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El Bolsón (ANPP).- Con la supuesta causa de "sedición", y otras causas penales, el gobierno de Gerardo Morales avanza contra quienes acompañan a vecinas y vecinos movilizadxs contra la reforma In Constitucional.
Se conoció en el día de hoy, una lista de abogadxs a quienes se les ha dictado orden de captura, al igual que decenas de personas, a quienes ayer empezaron a cazar. La lista incluye al ya detenido Nallar y a les siguientes abogadxs:
Dr. Ariel Ruarte, Dr. René Vicente Casas. Dr. Roberto Carlos Alemán y la Dra. Alicia Chalabe, a quienes también se les imputarían el Delito de Sedición.
La medida, que corre de lugar la realidad, y pone en el lugar de sediciosos a quienes defienden los derechos establecidos por la Constitución Nacional y los Acuerdos Internacionales a los que ha suscripto nuestra nación, y como autoridades del orden a quienes están generando acciones en perjuicio del pueblo.
Esta medida será seguramente andamiada por la enorme red mediática con la que cuenta el grupo mafioso en el que se encuentra Morales, ejecutando órdenes, para habilitar el saqueo del litio y de los territorios, y poner en marcha una forma que viene ensayando el capitalismo en Chubut, pero también en otras partes de nuestro continente.
Desde la creación del Plan Colombia (nombre adoptado por la consecución de lo que fuera la Escuela de Las Américas, situada en Panamá y correspondiente a todas las dictaduras latinoamericanas de los sesenta y setentas), ha avanzado en diferentes estrategias que le permite a un grupo reducido de empresarios saquear los Bienes Comunes a los Pueblos. Ya sea con los transgénicos, con la megaminería, con los saqueos financieros, con el narcotráfico, el agua, la tierra, los glaciares y todo otro bien común que pueda transformarse en divisas o poder.
Y no ha sido una sola receta que repite, o al menos, podemos ver cómo, si bien las fuerzas de choque ya no son las militares, sino las policiales (más fraccionadas, en provincias o estados, y por tanto más dominables, más invisibles, más eliminables, incluso). Y un proceso similar en cuanto a lo "legal", donde la CIA ha injerenciado en cada municipio, cada provincia, estableciendo (o intentándolo) Códigos Contravencionales desde principios de los años 2000. Códigos que se contraponen a las leyes nacionales, pero que habilitan barbaridades en manos de policías, guardias ciudadanas, y micro ámbitos de poder que han sido corrompidos poco a poco. Esto está llegando a nivel nacional, con la captación del sistema judicial, que por ahora, no ha necesitado modificar las leyes, sino sólo interpretarlas muy parcialmente a su favor. Pero no tardará en cambiar esas reglas de juego que hoy, si bien no son una molestia, si quiera, sí quedan latentes como posibilidad de recuperar poder o derechos, al menos.
La persecución a abogadxs comenzada hoy por el gobierno provincial de Morales, no es un paso menor. Hasta ahora, la intencionalidad de dejar a lxs luchadorxs sociales solxs frente al poder usaba estrategias como las del bastardeo, y presiones que hoy resultan sutiles frente al accionar directo.
Y es que la única forma del saqueo, es con ausencia de población o con población sumisa.
El Plan Colombia avanza por Nuestramérica con estrategias como la de lograr la proscripción de ciertos candidatos, para lograr el corrimiento personal de ciertxs líderes, y su reemplazo por otrxs, que luego traicionarán sin vueltas el mandato popular o el proyecto político que ha sido votado.
Lenin Moreno en Ecuador, Borick en Chile, son algunos ejemplos. Maduro ha sido una excepción, que si bien no ha traicionado a su proyecto político, tampoco le dio la continuidad que su base esperaba.
Hoy en Jujuy esos códigos contravencionales instalados en su momento, y puestos en acción en la oportunidad de la instalación de la reforma constitucional trucha, son la base de un formato de in- justicia que le permite a Morales detener personas, prontuariarlas, cobrarles multas, etc., etc., en donde la policía es quien detiene, quien juzga y quien ordena la ejecución. Esto, sienta la base para el accionar judicial, mucho más incisivo y perjudicial, en donde también avanzarán contra todo tipo de organización social y forma de resistencia organizada.
El gobierno Nacional, comete un delito al continuar permitiendo el desarrollo de este plan macabro, ya que es obligación del Estado Nacional intervenir en los territorios provinciales donde ocurran hechos de semejante gravedad, y sigue sin hacerlo.
Editoriales ANP
