Minera Alumbrera”. En Svampa y Antonelli (Edits.) “Minería transnacional , narrativas del desarrollo y resistencias sociales”, Biblos, Bs. As.
Machado Aráoz (2009b), “Auge minero y dominación neocolonial en América Latina. Ecología política de las transformaciones socioterritoriales neoliberales”. En “Latinoamérica Interrogada”, Memorias XXVII CONGRESO ALAS, Fac. de Ciencias Sociales, UBA, Bs. As.
Porto-Goncalves, C.W. (2001) “El desafío ambiental”. PNUMA, México.
Porto Goncalves, Carlos Walter (2006) “A Reinvencâo dos Territórios: a experiencia latino-amêricana e caribenha”. En “Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado”, Ceceña, Ana E., Clacso, Buenos Aires.
Sánchez-Albavera, F. y Lardé, J. (2006) “Minería y competitividad internacional en América Latina”. CEPAL, Sgo. De Chile.
Scribano, A. (2007) “La sociedad hecha callo: conflictividad, dolor social y regulación de las sensaciones”. En Scribano (Comp.) “Mapeando Interiores. Cuerpo, Conflicto y Sensaciones”. Sarmiento, Córdoba.
Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (Edits.) (2009) “Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales”. Editorial Biblos, Buenos Aires.
Svampa, M., Sola Álvarez, M., Bottaro, L. (2009) “Los movimientos contra la minería metalífera a cielo abierto: escenarios y conflictos. Entre el ‘efecto Esquel’ y el ‘efecto Alumbrera’”. En Svampa y Antonelli (Edits.) “Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales”. Editorial Biblos, Buenos Aires.
Las extrañas torsiones que presenta el orden colonial del capital en tiempos de globalización nos muestra cómo los intereses de las transnacionales más concentradas, que gestionan y controlan los ‘recursos naturales’ a escala planetaria, pueden servirse de ‘argumentos’ (precisamente serviles) de ‘autonomía y descentralización’ política para seguir exprimiendo la tierra, arrancándole fabulosas ‘ganancias’, a costa de la expropiación, inseparablemente económica y ecológica, de las poblaciones locales.
En este caso, el debate y la reciente sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, con su trama en el Congreso de la Nación y sus diferentes capítulos provinciales en las legislaturas de las provincias ‘cordilleranas’, nos presenta, en una primera lectura, un ejemplo emblemático de cómo las más encendidas retóricas localistas y federalistas se esgrimieron, en realidad, para defender los más concentrados intereses globales encarnados por las grandes corporaciones mineras transnacionales, que han puesto su mira en nuestra cordillera, como fuente estratégica de agua y minerales para el aprovisionamiento de los centros mundiales de industrialización y consumo.
En efecto, una de las principales estrategias argumentales esgrimidas al unísono por gobernadores y legisladores de las provincias auto-caratuladas indistintamente como ‘cordilleranas’ y ‘mineras’ para oponerse a la Ley recientemente sancionada en el Congreso de la Nación, estuvo basada en la reivindicación del ‘federalismo’ contra lo que se codificó como una ilegítima e ilegal intromisión de la Nación sobre un área de competencia (supuestamente) exclusiva de las provincias, los “recursos naturales”[1]. Salvo pocas pero honrosas excepciones, los representantes políticos de estas provincias, en llamativa consonancia con los voceros de las empresas mineras y periodísticas, se encolumnaron bajo el encendido llamado a “defender lo que es nuestro”, aludiendo a los ‘glaciares’ como “objetos de dominio inalienable e imprescriptible de las provincias”; como si dicho ‘dominio’ estuviera amenazado por una norma nacional, que precisamente tenía por objeto su preservación.
Luego de sancionada la Ley, la férrea convergencia de ‘sentimientos, pensamientos y acciones’ entre voceros gubernamentales y empresariales pro-mineros, se dejó ver con mayor cohesión aún que antes del debate. Por caso, el emblema ‘gubernamental’ de los intereses de la minería transnacional, José Luis Gioja, gobernador de San Juan, disparaba desde su twitter: “Es fácil hablar de medio ambiente con la panza y la cuenta en el banco llenas. Para ellos la realidad empieza en Barrio Norte y termina en Palermo Chico. Y los argentinos que se jodan.(…) No nos vamos a dejar atropellar por esos ignorantes que pontifican desde Buenos Aires y el único hielo que conocen es el que sacan de la heladera para echarle al whisky”. También el 1° de octubre, la Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios Mineros (CEPSM), emitía un comunicado en el que “expresa su más profundo y enérgico rechazo a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y el Ambiente Periglacial sancionada durante la madrugada de hoy (Jueves 30) por el Congreso de la Nación y afirma que constituye un grave atentado que viola en forma flagrante el federalismo.”. Y continuaba: “La Cámara repudia la actitud de los miembros del Congreso de la Nación y sostiene que asistimos a la generación de una curiosa paradoja: precisamente aquellos que son los Representantes del Pueblo, en el marco de un sistema democrático y federal, son quienes menos cumplen con los principios del federalismo que interpretamos debería regir para todos los ciudadanos de todas las provincias de nuestra República Argentina” (Minería y Desarrollo Catamarca, 30/09/2010).) Diversos legisladores de provincias cordilleranas, individual o colegiadamente, funcionarios de las secretarías de minería y otros voceros de las empresas, tenían la misma, monocromática reacción de rechazo a la Ley aprobada. Entre las expresiones más virulentas, la Cámara de Diputados de San Juan emitía al día siguiente un comunicado en el que expresaba su “formal y rotundo rechazo a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, sancionada por el Congreso de la Nación, por ser violatoria del principio de federalismo y por invadir competencias originarias de la provincia…”, concluyendo con la solicitud al P.E.N. de un nuevo veto a la ley (Diario El Zonda, 1° de octubre de 2010). Por su parte, el titular de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca, Alfredo Marchiolli, se quejaba amargamente de que los legisladores provinciales no hayan sancionado una ley provincial sobre glaciares, para proteger –según su entender-, los intereses de la provincia: “A nivel local, lo que han hecho los diputados no tiene perdón, porque especular y dejar que la Nación avasalle sobre la autonomía y la potestad de la provincia sobre sus recursos naturales, realmente, es una imbecilidad”, para luego, finalmente explicitar el motivo de su ira: “lo que plantea la Ley nacional es la prohibición de la minería en todas las zonas de glaciares, es decir, de glaciares y periglaciares… Y es preocupante porque de esa manera no va a ingresar ninguna inversión al país para esas zonas” (Diario El Ancasti, 1° de octubre de 2010).
Podríamos seguir abundando en citas como las precedentes. Todas ellas testimonian en realidad algo incontrastable y que merece nuestra reflexión: la llamativa convergencia ‘federalista’ entre gobiernos provinciales y empresas mineras transnacionales, aunadas en la oposición a la Ley recientemente aprobada por el Congreso de la Nación… Extraño federalismo, en verdad, este federalismo minero, que fogonea encendidas retóricas localistas para defender en realidad, los intereses extractivos capitalizados asimétricamente por actores emblemáticos del orden hegemónico global. Extraño por caso, el momento y el motivo de este ‘repentino reverdecer’ federalista.
Nos invita, por caso, a preguntarnos por qué en su momento, no se consideraron y ni se consideran ahora una ‘afrenta a los intereses y competencias de las provincias’ las leyes mineras de los ’90 (Ley N° 24.196 y sus correlativas) que no sólo concedieron grandes beneficios tributarios, comerciales y de fiscalización en el plano nacional a las inversiones mineras, sino que además recortaron y limitaron drásticamente las facultades tributarias de las provincias, imponiéndoles la obligación de fijar regímenes de exenciones para impuestos provinciales, limitando las regalías a la ridícula tasa nominal del 3 % y, todavía más, permitiendo una abusiva definición del ‘valor de boca mina’ (base de cálculo de las regalías) que termina licuando aún más dicho gravamen (Leyes N° 24.228 y 25. 161). Estas leyes nacionales que efectivamente afectan de modo directo los intereses económicos de las provincias y recortan sus competencias fiscales, no han sido, extrañamente, motivo de ninguna ‘arenga federalista’.
En otro orden, el presunto ‘espíritu’ por la descentralización territorial del poder de los gobernantes y funcionarios de las provincias ‘mineras’ se ha mostrado sistemáticamente reticente a extender esa visión federalista al interior de las propias provincias, cuando ciertos municipios y sus poblaciones reclamaron ser tenidas en cuenta a la hora de decidir sobre la aceptabilidad y/o viabilidad o no de ciertos proyectos mineros. No. Al interior de las provincias ejercieron el más rígido centralismo político. Una vez más, escudándose en el ‘concepto’ de que los ‘recursos’ (mineros, en este caso) son de las provincias, sistemáticamente los gobernadores de San Juan, La Rioja y Catamarca burlaron las legítimas aspiraciones de las poblaciones de Jáchal, de Chilecito y Famatina, de Tinogasta y Andalgalá para decidir a través de un plebiscito, sobre la explotación o no de su subsuelo. En el caso de Beder Herrera, protagonizando uno de los más vergonzantes episodios de defraudación de la voluntad popular que mansilla nuestras instituciones. En los casos de San Juan y Catamarca, a través de extrañas resoluciones de las Cortes de Justicia de las respectiva provincias que prohibieron por ‘inconstitucionalidad’ los plebiscitos municipales… Extrañas democracias las nuestras, donde la expresión directa de la voluntad popular resulta violatoria de las Cartas Constitucionales…
Para decirlo claramente, estamos ante administraciones provinciales que en nombre del federalismo hacen un ejercicio cuasi-feudal del poder. Las contradictorias relaciones con la Nación y con los Municipios dan cuenta de una manifiesta y flagrante manipulación del ordenamiento territorial de las jurisdicciones para adecuarla espuriamente a los intereses extractivistas que operan como el verdadero poder fáctico en las provincias, los actores que, más allá de las disposiciones de la normatividad formal, ejercen un virtual dominio y control sobre los bienes ambientales de los territorios sometidos a la intervención de ‘los inversionistas’.
Si bien las motivaciones e intereses de las grandes corporaciones mineras están claras, cabe preguntarse por qué los gobernadores, legisladores y el funcionariado de las burocracias provinciales en general, funcionan como apéndices subordinados a los dictámenes de aquellas. Da la impresión que se trata de algo más complejo que simple y burda corrupción, aunque no haya que descartarla, ni desconsiderarla. Intuyo que se trata más bien de la anatomía política de estas estructuras feuderadas; me estoy refiriendo a la base de poder de los grupos dominantes locales en el marco de las específicas estructuras socioproductivas locales y a la correlativa forma de producción y gestión de la dominación política arraigada en estos contextos.
En efecto, al menos en las provincias que conforman el ‘núcleo duro del modelo minero’ (Svampa, Sola Alvarez y Bottaro, 2009: 157), es decir, San Juan, La Rioja y Catamarca, parece claro que estamos ante la presencia de estructuras políticas dominadas por ‘burguesías’ locales largamente arraigadas en una tradición eminentemente rentística y cuya base principal de poder reside no en la propiedad de sectores productivos ‘dinámicos’ de la economía local, sino más bien en la concentración histórica de la propiedad territorial y el acceso privilegiado y aún hasta la apropiación privada del aparato estatal.
La ausencia de núcleos locales de acumulación dinámicos favorece la ‘legitimación’ social de la gran minería transnacional como ‘única alternativa de progreso’ y conforma escenarios de luchas altamente asimétricos, donde el ‘desarrollismo minero’ no tiene, al parecer, antagonistas sociales ni alternativas económicas ‘de peso’, como sí ocurre, relativamente y por contraste, en las provincias donde hasta ahora se ha podido poner coto al expansionismo extractivista (Mendoza, Córdoba, Río Negro, Chubut).
Por otro lado, el control privado que los grupos dominantes locales ejercen sobre el propio aparato estatal, los convierte en un imprescindible interlocutor estratégico frente al capital transnacional para el procesamiento de la ‘gobernabilidad neocolonial’ en estas sociedades locales. Lejos de haber un potencial antagonismo entre proyecto de dominación global y grupos dominantes locales, se da una ‘perfecta complementación’ a través de lo que podríamos llamar el ‘pacto fiscal-feudal-minero’, esto es, un esquema de dominio político-económico basado en la articulación complementaria de los intereses del capital transnacional y las ‘burguesías’ patrimonialistas y rentistas locales: a cambio del apoyo político incondicional, de la ‘seguridad jurídica’ y el control de la conflictividad que los grupos dominantes locales proveen a las grandes empresas mineras, merced férreo control que ejercen sobre el aparato legal-represivo del estado, éstas aportan los recursos financieros necesarios para el sostenimiento del aparato estatal. Así, la mega-minería, en realidad implica un engrosamiento –por lo menos temporal- de los recursos fiscales y del presupuesto del aparato estatal (a sabiendas, la ‘base material de la ‘subsistencia’ de los grupos dominantes locales). Sobre la base de esta transferencia fiscal y del control de la ‘renta pública’, el grupo dominante local obtiene los recursos necesarios para alimentar sus estrategias de ‘legitimación política’ a través de la gestión de los apoyos electorales mediante el control del aparato asistencial-clientelar del estado.
Como hemos planteado en otro lugar (Machado Aráoz, 2007), la lógica del clientelismo político anida en contextos de burguesías patrimonialistas-rentísticas en las que la ‘lógica de los derechos’ es suplantada por la ‘lógica de los favores’ (Porto-Goncalves, 2006). Más allá de nombres y apellidos, los Gioja, Brizuela, Saadi, Maza, Beder Herrera, etc., son sólo detalles anecdóticos, fracciones emergentes, de una misma estructura básica de poder (patrimonial-rentístico) y de una misma lógica de gestión política de la ‘gobernabilidad’ (dominio asistencial-clientelar). Se trata propiamente de fracciones de una ‘burguesía’ local que -estructuradas desde el habitus de la apropiación privada de lo público-, viven, piensan y se sienten como dueñas de la provincia; de su tierra y de su gente. ‘Gente distinguida’, acostumbrada a hablar con ‘propiedad’, que habla de los territorios, de sus yacimientos y sus cursos de agua, como ‘cosa propia’; y de las poblaciones locales anteponiendo el adjetivo posesivo: somos literalmente ‘suyos’.
El pacto fiscal-feudal-minero es lo que, en definitiva, subyace a este extraño fe(u)deralismo repentinamente resurgido como síntoma, en el debate en torno a la ‘propiedad’, el uso y control de los glaciares. Se puede ver sus ominosas consecuencias políticas en términos de las posibilidades y alternativas hacia una auténtica democratización de nuestras sociedades que dicho ‘pacto’ implica. No menos gravosas son, por cierto, sus implicaciones socioecológicas.
Desde este punto de vista, el fe(u)deralismo minero implica una economía política de la expropiación, es decir, la imposición de un modelo de explotación extractiva de los bienes naturales de nuestros territorios, como insumos estratégicos de cadenas de industrialización y de consumo exógenas. El modelo minero de ‘desarrollo’ no es otra cosa que una nueva versión de un viejo fenómeno del colonialismo: una ‘economía de enclave’ implantada como ‘bomba extractora’ de recursos naturales críticos exclusivamente orientada a satisfacer la voracidad consumista del ‘mundo desarrollado’, ese que se consume el 80 % de las materias primas y la energía del mundo, a costa de la expropiación global de los países ‘subdesarrollados’ (Porto-Goncalves, 2001). Ese extractivismo minero-hídrico-energético global, implica, en el plano local, el literal vaciamiento inseparablemente ecológico/económico de los territorios sobre los que opera, generando condiciones estructurales de dependencia e inviabilidad estructural para las poblaciones locales, así ‘des-terradas’ en su propio suelo (Machado Aráoz, 2009).
En términos ecológico-políticos, una economía de enclave implica una operación quirúrgica sobre los territorios y las poblaciones intervenidas. Territorios amputados, que dejan de ser fuente de provisión y sustento de las socio-bio-economías locales; geoeconómicamente expropiados de sus entornos locales para convertirse en eslabones subordinados de cadenas ‘productivas’ globales, comandados en sus vértices por las corporaciones que manejan la extracción, el procesamiento y el comercio mundial de materias primas, en este caso, minerales (Sánchez Albavera y Lardé, 2004). Amputación territorial que para resultar ‘viable’ precisa de una fenomenal dosis de ‘anestesia’ biopolítica. La ilusión monetaria de la prosperidad pasajera, propia de las economías de enclave en sus fases de auge, proporciona las ‘anestesias sociales’ que adormecen e insensibilizan a las poblaciones expropiadas de sus territorios (Scribano, 2007). La gran maquinaria clientelar –siempre asentada sobre la lógica del favor y no del ‘derecho’; siempre con-sagrando la sensación de ‘deuda’ del que recibe respecto del que ‘da’- aceitada por la ‘renta minera’, provee esas fenomenales dosis que mantienen anestesiadas a buena parte de nuestras poblaciones… Territorios amputados / poblaciones anestesiadas: tal la ecuación eco-biopolítica de la expropiación en contextos neocoloniales…
Por ‘desgracia’ para los Gioja, los Beder Herrera y los Brizuela, hay crecientes segmentos poblacionales a los que estas ‘anestesias’ ya no les hacen efecto. Grupos rebeldes descreídos del culto promesante del ‘desarrollo’; ‘nuevos’ in-civilizada/os que aborrecen del ‘progreso’ y que pretenden nuevos horizontes y nuevos paradigmas de vida; modelos de con-vivencia basada en el respeto, la reciprocidad y la justicia quebradas… Como la multitud que el pasado miércoles 29 de septiembre nos dimos cita frente al Congreso para pedir la protección de nuestras fuentes de agua; y que –mal que le pese a Gioja- no se trataba sólo de ‘porteños’, sino que habíamos también muchos ‘provincianos’, catamarqueñ@s, riojan@s, sanjuanin@s, mendocin@s, rionegrin@s, chubutenses, jujeñ@s y salteñ@s, congregados en torno a la Unión de Asambleas Ciudadanas y a otras organizaciones sociales que estábamos ahí con mucho esfuerzo, para poner un freno a la voracidad extractivista… Para ‘grupos’ como éstos, para nosotros, la dádiva clientelar no logra ‘compensar’ la devastación de los territorios, fuentes de vida; no entran en la lógica de la negociación, porque, para éstos, ‘el agua vale más que el oro’ y ‘la tierra no se vende’… Están literalmente fuera de la ‘racionalidad’ del mundo… Eso, que es motivo de descalificación para algunos, es para nosotros una fuente de esperanza.
Catamarca, 2 de Octubre de 2010
[1] La “Declaración de las provincias cordilleranas: Afirmación de sus competencias en materia de cuidado ambiental”, firmada en julio pasado por los gobernadores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, afirmaba: “en pleno ejercicio del federalismo, y en uso de sus facultades, competencias y jurisdicciones, las provincias cordilleranas deseamos manifestar: 1. Que de conformidad con el Artículo 124 de la Constitución Nacional todos los Recursos Naturales incluidos los glaciares son del dominio de aquella provincia en cuyo dominio se encuentre.”
Al mismo tiempo que gobernadores ‘cordilleranos’ y sus respectivos secretarios de minería desfilaban por el Congreso para reclamar que se respete la autonomía de las Provincias, y donde se pedía a los legisladores nacionales que confíe en las competencias de las provincias, que sabían cuidar bien de sus recursos sin la necesidad del ‘amparo’ de la ‘Nación’, la Cámara Argentina de Empresas Mineras publicaba una solicitada a página completa en los principales diarios provinciales y de circulación nacional en la que afirmaba que “en todas las provincias, los proyectos mineros están sometidos a estrictas evaluaciones ambientales multidisciplinarias y a rigurosos controles…”, señalando además que “la protección y conservación de las cuencas hídricas es prioritaria para el sector minero”.
En una entrevista publicada por Pregón Minero al presidente de la Cámara Minera de San Juan, Ing. Jaime R. Bergé esto decía sobre los glaciares:
- Pregunta: El tema de los Glaciares, cómo los afecta?
Bergé: “Afecta bastante. San Juan tiene glaciares y nosotros queremos preservarlos. La gente tiene un concepto medio confuso de los glaciares… (…) En San Juan se ha hecho todo un estudio provincial que ha delimitado todos los glaciares que tiene San Juan y esos, por ley, en San Juan se van a proteger. Nosotros estamos tomando la posibilidad de proteger los glaciares, no así la estupidez de cualquier charco congelado…”
P.: O esa que es la Provincia la que controla los glaciares.
Bergé: “Exactamente. Es más, por ejemplo, el día que usemos el agua de los glaciares de San Juan, tanto el río Jáchal como el río San Juan no llegan a ríos de otras provincias. El agua se queda en el territorio de San Juan. Así que es nuestra. La usamos nosotros y la queremos aprovechar y no tienen que legislar sobre nuestras aguas la gente de Buenos Aires, que tiene que resolver un problema como el del Riachuelo y un montón de otros problemas que tienen. Que se dediquen a resolver los problemas de la pampa húmeda que también son grandes.
Bibliografía citada:
Machado Aráoz, H. (2007) “Economía Política del Clientelismo. Democracia y Capitalismo en los márgenes”, Encuentro Grupo Editorial, Fac. de Humanidades (Unca), Be.Pe., Catamarca.
Machado Aráoz, H. (2009) “Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de Minera Alumbrera”. En Svampa y Antonelli (Edits.) “Minería transnacional , narrativas del desarrollo y resistencias sociales”, Biblos, Bs. As.
Machado Aráoz (2009b), “Auge minero y dominación neocolonial en América Latina. Ecología política de las transformaciones socioterritoriales neoliberales”. En “Latinoamérica Interrogada”, Memorias XXVII CONGRESO ALAS, Fac. de Ciencias Sociales, UBA, Bs. As.
Porto-Goncalves, C.W. (2001) “El desafío ambiental”. PNUMA, México.
Porto Goncalves, Carlos Walter (2006) “A Reinvencâo dos Territórios: a experiencia latino-amêricana e caribenha”. En “Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado”, Ceceña, Ana E., Clacso, Buenos Aires.
Sánchez-Albavera, F. y Lardé, J. (2006) “Minería y competitividad internacional en América Latina”. CEPAL, Sgo. De Chile.
Scribano, A. (2007) “La sociedad hecha callo: conflictividad, dolor social y regulación de las sensaciones”. En Scribano (Comp.) “Mapeando Interiores. Cuerpo, Conflicto y Sensaciones”. Sarmiento, Córdoba.
Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (Edits.) (2009) “Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales”. Editorial Biblos, Buenos Aires.
Svampa, M., Sola Álvarez, M., Bottaro, L. (2009) “Los movimientos contra la minería metalífera a cielo abierto: escenarios y conflictos. Entre el ‘efecto Esquel’ y el ‘efecto Alumbrera’”. En Svampa y Antonelli (Edits.) “Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales”. Editorial Biblos, Buenos Aires.
COMUNICADO: NO AL AVANCE CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
El Bolsón (ANPP).- Los trabajadores agrupados en la Asociación de Docentes Universitarios, gremio de base de la Conadu Histórica y parte de la CTA, rechaza la quita de fueros sindicales que quiere llevar a cavo el gobernador de Chubut.
NO A LA QUITA DE LOS FUEROS SINDICALES
Desde la Asociación de Docentes Universitarios, gremio de base de la Conadu Histórica y parte de la CTA, nos manifestamos en contra del proyecto del gobernador Das Neves de avanzar en una reforma constitucional para quitar los fueros sindicales en el ámbito de la provincia. Este avance sobre derechos claves de los representantes sindicales se realiza con el fin de terminar de dominar y sojuzgar a los sindicatos que dan la pelea por los derechos de los trabajadores y para terminar de acallar las voces en contra de este gobierno autoritario y de sus grandes negociados, como la renegociación a perpetuidad del petróleo o el intento de avance de la megaminería.
Con la excusa de algunos escasos casos de delegados sindicales que estuvieron envueltos en delitos comunes, Das Neves aprovecha para intentar generar la legitimidad social que le permita avanzar sobre los fueros sindicales, quitando una herramienta fundamental para cualquier trabajador sindicalizado. A partir de esa reforma ningún trabajador tendría derecho a defenderse contra los ataques de la patronal, ni tendría herramientas para defender a sus compañeros de trabajo, ya que estaría absolutamente indefenso ante el poderío de sus patrones.
En este sentido desde ADU nos sumamos a las voces críticas a este proyecto, por ahora centralmente las de la CGT, y manifestamos nuestro acompañamiento a las medidas de lucha que se decidan realizar para impedir este atropello a nuestros más elementales derechos democráticos.
Asociación de Docentes Universitarios
Integrante de la CONADU Histórica y la CTA
NO A LA QUITA DE LOS FUEROS SINDICALES
Desde la Asociación de Docentes Universitarios, gremio de base de la Conadu Histórica y parte de la CTA, nos manifestamos en contra del proyecto del gobernador Das Neves de avanzar en una reforma constitucional para quitar los fueros sindicales en el ámbito de la provincia. Este avance sobre derechos claves de los representantes sindicales se realiza con el fin de terminar de dominar y sojuzgar a los sindicatos que dan la pelea por los derechos de los trabajadores y para terminar de acallar las voces en contra de este gobierno autoritario y de sus grandes negociados, como la renegociación a perpetuidad del petróleo o el intento de avance de la megaminería.
Con la excusa de algunos escasos casos de delegados sindicales que estuvieron envueltos en delitos comunes, Das Neves aprovecha para intentar generar la legitimidad social que le permita avanzar sobre los fueros sindicales, quitando una herramienta fundamental para cualquier trabajador sindicalizado. A partir de esa reforma ningún trabajador tendría derecho a defenderse contra los ataques de la patronal, ni tendría herramientas para defender a sus compañeros de trabajo, ya que estaría absolutamente indefenso ante el poderío de sus patrones.
En este sentido desde ADU nos sumamos a las voces críticas a este proyecto, por ahora centralmente las de la CGT, y manifestamos nuestro acompañamiento a las medidas de lucha que se decidan realizar para impedir este atropello a nuestros más elementales derechos democráticos.
Asociación de Docentes Universitarios
Integrante de la CONADU Histórica y la CTA
ALOJARÁN A LOS PRESOS EN FORMA PROVISORIA EN OTRAS DEPENDENCIAS DE LA COMISARÍA
Lago Puelo (Grupo taller de periodismo ISFD ).- El juez de Bariloche Martín Losada ordenó ayer la clausura de dos calabozos de la comisaría 12ma de El Bolsón.
El sábado 25 de septiembre la legisladora rionegrina Beatriz Contreras había realizado una inspección sorpresa, acompañada por vecinos e integrantes del Colectivo Militante por los DDHH, Unter El Bolsón y Radio La Negra.
Los antecendentes de las denuncias realizadas y reconocidas las irregularidades edilicias, motivaron la clausura.
Según explicó el subcomisario de la comisaría 12ma, Carlos Cabrera, en el noticiero de Canal 4, "la clausura no afecta las tareas generales de prevención que desarrolla la comisaría".
"Contamos con nueve o diez dependencias para alojar los detenidos de emergencia y se ha destinado un baño para uso exclusivo de los detenidos", explicó el subcomisario.
Además, aseguró que se están haciendo refacciones y que se espera que pronto habiliten nuevamente uno de los calabozos.
El sábado 25 de septiembre la legisladora rionegrina Beatriz Contreras había realizado una inspección sorpresa, acompañada por vecinos e integrantes del Colectivo Militante por los DDHH, Unter El Bolsón y Radio La Negra.
Los antecendentes de las denuncias realizadas y reconocidas las irregularidades edilicias, motivaron la clausura.
Según explicó el subcomisario de la comisaría 12ma, Carlos Cabrera, en el noticiero de Canal 4, "la clausura no afecta las tareas generales de prevención que desarrolla la comisaría".
"Contamos con nueve o diez dependencias para alojar los detenidos de emergencia y se ha destinado un baño para uso exclusivo de los detenidos", explicó el subcomisario.
Además, aseguró que se están haciendo refacciones y que se espera que pronto habiliten nuevamente uno de los calabozos.
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL
El Bolsón (ANPP).- Este es el texto de la ley sancionada el pasado viernes luego de una votación muy ajustada.
Artículo 1° – Objeto.
La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Los glaciares constituyen bienes de carácter público.
Art. 2° – Definición.
A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
Art. 3º – Inventario.
Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
Art. 4º – Información registrada.
El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de 5 años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación.
Art. 5º – Realización del Inventario.-
El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley.
Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.Art. 6º – Actividades prohibidas.
En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos.
c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Art. 7º – Evaluación de impacto ambiental.
Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente–, en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias;
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.
Art. 8º – Autoridades competentes.
A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales.
Art. 9º – Autoridad de aplicación.
Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 10. – Funciones.
Serán funciones de la autoridad nacional de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades competentes de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y con los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional en el ámbito de sus respectivas competencias;
b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo de preservación de los glaciares, tanto en la órbita nacional, como en el marco de los acuerdos internacionales sobre cambio climático;
c) Coordinar la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla);
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares o sus zonas de influencia, el que será remitido al Congreso de la Nación;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares;
f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación;
g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de la presente ley;
h) Incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en las comunicaciones nacionales destinadas a informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Art. 11. – Infracciones y sanciones.
Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
Art. 12. – Reincidencia.
En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que, dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de causa ambiental.
Art. 13. – Responsabilidad Solidaria.
Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 14. – Destino de los importes percibidos.
Los importes percibidos por las autoridades competentes, en concepto de multas, se destinarán, prioritariamente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las jurisdicciones.
Art. 15. – Disposición transitoria.
En un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la sanción de la presente ley, el Ianigla presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6°, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar el inventario definido en el artículo 3 en un plazo no mayor de 180 días.
Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda la información pertinente que el citado instituto le requiera.
Las actividades descritas en el artículo 6º, en ejecución al momento de la sanción de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de 180 días de promulgada la presente, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, contemplados en el articulo 2 las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.
Art. 16. – Sector Antártico Argentino.
En el Sector Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.
Art. 17.- La presente ley se reglamentará en el plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Artículo 1° – Objeto.
La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Los glaciares constituyen bienes de carácter público.
Art. 2° – Definición.
A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
Art. 3º – Inventario.
Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
Art. 4º – Información registrada.
El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de 5 años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación.
Art. 5º – Realización del Inventario.-
El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley.
Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.Art. 6º – Actividades prohibidas.
En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos.
c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Art. 7º – Evaluación de impacto ambiental.
Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente–, en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias;
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.
Art. 8º – Autoridades competentes.
A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales.
Art. 9º – Autoridad de aplicación.
Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 10. – Funciones.
Serán funciones de la autoridad nacional de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades competentes de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y con los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional en el ámbito de sus respectivas competencias;
b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo de preservación de los glaciares, tanto en la órbita nacional, como en el marco de los acuerdos internacionales sobre cambio climático;
c) Coordinar la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla);
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares o sus zonas de influencia, el que será remitido al Congreso de la Nación;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares;
f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación;
g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de la presente ley;
h) Incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en las comunicaciones nacionales destinadas a informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Art. 11. – Infracciones y sanciones.
Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
Art. 12. – Reincidencia.
En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que, dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de causa ambiental.
Art. 13. – Responsabilidad Solidaria.
Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 14. – Destino de los importes percibidos.
Los importes percibidos por las autoridades competentes, en concepto de multas, se destinarán, prioritariamente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las jurisdicciones.
Art. 15. – Disposición transitoria.
En un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la sanción de la presente ley, el Ianigla presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6°, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá realizar el inventario definido en el artículo 3 en un plazo no mayor de 180 días.
Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda la información pertinente que el citado instituto le requiera.
Las actividades descritas en el artículo 6º, en ejecución al momento de la sanción de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de 180 días de promulgada la presente, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, contemplados en el articulo 2 las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.
Art. 16. – Sector Antártico Argentino.
En el Sector Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.
Art. 17.- La presente ley se reglamentará en el plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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