El proyecto se trató en las comisiones el 24 de agosto y un día después era aprobado por unanimidad en primera vuelta. El viernes pasado solo un legislador votó en contra: el resto decidieron darle la espalda al pueblo y no escuchar a quienes estaban manifestándose pacíficamente fuera del recinto.
No pueden violar tratados internacionales ni la legislación nacional en materia ambiental. Aunque el proyecto de YPF para construir un oleoducto de 700 km cruzando la provincia y un megapuerto petrolero al sur de Sierra Grande es de público conocimiento, ahora comienza una etapa de resistencia en la justicia para frenar esta locura ecocida.
A lxs legisladorxs les decimos: NO HAY LICENCIA SOCIAL PARA QUE NOS QUITEN UN DERECHO AMBIENTAL ADQUIRIDO.
Sabemos que 6 km de ducto submarino y una monoboya en Punta Colorada para la carga de megabuques petroleros va a impactar en el ecosistema del Golfo: cerca del emplazamiento hay un sitio de cría y reproducción de la merluza (principal especie de la industria pesquera junto con el langostino). Además de afectar la ruta de la ballena franca austral, las corrientes marinas interconectadas con el golfo San José en Chubut amplían el impacto ambiental a Península Valdés, patrimonio mundial de la humanidad.
Legisladorxs, políticxs, empresarixs y algunos sectores de la dirigencia sindical han decidido ponerse en contra de las comunidades que viven del turismo y la pesca.
Hoy más que nunca repetimos: el ecocidio no es desarrollo.
No queremos petróleo en nuestras costas.
La ley 3308 no se toca.
A nuestro Golfo lo defendemos entre todxs.
Multisectorial Golfo San Matías
Editoriales ANP
