Similar a su par chubutense, la Constitución de la Provincia de Río Negro ofrece una herramienta para que la población genere proyectos de ley bajo la figura de iniciativa popular. Ésta permite que tras la presentación del proyecto en la legislatura, se genere una planilla oficial para que quienes habitan en la provincia puedan acompañar con su firma. En caso de superar el 3% del padrón electoral y tras su verificación, el proyecto ingresa a la legislatura y aún en caso de no tener dictamen en las comisiones correspondientes, en menos de 12 meses debe ser tratada por la cámara.
En el día de hoy fue presentado el proyecto en Legislatura, por lo que tras su aprobación se dispondrá de las planillas oficiales para que las asambleas y toda la población comiencen a recolectar las firmas, debiendo reunir cerca de 17 mil firmas según las últimas cifras del padrón provincial.
Recientemente las Asambleas Unidas de Kurru Leufu compartieron un comunicado unificado en donde repasan el peligro de los proyectos extractivistas que abarcan todas las regiones de la provincia. Destacan el proyecto de oro y plata Calcatreu en Huawel Niyeo (Ingeniero Jacobacci), el megaproyecto de uranio en Amarillo Grande, el desplazamiento y contaminación de chacras por parte del fracking en Allen y el acopio y traslado de arenas silíceas para esa actividad que se realiza en Stefenelli, donde vuelan partículas de polvo contaminante para la salud de la población.
Entre todas las problemáticas, destacan que Río Negro ya tuvo una ley (N°3981) que prohibía el uso de cianuro y mercurio en la minería, pero que fue derogada en 2011 por el entonces gobernador Carlos Soria y gran parte de la legislatura. Una de las impulsoras de esta derogación es la actual gobernadora Arabela Carreras.
Hoy la provincia se ve amenazada por una política nacional que impulsa proyectos como el de Calcatreu y Amarillo Grande, buscando imponerlos de manera inconsulta. Desde las asambleas exigen que el Estado garantice el derecho a la información pública sobre estos proyectos, que se respete y dé cumplimiento al fallo del Superior Tribunal de Justicia sobre el recurso de amparo CODECI/CALCATREU, que asuma sus responsabilidades ineludibles de servicios básicos de salud, educación, comunicación e infraestructura sin delegarlas a las empresas. Además, se exige la consulta a las comunidades perjudicadas, que la deuda ilegítimamente contraída no se pague a costa del sacrificio de los territorios y que se propicie otro modelo de desarrollo más justo, solidario, y por sobre todo respetuoso de la vida.
El comunicado finaliza convocando a la población a frenar la contaminación en los ríos; la oposición a los proyectos megamineros de Calcatreu y Amarillo Grande; la oposición a la imposición del fracking, plantas nucleares y represas; que cese la criminalización de la protesta social y por una nueva ley antimegaminera en Río Negro. Este último punto, comenzó hoy a caminar de la mano de una Iniciativa Popular.
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