Por Juan Pablo Ruiz
En referencia a la nota “Denuncia por persecución ideológica”, publicada el jueves 16 de abril en la agencia digital Prensa del Pueblo, y más específicamente en torno a la nota al pie número 1, que trata sobre el señor Fabián Balasz, rectifico lo allí expuesto conforme al siguiente texto:
En respuesta a la carta documento que me ha enviado, pido disculpas al señor Fabián Balasz por dudar de su carácter de periodista. Ya que de hecho el trabajo periodístico está, en mayor o menor medida, siempre signado por la subjetividad (y sobre esto hay ingentes cantidades de material teórico), no es posible desmerecer la labor de nadie por ese motivo.
También es cierto que la sola presencia de publicidad oficial, o la abundancia de textos que tienen como fuentes instituciones pertenecientes a los poderes provinciales, o cierto tratamiento de las noticias o de las entrevistas, no pueden demostrar ninguna vinculación del señor Balasz con el gobierno rionegrino, por más confiables que sean las fuentes que apuntalen esa idea. Es probable que haya habido de mi parte una conclusión apresurada sobre este punto, y por eso pido también disculpas al colega.
Con respecto a las incitaciones a la violencia por parte del concejal Miguel Gotta (que generó un repudio masivo en nuestra comunidad), puedo creer que nunca jamás haya estado en la intención del señor Balasz colaborar concientemente en sus propósitos, pero no por ello me es posible desconocer que el edil encontró en el colega periodista uno de los canales más fecundos para volcar sus expresiones públicas. Pero admito que aún aquí estamos en el terreno de la opinión, y en este punto cada uno tiene derecho a expresarla y los demás a disentir. Por lo que, más allá de las disidencias, me retracto y pido disculpas por mi calificación a la persona y conducta del señor Fabián Balasz.
Espero haber satisfecho su requerimiento.
Juan Pablo Ruiz. DNI 24.496.520
jueves, 23 de abril de 2009
APORTE DE LA RNMA FRENTE AL PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
La Red Nacional de Medios Alternativos, aporta sus primeras propuestas al borrador del Proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que de aprobarse reemplazaría el decreto-ley de Radiodifusión 22.285 de la dictadura militar.
Desde la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina (RNMA) afirmamos que la existencia de una propuesta de proyecto de ley para reemplazar al “Decreto Ley 22.285 de Radiodifusión” de la dictadura militar genocida iniciada el 24 de marzo de 1976, es producto de la lucha llevada a cabo por quienes, no sólo construimos espacios de comunicación popular, alternativa y comunitaria desde el advenimiento de la democracia, sino que resistimos el embate neoliberal del menemismo.
Desde hace un año, la Red Nacional de Medios Alternativos viene pidiendo conocer el proyecto, para lo cual se juntaron cientos de firmas durante distintas actividades en diferentes puntos del país. Lamentamos la brevedad de los tiempos que nos han marcado para presentar propuestas ante una ley de esta trascendencia, habida cuenta de lo complejo de su entramado y del prolongado tiempo que llevó su confección.
Por otraparte queremos llamar la atención respecto a la importancia que tendrá la reglamentación de este proyecto, una vez convertido en ley por el Congreso, en el sentido que la misma no desvirtúe el espíritu ni el contenido de la norma.
Sumamos nuestros primeros aportes con dos objetivos. Por un lado, porque nos hacemos eco de la apertura a presentar propuestas ante la definición de que “éste no es un proyecto del gobierno” tal como se dijo en su presentación pública, (PERO SÍ DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL). Y por el otro porque creemos necesario acotar los márgenes de interpretación sobre conceptos o definiciones que aparecen, a nuestro criterio, poco precisas o ambiguas en el texto de la ley, de manera que su letra sea lo más clara y específica posible, antes de ser reglamentada.
Las propuestas que a continuación detallamos aportan a lo manifestado por el Ejecutivo en cuanto a la necesidad de democratizar la comunicación y limitar el avance de los monopolios mediáticos, aunque nuestra lucha continuará hasta que éstos no existan.
Si lo planteado por el actual interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, durante el reciente foro realizado en la ciudad de Córdoba (“Aquellos aportes que coinciden con el espíritu del Ejecutivo serán incorporados”) es cierto, entonces estamos seguros de que estas propuestas serán tomadas porque enriquecen el actual proyecto.
Creemos que la movilización popular será garantía no solo de que pueda parir una nueva ley sino de que la misma se ponga en práctica y no quede, como en muchos casos, en letra muerta.
1. Derogación del Decreto 527/05.
Si el espíritu de la Propuesta de Proyecto de Ley es la limitación a los monopolios ¿cómo se pretende implementar si no se deroga el Decreto 527/05 que entregó por una década más las licencias a los monopolios para que las continúen explotando?
El mismo Artículo 40 de la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expresa: “El régimen de multiplicidad de licencias previsto en esta ley no podrá alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que, en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, se establezcan ahora o en el futuro”. Vemos una profunda contradicción entre este decreto y el sentido de la Propuesta de Proyecto de Ley por eso exigimos que se declare a este decreto inconstitucional y reclamamos su inmediata derogación.
2. Definición de los medios comunitarios, populares y alternativos como actores con características, necesidades y responsabilidades específicas.
2.1. Redefinición y especificación del actor denominado “Personas Jurídicas sin Fines de Lucro”. Los medios comunitarios, populares y alternativos son mucho más que entidades sin fines de lucro y tampoco deben ser confundidas con medios de baja potencia. Por el contrario, son organizaciones que cumplen un rol político-social fundamental dentro de las comunidades (geográficas o de intereses) en las que están insertas. Por ello resulta imperioso que la ley cuente con una tipología de licenciatario que las contemple para lograr así su defensa y promoción en pos de la democratización de la comunicación.
2.2. Asignación específica de espectro. La igualdad de oportunidades de acceso a licencias es imposible dentro del 33% designado para entidades privadas sin fines de lucro ya que los medios comunitarios populares y alternativos tendrían que disputar licencias con fundaciones, las iglesias, las corporaciones sindicales y otras organizaciones que entran en la misma tipología de licenciatario pero que sin embargo poseen características y objetivos completamente distintos. Es necesario definir claramente cómo se va a promover su existencia a través de la reserva de espectro específico para medios comunitarios, populares y alternativos dentro de ese 33%, por ejemplo, o mecanismos que aseguren aquello que la misma propuesta dice en el artículo 2: "la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación".
Los medios comunitarios, populares y alternativos deben estar especialmente protegidos y su actividad específicamente promovida a los efectos de gozar de un ejercicio de la comunicación plenamente democrático. La garantía del ejercicio pleno de los derechos de los comunicadores comunitarios, populares y alternativos tiene que ser una obligación del Estado y esto tiene que quedar claro en la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
2.3. Mecanismos específicos de acceso a licencias: Por la misma razón que los medios comunitarios, populares y alternativos deben ser tenidos en cuenta en la definición de los tipos de licenciatarios debe haber, también, mecanismos específicos de acceso a licencias en relación a las necesidades de este tipo de medios. Se requerirá, teniendo en cuenta la capacidad real de los medios comunitarios, populares y alternativos, asistencia técnica y tarifas diferenciadas para el acceso a los pliegos, trámites respecto a personería jurídica, plan técnico y financiero, etc.
Estos mecanismos específicos de acceso a licencias deberán incluir a su vez consideraciones específicas respecto de los requisitos de idoneidad y experiencia.
2.4. Aumento del fondo estipulado para medios comunitarios, populares y alternativos. Para que la igualdad de acceso a licencias se haga efectiva es necesaria una clara actitud proactiva de promoción de los Medios comunitarios, populares y alternativos por parte del Estado. Para que esto ocurra es necesaria la ampliación del 4% de presupuesto asignado en base a lo recaudado por gravámenes a la radiodifusión para abrir líneas de financiamiento, subsidios, concursos, asistencia técnica, etc. que fomente el desarrollo de los medios comunitarios, populares y alternativos.
2.5. Asignación automática de licencia a todas aquellas radios que al momento de sanción de la ley estén transmitiendo y devolución de los equipos a las que hayan sido decomisadas. Todos los medios comunitarios, populares y alternativos que existan y estén transmitiendo, en base al análisis del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y al historial de dichos medios (producciones, aval de comunidad, etc.), deben ser autorizados automáticamente a transmitir teniendo en cuenta lo fundamental de su rol político, social y cultural.
3. Mayor pluralidad y representatividad en los órganos de control.
Tanto el órgano de control como los distintos consejos que prevé la propuesta son altamente dependientes del Poder Ejecutivo. Para lograr la deseada democratización de la comunicación es necesario ampliar la participación de distintos sectores. En este sentido proponemos:
3.1. Autoridad de aplicación: que pase de cinco a siete miembros. Tres designados por el Poder Ejecutivo, dos designados por la Comisión Bicameral y dos designados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, uno de los cuales debe provenir del sector de los comunitarios.
3.2. Defensor del público: que sea elegido a través de un procedimiento parlamentario como el Defensor del Pueblo de la Nación.
3.3. Consejo Federal de Comunicación Audiovisual: que se incorporen tres miembros más provenientes del sector de los medios comunitarios, populares y alternativos.
4. Reducción del número de licencias por prestador.
La limitación a 10 licencias por prestador no es suficiente para acabar con el monopolio mediático. Es necesario reducir esta cantidad para poder lograr los objetivos explicitados en la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales de “promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación”.
Hasta aquí, estos son los primeros aportes a tener en consideración, no sólo para la reformulación de la propuesta de proyecto de ley, sino también para todos aquellos y aquellas que entienden la necesidad de debatir profundamente qué entendemos por una comunicación democrática, plural y participativa.
Red Nacional de Medios Alternativos
Desde la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina (RNMA) afirmamos que la existencia de una propuesta de proyecto de ley para reemplazar al “Decreto Ley 22.285 de Radiodifusión” de la dictadura militar genocida iniciada el 24 de marzo de 1976, es producto de la lucha llevada a cabo por quienes, no sólo construimos espacios de comunicación popular, alternativa y comunitaria desde el advenimiento de la democracia, sino que resistimos el embate neoliberal del menemismo.
Desde hace un año, la Red Nacional de Medios Alternativos viene pidiendo conocer el proyecto, para lo cual se juntaron cientos de firmas durante distintas actividades en diferentes puntos del país. Lamentamos la brevedad de los tiempos que nos han marcado para presentar propuestas ante una ley de esta trascendencia, habida cuenta de lo complejo de su entramado y del prolongado tiempo que llevó su confección.
Por otraparte queremos llamar la atención respecto a la importancia que tendrá la reglamentación de este proyecto, una vez convertido en ley por el Congreso, en el sentido que la misma no desvirtúe el espíritu ni el contenido de la norma.
Sumamos nuestros primeros aportes con dos objetivos. Por un lado, porque nos hacemos eco de la apertura a presentar propuestas ante la definición de que “éste no es un proyecto del gobierno” tal como se dijo en su presentación pública, (PERO SÍ DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL). Y por el otro porque creemos necesario acotar los márgenes de interpretación sobre conceptos o definiciones que aparecen, a nuestro criterio, poco precisas o ambiguas en el texto de la ley, de manera que su letra sea lo más clara y específica posible, antes de ser reglamentada.
Las propuestas que a continuación detallamos aportan a lo manifestado por el Ejecutivo en cuanto a la necesidad de democratizar la comunicación y limitar el avance de los monopolios mediáticos, aunque nuestra lucha continuará hasta que éstos no existan.
Si lo planteado por el actual interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, durante el reciente foro realizado en la ciudad de Córdoba (“Aquellos aportes que coinciden con el espíritu del Ejecutivo serán incorporados”) es cierto, entonces estamos seguros de que estas propuestas serán tomadas porque enriquecen el actual proyecto.
Creemos que la movilización popular será garantía no solo de que pueda parir una nueva ley sino de que la misma se ponga en práctica y no quede, como en muchos casos, en letra muerta.
Aportes de la RNMA a la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.- Abril 2009 -
Si el espíritu de la Propuesta de Proyecto de Ley es la limitación a los monopolios ¿cómo se pretende implementar si no se deroga el Decreto 527/05 que entregó por una década más las licencias a los monopolios para que las continúen explotando?
El mismo Artículo 40 de la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expresa: “El régimen de multiplicidad de licencias previsto en esta ley no podrá alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que, en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, se establezcan ahora o en el futuro”. Vemos una profunda contradicción entre este decreto y el sentido de la Propuesta de Proyecto de Ley por eso exigimos que se declare a este decreto inconstitucional y reclamamos su inmediata derogación.
2. Definición de los medios comunitarios, populares y alternativos como actores con características, necesidades y responsabilidades específicas.
2.1. Redefinición y especificación del actor denominado “Personas Jurídicas sin Fines de Lucro”. Los medios comunitarios, populares y alternativos son mucho más que entidades sin fines de lucro y tampoco deben ser confundidas con medios de baja potencia. Por el contrario, son organizaciones que cumplen un rol político-social fundamental dentro de las comunidades (geográficas o de intereses) en las que están insertas. Por ello resulta imperioso que la ley cuente con una tipología de licenciatario que las contemple para lograr así su defensa y promoción en pos de la democratización de la comunicación.
2.2. Asignación específica de espectro. La igualdad de oportunidades de acceso a licencias es imposible dentro del 33% designado para entidades privadas sin fines de lucro ya que los medios comunitarios populares y alternativos tendrían que disputar licencias con fundaciones, las iglesias, las corporaciones sindicales y otras organizaciones que entran en la misma tipología de licenciatario pero que sin embargo poseen características y objetivos completamente distintos. Es necesario definir claramente cómo se va a promover su existencia a través de la reserva de espectro específico para medios comunitarios, populares y alternativos dentro de ese 33%, por ejemplo, o mecanismos que aseguren aquello que la misma propuesta dice en el artículo 2: "la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación".
Los medios comunitarios, populares y alternativos deben estar especialmente protegidos y su actividad específicamente promovida a los efectos de gozar de un ejercicio de la comunicación plenamente democrático. La garantía del ejercicio pleno de los derechos de los comunicadores comunitarios, populares y alternativos tiene que ser una obligación del Estado y esto tiene que quedar claro en la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
2.3. Mecanismos específicos de acceso a licencias: Por la misma razón que los medios comunitarios, populares y alternativos deben ser tenidos en cuenta en la definición de los tipos de licenciatarios debe haber, también, mecanismos específicos de acceso a licencias en relación a las necesidades de este tipo de medios. Se requerirá, teniendo en cuenta la capacidad real de los medios comunitarios, populares y alternativos, asistencia técnica y tarifas diferenciadas para el acceso a los pliegos, trámites respecto a personería jurídica, plan técnico y financiero, etc.
Estos mecanismos específicos de acceso a licencias deberán incluir a su vez consideraciones específicas respecto de los requisitos de idoneidad y experiencia.
2.4. Aumento del fondo estipulado para medios comunitarios, populares y alternativos. Para que la igualdad de acceso a licencias se haga efectiva es necesaria una clara actitud proactiva de promoción de los Medios comunitarios, populares y alternativos por parte del Estado. Para que esto ocurra es necesaria la ampliación del 4% de presupuesto asignado en base a lo recaudado por gravámenes a la radiodifusión para abrir líneas de financiamiento, subsidios, concursos, asistencia técnica, etc. que fomente el desarrollo de los medios comunitarios, populares y alternativos.
2.5. Asignación automática de licencia a todas aquellas radios que al momento de sanción de la ley estén transmitiendo y devolución de los equipos a las que hayan sido decomisadas. Todos los medios comunitarios, populares y alternativos que existan y estén transmitiendo, en base al análisis del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y al historial de dichos medios (producciones, aval de comunidad, etc.), deben ser autorizados automáticamente a transmitir teniendo en cuenta lo fundamental de su rol político, social y cultural.
3. Mayor pluralidad y representatividad en los órganos de control.
Tanto el órgano de control como los distintos consejos que prevé la propuesta son altamente dependientes del Poder Ejecutivo. Para lograr la deseada democratización de la comunicación es necesario ampliar la participación de distintos sectores. En este sentido proponemos:
3.1. Autoridad de aplicación: que pase de cinco a siete miembros. Tres designados por el Poder Ejecutivo, dos designados por la Comisión Bicameral y dos designados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, uno de los cuales debe provenir del sector de los comunitarios.
3.2. Defensor del público: que sea elegido a través de un procedimiento parlamentario como el Defensor del Pueblo de la Nación.
3.3. Consejo Federal de Comunicación Audiovisual: que se incorporen tres miembros más provenientes del sector de los medios comunitarios, populares y alternativos.
4. Reducción del número de licencias por prestador.
La limitación a 10 licencias por prestador no es suficiente para acabar con el monopolio mediático. Es necesario reducir esta cantidad para poder lograr los objetivos explicitados en la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales de “promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación”.
Hasta aquí, estos son los primeros aportes a tener en consideración, no sólo para la reformulación de la propuesta de proyecto de ley, sino también para todos aquellos y aquellas que entienden la necesidad de debatir profundamente qué entendemos por una comunicación democrática, plural y participativa.
Red Nacional de Medios Alternativos
miércoles, 22 de abril de 2009
EL PARO NACIONAL DE ATE SE SINTIÓ EN RÍO NEGRO Y NEUQUEN
Bariloche (Gente de Radio).- Sobre la base de la jornada nacional de lucha convocada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también resolvió un paro donde realizaron movilizaciones y actos públicos de protesta y denuncia. Una multitudinaria manifestación se llevo a cabo sobre el puente carretero que una las provincias de Río Negro y Neuquen, “... para que este puente no nos separe a los trabajadores, sino que sea un punto de encuentro, de unión de los que necesitamos cada vez mas organizarnos, unirnos...” expresaba Hugo Rojas, secretario general de ATE Río Negro, en comunicación con FM GENTE DE RADIO.
La principal cuestión que se plantea en esta movilización, es la justa distribución de la riqueza ante la inminente crisis que golpea a los que menos tienen, debido a la devaluación con congelamiento salarial promovido por el sector industrial, entre otros puntos, que aseguran sus ganancias a costilla de los y las trabajadoras con la creación de las cuasimonedas con las que el gobierno pretende saldar deudas a 18 o 20 años, la cual implicaría la reducción de los salarios por demás bastardeados.
Por su parte, Rojas puntualizo que “... solicitar aumentos salariales, solicitar la asignación universal por hijo y el cese de suspenciones y despidos, es lo más urgente...”. En referencia a las políticas publicas implementadas por el gobierno nacional, Hugo Rojas expreso que ATE no concuerda con las mismas, y proponen que se deben volcar hacia los trabajadores la mayor cantidad de recursos y dejar de ser garantes de los grandes grupos económicos. Para finalizar, el secretario general de ATE, remarco que sino se dan respuestas a los tres principales puntos del reclamo de los estatales, en mayo volverán a manifestarse en las calles con movilizaciones masivas en el ámbito nacional.
Por otro lado, en nuestra ciudad la seccional de la CTA concentraba su movilización, entre otras actividades, en una radio abierta a realizarse en el centro de la ciudad, enmarcadas en las jornadas de lucha y protesta a escala nacional.
La principal cuestión que se plantea en esta movilización, es la justa distribución de la riqueza ante la inminente crisis que golpea a los que menos tienen, debido a la devaluación con congelamiento salarial promovido por el sector industrial, entre otros puntos, que aseguran sus ganancias a costilla de los y las trabajadoras con la creación de las cuasimonedas con las que el gobierno pretende saldar deudas a 18 o 20 años, la cual implicaría la reducción de los salarios por demás bastardeados.
Por su parte, Rojas puntualizo que “... solicitar aumentos salariales, solicitar la asignación universal por hijo y el cese de suspenciones y despidos, es lo más urgente...”. En referencia a las políticas publicas implementadas por el gobierno nacional, Hugo Rojas expreso que ATE no concuerda con las mismas, y proponen que se deben volcar hacia los trabajadores la mayor cantidad de recursos y dejar de ser garantes de los grandes grupos económicos. Para finalizar, el secretario general de ATE, remarco que sino se dan respuestas a los tres principales puntos del reclamo de los estatales, en mayo volverán a manifestarse en las calles con movilizaciones masivas en el ámbito nacional.
Por otro lado, en nuestra ciudad la seccional de la CTA concentraba su movilización, entre otras actividades, en una radio abierta a realizarse en el centro de la ciudad, enmarcadas en las jornadas de lucha y protesta a escala nacional.
EL GOBIERNO HIZO UNA PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE LOS DÍAS DE PARO
BARILOCHE (ANBariloche).- Autoridades del Ministerio de Educación y referentes del gremio UNTER se reunieron ayer en el marco de una nueva paritaria para analizar varios temas. Entre otras cosas, se avanzó en la reformulación del calendario escolar para recuperar los días de clase perdidos por el paro del sindicato.
Del encuentro –que duró poco más de cuatro horas- participaron el ministro de Educación, César Barbeito; el coordinador de Políticas Gremiales, Alejandro Betelú; las subsecretarias de Educación, Norma Nakandakare; de Planeamiento, Doris Borobia y de Coordinación Pedagógico, Andrea Novillo Pintos y los vocales del Consejo Provincial (CPE) Jorge Sartor y Amira Nataine.
Por el sindicato participaron su secretario general, Marcelo Nervi, el secretario adjunto, Ricardo Berros, el titular de Prensa, Pedro Bichara y el vocal gremial del CPE, Héctor Roncallo.
En este marco, el Ministerio presentó la propuesta de reformulación del calendario escolar para cumplir efectivamente con el compromiso de los 180 días de clase para todos los alumnos de la provincia
Según se informó desde el gobierno, el proyecto de la cartera educativa propone la unificación de los períodos lectivos para nivel Primario de Febrero-Diciembre y de Marzo–Noviembre; la supresión de las jornadas institucionales y de los encuentros presenciales de capacitación, más realización de algún encuentro durante los días sábados.
Con esta iniciativa, el Ministerio prevé obtener 14 días hábiles en abril, 19 en mayo (más 1 días sábado), 21 en junio (2 sábados), 17 en julio, 20 en agosto (1 sábado), 22 en septiembre (2 sábados), 21 en octubre (1 sábado), 21 en noviembre (1 sábado) y 16 en diciembre (1 sábado).
La propuesta del Ministerio establece además, reducir le receso invernal en todas las regiones del 18 al 26 de julio, excepto en las zonas Andina, Andina Sur y Sur I y II donde el receso sería entre el 18 de julio al 2 de agosto.
Según la iniciativa, este calendario será de cumplimiento total para quienes hayan perdido la totalidad de los días de clase durante el paro. Mientras que quienes hayan perdido solo algunas jornadas deberán ir recuperándolas de acuerdo a cada situación.
El Ministerio propuso además crear comisiones por niveles -en ámbitos de la Subsecretarías y el CPE- para atender la especificidad que demanda la construcción de las propuestas de recuperación de días.
Ante este planteo, el gremio manifestó que acuerda con la necesidad de reestructuración de calendario escolar y para poder avanzar puntualmente en la propuesta se debe tener en cuenta la realidad de cada uno de los niveles y modalidades.
Además, la UNTER se comprometió a analizar en las Secretarías de Nivel de la organización la propuesta vertida y formalizar una respuesta en el próximo encuentro entre ambas partes, el próximo lunes 27 a las 10 en el ámbito del CPE.
Otros temas
Por otra parte y en cuanto al tema vinculado con las viviendas para los trabajadores del sector docente, las partes acordaron concretar una reunión con el Instituto de Planificación y Promoción de Viviendas (IPPV) para el martes próximo.
Asimismo, se acordó una prórroga hasta el 15 de mayo del período de inscripción para intineratos y suplencias para todos los niveles en el ciclo lectivo 2010, lo que será establecido en la norma correspondiente a dictarse en el marco del CPE.
Del encuentro –que duró poco más de cuatro horas- participaron el ministro de Educación, César Barbeito; el coordinador de Políticas Gremiales, Alejandro Betelú; las subsecretarias de Educación, Norma Nakandakare; de Planeamiento, Doris Borobia y de Coordinación Pedagógico, Andrea Novillo Pintos y los vocales del Consejo Provincial (CPE) Jorge Sartor y Amira Nataine.
Por el sindicato participaron su secretario general, Marcelo Nervi, el secretario adjunto, Ricardo Berros, el titular de Prensa, Pedro Bichara y el vocal gremial del CPE, Héctor Roncallo.
En este marco, el Ministerio presentó la propuesta de reformulación del calendario escolar para cumplir efectivamente con el compromiso de los 180 días de clase para todos los alumnos de la provincia
Según se informó desde el gobierno, el proyecto de la cartera educativa propone la unificación de los períodos lectivos para nivel Primario de Febrero-Diciembre y de Marzo–Noviembre; la supresión de las jornadas institucionales y de los encuentros presenciales de capacitación, más realización de algún encuentro durante los días sábados.
Con esta iniciativa, el Ministerio prevé obtener 14 días hábiles en abril, 19 en mayo (más 1 días sábado), 21 en junio (2 sábados), 17 en julio, 20 en agosto (1 sábado), 22 en septiembre (2 sábados), 21 en octubre (1 sábado), 21 en noviembre (1 sábado) y 16 en diciembre (1 sábado).
La propuesta del Ministerio establece además, reducir le receso invernal en todas las regiones del 18 al 26 de julio, excepto en las zonas Andina, Andina Sur y Sur I y II donde el receso sería entre el 18 de julio al 2 de agosto.
Según la iniciativa, este calendario será de cumplimiento total para quienes hayan perdido la totalidad de los días de clase durante el paro. Mientras que quienes hayan perdido solo algunas jornadas deberán ir recuperándolas de acuerdo a cada situación.
El Ministerio propuso además crear comisiones por niveles -en ámbitos de la Subsecretarías y el CPE- para atender la especificidad que demanda la construcción de las propuestas de recuperación de días.
Ante este planteo, el gremio manifestó que acuerda con la necesidad de reestructuración de calendario escolar y para poder avanzar puntualmente en la propuesta se debe tener en cuenta la realidad de cada uno de los niveles y modalidades.
Además, la UNTER se comprometió a analizar en las Secretarías de Nivel de la organización la propuesta vertida y formalizar una respuesta en el próximo encuentro entre ambas partes, el próximo lunes 27 a las 10 en el ámbito del CPE.
Otros temas
Por otra parte y en cuanto al tema vinculado con las viviendas para los trabajadores del sector docente, las partes acordaron concretar una reunión con el Instituto de Planificación y Promoción de Viviendas (IPPV) para el martes próximo.
Asimismo, se acordó una prórroga hasta el 15 de mayo del período de inscripción para intineratos y suplencias para todos los niveles en el ciclo lectivo 2010, lo que será establecido en la norma correspondiente a dictarse en el marco del CPE.
COMUNICADO: POR QUÉ LOS 22 CASOS DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD NO TIENE QUE IR A BAHIA BLANCA
A la comunidad de Neuquén y Río Negro:
La decisión de la jueza federal de Neuquén -avalada por un sector de la APDH- respecto a enviar a Bahía Blanca 22 casos de la causa donde se ventilan algunos de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante el genocidio perpetrado por la última dictadura militar, significa un paso hacia la impunidad y el olvido. Son múltiples las razones jurídicas, investigativas, políticas y morales por las cuales tal determinación constituye una aberración. Aquí enumeraremos algunas con el fin de combatir la falta de información que padece al respecto la opinión pública. La conclusión se impone por sí misma: el desmembramiento de la denominada causa de los Derechos Humanos parece obedecer a una intención encubridora por parte de ciertos sectores de la justicia e implica un grueso error político de los sectores de la APDH que apoyan dicha medida.
Los casos que se enviarán a Bahía Blanca
Los 22 expedientes que se enviarán a Bahía Blanca integran el conjunto casos del que fuera el tercer gran operativo "antisubversivo" emprendido en las provincias de Río Negro y Neuquén. Dicho operativo comenzó el 9 de junio de 1976 en Neuquén, continuó en los días siguientes en Cipolletti, Cinco Saltos y Barda del Medio y terminó el 15 de junio en Cutral Co. Durante el mismo se combinaron las dos modalidades que había asumido la represión política: la clandestina o "nocturna" y el "semilegal" o "diurna". De un lado hubo secuestros realizados por el grupo de tareas (sujetos de civil fuertemente armados que se movilizaban en automóviles particulares) y del otro procedimientos de detención en los cuales los perpetradores identificaron su pertenencia al Ejército y/o las fuerzas de seguridad. Surge claramente la interrelacion entre tales "operativos negros" (grupos de tareas, secuestros, centros clandestinos) y los "operativos blancos" (detenciones semilegales, con personal de uniforme y en vehículos oficiales, presos reconocidos por decretos del Poder Ejecutivo, cautiverio en cárceles). De todos los ocurridos en la región, fue el operativo donde mejor se traslucen la jurisdicción utilizada, la separación de tareas y la coordinación conjunta de todas las fuerzas represivas (Ejército, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y policías provinciales). También queda al descubierto el encubrimiento deliberado de la justicia federal y la complicidad de la intervención militar de Neuquén. Fue, por último, el operativo que más desaparecidos produjo en la región. Al día de la fecha, nueve de sus víctimas continúan en ese estado: Alicia Pifarré, Carlos Schedan, Miguel Angel Pincheira, José Delineo Méndez, Carlos Cháves, Arlene Seguel, Susana Mujica, Cecilia Vecchi y Mirta Tronelli.
Aberración jurídica
Es totalmente falaz el argumento que la jueza federal esgrime para enviar esos casos a Bahía Blanca. Basada en un tecnicismo jurídico que determina que los crímenes deben ser investigados y juzgados en la jurisdicción donde se cometieron los delitos más graves, la magistrada pretende que las torturas y muerte de muchos de ellos ocurrieron en Bahía Blanca.
En primer lugar es falso que sólo allí se haya torturado a las víctimas. Hay pruebas fehacientes que demuestran que Alicia Pifarré fue primero torturada en La Escuelita de Neuquén y que muchos detenidos sufrieron el mismo trato en la comisaría de Cutral Co antes de ser trasladados a Bahía Blanca. También hay indicios que sugieren que por lo menos dos víctimas estuvieron unos días cautivas en La Escuelita de Neuquén antes de ser llevadas a aquella ciudad, sede del Comando V Cuerpo de Ejército. Para el caso de los sobrevivientes: ¿con qué criterio se pretende concluir que las torturas sufridas allá fueron más graves que las sufridas acá?
En segundo lugar, no está probado que los nueve desaparecidos hayan sido asesinados en Bahía Blanca. Aunque ello resulta posible, la idea constituye una hipótesis que de ningún modo ha sido probada. Por el contrario, hay casos que sugieren que otras víctimas podrían haber sido muertas y enterradas en la región tras ser "liberadas" en Bahía Blanca.
No es cierto que sea obligatorio que éstas causas de Derechos Humanos deban elevarse a la jurisdicción donde supuestamente se cometieron los delitos más graves. Hay muchos criterios para tomar una decisión así y no solo aquel. Los criterios de jurisdicción son en estos casos flexibles y no rígidos. El argumento técnico, por tanto, parece una mentira diseñada para confundir. Si no fuera falaz, la Fiscalía de Neuquén no podría haber apelado la derivación de los casos a Bahía Blanca. En resumen: no hay ningún argumento técnico incontestable para mandar estos expedientes a Bahía Blanca.
La mayoría de los represores del Comando V Cuerpo de Ejército y del Comando Subzona 5.1. que podrían ser imputados por los casos ocurridos aquí están muertos (Azpitarte, Cruciani, etc). Es decir que llegado el caso de que estos 22 casos llegaran a juicio en Bahía Blanca, la mayoría de los imputados serían militares y policías que actuaron en la región. ¿Para qué entonces juzgarlos en Bahía Blanca?
Aberración investigativa
En esos 22 legajos hay abundante prueba que sirve no solo para esclarecer esos casos, sino que también arrojan luz sobre las características generales de cómo funcionaban y se compenetraban el sistema clandestino y el "semilegal" de la represión con el sistema judicial, penal y la intervención militar.
En ellos se encuentra la prueba más contundente sobre la participación en ambas modalidades represivas de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Neuquén. Esas dos fuerzas son, justamente, las que han quedado afuera de los juicios que se llevaran a cabo en Neuquén debido a que el ex juez Guillermo Labate nunca procesó a miembros de ambas policías, con la excepción de Héctor Mendoza quien aún continúa prófugo.
Los casos de Cutral Co son los únicos de toda la causa donde se registraron torturas cometidas en una dependencia de la policía de Neuquén: la Comisaría Cuarta de la ciudad petrolera. En el operativo de Cutral Co está probada la participación en las detenciones (no en los secuestros) de altos oficiales de la policía de Neuquén que actuaron en coordinación con el Ejército, la Policía Federal y los grupos de tareas. En ese operativo todas las fuerzas operaron de manera coordinada; o sea que se prueba que todas conocían de la existencia y el modus operandi de los grupos de tareas, es decir, de los secuestradores/torturadores.
Está sobradamente probada la participación de un oficial de Policía Federal en el grupo de tareas que secuestró a Alicia Pifarré el 9 de junio de 1976. Este oficial confesó en la instrucción de los ´80 que su función era hacer de enlace entre el Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército y la Delegación Neuquén de la Policía Federal. Es, por tanto, un imputado clave para demostrar la relación entre ambas dependencias. Sin embargo, el represor nunca fue procesado por el ex juez Guillermo Labate.
La participación de la Policía Federal también surge claramente en las detenciones y secuestros de Carlos Schedan, Arlene Seguel y Alicia Villaverde. Solo a título de último ejemplo, los detenidos del 9 de junio estuvieron casi todos cautivos por horas en la Delegación de la Policía Federal antes de ser trasladados a La Escuelita de Neuquén y luego a la U9 o a Bahía Blanca.
En el caso de Alicia Pifarré también se evidencia con mucha claridad cómo la justicia federal de aquellos días actuaba como encubridora de la represión. Aunque eso no se puede probar fehacientemente (es decir, las piezas documentales no son suficientes para procesar a algún ex funcionario judicial), la complicidad de la justicia federal salta a la vista para quien quiera mirarla.
Los secuestrados el 9 de junio de 1976 constituyen los primeros casos registrados de personas que estuvieron cautivas en "La Escuelita" de Neuquén. En días posteriores, otras dos personas aún no identificadas estuvieron allí por días para, seguramente, ser torturadas. Es decir que al enviar tales casos a Bahía Blanca, se está desmembrando la historia de "La Escuelita".
Hay claros indicios de la participación de varios miembros (oficiales y suboficiales) del Destacamento de Inteligencia 182 en los secuestros y traslados a Bahía Blanca por esas fechas. Uno de ellos tampoco ha sido procesado por el ex juez Guillermo Labate aunque fue denunciado con nombre y apellido por el testigo Miguel Suñer.
Como no está probado que todos los desaparecidos de esta razzia hayan sido muertos en Bahía Blanca, al enviar sus legajos a esa ciudad se pierde una punta de ovillo para encontrar los lugares de enterramientos clandestinos en la región. La documentación prueba que por lo menos en las "liberaciones" de Miguel Angel Pincheira y José Delineo Méndez estuvieron y viajaron hacia allí oficiales y suboficiales del Comando Subzona 5.2 y del Destacamento de Inteligencia 182, lo que equivale a decir que no se sabe fehacientemente si fueron asesinados en Bahía Blanca o traídos antes a Neuquén.
Menos los casos de los secuestrados por los grupos de tareas, los "operativos blancos" fueron reconocidos en un comunicado emitido por el Comando Subzona 5.2.. Si existe esta prueba respecto a qué jurisdicción militar dio la orden para concretar las detenciones, ¿qué sentido tiene enviarlo a otra jurisdicción?
No es cierto que la investigación de lo sucedido entre el 9 y el 15 de junio esté agotada. Por el contrario, abundan líneas de investigación que no han sido profundizadas.
Aberración política
El actual juez federal de Bahía Blanca, Álvarez Canale, fue secretario del juzgado o de la fiscalía de esa ciudad durante la dictadura militar. Es decir que el juez que será encargado de investigar y elevar a juicio los 22 casos, era uno de los funcionarios que hace treinta años firmaba los rechazos y desestimaciones de los recursos de habeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos.
Las posibilidades de que esos 22 casos lleguen a juicio en Bahía Blanca son muchísimo menores a las posibilidades de que sean ventilados en Neuquén. Si esos casos no llegan a juicio habrá una cantidad indeterminada de represores impunes, entre ellos un oficial de la Policía Federal que fue miembro de los grupos de tareas, otro aún no identificado que participó del secuestro de Arlene Seguel, oficiales de la policía provincial que estuvieron en el operativo de Cutral Co y otros secuestradores, jefes, torturadores o cómplices encubridores que pudieran surgir de la consecución de la investigación.
La mayoría de los organismos de Derechos Humanos de la Argentina son proclives a que los juicios contra los represores se lleven a cabo en los lugares donde las víctimas militaban y vivían.
Aberración moral
Es de una crueldad absoluta el obligar a las víctimas a seguir esperando que sus casos lleguen a juicio. Además de los más de 30 años transcurridos, ¿cuántos más deberán esperar si sus casos van a Bahía Blanca, uno de los lugares donde, como reconoció el mismo fiscal Cañón, las causas de Derechos Humanos están más atrasadas.
CONTACTOS: (0299) 154138130 - 155170001
La decisión de la jueza federal de Neuquén -avalada por un sector de la APDH- respecto a enviar a Bahía Blanca 22 casos de la causa donde se ventilan algunos de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante el genocidio perpetrado por la última dictadura militar, significa un paso hacia la impunidad y el olvido. Son múltiples las razones jurídicas, investigativas, políticas y morales por las cuales tal determinación constituye una aberración. Aquí enumeraremos algunas con el fin de combatir la falta de información que padece al respecto la opinión pública. La conclusión se impone por sí misma: el desmembramiento de la denominada causa de los Derechos Humanos parece obedecer a una intención encubridora por parte de ciertos sectores de la justicia e implica un grueso error político de los sectores de la APDH que apoyan dicha medida.
Los casos que se enviarán a Bahía Blanca
Los 22 expedientes que se enviarán a Bahía Blanca integran el conjunto casos del que fuera el tercer gran operativo "antisubversivo" emprendido en las provincias de Río Negro y Neuquén. Dicho operativo comenzó el 9 de junio de 1976 en Neuquén, continuó en los días siguientes en Cipolletti, Cinco Saltos y Barda del Medio y terminó el 15 de junio en Cutral Co. Durante el mismo se combinaron las dos modalidades que había asumido la represión política: la clandestina o "nocturna" y el "semilegal" o "diurna". De un lado hubo secuestros realizados por el grupo de tareas (sujetos de civil fuertemente armados que se movilizaban en automóviles particulares) y del otro procedimientos de detención en los cuales los perpetradores identificaron su pertenencia al Ejército y/o las fuerzas de seguridad. Surge claramente la interrelacion entre tales "operativos negros" (grupos de tareas, secuestros, centros clandestinos) y los "operativos blancos" (detenciones semilegales, con personal de uniforme y en vehículos oficiales, presos reconocidos por decretos del Poder Ejecutivo, cautiverio en cárceles). De todos los ocurridos en la región, fue el operativo donde mejor se traslucen la jurisdicción utilizada, la separación de tareas y la coordinación conjunta de todas las fuerzas represivas (Ejército, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y policías provinciales). También queda al descubierto el encubrimiento deliberado de la justicia federal y la complicidad de la intervención militar de Neuquén. Fue, por último, el operativo que más desaparecidos produjo en la región. Al día de la fecha, nueve de sus víctimas continúan en ese estado: Alicia Pifarré, Carlos Schedan, Miguel Angel Pincheira, José Delineo Méndez, Carlos Cháves, Arlene Seguel, Susana Mujica, Cecilia Vecchi y Mirta Tronelli.
Aberración jurídica
Es totalmente falaz el argumento que la jueza federal esgrime para enviar esos casos a Bahía Blanca. Basada en un tecnicismo jurídico que determina que los crímenes deben ser investigados y juzgados en la jurisdicción donde se cometieron los delitos más graves, la magistrada pretende que las torturas y muerte de muchos de ellos ocurrieron en Bahía Blanca.
En primer lugar es falso que sólo allí se haya torturado a las víctimas. Hay pruebas fehacientes que demuestran que Alicia Pifarré fue primero torturada en La Escuelita de Neuquén y que muchos detenidos sufrieron el mismo trato en la comisaría de Cutral Co antes de ser trasladados a Bahía Blanca. También hay indicios que sugieren que por lo menos dos víctimas estuvieron unos días cautivas en La Escuelita de Neuquén antes de ser llevadas a aquella ciudad, sede del Comando V Cuerpo de Ejército. Para el caso de los sobrevivientes: ¿con qué criterio se pretende concluir que las torturas sufridas allá fueron más graves que las sufridas acá?
En segundo lugar, no está probado que los nueve desaparecidos hayan sido asesinados en Bahía Blanca. Aunque ello resulta posible, la idea constituye una hipótesis que de ningún modo ha sido probada. Por el contrario, hay casos que sugieren que otras víctimas podrían haber sido muertas y enterradas en la región tras ser "liberadas" en Bahía Blanca.
No es cierto que sea obligatorio que éstas causas de Derechos Humanos deban elevarse a la jurisdicción donde supuestamente se cometieron los delitos más graves. Hay muchos criterios para tomar una decisión así y no solo aquel. Los criterios de jurisdicción son en estos casos flexibles y no rígidos. El argumento técnico, por tanto, parece una mentira diseñada para confundir. Si no fuera falaz, la Fiscalía de Neuquén no podría haber apelado la derivación de los casos a Bahía Blanca. En resumen: no hay ningún argumento técnico incontestable para mandar estos expedientes a Bahía Blanca.
La mayoría de los represores del Comando V Cuerpo de Ejército y del Comando Subzona 5.1. que podrían ser imputados por los casos ocurridos aquí están muertos (Azpitarte, Cruciani, etc). Es decir que llegado el caso de que estos 22 casos llegaran a juicio en Bahía Blanca, la mayoría de los imputados serían militares y policías que actuaron en la región. ¿Para qué entonces juzgarlos en Bahía Blanca?
Aberración investigativa
En esos 22 legajos hay abundante prueba que sirve no solo para esclarecer esos casos, sino que también arrojan luz sobre las características generales de cómo funcionaban y se compenetraban el sistema clandestino y el "semilegal" de la represión con el sistema judicial, penal y la intervención militar.
En ellos se encuentra la prueba más contundente sobre la participación en ambas modalidades represivas de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Neuquén. Esas dos fuerzas son, justamente, las que han quedado afuera de los juicios que se llevaran a cabo en Neuquén debido a que el ex juez Guillermo Labate nunca procesó a miembros de ambas policías, con la excepción de Héctor Mendoza quien aún continúa prófugo.
Los casos de Cutral Co son los únicos de toda la causa donde se registraron torturas cometidas en una dependencia de la policía de Neuquén: la Comisaría Cuarta de la ciudad petrolera. En el operativo de Cutral Co está probada la participación en las detenciones (no en los secuestros) de altos oficiales de la policía de Neuquén que actuaron en coordinación con el Ejército, la Policía Federal y los grupos de tareas. En ese operativo todas las fuerzas operaron de manera coordinada; o sea que se prueba que todas conocían de la existencia y el modus operandi de los grupos de tareas, es decir, de los secuestradores/torturadores.
Está sobradamente probada la participación de un oficial de Policía Federal en el grupo de tareas que secuestró a Alicia Pifarré el 9 de junio de 1976. Este oficial confesó en la instrucción de los ´80 que su función era hacer de enlace entre el Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército y la Delegación Neuquén de la Policía Federal. Es, por tanto, un imputado clave para demostrar la relación entre ambas dependencias. Sin embargo, el represor nunca fue procesado por el ex juez Guillermo Labate.
La participación de la Policía Federal también surge claramente en las detenciones y secuestros de Carlos Schedan, Arlene Seguel y Alicia Villaverde. Solo a título de último ejemplo, los detenidos del 9 de junio estuvieron casi todos cautivos por horas en la Delegación de la Policía Federal antes de ser trasladados a La Escuelita de Neuquén y luego a la U9 o a Bahía Blanca.
En el caso de Alicia Pifarré también se evidencia con mucha claridad cómo la justicia federal de aquellos días actuaba como encubridora de la represión. Aunque eso no se puede probar fehacientemente (es decir, las piezas documentales no son suficientes para procesar a algún ex funcionario judicial), la complicidad de la justicia federal salta a la vista para quien quiera mirarla.
Los secuestrados el 9 de junio de 1976 constituyen los primeros casos registrados de personas que estuvieron cautivas en "La Escuelita" de Neuquén. En días posteriores, otras dos personas aún no identificadas estuvieron allí por días para, seguramente, ser torturadas. Es decir que al enviar tales casos a Bahía Blanca, se está desmembrando la historia de "La Escuelita".
Hay claros indicios de la participación de varios miembros (oficiales y suboficiales) del Destacamento de Inteligencia 182 en los secuestros y traslados a Bahía Blanca por esas fechas. Uno de ellos tampoco ha sido procesado por el ex juez Guillermo Labate aunque fue denunciado con nombre y apellido por el testigo Miguel Suñer.
Como no está probado que todos los desaparecidos de esta razzia hayan sido muertos en Bahía Blanca, al enviar sus legajos a esa ciudad se pierde una punta de ovillo para encontrar los lugares de enterramientos clandestinos en la región. La documentación prueba que por lo menos en las "liberaciones" de Miguel Angel Pincheira y José Delineo Méndez estuvieron y viajaron hacia allí oficiales y suboficiales del Comando Subzona 5.2 y del Destacamento de Inteligencia 182, lo que equivale a decir que no se sabe fehacientemente si fueron asesinados en Bahía Blanca o traídos antes a Neuquén.
Menos los casos de los secuestrados por los grupos de tareas, los "operativos blancos" fueron reconocidos en un comunicado emitido por el Comando Subzona 5.2.. Si existe esta prueba respecto a qué jurisdicción militar dio la orden para concretar las detenciones, ¿qué sentido tiene enviarlo a otra jurisdicción?
No es cierto que la investigación de lo sucedido entre el 9 y el 15 de junio esté agotada. Por el contrario, abundan líneas de investigación que no han sido profundizadas.
Aberración política
El actual juez federal de Bahía Blanca, Álvarez Canale, fue secretario del juzgado o de la fiscalía de esa ciudad durante la dictadura militar. Es decir que el juez que será encargado de investigar y elevar a juicio los 22 casos, era uno de los funcionarios que hace treinta años firmaba los rechazos y desestimaciones de los recursos de habeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos.
Las posibilidades de que esos 22 casos lleguen a juicio en Bahía Blanca son muchísimo menores a las posibilidades de que sean ventilados en Neuquén. Si esos casos no llegan a juicio habrá una cantidad indeterminada de represores impunes, entre ellos un oficial de la Policía Federal que fue miembro de los grupos de tareas, otro aún no identificado que participó del secuestro de Arlene Seguel, oficiales de la policía provincial que estuvieron en el operativo de Cutral Co y otros secuestradores, jefes, torturadores o cómplices encubridores que pudieran surgir de la consecución de la investigación.
La mayoría de los organismos de Derechos Humanos de la Argentina son proclives a que los juicios contra los represores se lleven a cabo en los lugares donde las víctimas militaban y vivían.
Aberración moral
Es de una crueldad absoluta el obligar a las víctimas a seguir esperando que sus casos lleguen a juicio. Además de los más de 30 años transcurridos, ¿cuántos más deberán esperar si sus casos van a Bahía Blanca, uno de los lugares donde, como reconoció el mismo fiscal Cañón, las causas de Derechos Humanos están más atrasadas.
CONTACTOS: (0299) 154138130 - 155170001
martes, 21 de abril de 2009
RÍO NEGRO: NACE CENTRAL DE MOVIMIENTOS POPULARES
El Bolsón (ANPP).- El sábado 18 de abril se creó la Central de Movimientos Populares de Río Negro y la integran, por ahora, veintisiete organizaciones de toda la provincia, que se reunirán para planificar y trabajar en un plenario el 9 de junio, en Viedma.
Entre las próximas acciones, la Central solicitará audiencia con el gobernador Miguel Saiz para la presentación de la organización, además de un petitorio por "Tierra, Trabajo, Cultura y Justicia".
El plenario contó con la presencia de unos 300 militantes de las organizaciones participantes y del dirigente Luis D’Elía.
Hasta el momento, integran hoy la Central de Movimientos Populares de Río Negro: la Federacion de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) Río Negro; Movimiento “Segundo Centenario“; fundacion Quillahue; Asociacion Civil ”por un Futuro Mejor” (Viedma), Asociacion Civil “La Cantora” (Viedma), Cooperativa Constructora Atlántica (Viedma), Cooperativa Amanecer Patagónico (Viedma), Asociación Civil “Emprender de Viedma”, Asociación Civil Jóvenes Patagónicos, Asociación Civil por el Trabajo y la Cultura; Espacio Popular “Padre Mugica” (Cipolletti); Club Esperanza (Bariloche), Grupo Manitas (barrio Nahuel Hue, Bariloche), Grupo de la Cooperativa 258 (Bariloche), Grupo Pic (Bariloche), Agrupación Evita Capitana (Bariloche), Cooperativa Antu Ruca (Bariloche), Cooperativa Los Cohiues (Bariloche), Asociación de Tae Kwondo “Koguryo” (Bariloche); Cooperativa Centro Salud “Las Perlas”, Biblioteca Quimun (Las Perlas), Centro de 3ra. Edad (Las Perlas); “Hábitat El Bolsón”, Organización Social Comunitaria (OSC) de El Bolsón y la Asociación de Desocupados de El Bolsón.
Entre las próximas acciones, la Central solicitará audiencia con el gobernador Miguel Saiz para la presentación de la organización, además de un petitorio por "Tierra, Trabajo, Cultura y Justicia".
El plenario contó con la presencia de unos 300 militantes de las organizaciones participantes y del dirigente Luis D’Elía.
Hasta el momento, integran hoy la Central de Movimientos Populares de Río Negro: la Federacion de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) Río Negro; Movimiento “Segundo Centenario“; fundacion Quillahue; Asociacion Civil ”por un Futuro Mejor” (Viedma), Asociacion Civil “La Cantora” (Viedma), Cooperativa Constructora Atlántica (Viedma), Cooperativa Amanecer Patagónico (Viedma), Asociación Civil “Emprender de Viedma”, Asociación Civil Jóvenes Patagónicos, Asociación Civil por el Trabajo y la Cultura; Espacio Popular “Padre Mugica” (Cipolletti); Club Esperanza (Bariloche), Grupo Manitas (barrio Nahuel Hue, Bariloche), Grupo de la Cooperativa 258 (Bariloche), Grupo Pic (Bariloche), Agrupación Evita Capitana (Bariloche), Cooperativa Antu Ruca (Bariloche), Cooperativa Los Cohiues (Bariloche), Asociación de Tae Kwondo “Koguryo” (Bariloche); Cooperativa Centro Salud “Las Perlas”, Biblioteca Quimun (Las Perlas), Centro de 3ra. Edad (Las Perlas); “Hábitat El Bolsón”, Organización Social Comunitaria (OSC) de El Bolsón y la Asociación de Desocupados de El Bolsón.
OPINIÓN: ¡QUE LA CRISIS NO LA PAGUEMOS LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS
Buenos Aires (Frente Popular Darío Santillán).- La crisis económica sigue avanzando a pasos agigantados en todo el mundo, mostrando el agotamiento de un sistema en el que unos pocos –los dueños del capital, y los gerentes del capitalismo- se quedan con casi todo lo que produce el conjunto de la población. Como consecuencia directa de este sistema, mientras los ricos son cada vez más ricos, millones de familias son arrojadas violentamente a la inseguridad del hambre, la miseria, la falta de trabajo digno, salud y educación.
Pero no sólo eso: la voracidad del sistema es de tal magnitud que ya no hay nada que les alcance, y así se agotan y destruyen los bienes naturales: la tierra, el agua, el aire, los minerales, el gas, el petróleo. Lo que a la Naturaleza le lleva milenios poner a disposición de todos, es convertido por el capitalismo en propiedad privada, una mercancía sujeta a la compra-venta, extendiendo la desigualdad y perjudicando a todo el pueblo.
En nuestro país, el gobierno sostiene discursos que critican el neoliberalismo, pero las recetas “para resolver la crisis” son subsidiar –todavía más- a los grandes empresarios. Mientras tanto, se acumulan las suspensiones y los despidos; se mantiene la precarización laboral, incluso en el propio Estado; el modelo extractivo exportador favorece el saqueo de los bienes naturales, principalmente a favor de empresas trasnacionales; crecen el hambre y la pobreza y las inversiones en asistencia social se mantienen en niveles mínimos.
Muestra de esta política es el indignante monto destinado a los planes sociales (congelados en $150 pesos desde hace 7 años) y en general lo que se desatina en el presupuesto a la generación de fuentes de trabajo y asistencia de emergencia. Para no hablar de los recursos destinados –a pesar de la retórica- a los intereses financieros. Un solo dato ilustra esta política: en 2007 se pagaron intereses de deuda por $ 16 mil millones, mientras que se gastaron menos de 4 mil millones para planes sociales. Para 2009 la diferencia es todavía mayor: $24.479 millones para la “patria financiera” contra 4900 millones en promoción y asistencia social (¡5 veces menos!).
Sobre los despidos y suspensiones, ante un ministerio de Trabajo que niega los problemas, la realidad es bastante clara, y eso lo muestra la situación en las industrias automotriz y cada vez, más, la metalúrgica. El caso de Techint es ilustrativo de los empresarios “a los que le interesa el país”: a pesar de haber tenido en 2008 ganancias extraordinarias (¡1300 millones de pesos!) no quieren pagarle los premios a quienes lo produjeron. Por eso apoyamos el reclamo de los trabajadores y trabajadoras de Siderar, que se manifestarán el jueves 23 frente al edificio Catalinas, sede en Capital Federal de ese grupo económico, uno de los principales aliados del gobierno.
La política del gobierno se expresa cada vez más en niveles de represión abierta, como por ejemplo lo ocurrido en el desalojo a los vecinos y vecinas del barrio El Martillo, en Mar del Plata, desalojados por la policía Bonaerense el viernes 17 de abril, con un saldo de varios heridos y 25 detenidos, y hasta el momento, sin solución a la necesidad de vivienda de las 54 familias de la Junta Vecinal Sin Techo. A 4 días de la represión, que abusó de los procedimientos ilegales, incumpliendo casi todo el contenido de la orden del juez Tapia, los vecinos siguen en la calle y se sostienen precariamente por la solidaridad del pueblo marplatense. Los vecinos en la calle llevan meses esperando, igual que cientos de miles en todo el país. Y la respuesta que llega son palos.
Y la oposición que se prepara para reemplazar al gobierno no sólo no plantea un cambio de fondo a esta política, sino que promete una salida parecida pero más a la derecha: más represión, más neoliberalismo, más beneficio para las empresas, más saqueo, más desigualdad, más injusticia.
Mientras se promueve la criminalización de los pibes, el Estado incumple las leyes de protección de la Niñez, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde intendentes kirchneristas desoyen fallos de jueces y reprimen ollas populares para que no se note que el Estado deja tirado todo lo que sobra, y que cada vez es más. Los medios de comunicación monopólicos de nuevo hablarán de la seguridad de una parte de la población pero no de la inseguridad de estar tirado en la calle, no tener trabajo, ni vivienda, ni comida, ni salud, ni educación, ni presente ni futuro.
Ante esta situación, nos preguntamos ¿Cómo es posible que este sistema injusto e irracional se sostenga? ¿Cómo es posible que sigan existiendo empresarios y políticos que ostentan riqueza y tienen la sartén por el mango, en un mundo en crisis?
Bueno, por un lado de eso se ocupan la policía y los medios masivos de comunicación, que se encargan todos los días en demostrarnos que no hay ninguna alternativa, que “así son las cosas”.
Pero también lo que hay es una grande desunión popular que hace que quienes tenemos intereses iguales o muy parecidos estemos divididos y desorganizados, y por eso, sin fuerza para enfrentar los ajustes, que siempre recaen sobre los trabajadores y las trabajadoras: en forma de falta de trabajo o empleo precario, en tarifazos, en bajos sueldos, en bienes que son necesarios pero inaccesibles. Nuestra tarea, entonces, es unirnos desde abajo, en el barrio, en el laburo, en el lugar de estudio para cambiar las cosas, para expresar la realidad que vivimos, para mostrar que no tienen por qué inevitablemente ser “así” y que el pueblo puede y debe luchar por construir otro presente y otro futuro.
Por estas razones, creemos que es importante que desde los sectores que formamos el pueblo trabajador vayamos construyendo respuestas de unidad contra las políticas de hambre y saqueo.
Pero no sólo eso: la voracidad del sistema es de tal magnitud que ya no hay nada que les alcance, y así se agotan y destruyen los bienes naturales: la tierra, el agua, el aire, los minerales, el gas, el petróleo. Lo que a la Naturaleza le lleva milenios poner a disposición de todos, es convertido por el capitalismo en propiedad privada, una mercancía sujeta a la compra-venta, extendiendo la desigualdad y perjudicando a todo el pueblo.
En nuestro país, el gobierno sostiene discursos que critican el neoliberalismo, pero las recetas “para resolver la crisis” son subsidiar –todavía más- a los grandes empresarios. Mientras tanto, se acumulan las suspensiones y los despidos; se mantiene la precarización laboral, incluso en el propio Estado; el modelo extractivo exportador favorece el saqueo de los bienes naturales, principalmente a favor de empresas trasnacionales; crecen el hambre y la pobreza y las inversiones en asistencia social se mantienen en niveles mínimos.
Muestra de esta política es el indignante monto destinado a los planes sociales (congelados en $150 pesos desde hace 7 años) y en general lo que se desatina en el presupuesto a la generación de fuentes de trabajo y asistencia de emergencia. Para no hablar de los recursos destinados –a pesar de la retórica- a los intereses financieros. Un solo dato ilustra esta política: en 2007 se pagaron intereses de deuda por $ 16 mil millones, mientras que se gastaron menos de 4 mil millones para planes sociales. Para 2009 la diferencia es todavía mayor: $24.479 millones para la “patria financiera” contra 4900 millones en promoción y asistencia social (¡5 veces menos!).
Sobre los despidos y suspensiones, ante un ministerio de Trabajo que niega los problemas, la realidad es bastante clara, y eso lo muestra la situación en las industrias automotriz y cada vez, más, la metalúrgica. El caso de Techint es ilustrativo de los empresarios “a los que le interesa el país”: a pesar de haber tenido en 2008 ganancias extraordinarias (¡1300 millones de pesos!) no quieren pagarle los premios a quienes lo produjeron. Por eso apoyamos el reclamo de los trabajadores y trabajadoras de Siderar, que se manifestarán el jueves 23 frente al edificio Catalinas, sede en Capital Federal de ese grupo económico, uno de los principales aliados del gobierno.
La política del gobierno se expresa cada vez más en niveles de represión abierta, como por ejemplo lo ocurrido en el desalojo a los vecinos y vecinas del barrio El Martillo, en Mar del Plata, desalojados por la policía Bonaerense el viernes 17 de abril, con un saldo de varios heridos y 25 detenidos, y hasta el momento, sin solución a la necesidad de vivienda de las 54 familias de la Junta Vecinal Sin Techo. A 4 días de la represión, que abusó de los procedimientos ilegales, incumpliendo casi todo el contenido de la orden del juez Tapia, los vecinos siguen en la calle y se sostienen precariamente por la solidaridad del pueblo marplatense. Los vecinos en la calle llevan meses esperando, igual que cientos de miles en todo el país. Y la respuesta que llega son palos.
Y la oposición que se prepara para reemplazar al gobierno no sólo no plantea un cambio de fondo a esta política, sino que promete una salida parecida pero más a la derecha: más represión, más neoliberalismo, más beneficio para las empresas, más saqueo, más desigualdad, más injusticia.
Mientras se promueve la criminalización de los pibes, el Estado incumple las leyes de protección de la Niñez, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde intendentes kirchneristas desoyen fallos de jueces y reprimen ollas populares para que no se note que el Estado deja tirado todo lo que sobra, y que cada vez es más. Los medios de comunicación monopólicos de nuevo hablarán de la seguridad de una parte de la población pero no de la inseguridad de estar tirado en la calle, no tener trabajo, ni vivienda, ni comida, ni salud, ni educación, ni presente ni futuro.
Ante esta situación, nos preguntamos ¿Cómo es posible que este sistema injusto e irracional se sostenga? ¿Cómo es posible que sigan existiendo empresarios y políticos que ostentan riqueza y tienen la sartén por el mango, en un mundo en crisis?
Bueno, por un lado de eso se ocupan la policía y los medios masivos de comunicación, que se encargan todos los días en demostrarnos que no hay ninguna alternativa, que “así son las cosas”.
Pero también lo que hay es una grande desunión popular que hace que quienes tenemos intereses iguales o muy parecidos estemos divididos y desorganizados, y por eso, sin fuerza para enfrentar los ajustes, que siempre recaen sobre los trabajadores y las trabajadoras: en forma de falta de trabajo o empleo precario, en tarifazos, en bajos sueldos, en bienes que son necesarios pero inaccesibles. Nuestra tarea, entonces, es unirnos desde abajo, en el barrio, en el laburo, en el lugar de estudio para cambiar las cosas, para expresar la realidad que vivimos, para mostrar que no tienen por qué inevitablemente ser “así” y que el pueblo puede y debe luchar por construir otro presente y otro futuro.
Por estas razones, creemos que es importante que desde los sectores que formamos el pueblo trabajador vayamos construyendo respuestas de unidad contra las políticas de hambre y saqueo.
MAÑANA, PROTESTA NACIONAL CONTRA EL AJUSTE
El Bolsón (ANPP).- A partir de una convocatoria de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), mañana habrá una jornada nacional de protesta, con paro, cortes de ruta y actos para expresar "que la crisis la paguen los capitalistas".
Los puntos principales serán Rosario, Alto Valle, La Plata, Berisso, Quilmes, San Vicente, Guernica, Puente La Noria y Capital Federal.
Organizaciones de trabajadoras y trabajadores asalariados, movimientos barriales y de trabajadores desocupados, agrupaciones estudiantiles y espacios de cultura y comunicación que conforman el Frente Popular Darío Santillán participarán de la movilización.
Bajo la consigna “los trabajadores y las trabajadoras no vamos a pagar la crisis”, también participará la Corriente político-sindical Rompiendo Cadenas.
Los puntos principales serán Rosario, Alto Valle, La Plata, Berisso, Quilmes, San Vicente, Guernica, Puente La Noria y Capital Federal.
Organizaciones de trabajadoras y trabajadores asalariados, movimientos barriales y de trabajadores desocupados, agrupaciones estudiantiles y espacios de cultura y comunicación que conforman el Frente Popular Darío Santillán participarán de la movilización.
Bajo la consigna “los trabajadores y las trabajadoras no vamos a pagar la crisis”, también participará la Corriente político-sindical Rompiendo Cadenas.
UNTER Y GOBIERNO DISCUTEN POR EL CALENDARIO ESCOLAR
Viedma (ADN).- A casi dos semanas que se lograra el acuerdo entre el gobierno provincial y la UnTER, se retomaron hoy las negociaciones para analizar la readecuación del calendario escolar, con lo que se pretende que los chicos recuperen algo de las clases perdidas.
Esta mañana, la delegación de Educación llevará entre otras propuestas que se dicte clases por lo menos durante 9 sábados, extender el ciclo lectivo hasta el 18 de diciembre, reducir las vacaciones y eliminar los espacios institucionales y las jornadas de capacitación.
Según las primeras estimaciones oficiales, se necesitaría recuperar 31 días en el nivel primario y de 23 días en el nivel medio.
En la paritaria -que comenzó a las 11- se confrontarán las propuestas oficiales con las alternativas ofrecidas por el gremio, aunque diversos dirigentes docentes ya han adelantado que no trabajarían los sábados.
Pese a todos los días perdidos en este conflicto, el gobierno provincial incluyó al sector docente en el asueto administrativo que tendrá lugar mañana en la ciudad de Viedma con motivo de su aniversario.
Aunque por los medios de prensa se hacen declaraciones que hablan de lograr los 180 días de clases, en los documentos oficiales la cuestión es distinta y ese requisito fue reemplazado discretamente en el acta de paritaria realizada el martes 4 de por algo más difuso como fue un cumplimiento de un “readecuado calendario escolar”.
Esta mañana, la delegación de Educación llevará entre otras propuestas que se dicte clases por lo menos durante 9 sábados, extender el ciclo lectivo hasta el 18 de diciembre, reducir las vacaciones y eliminar los espacios institucionales y las jornadas de capacitación.
Según las primeras estimaciones oficiales, se necesitaría recuperar 31 días en el nivel primario y de 23 días en el nivel medio.
En la paritaria -que comenzó a las 11- se confrontarán las propuestas oficiales con las alternativas ofrecidas por el gremio, aunque diversos dirigentes docentes ya han adelantado que no trabajarían los sábados.
Pese a todos los días perdidos en este conflicto, el gobierno provincial incluyó al sector docente en el asueto administrativo que tendrá lugar mañana en la ciudad de Viedma con motivo de su aniversario.
Aunque por los medios de prensa se hacen declaraciones que hablan de lograr los 180 días de clases, en los documentos oficiales la cuestión es distinta y ese requisito fue reemplazado discretamente en el acta de paritaria realizada el martes 4 de por algo más difuso como fue un cumplimiento de un “readecuado calendario escolar”.
VENEZUELA: TODO 11 TIENE SU 13
El Bolsón (ANPP).- El pasado 13 de abril se conmemoró en Venezuela el desbaratamiento del golpe de estado del 11 del mismo mes.
El medio internacional Prensa de Frente publicó ayer un fotoreportaje sobre la fiesta al cumplirse 7 años de que el pueblo venezolano dijo no al intento de derrocar a Chávez:
Y ya nada fue igual. El 13 de abril de 2002 selló la partida de nacimiento de una nueva era en la vida y, sobre todo, en las conciencias de todas las venezolanas y venezolanos. Gesta heroica de un pueblo que no sólo desbarató un golpe de Estado forjado 48 horas antes por los sectores más reaccionarios, con el –cuándo no- apoyo gringo y un más que activo protagonismo de los grandes medios privados; que no sólo logró rescatar a su líder y reencauzar el proceso revolucionario. Ese día, momento bisagra y punto de inflexión en la revolución bolivariana, los olvidados de siempre, que empezaban a dejar de serlo, bajaron en marea de esos barrios caraqueños sembrados en los cerros, para darse a sí mismos (y entregarle al mundo) una lección de rebeldía y audacia, de resistencia y esperanza, un curso acelerado de ejercicio de poder popular, para apropiarse de su propio destino y escribir la Historia con mayúsculas. Ese día, Caracas se bañó de pueblo.
A siete años, las orillas del Palacio de Miraflores se volvieron a vestir de rojo rojito para conmemorar aquellas jornadas, recordar a las víctimas, escuchar a su comandante y ratificar el ya clásico grito-consigna-advertencia: “Todo 11 tiene su 13”.
Ver el fotoreportaje de PDF: clic aquí
Documental sobre el intento de golpe: clic aquí
El medio internacional Prensa de Frente publicó ayer un fotoreportaje sobre la fiesta al cumplirse 7 años de que el pueblo venezolano dijo no al intento de derrocar a Chávez:
Y ya nada fue igual. El 13 de abril de 2002 selló la partida de nacimiento de una nueva era en la vida y, sobre todo, en las conciencias de todas las venezolanas y venezolanos. Gesta heroica de un pueblo que no sólo desbarató un golpe de Estado forjado 48 horas antes por los sectores más reaccionarios, con el –cuándo no- apoyo gringo y un más que activo protagonismo de los grandes medios privados; que no sólo logró rescatar a su líder y reencauzar el proceso revolucionario. Ese día, momento bisagra y punto de inflexión en la revolución bolivariana, los olvidados de siempre, que empezaban a dejar de serlo, bajaron en marea de esos barrios caraqueños sembrados en los cerros, para darse a sí mismos (y entregarle al mundo) una lección de rebeldía y audacia, de resistencia y esperanza, un curso acelerado de ejercicio de poder popular, para apropiarse de su propio destino y escribir la Historia con mayúsculas. Ese día, Caracas se bañó de pueblo.
A siete años, las orillas del Palacio de Miraflores se volvieron a vestir de rojo rojito para conmemorar aquellas jornadas, recordar a las víctimas, escuchar a su comandante y ratificar el ya clásico grito-consigna-advertencia: “Todo 11 tiene su 13”.
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