SÓLO LE DAN 7 MINUTOS.
PERO ALCANZARÁ PARA DECIR LO QUE PENSAMOS.
Acá va
PRONUNCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA FRENTE A LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
El Proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, como todo proyecto de ley, tiene un texto y nace de un contexto. En primer lugar, no podemos dejar de analizar su contenido sin dejar de denunciar que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país ya hace décadas que padecen una legislación penal no escrita pero real y efectiva. ¿Cómo no nombrar los cientos de jóvenes que han muerto bajo el mal llamado “gatillo fácil” que representa ni más, ni menos, que la incorporación de la pena capital en forma extrajudicial?. ¿O los millones de niños, niñas y adolescentes y sí, decimos bien: millones, que sobreviven de cualquier modo en las “cárceles abiertas” de los asentamientos que rodean el conurbano bonaerense y las grandes ciudades de nuestro país, donde los narcotraficantes, la delincuencia organizada (amparada por el poder político de turno) y la justicia ciega que los ampara conforman el verdadero gobierno que rigen en esos territorios e imponen el control social de cada barrio.
En ese sentido, la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que siempre se ha ocupado en lo que era la defensa de las tradicionales causas políticas, ha tenido que incorporar, justamente por el “alcance político” que conlleva, numerosas causas armadas, gatillo fácil o tortura que son moneda corriente en nuestros barrios y que durante décadas ha ido acrecentándose a la par de la brecha que separa pobres y ricos durante estas cuatro últimas décadas.
Antes de la sanción de la Ley 26061, discutíamos la pertinencia de sancionar una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil sin postular antes una legislación que reconociera los derechos sociales de los niños y niñas que imponía la legislación internacional; en particular, a partir del aire fresco de la nueva mirada que traía la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Este año se cumplen 14 años de la sanción de la Ley 26.061, la normativa que venía a introducir en forma concreta el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños y niñas. Y aunque sus redactores omitieron con lógica neoliberal varios artículos de la CIDN, podemos decir con certeza hoy, que no hay un solo artículo que se aplique en nuestro país para aquellas clases desfavorecidas que les ha tocado vivir en la intemperie.
Entonces, hablar de un régimen de responsabilidad penal juvenil en las condiciones actuales de Argentina no puede sino inscribirse en un escenario verdaderamente hipócrita y mentiroso, donde las apariencias del “como sí” tranquiliza conciencias culposas e inquietas que discuten políticas de infancia en congresos y se recuestan en cómodos sillones de oficinas de grandes ventanales en zonas de prohibido acceso para aquellos por los que dicen luchar.
Pero a decir verdad, plantearíamos esta situación si habláramos de un texto diferente, un texto que venga a sumarse a la ya profusa normativa internacional y nacional que se supone ya resguarda los derechos de nuestros niños y niñas.
Sin embargo, el proyecto representa una normativa que bajo un lenguaje supuestamente progresista encubre un pensamiento punitivo y regresivo nunca visto en los anteriores proyecto de ley que fuimos discutiendo estos últimos años: extiende los plazos de detención irrazonablemente, así como las facultades policiales, establece un proceso sin plazos con grandes facultades discrecionales hacia el poder jurisdiccional, extiende la competencia penal hacia los inimputables, baja de la edad de imputabilidad, en fin, todo lo que se ha dado a llamar derecho penal de autor o del enemigo: una legislación penal que va dirigida específicamente hacia un sector de nuestra población.
Resulta difícil entender por qué deberíamos cambiar la legislación penal para no cambiar nada.
Es obvio que resulta un buen caballo de comisario para afrontar el presente período electoral, pero esa explicación no alcanza. La única explicación posible de un proyecto de esta naturaleza es la de pretender legalizar lo que hoy realmente sucede y en ese sentido el proyecto debe ser rechazado de pleno. Ley por otra parte, de ser aprobada, no podrá resistir ningún control de convencionalidad local posiblemente e internacional, seguramente.
La Gremial de Abogados y Abogadas jamás apoyará la idea de que los problemas sociales puedan resolverse a través de su judicialización. Menos aún promover un Estado Represor para las clases empobrecidas. Siempre hemos partimos de la más sencilla ecuación de la política: nunca habrá una Justicia Justa en una Sociedad Injusta.
La resignación, la falta de compromiso con nuestra época y comunidad, el abandono de los horizontes de una verdadera sociedad justa y la entrega de nuestros mejores sueños a intereses de los grandes sectores de capital es el verdadero mal que nos aqueja.
A veces la dignidad se vuelve a encaminar a través de un simple no, de un simple basta. La Gremial no suele participar de estos ámbitos que a veces sentimos demasiado lejos de nuestras más profundas convicciones, pero esta vez decidimos traer la voz de cada niño, niña o adolescente por los que nos ha tocado actuar: de los jóvenes muertos en las manos de la policía, los niños y niñas mapuches de la Winkul en Bariloche, los Luciano Arruga que viven verdaderos infiernos en nuestros barrios y los que cruzamos todos los días en la calle bajo los ojos invisibles de una sociedad que da la espalda a nuestros mejores hijos e hijas.
A veces la dignidad se repone y se hace organización y se hace lucha, la historia de la humanidad ha demostrado que no hay otro modo de justicia.
Editoriales ANP
