(APL).- Tras el atentado a la tumba del coronel Ramón Falcón, jefe policial
asesino de obreros que fuera ajusticiado por Simón Radowitzky en 1909; y
el artefacto que nunca explotó cerca de la casa del juez Claudio
Bonadío, se desató una cacería a cargo de la ministra
de Seguridad Patricia Bullrich Pueyrredón. Por su parte, la Gremial de
Abogados que dirige Eduardo Soares, que asumió la defensa de los presos,
indicó en un comunicado que: “el personal del Juzgado Federal 10 que
lleva la causa contra nos dijo con espantosa
sinceridad que ni siquiera ellos tienen constancia de donde están ahora
los detenidos”. 13 de ellos se hallaban en la dependencia policial
conocida como Madariaga. A éstos apresados, se les sumó Jorge Gualtieri,
quien había militado en Partido Revolucionario
de los Trabadores y estuvo técnicamente detenido-desaparecido durante
varias horas, ya que ninguna autoridad revelaba su lugar de encierro ni a
los abogados, solo respondían “está demorado”. Mañana, los 14 que ya se
hallan en la de los Tribunales de Comodoro
Py irán a indagatoria, mucho de ellos por el solo hecho de vivir en una
casa tomada. Luego, se sabrá como continúa el desarrollo de la cacería
instrumentada por el Gobierno.
TERRORISTAS POR
SER ISLÁMICOS
Asimismo, también macharon presos, este jueves, dos jóvenes hermanos por
su supuesta relación con la organización libanesa Hezbollah y motivó
una indignada respuesta de la comunidad árabe. A la vez, el Estado
argentino será denunciado internacionalmente por
persecución racial y religiosa, según lo anunció el abogado Ismael
Jalil, miembro de Correpi y representante legal de los detenidos Axel y
Kevin Gamal Abraham Salomon, de 25 y 23 años de edad, respectivamente.
Por su parte, Adalberto Assad, el presidente de la Federación de
Entidades Argentino Arabes (Fearab), sostuvo que “presentaremos una
denuncia contra el Estado (argentino) por persecución hacia la comunidad
islámica”.
El dirigente alertó que la comunidad islámica está “pasando un momento
muy difícil que nadie quiere pasar. Es difícil confundir a un musulmán
practicante argentino y vincularlo con terrorismo. Los costos (de
operativos policiales con despliegue mediático) los
paga la comunidad árabe, que es gente de paz, trabajadora”.
Editoriales ANP
