Envíenos su nota, opinión o información al correo: delpueblo.prensa@gmail.com
Editorial de esta semana: “MIEDO Y HEGEMONÍA - Usualmente nos gusta aportar propuestas y alternativas para la transformación de nuestra realidad social. Hoy nos vemos sorprendides, atrapades en un aislamiento, sin saber cómo gestionar la colectividad y el cuerpo a cuerpo, sin poder poner el cuerpo..... leer la editorial completa ....

sábado, 14 de diciembre de 2019

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA EN SOLIDARIDAD CON BOLIVIA

Por  medio de la presente, los  integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión  de observación  sobre la  situación  de  derechos humanos,  sociales,  políticos  y culturales que atraviesa el pueblo boliviano.

Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por  un equipo multidisciplinario de destacados  profesionales  y  dirigentes  de movimientos  sociales  que realizaron  visitas, entrevistas y reuniones con  víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En concreto, se tomaron testimonios de un  centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas  hospitalizadas  y  se realizaron  reuniones  en distintos  puntos de La  Paz  con actores de la  política  y  los  movimientos  sociales  urbanos, campesinos e indígenas. La Delegación no  pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por  las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo  y el accionar de grupos de choque civiles.

Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que:

1. Marco político y social:  golpe de estado y gobierno de facto

1.  El Estado  Plurinacional  de Bolivia  sufrió  un   golpe  de estado pergeñado por  grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial  y altos mandos de las Fuerzas Armadas con  el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho  golpe  tuvo el  apoyo explícito  de gobiernos  extranjeros  como el  de Donald Trump quien felicitó a  las  Fuerzas Armadas del país  por  su  accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con  actores clave del golpe, particular con  Fernando Camacho.

2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con  mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas  y psicológicas tuvieron por  objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente  a  partir  de un   “comunicado  preliminar”  de la  OEA. Dicho  comunicado radicalizó  las  posiciones  golpistas,  amplificando  la confrontación  en un  momento de alta convulsión social.  El mencionado comunicado no  estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre  la   OEA  y   el  Estado  Plurinacional.  Este  hecho  sumado  a   las   irresponsables declaraciones   del   Señor  Luis   Almagro   nos    lleva  a   concluir  que  existió  una  clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría.

3. Esta  Delegación  corroboró que existió un  accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y  la   Central  Obrera   Boliviana.  Contamos  con   amplia  documentación  sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a  su voluntad por  temor a  perder su  vida  y libertad.   Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento,  los  actores del golpe lograron parcialmente su  objetivo de dividir  la resistencia social  frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después.

4.   La   renuncia   de  Evo   Morales,  Álvaro   García  Linera,  Adriana  Salvatierra  y  otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión ejercida por  el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los  gobernantes, las  humillaciones públicas, las  agresiones físicas  y los ataques a  viviendas  de familiares  fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por  grupos golpistas.

Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar  a dichas renuncias por  válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.

5.  Pese a  ello, el  Gobierno  de facto realizó  una maniobra  sin  el más mínimo viso  de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine  Áñez  se autoproclamó  presidente  del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional,  después,  en sesiones  parlamentarias  que no   cumplieron  los   requisitos formales  ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por  parte del Jefe del Estado Mayor  Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.

6.  A partir  de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales  y  represivos  contra  las   autoridades  depuestas,  los   dirigentes  políticos  y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a   vislumbrarse   una  expansión  de las   prácticas  autoritarias  contra sectores de  otros espacios políticos y sociales. En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya  tienen  carácter sistemático  y por  tanto constituyen delitos de lesa humanidad.

2. Violaciones a los Derechos Humanos

Hemos constatado que el sistema represivo montado por  el gobierno de facto ha causado decenas  de  muertos,   centenares  de  detenciones   arbitrarias,   millares   de  heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física,  psíquica  y  sexual  de las  víctimas  que son   hombres,  mujeres,  niños,  ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.

Esta delegación logró  constatar la existencia de las siguientes situaciones:

1.   Masacres perpetradas contra población civil:

a.   Sacaba (Cochabamba) con  al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.

b.   Senkata   (Ciudad   del   Alto)   con    al   menos  nueve  muertos,   personas desaparecidas,  centenares  de  heridos  y  detenciones  arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas.

2.   Desaparición forzada de personas

Esta  delegación  logró  constatar situaciones  de desapariciones  forzadas de personas a  lo que  se  suma  una  cantidad  importante  de  personas  que  se  suponen detenidas  en dependencias estatales pero cuyos familiares no  han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero.

3.   Torturas, violaciones y delitos sexuales

Esta delegación logró  constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por  integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.
Recibimos  testimonios  sobre estos  delitos,  en algunos  casos de parte de las  propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos.   El miedo está instalado y los sucesos son  muy  recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por  parte de la población.

4.   Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus  familiares

Esta  delegación  logró  constatar una cantidad  significativa de ataques contra funcionarios públicos    y    sus     familiares    por     parte   de   grupos  de   choque  con    métodos   de amedrentamiento  que  incluyeron  la   destrucción  de viviendas  particulares,  incendios, destrucción   de  viviendas   de  familiares,   humillación   pública   y   linchamientos.     Las situaciones  relevadas  indican  la  habilitación  de “zonas  liberadas”  para la  actuación de grupos parapoliciales.  Destacan los  relatos  que actuó como principal grupo de choque la Unión  Juvenil Cruceñista.

5.   Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales

Esta delegación logró  constatar la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente  en la  zona del  Alto y Chapare,  realizadas  por  Fuerzas  Armadas,  con  el objeto  de  capturar a  diversos  dirigentes  sociales,  sindicales,  indígenas  y  campesinos. Además  de la  persecución,  todos estos grupos han visto afectados sus  derechos más elementales.

6.   Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa

Diversos  testigos  han relatado  la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con   las   declaraciones  públicas  del  ministro  Murillo   quien  dijera:  “Hay  senadores  y senadoras,  diputados  y diputadas,  no  todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus  nombres, que están haciendo subversión (...). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas  que los  mismos  dirigentes  de varias  zonas me están pasando, los van  a empezar a detener con  órdenes fiscales”.

Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así  como funcionarios  del  gobierno  derrocado,  que  se  encuentran detenidos,  carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha  negado el derecho a la defensa tanto particular como pública.   En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas.

7.   Represión de manifestaciones públicas

Se constataron  diversos casos de represión por  parte de las  fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con  uso   absolutamente desproporcionado de violencia.   Los relatos y evidencias   recogidas   describen   el   uso    indiscriminado   de  armas   de  fuego,  gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por  la fuerza.  Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria  y  criminalizadas  a  partir  de procedimientos policiales fraguados, y procesados por  sedición y terrorismo.


8.   Restricción manifiesta de la libertad de prensa

La delegación ha  tomado contacto con  periodistas de medios locales quienes han referido haber sido  víctimas  de hostigamientos,  amenazas y restricciones  a  la necesaria  libertad para  ejercer   su    profesión.      La   prensa  internacional   también   ha   sido    víctima  de hostigamientos  y  acoso.  Especial  gravedad  reviste  para  esta  delegación  el  caso  del periodista argentino Sebastián Moro.

9.   Promoción del racismo y los discursos de odio

Hemos  constatado   la   utilización   de  discursos   racistas   y   de  odio,    por    parte  de representantes  del  gobierno  de  facto, para  descalificar  a  dirigentes  opositores  y  de movimientos  sociales.    Se han  verificado  prácticas  discriminatorias  y  estigmatizadoras sobre las  víctimas de la represión.   Son  significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por  ejemplo, la  destrucción de emblemas de los  pueblos originarios como la bandera wiphala.

10. Negación  de salvoconductos  para perseguidos  políticos  con   pedidos  de refugio aceptados por  los países de recepción

Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas  por  el  gobierno  de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país.

11. Inacción y encubrimiento del poder judicial

El poder judicial  se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados  para cambiar  sus  declaraciones,  incluso  en los  hospitales  como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia.

Para  esta  Delegación  fue  imposible  reunirse  con   funcionarios  del  poder  judicial,   la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados.

12. Hostigamiento  policial   y  parapolicial  a  delegaciones  internacionales  de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales

Esta  delegación  pudo  constatar,  en su   propia  experiencia,  el  hostigamiento  que han padecido diversos grupos de derechos humanos.   En  particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un  interrogatorio en un  lugar aislado, con  presencia policial  y militar, en  una  práctica  totalmente  inusual  respecto de  los   controles  migratorios  habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse.  Luego de que se nos  permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por  un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un  pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas nos  agredieron verbal y físicamente y nos  amenazaron.

Al  día   siguiente,  el  Ministro  de  Gobierno  Arturo  Murillo,   al   referirse  a   los   hechos acontecidos  la  noche anterior,  dijo  lo  siguiente:  “Recomendamos  a  aquellos  extranjeros que están llegando al país,  hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país,  que anden con  cuidado, los  estamos mirando, los  estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo”.   “En el primer paso en falso  que den tratando de hacer terrorismo y sedición,  se la  verán con   los  policías.   La policía  está atenta y tiene la  orden para no permitir que se dañe el país,  no  hay  tolerancia con  terrorismo, sedición y movimientos armados”.

Por  la tarde, un  grupo de Delegación que había ido  a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea  Nacional,  fueron víctimas de acoso y hostigamiento por  parte de grupos de choque allí los estaban esperando.

En  todo  momento,  durante nuestra  visita  a  Bolivia,  hemos sido   vigilados,  seguidos  y espiados en todas las actividades que realizamos.

Cabe  destacar que las fuerzas armadas y policiales contaron con  un  manto de impunidad para su  accionar represivo a raíz  de la sanción del Decreto Supremo 4078  y la circular del General de Brigada Luis Salazar Escobar que permite establecer “zonas militares”. Estos y otros elementos,  sumado a  declaraciones públicas de altos funcionarios, no  deja duda alguna  para establecer  la  naturaleza  sistemática  de estas  violaciones  a  los  derechos humanos y crímenes de estado, por  lo que esta Delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad.

Hacemos un  llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a  toda la comunidad internacional para que se comprometan con  la tutela de los    derechos  humanos,   civiles,   políticos,   sociales   y   culturales   que  se  encuentran amenazados por  el actual estado de cosas y que han sido  sistemáticamente violados por  el gobierno de facto.

Frente a  esta situación, la apertura de un  proceso electoral en los próximos ciento veinte días,  que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia,  solo  será posible en la medida en que se garanticen los  derechos que hoy  son  sistemáticamente vulnerados.  En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales quienes refieren  hostigamientos  y la  imposibilidad  absoluta  de ejercer  su  derecho de reunión  y toda  actividad   necesaria   para  la   participación   en  dicho  proceso.     Para  ello  será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral.

La  Delegación  redactará y dará a  conocer, en los  próximos  días,  un  informe  completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de la nuestra visita.

Agustin Lecchi / Agustín Mingorance / Alicia Montoya / Aníbal Rubén Mosquera / Carlos Alfredo Juárez Centeno / Carlos Zaidman / Carolina Palacio / Cristina Vera Livitsanos / Daniel Catalano / Diego Morales / Federico Fagioli / Fernando Rey / Gabriela Carpineti / Gustavo Palmieri / Ignacio Andrés / Ismael Jalil / Iván Wrobel / Juan Grabois / Juan Martín Hissa  / Juan Monteverde / Juana Marisa Llanos  / Leonardo Pérez Esquivel / Lisandro Ulises Arijon / Luis Arias / Manuel Alejandro Rivero / Marcos Norberto Novo / Marianela Navarro / Mario  Andrés López / Martín Miguel Ferrari / Mauricio César Rojas Garrido / Natalia Zaracho / Pablo Garciarena / Pablo Pimentel / Roberto Carlés
/ Samanta Jimena Delgado / Sandra Carreño / Sergio Job / Sergio Smietniansky / Simeón Darian / Casimiro / Victoria Freire