Bariloche (Al Margen).-Se rechazó la impugnación de la medida cautelar y la
incompetencia de la justicia provincial. Los fundamentos del dictamen siguen
estando del lado del derecho occidental.
La
audiencia fue corta y categórica. El juez Burgos comunicó su resolución y la abogada
defensora respondió con un pedido de reserva extraordinaria.
El
magistrado sostuvo la posición del juez Pichetto y rechazó el pedido de
impugnación presentado por la abogada que requería la revocación de la medida
cautelar de desalojo forzado y expresaba la incompetencia de la justicia
provincial. La decisión del magistrado interpretó que el derecho indígena no
era aplicable a la comunidad Buenuleo, puesto que dicha comunidad no posee la
aceptación formal por parte del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).
En
la audiencia anterior Pilquiman, coordinador del parlamento mapuche, dejó
constancia de que la carpeta técnica que evidencia el relevamiento del
territorio tradicionalmente ocupado por la comunidad se encuentra en su etapa
final. Y advirtió que el parlamento mapuche hizo todo lo posible para acelerar
el trámite, -siendo este uno de los primeros relevamientos en la zona-, pero
que la demora de los tiempos de la
justicia está condicionada por el poder político.
En
una entrevista con la abogada defensora, ella explicó que el territorio en
cuestión fue relevado -que solo falta la firma del ejecutivo-, y por lo tanto
está sujeto a la ley 26.160 que suspende el desalojo de las comunidades de los
territorios relevados en todo el país. Por este motivo pidió una reserva
extraordinaria considerando que esta resolución infringe normas de orden
público que se enmarcan dentro de la constitución nacional y de los tratados
internacionales.
También
hablamos con Deolinda Buenuleo, directora de Wallkin Tun TV e integrante de la
comunidad, quién enfatizó la disparidad en los tiempos para responder a las
diferentes denuncias: “La ley no es
pareja, ya tuvimos dos audiencias presentadas por la querella pero la
justicia todavía no respondió a la denuncia por la violencia ejercida por los
matones de Friedrich.”
La
defensa tiene cinco días hábiles para presentar la reserva y evitar el
desalojo.
Ahora
la decisión está en manos de los jueces de Viedma.
Por
Verónica Battaglia
Equipo
de Comunicación Popular Colectivo al Margen
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