EDITORIAL: LA NUEVA LEY DE MEDIOS ¿Y AHORA QUÉ?

En la madrugada del lunes 10 de octubre se aprobó la Nueva Ley de medios audiovisuales con 44 votos a favor en el senado.

No sabemos con certeza cual será el nuevo escenario. Seguramente hay muchas cosas para cuestionar y otras para seguir profundizando. Lo que sí es verdad, es que las corporaciones mediáticas, las cuales se han vuelto un poder fáctico que impone condiciones al Poder Político, han perdido poder. Los Medios de Comunicación se vieron con el poder para inventar; levantar y hundir candidatos en 6 meses, destituir gobernadores y estigmatizar a quien quieran, además de inventar una falsa definición de libertad de expresión, que en realidad para ellos es la libertad de empresa. Entonces podemos decir, que esta reforma es en algunos puntos un avance, es claro que no es más la ley de la dictadura

Lo que también es primordial ver en esto, es que a pesar de las modificaciones que se realizaron al proyecto inicial la ley no contempla mecanismos diferenciados y específicos para el acceso a licencias, como tampoco, entre otras cosas la reserva específica del espectro para medios comunitarios. Estos, además, quedan incluidos entre los “prestadores de gestión privada sin fines de lucro” lo que los equipara, por ejemplo, a la Fundación Ford o la CGT.

Para nosotros entonces, como medio alternativo, la nueva ley no nos modifica sustancialmente, es decir seguiremos trabajando de la misma forma. Pero sí reconocemos en ella un paso adelante como dijimos anteriormente, por una mayor democratización, y por la no concentración de medios en pocas manos, como sucede hasta ahora.

Así, los que peleamos desde abajo, no tenemos espacio en este nuevo mapa de medios., o tenemos el que nos hacemos nosotros, como siempre.

La diferencia es que para nosotros/as la comunicación no es un negocio, pero sí es poder, al igual que para los grandes medios y para el poder político de turno. Pero hablamos de diferentes concepciones de poder, o de construcción del mismo.

Para nosotros/as, la comunicación es intentar hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible, una visión no solo diferente de las cosas, sino contrahegemónica. De alguna manera desmitificar, develar, destapar el velo que cubre la realidad, y que no nos deja verla críticamente. Esto es parte de nuestra militancia, y va más allá de una Ley de Medios.

Sin embargo, apoyamos y aplaudimos este nuevo avance, pero también adherimos a los reclamos de la Red Nacional de Medios Alternativos que promueve, “la derogación del decreto 527/05, que extendió la prórroga por 10 años más a los actuales licenciatarios, el reconocimiento expreso en el texto de la ley de los medios comunitarios, populares y alternativos como actores diferenciados de los prestadores de gestión privada sin fines de lucro con el siguiente alcance: asignación específica del espectro, asignación automática de licencia a todos aquellos medios que al momento de la sanción de la ley estén transmitiendo, y devolución de los equipos decomisados, mecanismos diferenciados y específicos para el acceso a licencias y armado del plan técnico, representantes en la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación y en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, fondo de promoción y desarrollo destinado específicamente a medios comunitarios, populares y alternativos, y exención del pago de los gravámenes del artículo 84”.

Queda mucho por pelear, quedan muchas campañas sucias como la del multimedios Clarín en estos últimos días. Veremos cómo la derecha se agrupa y reacciona ante este embate.

Mientras tanto estaremos atentos/as, siempre observando y escuchando críticamente. Pero poniéndonos firmes del lado que hay que estar cuando el momento lo exige.

CERRÓ LA TOMA DE TESTIMONIOS EN EL JUICIO POR RECUPERACIÓN DE SANTA ROSA LELEQUE

Sábado 10 de octubre (El Chubut/Avkin Pivke Mapu).- El miércoles 7 de octubre se realizó en los Tribunales de Esquel una nueva audiencia en torno a la denuncia civil presentada por la Compañía de Tierras del Sur Argentino contra el matrimonio Mapuche conformado por Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco.
El fondo del conflicto tiene que ver con la posesión de las 530 hectáreas que el grupo Benetton reclama como propias y que desde hace tiempo están recuperadas por las familias que integran la Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque.
En este caso, se pensó que se trataba de la última instancia testimonial, antes de pasar a los alegatos de las partes, pero la declaración del historiador Ramón Miñieri se prolongó hasta después del medio día obligando a pasar a un cuarto intermedio hasta el mes próximo, oportunidad donde concluiría el proceso con el testimonio de las reconocidas antropólogas Claudia Briones y Ana Ramos.
Como la CTSA, del grupo Benetton, no reconoce a la comunidad como tal, la demanda es contra Curiñanco y Nahuelquir.
Desde hace meses que se vienen realizando las audiencias en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral que está a cargo del juez Claudio Petris, magistrado que según pudo conocer El Chubut, tras una prolongada ausencia no participó ayer tras ser recusado por el asesor legal de la compañía, Martín Iturburu.
En su lugar, actuó el juez Omar Magallanes, sin hacerse presente en la sala y siguiendo los pormenores de la misma a través del secretario que tomaba nota de las declaraciones de las partes y testigos.
Desde el inicio de la jornada, el debate se centró en torno a la historia de la conformación de la Compañía de Tierras, el contexto político y social de la época que llevó a la sesión de casi un millón de hectáreas en manos británicas.
Miñeri, historiador, periodista y escritor, autor de «Ese ajeno sur», brindó un pormenorizado relato de la constitución de la firma a través de los documentos recogidos y que sirvieron de sustento a su libro.
«Lo que encuentro por la propia boca de la Compañía, de sus directivos, de su correspondencia, es como en su conformación original hay una gran estafa al Estado y al pueblo argentino porque a través de personeros o testaferros la compañía se apropió de 10 veces más del máximo de lo que estaba autorizado por ley a dar de tierra», confió a este medio, dando cuenta de que «en 1889 era un máximo de 32 leguas por persona física o jurídica lo que se permitía, con estas tierras, que el Estado argentino les regaló a estos testaferros, porque no les costaron un centavo, y que pronto van a parar a una sola mano que es la de la empresa, constituyen el capital de la compañía, regalado por el Estado, cerca de 900 mil hectáreas que después llegan al millón y que es más o menos la superficie que tiene el holding Benetton. Este gigantesco regalo que hizo el Estado argentino no se lo hizo a ningún poblador argentino, ni originario ni colono».
Aclaró que en aquel entonces existían «unas 50 empresas, que tenían todos los directorios entrecruzados, en el fondo uno sospecha que era la misma unidad de gestión, de una cantidad de empresas que van desde aseguradoras hasta ferrocarriles. Fuimos durante años una colonia británica sin los beneficios de éstas, estas empresas no pagaban aranceles ni derechos de importación, no pagaban impuestos, a cuantos argentinos se les han dado estas posibilidades me pregunto».

Todavía estamos a tiempo
Para Miñeri, «todavía estamos a tiempo de revisar la legitimidad de lo que hemos hecho y empezar a buscar maneras de controlar este tipo de fenómenos, y la otra es dejar de idealizar a quienes no merecen ser idealizados porque las estancias de la patagonia la hicieron los chilenos, los negros, los inmigrantes trabajadores de origen italiano. Seguimos generando todo un mito en torno al eficiente administrador inglés, que hoy es español de telefónica y no nos damos cuenta que las capacidades están en nosotros».
Confió que por otro lado, «los pobladores originarios fueron expulsados y masacrados, con historias realmente alevosas de internamiento en la isla Martín García, un castigo tremendo bajo el cual había un negocio inmobiliario».
Asimismo, llamó a hacer una reparación histórica, «de devolución de tierras y de territorio, ahí vamos a poder dormir tranquilos y arrancar la Argentina de otro modo y no para un solo tipo de población. Seamos un Estado que incluya y reconozca a muchos pueblos. Los Benetton se hacen un flaco favor queriendo cargar ellos mismos con el legado de la Compañía».
Y en este sentido, mencionó que «nunca en el predio Santa Rosa se hizo la compra de elementos para mejoras, ni siquiera para alambrar, mientras que la presencia de pobladores originarios se acredita que estaban en la región, pero no es que tenían la casita tipo en una parcela, son espacios de circulación, algunos destinados a un uso productivo y otros a distintos fines, de hecho, ha sido de ocupación tradicional».

Fuente Indymedia.

ESPECIAL DE RADIO LA NEGRA: "LOS VINDICADORES DE LA HISTORIA ARGENTINA"

Nuevo Especial de Radio La Negra

“Los Vindicadores de la Historia Argentina”, es un especial de Radio La Negra que rescata a hombres y mujeres que de alguna manera revindicaron con su accionar a los oprimidos de nuestra historia.

Kurt Gustav Wilkens, obrero Anarquista Alemán, quien decidió hacer justicia por su propia mano de acuerdo al principio de matar al tirano. "Cuando no hay justicia, la justicia debe realizarla el pueblo", fue su consigna. Y Varela, el fusilador de peones rurales de la patagonia va a caer en la calle Fitz Roy, en una mañana del verano porteño de 1923. Sobre esta historia es el primer especial de este ciclo.
Escuche aquí esta nueva producción:


RADIO LA NEGRA - SONIDOS POPULARES E IDEAS LIBERTARIAS

VOLVER A LA TIERRA

Foto: Página 12.

Por Darío Aranda

Buenos Aires (Página 12).- El pueblo mapuche lleva adelante una política de reivindicación tan silenciada como histórica. Sujeto a la ley, comenzó a recuperar territorio ancestral. Al conmemorarse el 12 de octubre, los casos, los testimonios y las batallas de las comunidades.

Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios a volver a parcelas que les fueron arrebatadas. Sólo en la última década, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 233 mil hectáreas –once veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires–, lo que implicó volver a tierras ancestrales. Respaldados por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales, la recuperación implica mucho más que hectáreas, instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario. “Nuestra visión choca de frente con los intereses del capital, que pretende apropiación del territorio, y con los gobiernos, que permiten, facilitan e instrumentan las nuevas formas del despojo”, explican desde el Consejo Asesor Indígena (CAI), organización de base de las comunidades indígenas de Río Negro.
Lucinda Quintupuray tenía 79 años. Toda su vida permaneció en el mismo lugar, paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón, tierras preciadas por negociantes inmobiliarios. Fue encontrada con dos disparos. Nada robaron, sólo la asesinaron. Un año después, Victoriano Quintupuray, hijo de Lucinda y heredero de las 2500 hectáreas fue encontrado ahogado. La policía lo caratuló como “accidente”. Era agosto de 1994 y comenzaba una larga batalla administrativa por el territorio ancestral. La Comunidad Quintupuray de un lado, el gobierno de Río Negro y operadores inmobiliarios del otro. Luego de quince años de reclamo administrativo y judicial, el 5 de mayo de 2008, la Comunidad Quintupuray recuperó el territorio: ingresó a las parcelas, construyó una vivienda y comenzó a utilizar el territorio.
“El gobierno provincial no sólo no toma en cuenta el crimen impune sino que avanza en completar el despojo, desconociendo nuestra existencia”, explicó la Comunidad el día que volvió a su lugar.
El Consejo Asesor Indígena (CAI) acompañó a la comunidad y apuntó a la Dirección de Tierras y al Consejo de Desarrollo de Comunidad Indígenas (Codeci), dependientes del Gobierno. “Sus actuaciones son funcionales a quienes quieren apropiarse de nuestro territorio. No sólo defenderemos nuestros derechos colectivos sino que seguiremos avanzando en la recuperación de nuestro territorio”, afirmó el CAI, que en la última década acompañó a comunidades mapuches en la recuperación de 160 mil hectáreas.

El presidente del Codeci, Florentino Huircapan, deslindó responsabilidades en las acusaciones, pero aseguró apoyar las recuperaciones como “un acto de justicia”. También aceptó que el Estado provincial está en deuda con los pueblos indígenas y reconoció que ninguna de las 126 comunidades de Río Negro cuenta con título comunitario.
El CAI es una de las organizaciones referentes de la lucha indígena. Su conformación se remonta a mediados de la década del ’80, cuando a fuerza de movilizaciones y debates lograron una legislación provincial de avanzada (Ley 2287). Dos de los puntos más novedosos eran la expropiación de tierras para entregar a las comunidades y la investigación histórica del despojo territorial, con la posterior restitución.
Luego de diez años de insistir por vía administrativa, con exiguos resultados y marañas burocráticas, en 1997 una trawün (asamblea) en Ingeniero Jacobacci decidió avanzar con recuperaciones territoriales. “Durante años se creyó que el Estado devolvería la tierra despojada. Pero se dio por agotada la etapa administrativa, el poder político no tiene voluntad alguna de cumplir la ley, el Estado no tiene voluntad de devolver lo que sacó”, explicó Chacho Liempe, del CAI.
Duplicaron las acciones directas y fueron blanco de jueces corruptos, funcionarios con doble discurso y policías de gatillo fácil. A cada atropello sobrevenía un avance en los campos, en la Línea Sur (el inhóspito desierto provincial) o en la cordillera, hectáreas recuperadas de manos de grandes propietarios, Estados (provincial y nacional) y empresas forestales. Nunca afectaron metros de tierra de puesteros, campesinos o pequeños productores.
Entre 1987 y 1989 realizaron reafirmaciones territoriales de más de 30 mil hectáreas. En 2000 se produjo la primera recuperación, de la Comunidad Casiano-Epumer, 8000 hectáreas que había usurpado un empresario y terrateniente local. La Justicia negó durante siete años el derecho a esas parcelas, pero la Corte Suprema de la Nación certificó que la comunidad había cumplido todos los pasos administrativos, confirmó que la provincia no respondió al reclamo e instó al Juzgado de Bariloche a ocuparse del caso.
Entre 2002 y 2005 se avanzó sobre otras 30 mil hectáreas. Hasta mayo pasado, y con una veintena de casos, el pueblo mapuche de Río Negro lleva recuperadas 160 mil hectáreas. La mayor parte en cercanías de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao y El Bolsón.
Caso paradigmático es la comunidad José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón. A pesar de habitar el mismo lugar desde fines del siglo XIX, el Estado provincial (a través de la Dirección de Bosques) ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y sembró monocultivo de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos sin respuesta. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, fue denunciado por “robo” en su propia tierra.
“Ante esta situación, y cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: exigieron que la estatal Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) se retire definitivamente.
El Estado, contradiciendo toda la normativa vigente (incluida la misma Constitución provincial), solicitó el desalojo de los ocupantes tradicionales.
La Confederación Mapuche de Neuquén tiene casi cuatro décadas de historia, es protagonista de la resistencia y los avances en la región. Aunque en la actualidad los mayores conflictos se producen por intentos de desalojos y criminalización, lleva recuperadas 73 mil hectáreas, principalmente en el departamento de Aluminé, y gran parte son campos de invernada y veranada. En 1995 comenzaron con la mayor acción de recuperación, en el predio Pulmarí, departamento de Aluminé, 350 kilómetros de la capital provincial. Un cementerio indígena y arte ancestral en piedras confirman la preexistencia indígena. Fueron apropiados por el Estado luego de la Campaña al Desierto, expropiados por el primer gobierno peronista y, una de las mayores estancias, transferida al Ejército.
La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) había sido creada en 1987 con el objetivo de administrar de forma sustentable 112 mil hectáreas, con una gradual restitución al pueblo mapuche. Pero la Confederación Mapuche comenzó a denunciar que la CIP funcionaba como “un quiosco inmobiliario”, donde había entrega de tierras a “amigos del poder”. Luego de reiteradas denuncias y reclamos, comenzaron con las recuperaciones. En catorce años recuperaron 70 mil hectáreas, incluidas diez mil que son reclamadas por el Ejército. Nueve comunidades, 900 familias, 3500 personas que ya recuperaron territorio ancestral.
“El concepto de recuperación se complementa con el de restitución, que es el acto legal de reconocimiento que esperamos sobre esas recuperaciones. Para afirmar que esas tierras las ocupamos como acto de estricta legitimidad histórica, ante la pasividad política y jurídica, y ante la amenaza inminente de pasar a manos de los especuladores de la zona”, advierte Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche.
Hace dos meses, el CAI tomó la iniciativa en el frente judicial. En un hecho inédito, planteó una demanda colectiva contra el Estado. “Demandamos judicialmente al Estado de Río Negro para que disponga el reconocimiento total y definitivo de las fracciones del territorio tradicional que ocupamos. A la vez, para que conforme la comisión investigadora de los despojos y robos de tierras, y restituya los espacios”, señalaron once comunidades mapuches.
En base a la Constitución Provincial y la legislación internacional, el objetivo de fondo de la demanda contra el Estado de Río Negro es que se declare la nulidad de todos los actos administrativos “que blanquearon el despojo” de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades. La línea argumental de la denuncia es extrapolable a los demás pueblos originarios: “El robo de tierras fue y es una práctica extendida contra el pueblo mapuche. El mecanismo de despojo y omisión que lleva adelante el Estado es en perjuicio de las comunidades y en beneficio de terceros, incluido el propio Estado”.

RADIO Y ADOLESCENTES EN BARRIO USINA

El Bolsón (ANPP).- Este martes 13, por la tarde, se hará la primera reunión para avanzar en un taller de radio por y para adolescentes en la biblioteca popular Atahualpa Yupanqui del barrio Usina de El Bolsón.
En el proyecto participarán integrantes de la biblioteca, de Radio La Negra y del grupo juvenil Los Luceritos.
Un objetivo a corto plazo es poder grabar un programa para luego ofrecerlo en radios de aire de El Bolsón.

RETENCIÓN DE SERVICIOS EN ESCUELAS

El Bolsón (ANPP).- Desde mañana martes, y probablemente hasta el miércoles inclusive, los docentes de Río Negro harán retención de servicios en repudio al retraso en el pago de haberes a estatales, cuyo cronograma recién se dio a conocer el jueves a la tarde.
En El Bolsón, la medida determinada por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) puede llegar a hacerse sentir en el nivel primario, pero ya se prevé que el acatamiento en las secundarias va a ser dispar.
Según la información oficial, los docentes estarán cobrando sus sueldos recién el miércoles 14 y el jueves 15.
La policía y los trabajadores de la salud, por lo pronto, ya percibieron sus salarios el viernes pasado.

V ENCUENTRO NACIONAL DEL FORO SOCIAL DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN ARGENTINA

El Bolsón (ANPP).- Inspirados en la experiencia del Foro Social Mundial, desde 2002, los encuentros del Foro Social de Salud y Medio Ambiente son espacios de debate y planificación en la lucha por la Salud Colectiva en Argentina.
El V encuentro nacional del Foro Social de Salud y Medio Ambiente en la República Argentina será esta vez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 23 y 24 de octubre, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (Paraguay 2155).
Participarán organizaciones y movimientos sociales y sindicales, comunidades originarias, ONGs, organismos de derechos humanos, especialistas de salud pública, cátedras universitarias, habitantes de todo el país “que creen que otra salud es posible y necesaria”.

DESALOJOS CONTRA COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS DE SANTIAGO DEL ESTERO

Santiago del Estero (Médicos del Mundo).- La organización humanitaria internacional Médicos del Mundo Argentina manifestó su preocupación, repudio y solidaridad frente al proceso de desalojo ordenado por el "Juzgado del Crimen 3ra Nominación", a cargo de Diego Alarcón, de la provincia de Santiago del Estero contra el presidente de la Central Campesina de Los Juríes, Pablo Orellana, coordinador del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MO.CA.SE-Los Juríes) y referente del Frente Nacional Campesino (FNC).
La orden de desalojo fue consecuencia de una resolución judicial vinculada directamente a los intereses de las empresas multinacionales productoras de soja en la zona Sur de Santiago del Estero, con epicentro en la localidad de Los Juríes, a pocos kilómetros de la ciudad de Añatuya.
"Lamentablemente en Argentina una vez más vemos al Estado, tanto el Poder Judicial como el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, garantizando negocios al mercado por sobre la vida de nuestras comunidades: este modelo de monocultivo de la soja, con sus intereses puramente económicos, su destrucción del ambiente y uso intensivo de agrotóxicos que dañan la salud y la vida de las comunidades en la zona de Los Juríes es a costa de la expulsión del campesinado y sus familias, incluso negando los derechos de los pueblos campesinos e indígenas a la propiedad colectiva de sus tierras, que son reconocidos por el Convenio 169 de OIT de los Pueblos Originarios y por nuestra Constitución nacional", denunció el presidente de Médicos del Mundo Argentina, Gonzalo Basile.
"Desde Médicos del Mundo Argentina manifestamos profundamente nuestra solidaridad hacia la Central Campesina de Los Juríes y su referente Pablo Orellana, y exigimos que se anule esta medida judicial claramente injusta que ataca a los sectores campesinos de Santiago del Estero que se organizan para luchar por su derecho a la tierra, a una soberanía alimentaria integral y que junto a Médicos del Mundo vienen trabajando por el Derecho a la Salud de sus pueblos en el combate al Chagas, el Dengue, y la falta de acceso a la salud histórica", puntualizó el presidente de Médicos del Mundo Argentina, y coordinador nacional del Foro Social de Salud y Medio Ambiente en Argentina.

CHOS MALAL PROHIBIÓ LA MINERÍA A CIELO ABIERTO

Esquel (No a la Mina).- El Concejo Deliberante de Chos Malal, provincia de Neuquén, resolvió por unanimidad prohibir la minería a cielo abierto.
“La minería es una actividad extractiva que no deja nada. Hay que pensar en otras alternativas", expresó el intendente de esa localidad, Carlos Lator.
El Concejo Deliberante declaró a esta ciudad como municipio "no tóxico y ambientalmente sustentable”, y a través de la Ordenanza Nº 2390/09 prohibió la minería a cielo abierto y que utilice “sustancias químicas que pongan en riesgo la salud de la población y vulnere los recursos naturales”.
En la zona no habría antecedentes. Existen sí emprendimientos mineros como aquel que lleva a cabo la firma Andacollo Gold S.A. y, a la vez, se advierte la intención latente de que en la región se radiquen otros proyectos.
“Por eso queremos adelantarnos a esta situación”, señaló Lator, aunque aclaró que no se opone a la actividad minera por sí misma, sino a cualquier emprendimiento que implique contaminación.
Además, indicó que la ordenanza aprobada guarda coherencia con otras acciones emprendidas por la comuna.
Recordó que la Municipalidad fue declarada libre de humo y que hace más de un año integra la Red Argentina de Municipios Sustentables.
“Para ingresar presentamos un proyecto vinculado a capacitaciones y talleres barriales a fin de disminuir el índice de accidentes de tránsito que se registra”, comentó.
Este proyecto, según apuntó, fue aprobado y se está ejecutando. Ahora la idea es avanzar con otros proyectos vinculados al medio ambiente y la salud, que mejoren la calidad de vida de los habitantes.
Para Lator, además, es necesario poner en valor las potencialidades turísticas que existen en el lugar.
“Por aquí pasa el desarrollo”, afirmó. Y lejos de pensar que la actividad minera puede desarrollar exponencialmente la región, sostuvo que ésta colisiona con los recursos turísticos que se encuentran.

Fuente: LU17.

OPINIÓN: ANTE LA REPRESIÓN, CHUBUT RESISTE

(Chubut Resiste).- Chubut es reflejo, hoy, de una terrible escalada de violencia estatal. El GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), bajo el amparo político explícito del gobernador Das Neves, ha reprimido con palos, gases lacrimógenos y balas de gomas a trabajadores, gente de asentamientos y, además, pretende desalojar a comunidades de pueblos originarios para entregar esas tierras a agentes económicos internacionales.
Como si esto fuera poco, también desaparecen personas. Iván Torres es el caso más conocido de una larga lista, todas víctimas de un estado represivo, explotador, racista y patriarcal.
Este 12 de octubre se cumplen 7 meses de la desaparición de Luciano González, un trabajador rural detenido y brutalmente golpeado por la policía de Das Neves en Cerro Centinela.
El gobernador elogia la actuación del GEOP y continúan las acciones represivas en toda la provincia, que el silencio de los medios no esclarece.
La función del GEOP es fácilmente comparable a la UCEP metropolitana, y es por eso que acudimos a ustedes para repudiar y difundir los actos inhumanos que estos aparatos ejercen sobre el pueblo.

Basta de persecución y violencia policial por reclamar derechos. Basta de gatillo fácil. Basta de operaciones siniestras del aparato represivo. Aparición con vida de Iván Torres y Luciano González.

Fuente: agencia Walsh.