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jueves, 16 de noviembre de 2023

WERETILNEK QUIERE IMPONER LA MEGAMINERÍA EN RÍO NEGRO ANTES DE PERDER MAYORÍA PARLAMENTARIA. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EXPRESAN SU RECHAZO ABSOLUTO

El Bolsón (ANPP).-  En el medio de un confuso clima eleccionario, en el que se tiene puesta la mirada en quién será el próximo presidente de la Argentina, el partido Juntos Somos Río Negro, apura una modificación a la Ley provincial de Tierras, y en ella impulsa la habilitación a la megaminería, pretende desconocer los tratados internacionales firmados por nuesto país con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en la que los Estados firmantes reconocen la pre existencia de Pueblos Originarios y asumen la previa consulta y autorización para el uso y cambio de uso de la Tierra "Fiscal" que no es otra cosa que la tierra comunitarias de las comunidades pre existentes, entre otras tantas cosas. 
Muchas son las organizaciones sociales, políticas, de Pueblos Originarios, que expresan su claro rechazo a esta jugada a espaldas del pueblo por parte de un derrotado partido político provincial que pretende dejar abierta la puerta al extractivismo como única puerta para pagar los créditos millonarios a los que se comprometió con entidades financiera internacionales, con el conocido y mal mentado Plan Castello. Un plan que no hizo más que construir infraestructura para el saqueo, como lo indica el Plan IRSA, y que no sólo le favorece a las empresas extractivistas, sino que nos implica un endeudamiento millonario y por muchas décadas al pueblo rionegrino. 

Compartimos el comunicado de prensa de la Cooperativa Surgente, una de las tantas entidades que se están pronunciando en estos días:



Cooperativa de Trabajo Surgente Ltda

Ingeniero Jacobacci

Comunicado de Prensa

Ante la presentación de un proyecto para modificar la Ley N° 279 de Régimen de Tierras Fiscales, y otro paquete de legislación, incluyendo el código minero, desde la Cooperativa de Trabajo Surgente Ltda., expresamos:

·       De la lectura de esta documentación se desprende una intencionalidad explícita de incorporar nuevas actividades sobre las tierras fiscales, (industriales, forestales, turísticas y mineras). Al no definirse categoría de minería, se da por sentado que se incluye en esa propuesta a la megaminería extractiva.

·       Se pretende a nuestro criterio modificar fuertemente la matriz productiva, utilizando a este fin,  como motor los 4 o 5 millones de hectáreas fiscales, ( los datos son imprecisos) puestas ahora a disposición de los diferentes negocios que la “modernización”  y el contexto político les exige.

·       Se incluyen  nuevas condiciones a los ocupantes de tierras fiscales históricas, que deben,  entre otras cosas alambrar perimetralmente sus predios, y realizar planes de inversión,  sin contar para ello con apoyos explicitados. Los costos vuelven imposible enfrentar estos requerimientos, con la consiguiente inestabilidad de miles de pobladores  campesinos y mapuche.

·       Se procura agilizar el acceso a títulos de propiedad, privilegiando en esto a los intereses de nuevos modos productivos, por encima de la tradicional actividad de pastoreo extensivo. Esta línea de la propuesta incorpora también un fuerte componente de negocio y especulación inmobiliaria.

·       Complementando lo anterior se fijan nuevos precios a las tierras, emergentes ahora de la actividad productiva a desarrollar. Para esto se considerará la opinión de “expertos”. Está claro que valdrán más los campos que se destinen a estas actividades nuevas, que los que desarrollen las tradicionales,  lo cual,  finalmente incrementará el precio de la tierra para todos los usos.

·       Se contempla ceder en “usufructo” tierras en  áreas protegidas, (léase meseta de Somuncura) con los mismos fines que fija la ley.

·       Se suprime el IPA (Instituto de Promoción Agraria)  que si bien nunca funcionó, podría en este caso ser una herramienta para acompañar a los productores campesinos, en sus inversiones, o en la necesaria diversificación productiva.

 

Ante todo lo expuesto consideramos:

 

1)      Estos intentos de modificación de la legislación no son nuevos, se han hecho varias veces desde los años 90, siendo sistemáticamente frenados por las movilizaciones populares.

2)      Es muy llamativo que se pretenda legislar en el medio de un proceso electoral, en la antesala de un cambio de gobierno provincial, entre gallos y medianoche. Una ley que tiene 62 años de vigencia, no se cambia de apuro.

3)      El proyecto es contrario a la Constitución Provincial, que declara que “la Tierra es para quien la trabaja”, y la propia Ley N° 279, que expresa  “la tierra es un instrumento de producción, considerada en función social”

4)      De ponerse en marcha,  incidirá sobre la distribución y el uso, promoviendo la concentración, ampliando el desarrollo de actividades extractivas, utilizando el agua de modo discrecional y como  mercancía, lo cual es sumamente grave dada la  escasez hídrica crónica en la que vivimos.

5)      Se verán afectadas de modo directo comunidades campesinas e indígenas, que verán una vez más avasallados sus derechos. Es falaz que pueda haber una coexistencia armónica de productores tradicionales con proyectos basados en el extractivismo.

6)      Por tratarse de una enorme extensión de territorio, el impacto trasciende la región sur y es inherente al modelo de desarrollo provincial.

7)      Entendemos que debe modificarse la legislación, pero considerando aspectos que esta propuesta no expresa. La producción campesina puede y debe diversificarse, hay experiencias en marcha. El pastoreo regenerativo mejora el ecosistema, retiene agua y aumenta la capacidad productiva. La incorporación de valor a la producción primaria es totalmente posible. Las demandas de consumidores organizados requieren otras formas de diversificación. El concepto de organización alrededor de las cuencas, y su territorio incluye novedades que deberían ser consideradas, porque de lo contrario se verán afectadas  las posibilidades de desarrollo sustentable. “Modernizar” no es alinear todos los recursos en función de las exigencias de los mercados internacionales. Se debería valorizar el concepto de territorio, lugar en el que conviven la economía, la cultura, la sociedad desarrollándose y expresándose. Se debería considerar el enorme patrimonio de las organizaciones y de las cooperativas de la región que tienen mucha historia y actualidad.

8)      Por lo expuesto rechazamos este proyecto y proponemos que sea discutido por la población rionegrina, con tiempos y condiciones adecuadas para un debate, que le de legitimidad a una propuesta de semejante envergadura.

 

Ingeniero Jacobacci 15 de noviembre 2023