Entre los curiosos argumentos que dio el juez Joos para fundamentar su resolución, dijo que “la recuperación o reivindicación de estas tierras ancestrales requieren de una autorización... la comunidad tiene a su alcance un conjunto de mecanismos para acceder a su reclamo... no se puede legitimar que se haga justicia por mano propia.” Es decir, hay que presentarse en la ventanilla correcta, llenar los formularios correspondientes y esperar que el estado atienda el reclamo.
En un conflicto por tierras, el juez reta a una de las partes por hacer justicia por mano propia. Llama la atención que no sea precisamente a la parte cuyos contratistas entraron y fusilaron a dos personas, sino a quienes recibieron los balazos. Pero claro, quienes les dispararon a Garay y Cabrera habían entrado a la zona con el permiso de la policía. La comunidad mapuche no.
El juez también insistió en que no se trataba de resolver la cuestión de fondo, es decir, el derecho a la tierra, sino de volver todo a como estaba antes de septiembre cuando la comunidad efectuó la recuperación. Dio el ejemplo de una persona sacada de su domicilio a la fuerza: “no es razonable que esa persona espere fuera de la casa hasta que un juicio determine si corresponde o no que retorne, porque son procesos largos... hasta que se pueda concluir el proceso judicial que resuelva la cuestión de fondo hay que volver a como estaba todo antes del hecho.” Lamentablemente, no se puede volver a como estaba todo, porque hay una persona que perdió la vida.
Bajo el mismo argumento, a un pueblo que fue sacado de su domicilio a la fuerza, ¿es razonable decirle que espere fuera de sus tierras hasta que el poder judicial resuelva si corresponde volver? Sobre todo cuando el poder judicial fue elaborado por quienes efectuaron la conquista? El pueblo mapuche lleva un siglo y medio ya, y el juez sugiere que la comunidad reclame por los mecanismos autorizados y espere la resolución. Pero cuando reclama el Sr. Rocco, no dice lo mismo, sino que dicta mandar las fuerzas federales para restituir lo que reclama inmediatamente mientras se dirime quién tiene la razón.
¿Cómo se decide cuál es la fecha a la que hay que retornar “hasta que resuelva la cuestión de fondo?” ¿Septiembre de este año? ¿Antes de la llegada de Rocco? ¿O antes de la llegada de Roca?
El intento de diálogo
La audiencia había empezado el lunes 27, pero el juez abrió un cuarto intermedio hasta el jueves 30 para que las partes intentaran conformar un espacio de resolución a través del diálogo, lo cual no fue posible. La defensa de la comunidad insiste en la participación del estado y de organismos de pueblos originarios y de derechos humanos, mientras la querella sólo admite que participen las dos partes de la causa penal, es decir, la Lof Quemquemtrew y el Sr. Rocco. El abogado Ernesto Saavedra quien representa a Rocco, en la audiencia del lunes explicitó que para él, “la resolución del conflicto a través del diálogo y la medida cautelar de desalojar el predio son dos procesos que corren por separado,” y que mientras está abierto a lo primero seguirá insistiendo en que se cumpla lo último. No parecía notar la contradicción entre un desalojo forzoso efectuado probablemente a los balazos y la posibilidad de sentarse a dialogar tranquilos.
En lo que respecta a otros actores, en la audiencia original sobre el pedido de desalojo la Dra. Reile había solicitado que pudieran exponer ante el Juez Calcagno representantes del INAI y del Parlamento Mapuche Tehuelche, pero el mismo juez les negó la participación. El 29 de diciembre la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras recibió a Pablo Pimentel, del APDH La Matanza en representación de la comunidad, pero se negó a recibir a Orlando Carriqueo del Parlamento Mapuche Tehuelche por haber sido demasiado crítico de su gestión. En la reunión con Pimentel, la gobernadora rechazó que el gobierno provincial participe de una mesa de diálogo para resolver el conflicto, excepto que se lo ordene la justicia.
Por lo tanto, mientras la única parte que parece realmente estar abierta al diálogo, la Lof Quemquemtrew, es también la única perjudicada por la falta del mismo. Es decir, ¿qué interés tendrá el Sr. Rocco en sentarse a negociar si cuando se niega a hacerlo, el estado está dispuesto a imponer su voluntad a la fuerza?
Fotos: Roxana Sposaro
Editoriales ANP
